viernes, 26 de noviembre de 2021

México SA


Minería: barones ricos, estados pobres // ¿Quién se niega a pagar impuestos? // Ex funcionaria al servicio de Bailleres

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▲ Tajo principal de la mina Peñasquito, en Mazapil, Zacatecas. La empresa Newmont, propietaria del yacimiento, se resiste a pagar el adeudo millonario por tres años del impuesto ecológico.Foto Alfredo Valadez Rodríguez
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o resulta novedoso, porque de siempre esa ha sido la práctica de los barones de la minería, pero ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay consorcios de ese sector que no han querido pagar este impuesto (el ecológico), con todo y que sus ingresos son multimillonarios, y así ha sido a lo largo de los años. No se les pega la gana cumplir con sus obligaciones fiscales, pero de cualquier forma, el mandatario intentó matizar: Estoy seguro de que los dueños no están informados, pero ahora se van a informar.

La declaración presidencial se registró en Zacatecas, tierra minera por excelencia, donde los corporativos de ese sector –con el de Alberto Bailleres en primer lugar, sin olvidar los de Carlos Slim y Germán Larrea– hacen y deshacen a su gusto, siempre en connivencia con los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), en detrimento del interés nacional, los derechos de los ciudadanos y el bienestar de la población.

Tal vez lo llamativo de lo dicho por López Obrador estriba en lo siguiente: Me informaba el gobernador que hay mineras que sí están pagando un impuesto ecológico. Y quiero aquí reconocer a las mineras canadienses, que son las que están pagando. Por cierto, hicieron un pago casi al final del anterior gobierno (Alejandro Tello, priísta) y no está muy claro qué destino tuvo ese dinero. Sin embargo, dijo, hay una minera importante que da trabajo, y nosotros queremos que sigan invirtiendo, pero no han querido, en este caso, creo que porque no lo saben los dueños, pagar con ese impuesto para ayudar a Zacatecas. (Por cierto, este gravamen fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que no se trata de si quieren o no.)

El mandatario no dio nombres de los consorcios que se niegan a pagar el impuesto ecológico –y otras obligaciones fiscales, desde luego–, pero no es muy difícil saber de quién se trata, porque los principales metales extraídos de suelo zacatecano son acaparados por unos cuantos corporativos mineros, cuyos dueños son (¡sorpresa!) Alberto Bailleres, Germán Larrea y Carlos Slim, más un grupito de trasnacionales canadienses y una que otra estadunidense.

Entonces, si, como asegura el presidente López Obrador, las canadienses están pagando, ¿cuál es el consorcio que se niega? Todo apuntaría a los barones autóctonos, en el entendido de que Zacatecas no es de México, sino de Alberto Bailleres, con copia para Larrea y Slim.

El más reciente informe del Servicio Geológico Mexicano (dependiente de la Secretaría de Economía) detalla que en Zacatecas están vigentes 2 mil 700 concesiones (abril de 2020), que cubren una superficie de casi 2 millones 400 mil hectáreas (se duplicó en apenas tres lustros; el número de concesiones sólo aumentó 12 por ciento en ese periodo) o lo que es lo mismo, 32 por ciento de la superficie estatal.

En esos cinco años de tierras zacatecanas fueron extraídas casi 130 toneladas de oro (la mayoría para las trasnacionales canadienses), 13 mil de plata (para Alberto Bailleres, fundamentalmente, y algo para Carlos Slim) y 212 de cobre (para Germán Larrea). El valor de esa producción sumó 240 mil millones de pesos (90 mil por oro, 125 mil por plata y 25 mil por cobre), y las mineras se negaron a pagar el impuesto ecológico, porque de hacerlo, pretextaban, haría incosteable a las empresas mineras. De ese tamaño la cara dura y la mezquindad.

El zar de la plata (en el país, pero especialmente en Zacatecas) es Alberto Bailleres, por medio de Peñoles y Fresnillo PLC, y le desagrada eso de pagar impuestos. Entonces, ¿quién podría ser el evasor?

Por cierto, en esa última empresa (con participación británica), el señor Totalmente Palacio decidió incorporar a su consejo de administración (desde 2018) a una ex funcionaria del gobierno calderonista, la misma que de tiempo atrás trabaja para la trasnacional Iberdrola. Se trata de la ex secretaria de Energía de El Borolas, Georgina Kessel, que ahora (también) representa los intereses del susodicho. Junto a ella (hasta febrero de 2019) despachaba el ex secretario salinista de Comercio y efímero de Hacienda (con Zedillo), Jaime Serra Puche, que ahora atiende en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Las rebanadas del pastel

Ante la histeria mediática (alimentada por los de siempre) por el traspié económico de septiembre pasado, el presidente López Obrador pide serenidad, porque vamos a crecer este año 6 por ciento.

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