l juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos no sólo pone en evidencia la colusión de éste con el crimen organizado, sino también cuestiona toda la guerra contra el narcotráfico
emprendida por Felipe Calderón.
El propio García Luna presentó, en su calidad de secretario de Seguridad Pública, la Estrategia integral de prevención al delito y combate a la delincuencia ante Felipe Calderón el 7 de marzo de 2007. De ahí se desprendieron los operativos del Ejército y la Policía Federal, realizados en diversas entidades federativas. Ahora sabemos que las operaciones del gobierno calderonista, no fueron inocentes, sino que, habiendo sido siempre la población civil la primera perjudicada, hubo grupos criminales contenidos, perjudicados, pero también otros claramente beneficiados.
El caso del estado de Chihuahua muestra claramente cómo la estrategia de García Luna y Calderón fue decisiva para el ingreso y fortalecimiento del cártel de Sinaloa en la entidad. Como parte de ésta emprendieron el Operativo conjunto Chihuahua, en marzo de 2008, primero, con la llegada a la entidad de miles de efectivos del Ejército y luego de la Policía Federal.
Si bien las cifras de inseguridad y violencia en Chihuahua no eran bajas, es impresionante cómo ascendieron a partir del operativo conducido por García Luna: en 2007 hubo en ese estado, 518 homicidios dolosos; a un año del inicio de operativo se multiplicaron por más de cinco: 2 mil 604 asesinatos en 2008; cifra que se elevó a 3 mil 680 en 2009 y hasta 10 mil 421 en 2010, casi 20 veces más que antes de la intervención de las fuerzas federales. Entre 2008 y 2012 se perpetraron en el estado 22 masacres de cuatro o más personas con un saldo de 246 muertos.
El número de asesinatos por 100 mil habitantes, que antes del operativo era de 16.97; se elevó hasta 148.9 asesinatos en 2010, el promedio más alto del país y de los más elevados del planeta. Una de cada cinco ejecuciones que ocurrieron durante el sexenio calderonista se dio en Chihuahua: 16 mil 467 de las 83 mil 191 que se perpetraron a escala nacional.
Aunque desde 1993 empezaron a denunciarse los asesinatos de mujeres en Chihuahua, éstos no superaron la cifra de 55 anuales, y en 2007 llegaron a 46, pero a partir del operativo se multiplicaron por tres: 125 en 2008 y llegaron hasta 442 en 2010.
Los jóvenes fueron quienes más pagaron su cuota de muerte por el Operativo: según el Inegi, en Chihuahua en 2007 fueron ultimados 201 jóvenes y para 2009, mil 647, un aumento de 719 por ciento, lo que hizo que en el estado los homicidios devinieran la primera causa de muerte para el grupo de entre 15 y 19 años de edad.
La violencia criminal se disparó también entre 2007 y 2010: los delitos en general casi se duplicaron en Chihuahua: de 34 mil 800 a 66 mil 125; el robo de autos se triplicó: de 9 mil 490 a 30 mil 757 y los secuestros se multiplicaron por seis: de 21 a 132 anuales.
Un resultado colateral
de la intervención del Ejército y la Policía Federal en Chihuahua aquellos años fue la crisis humanitaria que provocó: tan sólo en Ciudad Juárez se produjeron 10 mil huérfanos; 230 mil personas fueron desplazadas de su lugar de residencia; varios cientos de desapariciones forzadas; en los primeros tres años del operativo hubo mil 92 denuncias por violaciones a los derechos humanos por las fuerzas federales.
En aquellos años se dieron –dimos–explicaciones para la escalada de violencia: que la intervención de las fuerzas federales hizo que los cárteles se pelearan entre sí y que reclutaran y armaran a delincuentes comunes no organizados para defenderse de los federales y de los cárteles rivales; que la infiltración de los cárteles en las fuerzas federales agudizaba las confrontaciones; que la multiplicación de gente armada tornaba más fáciles los actos delictivos de todo tipo, etcétera.
Ahora podemos afirmar que, gracias a la comprobada complicidad de García Luna con el cártel de Sinaloa, según se mostró en el juicio del máximo funcionario de seguridad del calderonato, el Operativo conjunto Chihuahua no fue tanto un ataque al narcotráfico en Chihuahua. Fue, sobre todo, una ofensiva contra la organización criminal que entonces controlaba incuestionablemente el estado: el cártel de Juárez y una intervención para propiciar el ingreso y el control de nuevos espacios en favor de la organización que fue favorecida en todo momento por García Luna: el cártel de Sinaloa.
La acción contra el narcotráfico fue una guerra sucia con miles de inocentes perjudicados y con unos cuantos e indudables beneficiados. Ha producido dosis inmensas de sufrimiento humano y ha mantenido los niveles de inseguridad muy por encima de los anteriores al operativo. De entonces data el fortalecimiento de los proveedores del fentanilo que tanto reclaman –y no combaten en su suelo–los estadunidenses. De esto debe pedírsele cuentas y reparación del daño a García Luna, estratega de seguridad del gobierno de Calderón y a éste, responsable último de ella, haiga sido como haiga sido.
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