José Antonio Almazán G.
Todavía era noche cuando salimos de la Secretaría de Gobernación, pero la aurora comenzó a despuntar cuando, al filo de las 3 de la mañana del martes 13 de septiembre, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en asamblea general extraordinaria resuelve aprobar el acuerdo con el gobierno federal para avanzar en la solución del conflicto generado por el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Como todo acuerdo de partes en conflicto, los claroscuros son notables, por ejemplo la insistencia del gobierno en incorporar sus viejas y fallidas propuestas de franquicias y empresas patito. Lo que resalta en el acuerdo es la reinserción laboral de los trabajadores electricistas que no se han liquidado, en el sector eléctrico y en un plazo perentorio que se extiende al 31 de noviembre, para conectarlo con la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Después de más de seis meses, el plantón del SME en el Zócalo de la ciudad de México se había convertido en la piedra en el zapato de un gobierno dispuesto a todo para coronar su pesadillesca despedida y hacer del 16 de septiembre un espectáculo de despliegue militar para maquillar su guerra fallida. Carente de argumentos y para sacudirse la piedra, los duros del gabinete, encabezados por el porro patronal, planearon un escenario de provocación, cuyo final sería el desalojo violento del Zócalo, la aprehensión de cientos de electricistas, incluyendo a sus dirigentes, y la derrota del SME.
Las piezas de la provocación y el golpe se fueron montando fina y perversamente. Primero reactivaron a sus títeres y marionetas, disfrazados de disidencia interior del SME: unos reclamando la toma de nota y otros exigiendo el cumplimiento de las promesas de Calderón, “primero liquídate y luego te recontrato”. Junto con ello se reactivaron las órdenes de aprehensión contra el secretario general Martín Esparza y Eduardo Bobadilla, secretario del Trabajo, acusados del delito de fraude genérico en grado de tentativa. La Policía Federal Ministerial (PFM) comenzó a hostigar las poblaciones electricistas en Juandhó, Hidalgo, de donde es nativo Martín Esparza, y Necaxa, Puebla, cuna de la electricidad en México. Los rondines de la PFM en el Zócalo se incrementaron sobre todo en la madrugada, incluida la presencia de camiones del Ejército y la Marina, so pretexto de tomar medidas a la plaza. A la par, los medios informativos se lanzaron contra el SME, acusándonos de “afear” el Zócalo, de ahuyentar el turismo y de hacer una competencia desleal a los comercios del Centro Histórico por vender tortas, tacos, chicles y paletas. Junto con ellos, los diputados del PAN promovieron puntos de acuerdo en la Asamblea Legislativa del DF, demandando el desalojo con el “argumento” de que violábamos más de 11 leyes en la materia y quebrantábamos el estado de derecho. Para disfrazar su operativo represivo, el gobierno insinuó un llamado al diálogo y ofreció el otorgamiento de la toma de nota.
Varios acontecimientos fracturaron los planes represivos del gobierno. Por un lado la magna asamblea general extraordinaria del SME del 23 de agosto, a la que asistieron más de 25 mil electricistas, mostrando su inquebrantable decisión de luchar hasta el final. La voluntad de los agremiados se expresó en la demanda de un diálogo público y la exigencia de regreso inmediato a laborar de todos los trabajadores que no se han liquidado, la libertad inmediata de sus presos políticos, el descongelamiento de las cuentas bancarias del SME y la toma de nota.
La decisión firme de Marcelo Ebrard de no reprimir y facilitar el diálogo fue decisiva. El atentado criminal en Monterrey terminó de sepultar el plan original represivo de Calderón, pues los reflectores internacionales se concentraron en México, marcando un parteaguas en su guerra fallida contra una parte de los cárteles. En esos días se destapó la cloaca de corrupción de CFE con la aprehensión y liberación de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la paraestatal. Finalmente, y como parte de la creciente unidad de los movimientos sociales, el 9 de septiembre partió del Zócalo la Caravana por la Paz, encabezada por Sicilia y con la participación de un contingente del SME.
Hecho añicos su plan original, el gobierno optó por simular un diálogo y generar una ruptura para justificar el desalojo del Zócalo. Su recurso fue el juego de palabras sobre un texto presentado por el SME en el que se demandaba la reinserción laboral en el sector eléctrico para la prestación del servicio público de energía eléctrica de todos los trabajadores miembros del SME que no se han liquidado. El gobierno manejó cinco contrapropuestas, con la presencia tras bambalinas del sicario patronal, buscando alargar la negociación y provocar la ruptura de las pláticas. Mientras, desde las 8 de la noche, concentraba miles de elementos de la PFM en las calles de Corregidora, Correo Mayor y Moneda, a la espera de la orden para atacar el campamento del SME en el Zócalo y/o de un acto de provocación de última hora. La actitud firme del SME, que no cayó en la trampa, y el papel de caodyuvancia del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y del diputado Ríos Piter en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pusieron punto final a la maniobra oficial.
Fracasada la treta, el SME se levantó con una carta de triunfo que incluye la toma de nota, la pronta liberación de los presos políticos, el descongelamiento de sus cuentas bancarias y un mecanismo de reinserción laboral en un plazo perentorio que vence el 31 de noviembre de este año. ¡La lucha sigue! ¡Vamos a ganar!
