| viernes, 24 mar 2017 08:41
De forma inesperada, el alto mando castrense se sumó a la campaña impulsada por funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, dirigentes del PRI y del PAN en contra del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Con el argumento de que "actores sociales" pretenden descalificar las acciones que realizan cotidianamente los integrantes del Ejército Mexicano, el director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general José Carlos Beltrán Benítez, señaló en conferencia de prensa, citada de última hora la noche del lunes pasado, que esas acusaciones son falsas y exhortó a quien tenga pruebas, que las presente, en clara alusión a las recientes críticas enderezadas por López Obrador en contra del Ejército, al que ha acusado de "reprimir" al pueblo y de realizar matanzas en el marco del combate al crimen organizado.
Que el mando castrense se haya subido al ring no es cualquier cosa, es un elemento que el líder de Morena debe meditar si es que realmente considera que está en condiciones de ganar la próxima elección presidencial. Porque el ex jefe de gobierno capitalino podrá gobernar sin priistas o panistas, pero sin el apoyo, respaldo o reconocimiento de las fuerzas armadas, es imposible.
Para nadie es un secreto que desde la primera vez que López Obrador buscó la presidencia (2006), los militares lo vieron con recelo, los dossiers de inteligencia militar lo ubicaban como un líder "radical", veían su participación en la toma de instalaciones petroleras como un botón de muestra.
La situación parecía haber mejorado en los últimos meses, los ataques directos a las fuerzas armadas se redujeron, el tono beligerante de su discurso parecía no tocar a los militares.
Sin embargo, en los últimos días, el tono del discurso cambió. En Nueva York, López Obrador aseveró que el Ejército debe aclarar su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; acusó a los militares de la matanza de civiles en Tlatlaya, estado de México, y dijo que los militares han masacrado a presuntos delincuentes en los operativos anticrimen.
La molestia de los mandos castrenses es evidente.
Un serio aspirante a la Presidencia de la República no puede estar peleado con las Fuerzas Armadas.
Alguien tendrá que dar el primer paso para distender la situación.
La píldora del día siguiente, la Suprema Corte y los diputados
Dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es quien dice la última palabra sobre los temas que son de su conocimiento, pero no es cierto.
El 27 de agosto de 2010, el pleno de ministros confirmó la constitucionalidad de la norma oficial mexicana (NOM-046-SSA2-2005) que obliga a los servicios de salud de todo el país, públicos y privados, a proporcionar la pastilla del día siguiente a las mujeres que sean víctima de un ataque sexual.
Desde aquel entonces, la Corte estableció que las instituciones de salud pública estaban obligadas a aplicar u ofrecer de inmediato, y hasta en un máximo de 120 horas después de una violación, la píldora de emergencia, previa información a la víctima, para que ésta tome una decisión libre e informada.
Sin embargo, resulta que los legisladores del PAN se pasaron por el arco del triunfo la decisión de la Corte, y con la complacencia del PRI, obligaron que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, retirara definitivamente -hace unos días- el dictamen de reforma a la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que pretendía hacer obligatoria la NOM-046-SSA2-2005, cuando se solicitara la interrupción del embarazo o el suministro de la píldora del día siguiente en caso de violación.
Los grupos más conservadores del país, cobijados por el blanquizul, lograron el retiro de la propuesta, para "realizar un estudio más profundo de la aplicación de la norma", es decir, mandaron la iniciativa a la congeladora.
La Suprema Corte convalida la Ley Atenco
La Suprema Corte entró a la recta final en la discusión de la llamada Ley Atenco, en la que ya validó el uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones de manera "preventiva", cuando la autoridad considere que puede estar en riesgo la vida de las personas o bienes; también avaló el uso de armamento letal -como último recurso para evitar la muerte de personas-, armas no letales, así como gases para dispersar manifestaciones.
El pleno de ministros únicamente invalidó la disposición de la Ley que permitía el "uso de la fuerza como primera opción". Ésa fue la única concesión que hicieron los ministros a las comisiones Nacional de Derechos Humanos y Estatal de Derechos Humanos que impugnaron la norma.
Los ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar, Norma Lucía Piña Hernández y Eduardo Medina Mora votaron por invalidar la Ley, en su totalidad.
Los tres primeros lo hicieron por diferentes razones, ya que advirtieron que la ley violaba derechos humanos como el de libre asociación, expresión y del uso legítimo de la fuerza, además de que le otorga a la autoridad facultades discrecionales para reprimir a la población incluso por injurias o amenazas verbales contra funcionarios.
Medina Mora, en cambio, argumentó que una ley sobre seguridad pública local, debía ser regulada por una ley general -que no existe-, porque de lo contrario se genera incertidumbre jurídica, no sólo para la ciudadanía, sino para los propios cuerpos policíacos.
Los temas controvertidos que tenían que ver con la violación de derechos humanos ya quedaron atrás, se espera que el lunes, el pleno declare la inconstitucionalidad de los artículos en los que, indebidamente, el congreso mexiquense invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al legislar en materia de tortura y tratos crueles e inhumanos, y con respecto a la justicia para adolescentes.
@jaranda 24
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