n julio de este año, el Congreso de Estados Unidos publicó el informe México: Organizaciones d el crimen organizado y el narcotráfico, en el que se da cuenta de la amenaza que representan los cárteles del narcotráfico mexicanos en ese país y la variedad de delitos que les permiten generar recursos con otras fuentes además del trasiego de drogas, como la extorsión, la trata de personas, el robo de hidrocarburos y el mercado negro de armas, entre otros.
Destaca también los aumentos en la tasa de homicidios en México que se atribuyen ampliamente a la violencia desatada por estos grupos delictivos. Lo anterior es interesante si compartimos la visión sobre los efectos del aumento de la violencia y su expansión debido en gran medida al uso de armas adquiridas precisamente en suelo estadunidense por parte del crimen organizado como moneda común, sin ningún tipo control real por parte de dicho país para evitar o restringir que los cárteles de la droga sigan abasteciéndose de arsenales y, en cambio, fortalecer en conjunto la estrategia de seguridad de ambos países.
Sin duda, en el informe se evidencia el impacto la violencia relacionada con los grupos de delincuencia organizada en la seguridad fronteriza, así como la evaluación de algunos congresistas estadunidenses acerca de los costos y la eficacia de la asistencia antinarcóticos de ese país en la estrategia de seguridad entre Estados Unidos y México.
Asimismo, se expresa preocupación respecto de la manera en que la violencia vinculada a los cárteles de la droga está afectando peligrosamente a algunos sectores económicos lícitos y a la relación comercial entre ambos países, lo que sí es de llamar seriamente la atención por el impacto negativo en el desarrollo económico del país.
Sin embargo, aun cuando se reconoce que la administración del presidente Joe Biden y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están colaborando en el nuevo programa de seguridad bilateral en el marco de Entendimiento Bicentenario, así como el compromiso del Congreso de aquel país para dar seguimiento a dicho acuerdo, se omite la problemática en torno de las empresas de armas y su responsabilidad corporativa en el tráfico ilegal a nuestro país y su influencia directa en la ola de violencia en México.
En ese sentido, por mencionar algunos datos, de acuerdo con Small Arms Survey: México es el quinto país con más armas de fuego sin registrar, superado sólo por China, India y Estados Unidos.
Actualmente, siete de cada 10 homicidios en México se cometen con artefactos de balas y seis de cada 10 asesinatos de mujeres se perpetran con un arma de fuego. En la demanda civil que presentó el gobierno de México, por conducto del canciller Marcelo Ebrard, en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas ante la Corte Federal de Massachusetts, se calcula que cada año se trafican alrededor de medio millón de armas de Estados Unidos a México. De igual manera, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) estadunidense, reporta que entre 70 y 90 por ciento de las armas de fuego aseguradas en escenas del crimen en México, son rastreadas a Estados Unidos.
Como nunca, nuestro país está forjando un liderazgo internacional mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores para entablar un diálogo diplomático sobre el tema y, al mismo tiempo, emprender acciones contundentes ante organismos internacionales, así como acciones legales y campañas de concientización a fin de frenar el trasiego de armas que ingresan ilegalmente al país y afectan la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas. El tema es ya impostergable.
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