Represión en Juárez: ¿Patriot Act a la mexicana?

Víctor M. Quintana S.

Parecía que el aparatoso operativo, dirigido personalmente por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, metralleta en mano, era para enfrentar a un sanguinario grupo de sicarios. Pero lo que sucedió el martes primero en céntrico crucero juarense fue que policías municipales y de vialidad reprimieron a golpes una manifestación de jóvenes del Frente Plural Ciudadano que conmemoraban a los caídos en esta “guerra” contra el crimen organizado. También fueron golpeados y despojados de sus cámaras varios periodistas y reporteros gráficos.

Los jóvenes pintaban y pegaban cruces conmemorativas de los miles de asesinatos cuando fueron agredidos a golpes de macana y puntapiés por los agentes. Quince de ellos fueron esposados y conducidos a la estación Aldama de la policía municipal. Cuando horas después llegó un nutrido contingente de personas a demandar la libertad de los detenidos, otras 15 fueron recluidas ahí mismo.

A todas y todos se les mantuvo incomunicados y bajo amenazas. Al visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, se le negó la entrada a visitarlos para dar fe de su situación. Finalmente, en la tarde del día 2 se liberó a todos mediante el pago de una fianza de 500 pesos, luego de un alud de expresiones de solidaridad con los detenidos y de presiones por parte de cientos de organizaciones sociales del país y del extranjero. Se tuvo que presionar adicionalmente, pues la policía pretendía acusar y fabricar pruebas contra uno de los dirigentes de la manifestación, Gero Fong, por posesión de drogas.

Este no es un hecho aislado: en las últimas semanas varios jóvenes de diversas organizaciones sociales han sido detenidos arbitrariamente por la policía municipal. Por el solo hecho de ser jóvenes se les da el trato de “sospechosos”, se les exige que se identifiquen con la credencial de elector, así no tengan aún 18 años, y se les encarcela sin justificación alguna. Incluso se agrede a quienes realizan trabajos de servicio social en esta muy vulnerada comunidad. Así sucedió con varios jóvenes de la Red de la Infancia que realizan jornadas educativo-culturales con niños y padres de familia de las colonias populares. Se les detuvo y el camión que utilizan para apoyar estas jornadas permanece ilegalmente incautado por la policía juarense.

No sólo en Ciudad Juárez, sino en su destino anterior, en Tijuana, el teniente coronel Leyzaola Pérez dio muestras de criminalizar a los jóvenes y detenerlos ilegalmente. Así que no se trata sólo de un episodio local. Lo que ahora se observa es que se está poniendo en marcha una estrategia de restringir las libertades y los derechos de las personas, incluidos los de los medios de comunicación. Toda manifestación que revele lo que está pasando en la ciudad, el estado o el país, ya no digamos que asuma una posición crítica, es considerada un peligro para el orden público. Así, las clases vulneradas por todas las inseguridades que osan expresarse se van convirtiendo para la policía y las autoridades de todos los niveles en “clases peligrosas”.

Tal vez sea mera casualidad, tal vez no, pero algo semejante está ocurriendo con las manifestaciones de las y los indignados de Estados Unidos en su versión Ocupa Wall Street, Ocupa Boston, Ocupa Chicago, etcétera. La derechohumanista internacional Ayesha Kazmi manifiesta: “Las actuales protestas de Ocupa… se están viendo hoy definidas por un apabullante conjunto de estrategias de orden público, y las prácticas presentes manifiestan una novedosa tendencia preocupante”. Entre esas prácticas destacan el exceso de fuerza que se aplica de modo rutinario, presencia de unidades policiacas antiterroristas junto a las manifestaciones, búsqueda intensiva y detención prolongada y humillante de los líderes de las manifestaciones, incomunicación de los mismos, etcétera (Sin Permiso, edición digital, 6/11/11).

Kazmi señala que estas acciones de las fuerzas policiacas, crecientemente militarizadas, deben contextualizarse en la ley denominada Patriot Act del Congreso de Estados Unidos y el presidente George W. Bush, promulgada en octubre de 2001. Ella otorga al gobierno de esa nación facultades prácticamente sin control para espiar y rastrear las actividades de los ciudadanos estadunidenses corrientes sin motivo probable, desde de los atentados del 11 de septiembre. El artículo 802 de dicho ordenamiento jurídico ampliaba la definición de terrorismo interior para incluir a personas que llevan a cabo actos de desobediencia civil con el objeto de coaccionar o influir en la conducta del gobierno, por medio de la intimidación de la población civil. Aunque esta redacción fue cambiada, sigue habiendo preocupación entre derechohumanistas y activistas porque se siga tratando a las manifestaciones públicas disidentes como “terrorismo de perfil bajo”.

Aunque en México no hay algo semejante a la Patriot Act, las declaraciones de Leyzaola Pérez en el sentido de que no permitirá este tipo de manifestaciones, nunca desautorizadas por el alcalde juarense ni por ningún otro nivel de gobierno, nos hacen sospechar que en nuestro país se está implementando una suspensión de garantías de facto. La frontera, con una población asolada por todo tipo de violencias, sería el laboratorio ideal para experimentarlo, a no ser que la sociedad civil organizada siga reaccionando tan enérgicamente como acaba de hacerlo en apoyo a los jóvenes indignados.

Convocarnos a vencer el miedo y el autoritarismo

Víctor M. Quintana S.

Tan empecinado está Felipe Calderón que aprovechó la espantosa masacre del casino Royale para insistir en su muchas veces fallida estrategia de guerra contra el narcotráfico en su mensaje a la nación el 26 de agosto. De inmediato se vieron las largas columnas de fuerzas federales con destino a Monterrey, como se han visto rumbo a Ciudad Juárez, sin que el derramamiento de sangre inocente se detenga.

En una semana, es cierto, hubo varios hechos que revelaron que los criminales no reconocen ningún límite, ni se detienen en ningún espacio, sea público o privado: la balacera afuera del estadio de Torreón, otra balacera con saldo de un muerto y varias madres de familia heridas afuera de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, en Ciudad Juárez, y el execrable incendio del casino Royale en Monterrey, con 52 personas muertas. La reacción del gobierno es incrementar la violencia de Estado hacia los delincuentes, aunque de sobra se ha demostrado que la intensificación de la “violencia legítima” sólo produce más asesinatos en este país aterrorizado.

Porque si bien la masacre del casino Royale puede considerarse un ascenso en la escala del terror criminal, hay que tomar en cuenta otros datos: en primer lugar, toda la cadena de corrupciones y colusiones de diversos niveles de gobierno que han permitido que este tipo de establecimientos nazcan, crezcan, se reproduzcan y medren plagados de irregularidades fiscales, de protección civil y laborales. ¿No se advirtió desde tiempos de Foxilandia que la apertura de este tipo de casinos ofrecería una gran oportunidad para el lavado de dinero y la implantación de mafias criminales? En segundo lugar, como señalan algunos analistas, las características y las circunstancias del incendio del casino Royale obedecen más bien a un tipo de acción torpe, sin estrategia, de grupos criminales fragmentados, en su afán de allegarse recursos a toda costa para vencer a sus rivales. Esta lucha ciega de fracciones criminales entre sí es lo que explica los hechos de los últimos días en Torreón, Ciudad Juárez y Monterrey. Y es lo que han advertido quienes señalan que al focalizar su estrategia el gobierno federal en la detención de los grandes capos lo que obtiene es fragmentar y multiplicar las mafias criminales y sus acciones contra ellas mismas y contra la población.

Mientras la estrategia gubernamental sigue centrada en esto, olvida y deja impunes otros tipos, muy letales también, de violencia. Es el caso de los feminicidios; los datos al respecto, tan sólo en Chihuahua, son terribles: en lo que va del año han sido asesinadas 253 mujeres, ¡cinco veces más que las víctimas del casino Royale!, y 107 han desaparecido (información de Justicia para Nuestras Hijas y Cedhem). A pesar de que la Fiscalía del Estado pretende ligar la mayoría de estos feminicidios con el crimen organizado, sus propios datos la contradicen: tan sólo de enero a la fecha en Ciudad Juárez se ha elevado a 7 mil el número de denuncias por maltrato de mujeres.

Esto nos dice que es necesario y urgente un cambio de estrategia gubernamental y social para enfrentar las violencias y sus raíces sociales. Una estrategia que como se ha venido exigiendo privilegie la seguridad humana y ciudadana de las personas. Es lo que muchos grupos de la sociedad organizada demandan, pero no sólo eso, también proponen alternativas sistemáticas, de atención diversificada. Tal vez la propuesta más amplia y estructurada es la muy valiosa presentada por la UNAM, pero hay muchas otras, que bordan sobre aspectos o cuestiones más específicas y locales, muy de tomarse en cuenta.

Para detener la estrategia gubernamental fallida y llevar adelante estas demandas y propuestas desde la sociedad es necesaria una mayor movilización y presión social. Es el momento de lanzar un nuevo tipo de acciones y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tiene la capacidad y la legitimidad para convocarlas.

Tanto los diálogos con los poderes Ejecutivo y Legislativo (el Judicial sigue sumido en su arrogancia), como la próxima Caravana del Perdón hacia el sur del país, son acciones muy importantes del movimiento. Sin embargo, hay que buscar otro tipo de acciones de dimensión nacional, masiva, en las que puedan participar el mayor número posible de ciudadanos para expresar al gobierno el hartazgo con su estrategia fallida y la exigencia de asumir las estrategia sociales de seguridad humana y ciudadana.

En este sentido, diversos grupos de Ciudad Juárez y Chihuahua están proponiendo al movimiento la convocatoria a un primer paro cívico nacional o un primer acto simultáneo y masivo de desobediencia civil. Se trataría de brindar la oportunidad a ciudadanas y ciudadanos de todo el país a sumarse al movimiento mediante una acción de protesta y exigencia que puedan realizar sin necesidad de desplazarse de su lugar de residencia, durante dos o tres horas, de manera visible.

El autoritarismo del régimen es un peligro muy próximo; el miedo de todos es realidad palpable. Para vencerlos, es necesario que “no dejemos de decir lo que pensamos”, como señala el rector José Narro Robles. Es necesario que en una gran acción y expresión ciudadanas repudiemos la estrategia fallida del gobierno y exijamos atención a las propuestas sociales para una paz con justicia y dignidad; eso es lo que buscarían el paro, la huelga o la moratoria a escala nacional.

¿Refundación o restauración?

Víctor M. Quintana S.

Dicen que son inercias el que la violencia persista en la mayor parte del país y que el PRI haya arrasado en tres elecciones estatales. Pero si la inercia es la permanencia de un cuerpo en la trayectoria de su movimiento o en reposo, entonces la metáfora de la física flaquea. Porque en ambos casos hay no sólo permanencia, sino una aceleración del movimiento hacia donde los móviles –PRI o Presidencia de la República– lo desean.

A pesar de los serios cuestionamientos de las víctimas expresados en el Castillo de Chapultepec, Calderón se empecina en su mutifallida estrategia de “guerra” al crimen organizado. Por eso la violencia también se enterca: tan sólo en junio hubo mil 143 homicidios dolosos en todo el país, para superar los 6 mil en lo que va del año y los 41 mil de diciembre de 2006 para acá. (La Jornada, 1º de julio de 2011, nota de Gustavo Castillo y corresponsales). En Ciudad Juárez, el primer fin de semana de julio el número de asesinatos ascendió a 27, cifra que no se alcanzaba desde abril. En la ciudad de Chihuahua se han disparado los homicidios de gente inocente: bebés, niñas y niños, madres de familia. Y luego del operativo de la Conago que, según la versión oficial, logró recuperar 429 vehículos, el crimen organizado ha lanzado una andanada de extorsiones y ataques contra los lotes de autos usados hasta el punto de obligar a cerrarlos prácticamente todos. El gobierno sigue priorizando la captura de líderes de los cárteles, pero con esto propicia la fragmentación de las organizaciones criminales, que incursionan en una gran variedad de actos ilícitos, perjudicando más a las ciudadanas y los ciudadanos comunes y corrientes. (Eduardo Guerrero, en la revista Nexos, junio de 2011).

Por otra parte, las elecciones del estado de México, Coahuila y Nayarit revelan no sólo inercias, sino intensificación del deterioro de la política institucional: dispendio en las campañas; control corporativo del voto de los pobres; sujeción de los organismos electorales al gobierno en turno, empleo de los recursos públicos a favor de candidatos y partidos. Si bien el PRI no ganó más que los estados en que ya gobernaba, con sus triunfos del 3 de julio quiere imponer la percepción de que es inexorable el avance de su precandidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

Además de estos síntomas de deterioro democrático están la militancia de los medios electrónicos oligopólicos a favor de opciones políticas que les favorezcan, los cochupos en lo oscurito, ahora hechos públicos gracias al pleito de los antiguos compadres Elba Esther y Miguel Angel Yunes, y la impotencia (en muchos casos complacencia) de los organismos electorales para evitar trapacerías.

Si las dos tendencias anteriores persisten, el 2012 apunta a la restauración priísta en un contexto de mayor violencia, ahora más dirigida contra la población. Elecciones en medio de una virtual guerra civil.

Para contrarrestar estas tendencias no basta con procedimientos meramente jurídicos, institucionales. Por ejemplo, no hay que hacerse ilusiones con el asunto de la reforma política. Aunque se logren aprobar las figuras de democracia participativa y de candidaturas independientes, de poco servirán si las malas prácticas predominan en el proceso electoral y la mayoría del Congreso es ganada por el PRI y sus aliados. En Chihuahua dichas figuras existen desde 1995 y cuantas veces la ciudadanía las ha querido poner en práctica se ha topado con la negativa de la mayoría tricolor, que mata en la cuna a la democracia directa.

Por eso hay que ir más allá para impedir la expansión de la violencia y la restauración autoritaria. Se requiere una amplísima y verdadera insurgencia cívica que conforme una dirección moral nacional, con capacidad de influir en la conciencia ciudadana no sólo con presencia simbólica-expresiva, sino con fuerza para impedir el control autoritario-plutócrata de los procesos políticos y sociales, y capacidad de incidir con eficacia en la toma de decisiones.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, ha abonado algo en este sentido. Con rapidez ha visibilizado a las víctimas, ha logrado un gran consenso entre amplios sectores de la población y una sólida autoridad moral, así como el apoyo de fuerzas tan significativas como el EZLN. Sin embargo, luego del diálogo de Chapultepec ha sido cuestionado por algunos sectores, y corre el peligro de desgastarse en los diálogos con los poderes y dejar de construir fuerza desde abajo. Es necesario que retome la iniciativa, y se convierta en el pivote o en la gran vertiente de una verdadera y multitudinaria insurgencia cívica que cambie dramáticamente la coyuntura hasta ahora favorable a las fuerzas violentas y antidemocráticas. Esto no puede hacerlo solo, sin tender lazos a otros movimientos que buscan, desde diversos espacios, refundar este país que nos están desmoronando.

Teniendo como horizonte la refundación de México sobre bases de justicia y dignidad, la tarea que se impone es invertir toda nuestra imaginación, nuestra inteligencia y nuestra generosidad en edificar la gran rebelión cívica-pacífica que detenga la violencia y el deterioro social y político. Los cómos habrá que irlos inventando, construyendo entre todos. Es momento de reconocernos, de apagar la tele y salir a las calles.

Pacto ciudadano: una respuesta campesina

Víctor M. Quintana S.

La sociedad mexicana ha sido muy generosa con los movimientos campesinos. Siempre los ha apoyado, pasando por alto limitaciones y divisiones de los campiranos en lucha. Por eso ahora que, desde el Zócalo, Javier Sicilia ha hecho un llamado nacional a un pacto ciudadano por la paz con justicia y dignidad, el Frente Democrático Campesino de Chihuahua manifiesta con convicción y reciprocidad su disposición a trabajar en y por ese pacto.

El FDCCH quiere formar parte de ese grupo amplio de ciudadanas, ciudadanos e instituciones que se definen ahora como “la sociedad civil” y que la integran todas y todos quienes se oponen a la guerra, a la muerte, a la sangre, a la concentración de los poderes económicos, políticos y mediáticos. Porque, más allá de las teorías, lo que ha sido la sociedad civil mexicana la definen las oposiciones sociales y políticas en los diferentes momentos históricos.

En los años 80, la sociedad civil fue todo el conjunto de actores que se opuso al autoritarismo, a la antidemocracia del partido de Estado. El frente se sumó a ellos para demandar la urgente transición a la democracia. Pero después, aunque hubo avances significativos, la democratización política se atoró. Del monopolio de un partido sobre el poder político se pasó al oligopolio de una clase política. Con muy honrosas excepciones, los organismos electorales y de transparencia se convirtieron en botín de los partidos y volvieron costosísimas democracia y rendición de cuentas. Escaparon al control de la gente.

Peor, a pesar de la alternancia, en el país se concentró el poder de quienes dominan la política, la economía y la comunicación. Como si esto fuera poco, mediante la corrupción, la complicidad y la impunidad, facilitada desde todos los órdenes de gobierno, la delincuencia organizada se convirtió en un flagelo más en la vida de las personas. En el medio rural, se fue apoderando del control de las comunidades de maquinaria, de tierra, de ranchos enteros, hasta de muchos jóvenes campesinos. Y la estrategia del gobierno para combatirla ha causado más muertos, más terror, más expropiación de los ya de por sí mermados bienes de las familias campesinas.

Ante todo eso la sociedad civil mexicana se define en este momento por todo este inmenso conjunto de ciudadanas, ciudadanos, grupos sociales, organizaciones que gritan con Sicilia “Estamos hasta la madre” de inseguridad pública, de inseguridad alimentaria, de inseguridad agraria, de inseguridad en el precio de la cosecha, de inseguridad en el presente de los jóvenes, de inseguridad en los recursos naturales.

Por esto, el FDCCH dice sí al llamado a constituir un pacto nacional ciudadano. En total acuerdo con muchas organizaciones insiste en que el pacto debe ser sólo entre ese nosotros amplio que constituyen todos quienes han sido objetos de violencia o de expropiaciones criminales o de Estado.

No es fácil construir este pacto. Además de preservar toda la diversidad ciudadana, organizativa y regional que confluyó en la marcha por la paz, es necesario convencer a participar a los miles que el miedo paraliza. Y el carisma, la fuerza expresiva y simbólica del dolor y la indignación deben traducirse en planes de acciones concretas y exigencias evaluables.

Hay que pensar en lo inmediato, en la urgencia por detener los ríos de sangre y de muerte que devastan la nación. Habría incluso que pensar cómo algunos protocolos e instrumentos de las Naciones Unidas para los casos de guerra pudieran ser útiles aquí.

Mas hay que tener cuidado; la experiencia del FDCCH señala que no deben aceptarse los tiempos gubernamentales para dialogar y negociar. Que la voluntad de diálogo debe manifestarla el gobierno en el cumplimiento de las precondiciones que la sociedad le señale. Que la fuerza de un movimiento puede diluirse en complicadas mesas de trabajo y en la redacción de documentos inacabables. Y que mucho estorba el hacerse bolas con celos de liderazgos, representaciones y protagonismos.

Al mismo tiempo no debe olvidarse el mediano plazo. Son necesarias las destituciones, no tanto las de los genaros, o de los felipes. Se requiere destituir el autoritarismo, la concentración de los poderes y de los saberes. Para eso hay que orientarse ya a la construcción de una nueva república, como dice John Ackerman, como piensan muchos por todos los rumbos de México. El camino inmediato es el pacto ciudadano. Pero teniendo como horizonte un nuevo pacto que refunde la nación desde el poder de la gente, un nuevo pacto constitucional que nos garantice la paz con justicia y dignidad, de poderes distribuidos y de contrapoderes ciudadanos reales.

En mayo de 1911 el pueblo mexicano en armas destituyó la dictadura porfirista en Ciudad Juárez. Cien años después, la sociedad civil en movimiento se da cita en esta misma heroica frontera. De su capacidad de acuerdo, de su conciencia histórica y de su acción conjunta dependerá que sea para el derrocamiento definitivo de las violencias y de los violentos.

Es lo que piensa el Frente Democrático Campesino.

Presidente... de la muerte

Víctor M. Quintana S.

Ciudad Juárez es noticia continua y piedra de toque para el gobierno de Felipe Calderón. Es el sinodal cotidiano de la segunda y eterna administración federal panista. Piedra con la que tropieza en cada viaje.
Al cumplirse un mes de la primera visita calderoniana a esta frontera y a dos semanas de completarse los dos años de la primera versión de los “operativos conjuntos”, Calderón y su comitiva organizan reuniones de trabajo y anuncios de nuevos programas para el martes 16.
La delincuencia organizada prepara el ambiente para recibir a la comitiva presidencial: el sábado 13, un comando asesina a la funcionaria del consulado estadunidense en la ciudad Lesley Enriquez, y a su esposo Arthur Redelf. En acción casi simultánea se acribilla al esposo de otra empleada del consulado, Jorge Alberto Salcido. Dos días antes secuestran a Pablo Cuarón Fernández, hijo del empresario Pablo Cuarón Galindo, precandidato del PAN a la gubernatura del estado. El lunes 15, un comando transportado en 15 camionetas aterroriza y asesina cuatro personas en San Juanito y otras cuatro en Creel, localidades del municipio de Bocoyna. El crimen organizado cambia cualitativamente su ofensiva: no sólo se matan entre ellos, también pueden asesinar ciudadanos estadunidenses para provocar un conflicto internacional, o secuestrar a personas inocentes ligadas con la clase política, o sembrar el terror no sólo en la frontera sino en la sierra, 600 kilómetros distante.
A pesar del cambio cualitativo en la coyuntura, el gobierno de Calderón reincide en sus errores. En lugar de abrirse más al diálogo con la sociedad, restringe enormemente el acceso a la reunión de las diferentes mesas de trabajo de la sociedad juarense, iniciadas hace mes y medio. Y, para documentar su miedo a la crítica y a la disidencia, vuelve a convertir en un búnker el hotel sede de la reunión y sus alrededores. Los policías federales vuelven a reprimir a los jóvenes que protestan ante la visita y exigen justicia para sus muertos; los pisotea, los empuja y detiene por varias horas a cuatro mujeres de las organizaciones no gubernamentales.
Todo este proemio debería haber sido suficiente para generar un cambio en la sesión de trabajo, con los representantes sociales fronterizos. Todo lo contrario, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, el chihuahuense Arturo Chávez Chávez, tratan de convencer de que, a pesar de las percepciones, hay claros avances en la “guerra”, su guerra, contra el crimen organizado, y que el número de homicidios tiende a descender en los últimos meses.
No contaban con los juarenses que representan a las diferentes mesas de trabajo. Médicos, empresarios, académicos y activistas sociales refutan de inmediato las cuentas alegres del gabinete. Las cosas han empeorado los últimos meses; desde la primera visita de Calderón, el 12 de febrero, la situación se torna más violenta. Tan sólo de enero a lo que va de marzo, el número de homicidios dolosos en esta ciudad asciende a 500, cuando en 2009 llegaba a 433 y en 2008 a menos de la mitad. El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Juárez señala que los asesinatos de mujeres, que en 2007 llegaban a 30 en esta ciudad, ascendieron a 96 en 2008 y hasta 163 en 2009. Afirma también que en 2009 Juárez encabezó la lista de las ciudades más violentas del mundo, con 188.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, por arriba de la muy violenta favela Jacarezinho, de Río de Janeiro, con una tasa de 173.6.
Todos concluyen: la presencia del Ejército y de la Policía Federal, lejos de disminuir, ha disparado los guarismos de la muerte y del delito –afirmación que casi al mismo tiempo repite la jefa del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano–; es más, si no se controla la violencia, de poco van a servir las millonarias inversiones en desarrollo social que anuncia la Federación.
Ante tales golpes de realidad Calderón no tiene más que balbucear su esbozo de filosofía del conocimiento. Reconoce que “… es pésimo que se tenga una percepción de que las cosas están bien cuando están mal, pero también que es malo tener una percepción diferente de la realidad…“
Aun así, la estrategia de Estado no cambia un ápice, si no es aceptar la presencia de agentes de la FBI para investigar las muertes relacionadas con el consulado. A ver quién investiga los otros cientos de asesinatos de jóvenes, de mujeres, de periodistas, de derechohumanistas. Aquí siguen reinando el crimen y la impunidad.
Calderón vino por tercera vez a la frontera. Y ni con su visita, ni con sus discursos podrá extirpar una muy difundida y terrible percepción: para muchas familias juarenses, él no ha sido el presidente del empleo, ni el presidente de la valentía, sino el presidente de la muerte.