“Injustificada” la extinción de Luz y Fuerza; la CFE es “patrón sustituto de los trabajadores”

Deberán recontratarlos y pagarles salarios caídos, determina tribunal colegiado

Ex trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, durante una manifestación de gremios contra la reforma laboral, frente a la sede de la Cámara de Diputados. Imagen de archivo  Foto Carlos Ramos Mamahua

Patricia Muñoz Ríos



Periódico La Jornada

Martes 9 de octubre de 2012, p. 19

A casi tres años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ayer el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito publicó oficialmente su sentencia definitiva sobre este caso, en la que estipula que determinó amparar a los electricistas, que no hubo causa para la terminación de las relaciones laborales, que éstas persisten, y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el patrón sustituto de estos trabajadores.



El tribunal público ayer el engrose y la resolución final de la demanda 1337/2010 que se presentó por este caso. En la misma indica que la “Junta responsable, indebidamente consideró procedente aprobar la terminación de las relaciones laborales, tanto colectivas como individuales, por existir supuestamente una causa de fuerza mayor o caso fortuito, sin advertir que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, se sostuvo en la incosteabilidad financiera, además de que no advirtió que al utilizar la CFE los bienes de la extinguida, resultó beneficiaria y por ende patrón sustituto”.



Al respecto, el abogado Carlos de Buen, representante legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), explicó que la sentencia definitiva –que consta de 449 fojas– es contundente, al indicar que no hubo tal causa de fuerza mayor y no tienen que darse por terminadas las relaciones laborales para estos trabajadores y que su patrón sustituto es la CFE.



Así, lo que procede es que la CFE recontrate a los 16 mil 599 trabajadores no liquidados e incluso les tendrá que pagar salarios caídos. En tanto a los empleados que en estos casi tres años llegaron a su periodo de jubilación, tendrá que ser pensionados y también pagarles los salarios devengados en este plazo.



Sostuvo que antes de ello, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) deberá dictar un nuevo laudo, apegándose a lo que dictó este tribunal, ya que éste había resuelvo dar por terminadas las relaciones de trabajo y ahora tendrá que dar marcha atrás a esta decisión por ordenes del tribunal, explicó el abogado.



De Buen indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAE), fue el promotor del recurso para dar por terminadas las relaciones laborales individuales y colectivas con los trabajadores de LFC, según el expediente 1337/2010. Dijo esta instancia ya no puede llevar a cabo el recurso de revisión sobre la resolución definitiva de este tribunal, pues se trata de un amparo directo, a menos que pudiera argumentar que hubo mala interpretación de un precepto de la Constitución, que no es el caso.



Para el abogado, esta resolución evidencia que fue injustificada la separación de su empleo de estos trabajadores en el proceso del extinción de LFC que es “el gran logro del que se vanagloria el presidente Felipe Calderón”. Es un revire importante para el final del sexenio de este gobierno, apuntó.

Explicó que además de este juicio del SAE el sindcato de electricistas promovió otro también por la demanda de patrón sustituto, el cual está en su etapa inicial, en el desahogo de pruebas y como el juez de la causa aceptó 22 mil pruebas confesionales, se prevé que el mismo dure muchos años más.

Sin embargo, en este proceso el SME hará valer que el fondo del mismo, que es la demanda de sustitución patronal ya fue resuelto por el tribunal referido

AMLO: la vía armada no garantiza que se remueva al régimen autoritorio

Desde Morena recomenzará la organización social, señala

Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del libro Poder y elecciones en México Foto Carlos Ramos

Alonso Urrutia



Periódico La Jornada

Martes 9 de octubre de 2012, p. 10

El ex candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que a pesar de los dos fraudes electorales registrados en 2006 y 2012, y que en México aún no se alcanza plenamente la máxima del sufragio efectivo, vale la pena mantener la lucha por la vía electoral, pues se han logrado algunos avances, como el caso del triunfo de la izquierda en Tabasco, tras varias décadas de monopolio priísta.



“Hay que entender –dijo– que no sólo estamos luchando por nosotros ahora, sino también por los que vienen”.



En el contexto de la presentación del libro Poder y elecciones en México, de Octavio Rodríguez Araujo, insistió en que hay voces que cuestionan si con los sucesos registrados en 2006 y 2012, con las autoridades electorales que han convalidado los “fraudes” –en 2006, de orden cibernético, y en 2012 mediante la compra del voto, según dijo–, es válido continuar la vía electoral. Ante lo cual insistió en la necesidad de mantenerse en la ruta, “porque participar no implica la asunción de compromisos indignos como reconocer los resultados de una elección fraudulenta”.



Subrayó que en la nueva etapa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habrán de recomenzar la organización social para pugnar por un cambio de régimen, que pasa necesariamente por un cambio de mentalidad en la sociedad para lograr realmente su transformación.



Ratificó que respeta quienes piensan que los cambios vendrán sólo por la vía armada, pero apostar por ello no garantiza en realidad que se vaya a remover el régimen autoritario al servicio de intereses creados, sino por el contrario, sólo se posibilita que ese régimen actúe, aunque no le asista la razón, con la fuerza pública en detrimento de las causas enarboladas.



López Obrador manifestó sucoincidencia con el análisis realizado por Rodríguez Araujo en cuanto al papel manipulador de las encuestas, la complicidad de los medios de comunicación con el sistema, la compra y coacción del voto como forma de fraude en 2012, con la forma como “el autor desnuda la actuación inmoral e irresponsable del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.



Sin embargo, indicó que se guardaría la autocrítica sobre los posibles errores cometidos, para no hacerles el trabajo “a nuestros adversarios”, que se han dedicado a ver “la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”.



En su oportunidad, Rodríguez Araujo sostuvo que tras la elección de 2012 se requiere revisar de nueva cuenta la legislación electoral, a pesar de la reforma de 2007. Sin embargo, se cuestionó si en realidad el problema en el país está en las leyes. De cualquier manera, los fraudes en México son una fatalidad que es necesario cambiar.



Destacó la importancia que tuvo en la campaña la irrupción del movimiento juvenil #YoSoy 132, y alertó sobre los cuestionamientos que existen a la representatividad real de la sociedad en los partidos, si bien dijo no estar de acuerdo en quienes descalifican al sistema partidista tildándolo de partidocracia, olvidando que los partidos y las candidaturas se conforman también de ciudadanos.



Hacia el final de la presentación, López Obrador fue cuestionado sobre si se reuniría con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, y señaló que en la izquierda cada quien es libre de reunirse con quien quiera, pero que él y sus seguidores no pretendían sostener un encuentro con el priísta. “Peña Nieto no tiene autoridad moral; utilizó dinero de procedencia ilícita para comprar votos”, justificó.



Poco antes, al momento que tomó la palabra, seis jóvenes se colocaron en uno de los pasillos del auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para cuestionarle si iba a traicionar a los 15 millones de personas que habían votado por él en los comicios

Astillero

Abonar la incertidumbre



Convocar, cancelar



Historias narkafkianas



Policías: Coahuila, DF



Julio Hernández López

“MACHO ES MI NOVIO PORQUE PIDE COCA LIGHT”. Un grupo de activistas protesta frente a las oficinas de Coca Cola en la ciudad de México por el uso de la palabra “macho” en la más reciente campaña publicitaria de la empresa, a la que califican de sexista   Foto Xinhua

El proceso de transferencia del Poder Ejecutivo federal ha pretendido ser de terciopelo a pesar de que los dos concurrentes llevan prendas muy ajadas y ríspidas. Para dar prueba formal de esa peculiar concordancia operativa, el saliente y el entrante han participado en reuniones con sus equipos para atender segmentos específicos de la función gubernamental.



La sesión de ayer, sin embargo, tuvo un desenlace público desafortunado y preocupante. Luego de cuatro horas de reunión, el actual ocupante de Los Pinos dio por cancelada una conferencia de prensa a la que había convocado, supuestamente para informar de lo que en sesión privada se hubiera tratado.



Una primera suposición razonable hace pensar en desacuerdos en las alturas. Tal vez Calderón llamó a esa rueda de prensa como si el poder le siguiera siendo absoluto, sin consultar al priísta que, en todo caso, creyó conveniente no realizar tal sesión, en una prueba de que ya se siente en pleno control del mando que formalmente aún no le pertenece.



Pero también podría estarse en presencia de diferendos mayores. Más allá de la coincidencia electoral pactada para sacar adelante al mexiquense, hoy están en el escenario nacional graves hechos relacionados con la inseguridad pública frente a los cuales las posturas e intereses de EPN y de Calderón parecen contraponerse con fuerza. También están en cartera los grandes negocios del sexenio por venir, en especial el relacionado con los energéticos.



Haiga sido lo que haiga sido, en momentos de tanta oscuridad y confusión es imprescindible un máximo cuidado de quienes ejercen a cualquier título el poder, para no fomentar especulaciones ni dar pie a lecturas equivocadas.



El priísta que gobierna Chihuahua es César Duarte Jáquez. Y el motivo de su máximo orgullo político es que, según reporta con insistencia, ha disminuido notablemente el índice delictivo en aquella norteña entidad. Las estadísticas alegres suelen toparse con impugnaciones provenientes de organizaciones no gubernamentales y de defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos de mujeres, aseguran que han crecido un mil por ciento en los cinco años recientes (dos de los cuales han correspondido al mando de Duarte) y que, según denuncia presentada ante las Naciones Unidas, forman parte del paquete habitual de escamoteo de información real que practica esa administración chihuahuense.



El déficit de credibilidad de Duarte Jáquez ha sido exhibido de nueva cuenta en el caso de la detención de un tercer presunto responsable del homicidio cometido en contra de Marisela Escobedo, quien fue ultimada afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde estaba en demanda de justicia porque su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, a su vez había sido asesinada sin que luego hubiera justicia alguna. Luz Estela Castro, quien forma parte del Centro de Derechos de las Mujeres, y se encarga jurídicamente del caso de Marisela, aseguró ayer que luego del ataque contra ésta “el fiscal Salas declaró públicamente que el asesino era Sergio Rafael Barraza; posteriormente, el 15 de diciembre de 2011, Carlos González, que es el vocero de la Fiscalía, declaró que Héctor Manuel Flores Morán era el autor material del feminicidio”. Ahora el gobernador Duarte en persona asegura que el verdadero asesino es José Enrique Jiménez Zavala.



Las historias narkafkianas de México impiden creer en las alocuciones oficiales. El primer acusado de asesinar a Marisela Escobedo fue Sergio Rafael Barraza, quien era pareja sentimental de Rubí Marisol. Luego de denunciar en 2009 la desaparición de su hija, Marisela localizó en Zacatecas a Barraza y logró que lo aprehendieran. Sujeto al nuevo sistema de juicios orales, y luego de un año en prisión durante el proceso judicial, el presunto asesino (quien había confesado el crimen aunque esas palabras no fueron incorporadas al procedimiento recién estrenado, según denuncia de Escobedo y otros familiares) fue declarado inocente en 2010 por tres jueces. En junio de 2011, sin embargo, la Procuraduría General de la República ofrecía cinco millones de pesos a quien ayudara a capturar al mismo Barraza, por el caso de la menor Rubí Marisol, y de tres millones por quien hubiera sido el asesino de la madre, Marisela Escobedo (aunque, según la versión del gobierno de Chihuahua, el primer sospechoso del crimen contra Marisela era el mismo Barraza).



Tan carcomida está la plataforma de sustento de las operaciones policiacas en estados y municipios que los presidentes municipales y gobernadores suelen ser rehenes de esas fuerzas desbordadas (fenómeno similar a lo que se vive en el plano federal: Genaro García Luna y los jefes marinos y militares construyen los escenarios sobre los que luego se monta sólo declarativamente el presunto comandante supremo). En Coahuila, por ejemplo, el drama de la familia Moreira tuvo como ejecutores directos, según las primeras versiones oficiales, a miembros y jefes de la policía de Ciudad Acuña, entregada como casi todas en casi todos los lugares del país a los arreglos económicos con jefes de cárteles que compran protección o insertan balas, según la elección del jefe o el agente involucrados.



En la capital del país, mientras tanto, Miguel Ángel Mancera dice que ha ganado con todas las de la ley la gubernatura del Distrito Federal de la que ayer le entregaron constancia de electo. Es inevitable pensar en dos planos de esa legalidad a plenitud: la electoral, en la que no hubo alegatos importantes contra la manera como la izquierda preservó el poder en la ciudad de México, y la específicamente operativa, la discrecional y corruptible legalidad administrativa en materia de procuración de justicia que se vive en esa capital y por encima de la cual Mancera logró tejer una insólita posibilidad electoral ahora triunfante.



Y, mientras Barack Obama rinde en Los Ángeles un homenaje (con evidentes visos electorales) a la tenacidad de César Chávez, el difunto líder sindical al que México no ha dado el reconocimiento que merece, ¡hasta mañana!



Twitter: @julioastillero



Facebook: Julio Astillero



juliohdz@jornada.com.mx

Dinero

Chávez, su enfermedad, el petróleo



¿De qué quieren su nieve?



Si no pueden con los bancos



Enrique Galván Ochoa

Admite distintas interpretaciones el primer párrafo de la extensa nota que el diario The Wall Street Journal dedicó ayer al resultado electoral en Venezuela: “La decisiva victoria del presidente Hugo Chávez ha convencido a muchos venezolanos de la oposición de que sólo si empeora su salud o un desplome del precio del petróleo harían que el carismático líder dejara su cargo”. Hasta aquí el WSJ. Venezuela es dueña de las mayores reservas de petróleo del mundo, superiores a las de Arabia Saudita. ¿Cuántos no quisieran controlarlas? Sin embargo, Chávez ha resistido todo tipo de presiones. Vale mencionar que los venezolanos disfrutan de la gasolina más barata del mundo: 50 centavos el litro, contra $10.54 la de Pemex; esta semana volverá a aumentar.



Mercosur



Uno de los triunfos más notorios del presidente Chávez fue su ingreso al Mercosur, el mercado común sudamericano que forman Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Actualmente este último país se encuentra suspendido por el golpe de Estado que tumbó al presidente Fernando Lugo; el Mercosur le aplicó la cláusula democrática. Con la integración de Venezuela se reforzó el bloque comercial sudamericano. Su producto interno bruto lo convierte en la quinta economía del mundo, sólo superado por Estados Unidos, China, India y Japón; dejó atrás a Alemania, la potencia europea. Recientemente Enrique Peña Nieto visitó varios países del sur, pero pasó de largo a Venezuela. No quiso tal vez molestar la sensibilidad de algunos de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial a quienes el nombre de Hugo Chávez produce dolores de estómago. ¿Por qué no se promueve de una vez por todas la abolición de la Constitución y se aplica en su lugar la agenda México del consejo? Parece que vamos hacia allá.



Desconcierto



Primero tuvieron una reunión precipitada; no aparecía hasta el fin de semana en la agenda de ambos. Luego Calderón convocó a los medios, porque pronunciaría un mensaje a eso de las 5 de la tarde. ¿Cuál sería el contenido? Había tenido una larga conversación con Peña Nieto. Luego la canceló intempestivamente. Si el tema es que le prestaría el avión presidencial para su viaje a Washington, como que fue demasiado suspenso. Ya se conocerá.



¿De qué quieren su nieve?



Tal parece que Manlio Fabio no interpretó exactamente lo que quiere el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y al votar el proyecto del reformón laboral se colaron algunos detalles que no le gustan y se omitieron otros que hubiera deseado que se incluyeran. Ayer estuvo en el Senado –la Comisión del Trabajo la encabeza el legislador sonorense Ernesto Gándara– y les dijo cómo lo espera: sin omitir una coma ni un punto. Y además, no aceptarían que el proyecto se vaya a la congeladora en la Cámara de Diputados, de modo que a ver cómo le hacen.



e@Vox Populi



Asunto: si no pudieron con los bancos



Qué afán de los nuevos priístas en despreciar la capacidad de los mexicanos y sus instituciones: para seguridad, se buscó al colombiano de apellido Naranjo; para explorar aguas profundas, se pretende que incursione la IP, porque Pemex “no tiene experiencia” (Coldwell dixit). Todo pretexto es bueno para entregar el petróleo mexicano a particulares; igual al viejo PRI, que desde Miguel de la Madrid privatizó todo lo que pudo y para los mexicanos no hubo más que una vida cada vez más miserable y con más carencias.



Fernando Quiroz Nácar/Distrito Federal



R: Si no pudieron con los bancos, menos van a poder con el petróleo. Salinas los entregó a sus amigos de la IP limpiecitos y seis años después los devolvieron quebrados y el gobierno tuvo que rescatar a los banqueros mediante el Fobaproa. Preparémonos a pagar por un nuevo rescate cuando hayan quebrado a Pemex.



Asunto: la primera víctima



Quiero hacer una precisión. La primera ejecución fue la de Ernestina, en Zongolica, violada y asesinada por gente del Ejército. Calderón dijo: “Murió de gastritis mal atendida”.



Guillermina C. Juárez/Distrito Federal



R: Cuando sucedió la tragedia de doña Ernestina Ascensio Rosario, querida Guillermina, Calderón ya tenía atrás todo un panteón.



Asunto: esos delegados



En las calles de Aluminio y de Cobre, aledañas al parque Plutarco Elías Calles, delegación Venustiano Carranza, se instala un tianguis sábados y domingos. El pasado bimestre, con el “patrocinio” de los líderes, ya hay puestos que venden bebidas alcohólicas y hasta curados de pulque. Hablo de bebidas preparadas y no de envases cerrados. ¿Es correcto esto? No. Poderoso caballero es don dinero. Demuestra la total falta de autoridad de la jefatura delegacional o la complicidad de la misma. ¿Quiere usted imaginarse cómo amanecen los lunes las calles, saturadas de basura y malos olores? ¿Quiere imaginarse el daño al parque?



Emilio López/Distrito Federal



R: Tal parece que resultó un error mayúsculo dividir el gobierno del Distrito Federal en delegaciones. Por un lado aumentó la burocracia y por el otro, la corrupción. Y va a ser difícil la vuelta a un régimen con un gobierno central, como fue por tantos años.



Twitter



Tuits del presidente Chávez tras su relección.



¡Gracias a mi amado pueblo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar!



Créanmelo: he sostenido una amena conversación telefónica con Henrique Capriles. Invito a la unidad nacional, respetando nuestras diferencias. @chavezcandanga



Twitter: @galvanochoa



FaceBook: galvanochoa



galvanochoa@gmail.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

México SA

Petróleo y venta de garage



PRI: “las viejas ataduras”



Progreso al estilo noruego



Carlos Fernández-Vega

Máxima del neoliberalismo a la mexicana es que los bienes públicos (están) para remediar los males sociales” (Salinas de Gortari dixit), y ese fue el camino que alegremente siguieron cinco gobiernos al hilo (lo mismo, pero con cinco máscaras distintas), aunque en esos 30 años sólo cumplieron a la mitad: arrasaron con los bienes públicos (privatizados en beneficio de unos cuantos amigos del régimen), pero los males sociales, lejos de remediarse, crecieron como la espuma. A tres décadas de distancia, los gerentes de la venta de garaje se deshicieron de prácticamente toda la infraestructura productiva del Estado, mientras los “males” sociales se incrementaron de forma proporcionalmente inversa. Tanto “desincorporaron” que en los anaqueles del súper mercado privatizador sólo queda el petróleo, y van por él.



Todo vendieron (alrededor de mil 150 empresas del Estado); prácticamente todo “rescataron” (obvio es que con recursos públicos), para luego, ya “saneado”, todo regresarlo al grupúsculo de amigos del régimen (que resultó mucho más voraz que eficiente). El petróleo fue lo único que (hasta ahora) se salvó, y no precisamente por falta de intentonas privatizadoras por parte del G-5 (el devastador grupo de los cinco inquilinos de Los Pinos, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón). Pero “llegó el momento”, dice Pedro Joaquín Coldwell, de “superar las viejas ataduras que nos han impedido desarrollarnos conforme a las energías humanas y materiales que poseemos”. No dejaron piedra sobre piedra, arrasaron, concentraron –aún más– el ingreso y la riqueza, transformaron el poder público en simple gerencia de los intereses oligárquicos, destrozaron el bienestar social, condenaron a los mexicanos a vivir en condiciones miserables, pero el rotundo fracaso privatizador, dice el dirigente del PRI, es producto de “las viejas ataduras”.



Treinta largos años de privatizaciones, y la mitad de aquella máxima del neoliberalismo a la mexicana se mantiene como oprobiosa asignatura pendiente. Tres décadas al hilo desmantelando el aparato productivo del Estado (lo que, supuestamente, generó miles y miles de millones de dólares para atender las urgencias sociales), y a estas alturas México ocupa (según el método Atlas del Banco Mundial) el escalón número 83, de 213 posibles, en lo que a ingreso per cápita se refiere (muy cerca de Argentina, el otro gran laboratorio privatizador en América Latina), con un “crecimiento” anual promedio de 2 por ciento, en el mejor de los casos, 60 millones de pobres, y el desarrollo permanentemente prófugo del país. Pero “son las viejas ataduras” las causantes de todo esto.



Dice Pedro Joaquín Coldwell que “quizá los mexicanos se han dejado someter por la fuerza de los intereses creados, por el peso de las enormes corporaciones económicas y sociales, y hemos sido avasallados por el facilismo y la rutina… La sociedad mexicana ya se ha acostumbrado a la imposibilidad del cambio y se ha extendido una carta de naturalización a la pobreza de la mayor parte de la población y la desigualdad que padecemos, como si esas circunstancias fueran la normalidad”. Bien, pero ¿quién entronizó a los intereses creados? ¿Quién abrió la puerta a las “enormes corporaciones”? ¿Quién permitió el “avasallamiento”?, porque el priísta lo dice como si fuera nuevo en esto y su partido por primera vez llegara a Los Pinos.



Ahora que van por el petróleo, el dirigente tricolor asegura que la “reforma energética” comprometida por Peña Nieto “no suspenderá el carácter nacional de nuestra industria petrolera o eléctrica, sino (que se trata) de apoyarlas con el concurso de otros modelos de negocio (privados) para colocar nuestra riqueza petrolera al servicio del país”. Los mexicanos “avasallados por el facilismo y la rutina” ya saben de qué se trata cuando los vendedores hablan “riqueza al servicio de la patria”. De hecho lo padecen cotidianamente. Allí está el caso de la banca, las telecomunicaciones, las carreteras, los ingenios azucareros, las aerolíneas, las siderúrgicas, las minas, los ferrocarriles, la electricidad, el gas, y de lo que se quede en el tintero. ¿En serio sería diferente con el petróleo privatizado?



El dirigente tricolor sólo repite el machacón cuan ramplón discurso de las últimas tres décadas: flojitos y cooperando, que el paraíso será de los mexicanos. Dos perlas para la memoria, por cortesía de los dos primeros gerentes de la venta de garage: “hemos continuado la política de desincorporación (privatización) de entidades (públicas) que no son estratégicas ni prioritarias, y a la vez, nos empeñamos en el fortalecimiento de las que sí lo son. Con los recursos financieros y la capacidad administrativa que libera el proceso de desincorporación, apoyamos selectivamente programas prioritarios de gasto, y hemos iniciado con paso firme la reconversión en las industrias petrolera, eléctrica, siderúrgica, azucarera, naval y de fertilizantes. También están en marcha importantes programas de modernización de los ferrocarriles y del sistema de comercialización y abasto de productos básicos” (Miguel de la Madrid).



“La desincorporación de empresas públicas no estratégicas responde hoy a un principio de fidelidad con el carácter social y nacionalista del Estado. Desincorporar empresas no es renunciar a regular y conducir el desarrollo nacional, porque no es condición única de la rectoría del Estado la propiedad de las empresas, sino fundamentalmente el ejercicio de la autoridad en beneficio del pueblo… El punto central en la reforma del Estado es resolver, a favor del pueblo, el dilema entre propiedad que atender o justicia que dispensar, entre un Estado más propietario o un Estado más justo. La economía, más abierta a la iniciativa y a la inversión no estatal (léase privada) se conducirá, sin duda, para servir los objetivos nacionales de la soberanía y de la justicia… Mediante las privatizaciones se han generado recursos de una sola vez que, al reducir la deuda interna, han fortalecido permanentemente la capacidad gubernamental para atender demandas sociales inaplazables. Con ello, se cumple el compromiso de vender bienes públicos para remediar males sociales y se fortalece al Estado y a la nación” (Carlos Salinas de Gortari).



Y ahora, van por el petróleo.



Las rebanadas del pastel



Las “viejas ataduras” que reclama de Pedro Joaquín Coldwell es lo mismo que el “tabú” que el ex embajador gringo en México, Jeffrey Davidow, exige “romper” para que el capital privado (el de su país, desde luego) le clave el diente al oro negro nacional. A cambio, promete el ex diplomático (hoy “consejero senior” del Cohen Group, que entre sus directivos registra a ex mandos del aparato militar y de seguridad estadunidense), los mexicanos “progresarían al estilo de Noruega”. ¡Zas!



cfvmexico_sa@hotmail.com

Violencia oligárquica

Pedro Miguel

La semana pasada la violencia enlutó a una familia encumbrada: la de los Moreira, gobernante en Coahuila y cercana a Peña Nieto. Dista de ser el primer caso. En junio del año antepasado el entonces candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado junto con cuatro de sus colaboradores. Incluso si se da por buena la versión de que los avionazos en los que murieron dos secretarios de Gobernación fueron accidentales, el grupo gobernante no ha podido permanecer inmune a la enmarañada confrontación armada que él mismo desató en el país.



Algunos procuran aferrarse a la versión más devastada del optimismo y suponen que una nueva presidencia priísta podría lograr la desactivación de la violencia, así fuera mediante la gestión de un acuerdo subrepticio entre los diversos frentes de la delincuencia organizada que estableciera reglas claras de convivencia entre ellos, un nuevo reparto de territorios y la entrega de núcleos de población a las garras de la extorsión regularizada.



Independientemente de los juramentos y alegatos de Peña en el sentido de que por nada del mundo negociará con la delincuencia organizada, el supuesto se basa en antecedentes harto conocidos del modus gobernandi de los priístas en tiempos no tan pasados y en entidades tan significativas, para el caso, como el Estado de México y no es, por ello, una perspectiva tan descabellada como pudiera pensarse.



A fin de cuentas, las corporaciones policiales federales, estatales y municipales han operado históricamente como bisagras entre la criminalidad y el poder público y durante la docena trágica del panismo han salido a la luz diversos indicios de que lo siguen haciendo.



Pero tal vez la violencia actual ya no sea controlable desde las máximas instancias del poder público federal desde las cuales fue desatada y promovida. La actual lógica del incremento del poder criminal no es sólo un producto de la descomposición institucional, sino la desembocadura inevitable de un modelo político-económico caracterizado por el debilitamiento sistemático del Estado, por el abandono de todos los rubros a la lógica salvaje del mercado y por la exaltación de la rentabilidad máxima. La delincuencia conforma ya un sector de la economía que no puede ser considerado marginal, si se tiene en mente su volumen de negocios y el monto de recursos que inyecta, en forma inexorable, en lo que queda de la formalidad económica. Lo que empezó como una fiebre de privatizaciones



corruptas, socialización de pérdidas y saqueo de la propiedad pública disfrazado de contratos y concesiones ha encontrado continuación en el narcotráfico, el secuestro y el tráfico de personas. El fenómeno, por cierto, no se queda en las fronteras nacionales.



En esta perspectiva, el régimen oligárquico podrá gestionar pactos bajo la mesa y acuerdos mafiosos pero no conseguirá volver a colocar en la caja de Pandora los múltiples factores e intereses que se benefician con la “guerra” que proclamó Calderón, incluidos los de la intervención externa.



Por mucho que la violencia empiece a afectar a los integrantes del régimen oligárquico, éstos no podrán desactivarla por la simple razón de que, par hacerlo, tendrían que desechar el modelo del país al cual deben su encumbramiento.



navegaciones.blogspot.com



navegaciones@yahoo.com

Layda Sansores Mexico huele hoy a sangre quemada

Ampliará #YoSoy132 vínculos con sectores juveniles para construir la resistencia civil

En el segundo día de discusión, 64 voceros acordaron renombrarse Asamblea Nacional




Reiteran apoyo a luchas sociales contra megaproyectos mineros, carreteros y eólicos, entre otros



Matilde Pérez U.



Periódico La Jornada

Lunes 8 de octubre de 2012, p. 16

Por la participación de integrantes de organizaciones que no son de estudiantes, los 64 voceros de reuniones locales asistentes a la décima Asamblea General Interuniversitaria (AGI) del movimiento #YoSoy132 acordaron renombrarse Asamblea Nacional y discutir en las próximas reuniones locales la propuesta de realizar el congreso refundacional del movimiento.



En el segundo día de discusión, los estudiantes universitarios reiteraron su respaldo a las luchas sociales en diversos estados en contra de megaproyectos mineros, carreteros, eólicos, entre otros, que atentan contra la libre determinación de los pueblos originarios; se pronunciaron en contra de la reforma laboral y acordaron continuar con las movilizaciones, marchas y festivales culturales para fortalecer la lucha contra el neoliberalismo.



También consideraron necesario internacionalizar el movimiento #YoSoy132 y solidarizarse con movimientos de otros países, como los que llevan a cabo los estudiantes en Grecia; los Ocupa Wall Street, en Estados Unidos, y los Indignados o 15-M, en España, entre otros.



Reunidos en el plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como una muestra de apoyo al paro que mantienen desde hace 39 días, los 64 voceros de las asambleas locales –de Puebla, Guerrero, Veracruz, Cuernavaca, Querétaro, Monterrey y Tamaulipas, entre otras– discutieron durante casi cinco horas los mecanismos de trabajo e hicieron un llamado a los participantes a sumarse a diversas mesas integradas para redactar los informes de las comisiones y entregarlas a las asambleas. También consideraron que es necesario realizar un balance de cómo está el movimiento en este momento.



Entre discursos y mociones a la mesa que dirigió la discusión, subrayaron que tienen que ampliar la vinculación con los sectores juveniles de diversos sectores sociales del país, para construir la resistencia civil.



Representantes del valle de Toluca reivindicaron todas las formas de lucha de resistencia y la autonomía del movimiento. Las decisiones que se toman en las asambleas son autónomas y debe actuarse sin limitaciones. Al respecto, los voceros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicaron que hay mecanismos jurídicos, como la consulta ciudadana, para “rempoderar al ciudadano”. Los de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, sostuvieron que las movilizaciones son la palanca para lograr que las exigencias se cumplan.



Los voceros de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de posgrado de la UNAM propusieron desarrollar foros y asambleas populares en las zonas rurales para que el movimiento responda a los planteamientos de esa población; “hay que dejar de ser rehenes de los tiempos del Estado”, señalaron.



También los académicos del IPN propusieron llevar a cabo una movilización frente al edificio de la Cámara de Senadores, el día que se discuta la reforma laboral.



Los voceros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia consideraron que a las mesas de trabajo ya existentes se sumen la de feminismo y diversidad sexual, agraria, de medio ambiente y de reforma laboral. Los estudiantes acordaron que en la reunión de las mesas del próximo jueves se definirá el método de trabajo.

Dinero

Reformón: juego de intereses



Los ahorros de los trabajadores



Recordando a Steve Jobs



Enrique Galván Ochoa

Se le anda haciendo bolas el engrudo al presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el sonorense Ernesto Gándara. El proyecto de reformón laboral que aprobó antes la Cámara de Diputados contiene algunos artículos que unos quisieran conservar y otros desearían borrar. Como se sabe, los cárteles del sindicalismo pretenden que permanezca como está, es decir, en el sepulcro, lo referido a la democracia y al manejo de las sagradas cuotas. Por su lado, el Consejo Coordinador Empresarial presiona para que se quiten los cambios que se hicieron a la iniciativa original, en particular al outsourcing, ése no es el regalo prometido. El PRI, el PAN y el Verde maniobran para que no se mueva de lugar una sola coma, a fin de que el reformón, sin modificaciones, regrese a los diputados y de ahí, sin mayor trámite, transite derechito a firma de Los Pinos. ¿Y la izquierda? ¿Cuál? ¿Y el senador Gándara? Sus amigos dicen que es de los cercanos a Enrique Peña Nieto, incluso fue su maestro en la Panamericana. Lo apodan de cariño El Borrego en su tierra (no confundir con Cordero, también Ernesto, pero de distinta ganadería), mas si no sale bien de ésta, en vez de la posición de gobernador de Sonora en la que sueña podría terminar convertido en barbacoa.



Nuestros ahorros



La mayor concentración de capital en poder del sector privado son los recursos administrados por las 13 Afores que componen el Sistema de Ahorro para el Retiro. Al terminar el pasado mes de agosto sumaban 1.8 billones de pesos (un millón de millones 800 mil millones de pesos) –incluyendo PensionISSSTE, de acuerdo con el reporte de fin de semana de Hacienda. El sistema fue creado por el zedillismo en plena crisis, con la moneda devaluada y los capitales en fuga. En ese momento el gobierno advirtió que el país no contaba con ahorros y había que crearlos. Actualmente hay aproximadamente 18 millones de trabajadores registrados en el IMSS e ISSSTE. Aun cuando la cifra de 1.8 billones de pesos es impresionante, debería ser lo doble o lo triple, lo que sucede es que los sueldos son muy bajos. ¿Y que destino está dándosele a nuestros ahorros? El 75% están invertidos en valores gubernamentales y deuda privada nacional, y el 22% en instrumentos de renta variable nacional e internacional y deuda internacional. ¿Cómo se traduce esto para que todos entendamos? Muy simple. El trabajador mexicano le presta dinero al gobierno y a empresas del sector privado.



La ejecutado desconocido



¿Alguien recuerda el nombre de la primera víctima de la guerra del calderonismo? ¿Era de Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua o Baja California? ¿Joven o viejo? ¿Casado o soltero? ¿Dejó viuda e hijos en la orfandad? Nadie sabe nada, suponemos que no era de una familia poderosa? De seguro era prole. No hubo movilización de todo el aparato de justicia para investigar el suceso y encontrar a los culpables, como vemos que está sucediendo hoy en el caso del hijo de Humberto Moreira. En las líneas finales aparecen unos tuits escritos por Lucero Davis, la hoy viuda del joven asesinado. En marzo, son la imagen de una mujer feliz y enamorada. Las de la semana pasada, léanlos y fórmense ustedes su propia opinión.



Un año sin Steve Jobs



El fin de semana pasado se cumplió un año de la muerte del gran creador que revolucionó la forma como hoy en día se comunica la humanidad. Su madre, soltera, lo entregó en adopción. Su padre biológico nunca lo buscó. Creó una de las empresas más grandes de la historia. Hizo una fortuna. El dinero también puede hacerse limpiamente.



e@Vox Populi



Asunto: igual pero diferente



Entre Humberto Moreira y su servidor existen algunas similitudes: ambos somos coahuilenses y profesores; a Humberto le mataron a un hijo el miércoles 3 de octubre, a mí me secuestraron un hijo el 16 de junio de este año. Le aseguro que el dolor es el mismo, y por tanto “los voceros” de toda laya deberían respetar la intimidad de los dolientes. Está de más que “los jilgueros” oportunistas de siempre aparezcan en los medios a declarar que “se se aplicará el rigor de la justicia a quienes hayan perpetrado tan artero crimen; que el Ejército, la Marina, la Policía Federal y todo el aparato de seguridad pública estará tras los criminales”. Y digo que está de más, porque parece una puesta en escena. Muchas son las víctimas que merecen salir del anonimato. Mantuvimos una etapa de nogociación con los plagiarios. Llegamos a un acuerdo sobre la cantidad que habría que pagar. Sin más, iniciaron periodos de silencio muy prolongados, hasta que dejaron de llamar. Optamos por pedir a la Siedo que empezara a buscar a mi hijo. Hasta hoy no sabemos nada de él. Obviamente que no se han emprendido acciones verdaderamente efectivas para encontrarlo. Su media filiación está en todas las procuradurías del país.



J.C.S./Coahuila



R: Lamento su situación. Pienso que la situación de Moreira es –¿cómo decirlo de manera que no suene tan descarnada?– menos desafortunada que la suya. Al menos halló el cadáver de su hijo.



Twitter



(Todos fueron escritos por Lucero Davis @lucerodavis)



Un hombre guapo, inteligente, activo, DEMASIADO trabajador. ¿Quién es? Sí, ¡mi marido!



(22 de marzo, 2012)



¡Te AMO! @jeduardomoreira y me encanta que seas tan trabajador, pero ya llega, ¿no?



(22 de marzo, 2012)



@rubenmoreiravdz. Exijo justicia por el asesinato a mi esposo José Eduardo.



(4 de octubre, 2012)



¡Justicia! ¡Justicia!



(4 de octubre, 2012)



@rubenmoreiravdz, ¡no sabes gobernar! Esto es tu culpa ¡maldito! Renuncia.



(5 de octubre, 2012)



Twitter: @galvanochoa



FaceBook: galvanochoa



galvanochoa@gmail.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

México SA

PRI: dichos y hechos



Petróleo y “principios”



Leyes vs. reglamentos



Carlos Fernández-Vega

Vista panorámica de la refinería de Toluca, estado de México  Foto Alfredo Domínguez

Muy entusiasmados están el próximo inquilino de Los Pinos y su equipo de transición” porque, dicen, “la reforma energética está al alcance de la mano” y su intención es “no modificar la Constitución” para que el capital privado abiertamente le clave el diente a ese sector estratégico. Así, Enrique Peña Nieto y su “nuevo” gobierno sólo seguirían la ruta transitada por sus cinco antecesores, o lo que es lo mismo, violar lo constitucionalmente ordenado y gobernar a golpe de reglamentos, aunque, de acuerdo con la norma jurídica, lo primero “mata” a los segundos. Ese ha sido el camino: “reglamentar” y “reclasificar” (de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) para desmantelar el aparato productivo del Estado, del que ya no queda ni el recuerdo.



Con ese ánimo llega el “nuevo” gobierno. Pero el problema para Peña Nieto y su grupo de tecnócratas (que es el mismo de los últimos 30 años, hijos y nietos incluidos) no es en sí alterar o no el texto constitucional para concretar sus planes, sino que, de entrada, está obligado a cambiar la “declaración de principios” del partido que lo llevó a Los Pinos, el PRI, pues en ella no queda lugar a dudas: “ratificamos el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo”, es decir, lo que precisamente establece la Constitución que no están dispuestos a modificar.



Después de cambiar la citada “declaración de principios” (de obligado cumplimiento para los miembros de dicha agrupación política), el engominado tricolor y sus tecnócratas deberán aplicarse para también modificar el “programa de acción” de su propio partido, el cual establece, entre otros elementos, que “el PRI se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en la materia y por el principio de una industria petrolera nacional integrada de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por garantizar que el patrimonio y explotación de nuestros recursos energéticos sea en beneficio de todos los mexicanos… De manera complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera”. En esto, otra vez, se les cruza en el camino el texto constitucional que no quieren alterar.



Luis Videgaray, coordinador del equipo de transición de Peña Nieto, ha dicho que la “reforma energética está al alcance de la mano”, mientras Ildefonso Guajardo, coordinador de vinculación con empresarios del equipo de transición del presidente electo, declaró que los asesores del futuro mandatario están “buscando caminos para la apertura de la industria energética mexicana que no requieran de la realización de cambios a la Constitución”… Peña Nieto quiere romper el monopolio de Pemex en las áreas de refinación y exploración, y está considerando cambios a la legislación que no requieran la aprobación de dos terceras partes de los miembros del Congreso, que es necesaria para reformar la Constitución” (La Jornada).



Otra piedra en el zapato “modernizador” de Peña Nieto y tecnócratas que lo acompañan, pues el texto constitucional (artículo 28) deja en claro que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas (…) petróleo y los demás hidrocarburos (…)”, algo que confirma el artículo 25 de la misma Constitución (“el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 (…)”. Entonces, aquí también se atoran, porque obligadamente tendrían que promover cambios constitucionales, a menos que por decreto “reclasifiquen” un sector estratégico, el energético, y de un plumazo lo conviertan en prioritario.



Tiempo atrás, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM detalló la aparentemente sutil diferencia entre lo estratégico y lo prioritario en términos constitucionales: lo primero es el “conjunto de actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que exclusivamente realiza el Estado a través de organismos públicos descentralizados, y unidades de la administración pública, por imperativos de seguridad nacional, interés general o beneficio social básico para el desarrollo nacional”; lo segundo, “aquellas actividades que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado (…) por razones circunstanciales e imperativos de interés general, proveyendo de esta forma al desarrollo nacional”.



Las estratégicas (como el petróleo y los demás hidrocarburos, y la generación de electricidad, donde el sector privado ya sentó sus reales, mediante “leyes reglamentarias”) se basan en imperativos de seguridad nacional; las prioritarias (por ejemplo, comunicación vía satélite y ferrocarriles, ambos sectores propiedad del capital privado) en cuestiones circunstanciales. Las primeras son actividades exclusivas del Estado; las segundas las lleva a cabo el gobierno federal en concurrencia con el capital privado y el llamado sector social.



Entonces, como en los maderos de San Juan: piden queso, piden pan… pues que les cueste; quieren privatizar los hidrocarburos, que den la cara y promuevan cambios constitucionales. De otra forma sólo violarían la Constitución y el de Peña Nieto será un “nuevo” gobierno que entre por la puerta de atrás, y ya se está haciendo costumbre.



Las rebanadas del pastel



De cualquier forma, no hay que esperar mucho de los tricolores, porque en su “programa de acción” el PRI también “ratifica su invariable apoyo y apego a los principios fundamentales del artículo 123 constitucional y las conquistas sociales de los trabajadores, y se pronuncia en contra de una reforma a su ley reglamentaria que vulnere los derechos que históricamente ha conquistado la clase trabajadora”; “reivindica la recuperación del salario, la dignificación del trabajador y postula la contratación colectiva que deje de lado la informalidad de la contratación temporal, que impide al trabajador la obtención de derechos a cambio del trabajo realizado, y en los servicios públicos reconoce el derecho de los trabajadores a la definitividad en sus plazas de base contra el empleo eventual”, y “rechaza que, bajo la excusa de la promoción de la productividad, se busquen afectar los derechos laborales y se pongan en riesgo las conquistas de los trabajadores…”, es decir, exactamente lo contrario de lo aprobado por los priístas en la (contra) “reforma laboral”.



cfvmexico_sa@hotmail.com

El PAN, una oportunidad

Bernardo Bátiz V.

El Partido Acción Nacional (PAN) tiró por la borda sus principios y su historia, desde las concertacesiones, la alianza con Carlos Salinas y el olvido de la doctrina; dejó de ser el partido de la democracia, el orden y la justicia social, para convertirse en una calca de su antiguo rival, al cual rebasó en malas artes y triquiñuelas. Cuando llegó al poder con amplia votación lo hizo con dinero de procedencia dudosa conseguido por los amigos de su candidato, luego la frivolidad y la tontería decepcionaron a muchos, y en 2006 no logró ganar limpiamente, sino con un burdo fraude ampliamente documentado.



Su hegemonía duró 12 años, en los que México retrocedió en áreas fundamentales para el bien común, que era su divisa más preciada. Perdimos en esos años soberanía y patrimonio, retrocedimos en educación y creció la inseguridad. La banca nacional no existe, nos aqueja la opacidad, los monopolios en medios de comunicación, cemento, maíz, alimentos, cerveza, refrescos y muchos más son un azote para el país.



El broche de oro con que se pretende cerrar este ciclo de gobiernos panistas, amenaza con ser más dañino y trágico. Es la reforma a las leyes del trabajo, que nos conduce a dejar de ser un país soberano con proyecto propio, para convertirnos en una gran maquiladora al servicio de empresas trasnacionales.



El proyecto es el último acto de la tragedia de un gobierno fallido. En la Cámara de Diputados, con irresponsabilidad, fue aprobado por legisladores priístas y panistas, pero falta su aprobación en el Senado. Ahí tiene el PAN la última oportunidad de reivindicarse en algo, y como plantean algunos de sus militantes, retornar a sus principios.



Su derrota en julio pasado no se debió a lo poco convincente de sus candidatos, perdió por el abandono de principios básicos, sin los cuales el partido deja esencia y naturaleza, con lo que no es ni la sombra de lo que fue, fiel a sus vocaciones e ideales, sin recursos económicos, en los que ahora nada, pero recio por sus militantes y dirigentes tenaces, convencidos e idealistas.



Hoy retorna a la oposición, pero lo será de verdad si rechaza las reformas a debate, contrarias a los intereses de los obreros, hacerlo, será rencontrarse con su historia y con lo que le da esencia y naturaleza.



En los principios de 1939, en el capítulo Trabajo, los fundadores aprobaron, entre otros conceptos, el siguiente: “La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material de la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona y contra el interés de la nación.



“Todo trabajo socialmente útil debe tener retribución justa que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una familia y obtener el más amplio mejoramiento real posible.



“Quien haya cumplido su deber de trabajo y tenga mermada por cualquier causa su capacidad de trabajar, debe seguir contando con los recursos necesarios para vivir dignamente y no dejar en desamparo a los suyos.”



Y en la proyección de esos principios, aprobada en 1965, el PAN de entonces sostenía: “El trabajo, actividad inmediata de la persona, tiene primacía como principio ordenador de la economía social, sobre los bienes materiales e instrumentales que son objeto de propiedad.



“Debe promoverse la creciente integración en el funcionamiento, en la propiedad, en las ganancias y en la dirección de la empresa, de todos los que en ella colaboran con inteligencia, mano de obra o capital, con el fin de llegar a empresas organizadas de tal manera que todos participen equitativamente de sus beneficios, al mismo tiempo que procuren transformarlas en una comunidad de vida y de trabajo y en un servicio eficiente para responder a las necesidad de la colectividad.”



Estos principios humanistas, de justicia social y respeto a la comunidad de trabajo, son incompatibles con las propuestas que llegan al Senado, encaminadas a disminuir los derechos de los trabajadores, a debilitar sus organizaciones, a pulverizar aún más el salario, a suprimir en la práctica la jubilación, a abaratar la mano de obra y a inclinar abiertamente la balanza de las relaciones laborales en favor del ya favorecido capital.



La doctrina inicial del PAN era congruente con la justicia distributiva, promovía la economía solidaria, la participación de los trabajadores en la propiedad y en la dirección de la empresa y buscaba equilibrar los factores de la producción; las reformas propuestas atentan contra la justicia, alientan la desigualdad y vulneran la equidad en las empresas.



Si los senadores del PAN se percatan de esto, si atienden al clamor popular, si votan en favor de la justicia social y dan la espalda a los arreglos de sus dirigentes con las cúpulas empresariales y con quienes compraron la pasada elección, pasarán a la historia como quienes detuvieron la estrepitosa caída de su propio partido y contribuyeron al rescate de México. Es la oportunidad de volver a un partido independiente y respetado.



jusbbv@hotmail.com

El relevo

León Bendesky

El gobierno que está por terminar está pasando la estafeta al nuevo que comenzará el próximo diciembre. El relevo se está haciendo con mucha eficacia y a toda velocidad; es casi de precisión olímpica. El Congreso recién instalado no se dilató en procesar los cambios a la ley laboral y ya se prepara para modificar también el régimen de operación de Pemex. Allana el camino para la siguiente administración y obsequia algo a la que termina. Aún faltan las medidas fiscales.



Las formas de gobernar y de legislar, a pesar de su presteza –o por ella misma–, están sustentadas en el mismo principio del ejercicio político que la muy cacareada pero ya desvirtuada alternancia partidista en el poder no cambió de forma alguna que sea relevante para la mayoría de la gente.



Los argumentos que de modo explícito sustentan las significativas modificaciones al régimen laboral, que están por validarse en la mancuerna del Senado, sostienen que se creará más empleo y se aumentará la productividad.



Estas son, ciertamente, dos cuestiones clave en esta economía donde prolifera la ocupación informal, la subocupación, y los bajos niveles de ingreso. Son, también, elementos esenciales para sustentar un crecimiento mayor y sostenido del producto, mismo que se ha vuelto crónicamente bajo y vulnerable desde hace ya tres décadas.



Pero no se consideró siquiera necesario ofrecer un sustento técnico o un razonamiento armado de manera coherente sobre tales supuestos que se han presentado, más bien, como un asunto doctrinario. Los legisladores no tienen que explicar nada a quienes los eligieron de modo directo y mucho menos en el caso de los plurinominales.



La nuevas formas de contratación que se admiten en la alterada ley no afianzan un mercado laboral más robusto y equitativo y, en cambio, tienden a crear mayor precariedad del trabajo. Tampoco implican que los niveles del ingreso salarial se eleven junto con la muy baja productividad general del sistema económico.



La carga del cambio legal en materia laboral se impone sobre los trabajadores. No hay correlato alguno con las condiciones que enmarcan a la inversión productiva, así como con la enorme concentración de la propiedad y la riqueza, o sea, las grandes restricciones a la competencia que definen a la economía mexicana.



La efectiva expansión del producto, del aumento de la productividad y la creación de más empleos, bien remunerados y con prestaciones sociales se basa en la inversión. En este modo de producción se trata de capital y trabajo. El esquema propuesto en la ley apunta, en cambio, a un aumento de la rentabilidad del capital sin que entren en la mira aquellos otros componentes.



De la reordenación de los sindicatos y la participación de los trabajadores que limite el poder de los líderes y aclare el uso de los recursos, que en algunos casos son multimillonarios, ni se quiere hablar en realidad. Seguirán siendo cotos de poder y control. Esa es una forma tramposa de defender los derechos laborales y constriñe el alcance de cualquier “reforma”.



Una situación similar se vislumbra para el caso de Pemex. En esa empresa pública nadie cree nunca conveniente siquiera presentar las propuestas de modo claro y convincente, sustentados en evidencias y premisas claras que conduzcan a las conclusiones ofrecidas. Al igual que en el caso laboral, la industria petrolera se maneja de manera doctrinaria, como ocurre con todo el sector energético. Y se hace con muy poca transparencia, si acaso.



Se puede tratar de la exploración, la producción o la comercialización, puede ser acerca de las coinversiones con otras empresas o los contratos con astilleros españoles. Ni el mismo consejo de administración parece enterarse de lo que ocurre, ni mucho menos rinde cuentas de su gestión, y las contradicciones entre los funcionarios son patentes y ñoñas.



Se trata, nada más, de la empresa que genera una tercera parte del ingreso del gobierno y que administra una riqueza natural de mucha relevancia y que es, formalmente todavía, propiedad de la nación. Plantear organizar a Pemex de modo similar al de Petrobras sin considerar abiertamente el anacronismo institucional en el que está el país es, cuando menos, asombroso si no es que cándido. Sobre todo en el caso de la industria petrolera.



Todo esto indica que se refuerza el modelo de gestión político-económico del que supuestamente habría de estarse alejando el país. El discurso político y las políticas públicas impuestas desde 1982 y sobre todo desde 1988, ya se han cumplido a cabalidad. El problema es que ya no resisten más la confrontación con la realidad.



La tasa de crecimiento no podrá aumentar porque la base de operación sistémica no se altera y, en cambio, se recrean los modos más conservadores de la gestión social. Se pretende con los cambios que se están haciendo darle la vuelta a una crisis estructural, pero así no se puede. Las contradicciones sólo se van a agravar.



Así como funciona la economía y como está conformado su entorno social; así con el magro crecimiento promedio del producto desde hace mucho tiempo; así con una distribución del ingreso muy desigual, es suficiente para generar una alta rentabilidad en los sectores que están fuertemente concentrados. Es, pues, incongruente, pensar que el mercado interno será la base de una expansión renovada y sostenible del producto y del ingreso que vaya en verdad más allá de la generación de grandes rentas económicas.

AMLO ofrenda por los compañeros caidos Plaza de las Tres Culturas 2 octubre 2012

Dinero

¿Te afecta personalmente el reformón?



Pueden correrte y con poco contratarán a otro



Champaña, Rolex, Armani, para el líder sindical



Enrique Galván Ochoa

El reformón laboral fue aprobado por la Cámara de Diputados, mayoriteado por PRI, PAN, Verde, y traidores de la izquierda. Ahora se “cocina” en el Senado. Les preguntamos a nuestros foristas esta semana: ¿Piensas que te afectará personalmente? 1) Sí, respondió 63 por ciento. 2) No tengo empleo, manifestó 20 por ciento. 3) No lo sé, dijo 10 por ciento. 4 ) No me afecta, opinó 7 por ciento.



Metodología



Cada semana enviamos nuestro sondeo a 3 mil miembros del Foro México con direcciones electrónicas tomadas al azar de las más de 6 mil que lo integran. Esta ocasión tuvimos la participación de mil 838 personas. En las líneas siguientes reproducimos fragmentos de algunos de sus comentarios.



Opiniones



Claro que sí me afectará, trabajo por horas, y ya empezaron desde este año a bajar el sueldo 30 por ciento.



Patricia Razo Cruz / Monterrey



Muchos tenemos un empleo estable y bien remunerado; yo, por ejemplo, trabajo en la UNAM. Pero no se trata de que nos afecte directamente, se trata de que tendremos que ingeniárnoslas para que podamos ayudar a quienes sí les pegará directamente (sobre todo, a nuestr@s hij@s), quienes habrán perdido todo aquello por lo que la gente consciente en la UNAM fue tantas veces a huelga, marchas, etcétera, empezando por la democracia y la justicia.



Antonio Sarmiento Galán / Cuernavaca



Estoy desempleado desde hace año y medio; no creo que me ayude este retroceso laboral.



Miguel Córdova Sánchez / Distrito Federal



Claro que me afecta. Propongo que si es tan buena, como afirman los legisladores y el Consejo Coordinador Empresarial, que se lo apliquen primero ellos y a todos los directivos convencidos de sus bondades: que sean contratados por outsourcing, que les paguen por horas trabajadas (efectivas). Tal vez así se eleve su productividad.



Armando Islas Torres / Distrito Federal



Temo que sólo sea el principio. Pertenezco al SNTSA, charreado por Joel Ayala y sus huestes. No tardan en quitarnos prestaciones. Les dejo un epigrama de mi autoría que refleja mi opinión: Champaña, Rolex, Armani, / para el líder sindical, / que vive de la ancestral / veneración al Tlatoani.



José Estrada García / Distrito Federal



Me beneficiará porque estoy subcontratada y el que regularicen a los outsourcing es magnífico. No nos dejemos engañar, lo que de verdad nos perjudica es que los líderes sindicales manipulen la información para defender sus beneficios, ya que si no alborotan al pueblo, no habrá quién los defienda. La reforma no es retroactiva, si tienes un trabajo actualmente, debes cuidarlo, capacitarte y hacerlo bien.



Tania Mojica García / Distrito Federal



(Respuesta de forista) Querida Tania: Se ve que no sabe cómo le pueden hacer retroactiva la ley. Ahí le va una posibilidad. ¿Qué hay que su patrón contacte un empleado joven que realice la actividad que usted desempeña en esa empresa? Si a usted la despide, le pagará lo que por ley le corresponda, quizá una buena lana. Al chavo que contrate le dará un contrato “a prueba”, con sueldo mucho menor al de usted. Al término del contrato “a prueba” le expide otro, y cuando ya no pueda renovarle el contrato a prueba, lo despide y trae otro chavo y le hace el mismo numerito; así hasta el infinito. Usted se llevará “quizá una buena lana”, pero ya nunca más tendrá un empleo igual al perdido, porque siempre le ofrecerán contratos “a prueba” uno y otro y otro y nunca volverá a tener un empleo digno. Siento bajarla de su nube. Perdóneme.



Carlos Jiménez Pérez / Aguascalientes



¡Claro que me afectará! Aunque tengo negocio propio (soy patrón), la precarización del salario y del empleo nos afecta a todos, ricos y pobres, ya que si el mercado no se activa esto no camina. Hay que aumentar los salarios de los obreros, ya que ellos son quienes reactivan el consumo.



Fernando Rodríguez Piña / Distrito Federal



No tengo empleo, pero me perjudica, porque las personas de quienes dependo, ahora estarán en peligro de quedar desempleadas, y, si tienen la suerte de volverse a contratar, será con un sueldo de hambre.



Ma. de los Ángeles Hernández C. / Querétaro



Claro que sí, con esta reforma ya no se generará antigüedad, por tanto, ya no habrá seguro de retiro. Pero, no tontos, protegieron como siempre a los líderes de los sindicatos. Y al pueblo que se lo lleve la ching…



Teódulo Ocejo Cabrera / Villahermosa



Los que votaron por el PRI ahí tienen las consecuencias. A ver qué les parece. Adiós a la estabilidad en el empleo, al salario digno, al derecho a vacaciones, al aguinaldo, a la seguridad social. O qué, ¿esperaban que los defendieran sus líderes: Romero Deschamps, Víctor Flores, Gamboa Pascoe, la señora Gordillo? ¡Bah! Ya puede advertirse el futuro laboral que estamos heredando a nuestros hijos.



Hugo Carbajal Aguilar / Cuernavaca



Twitter: @galvanochoa



FaceBook: galvanochoa



galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

México SA

Cae salario, sube inflación



Ingreso se desploma 13.4%



Más crudo para privatizar



Carlos Fernández-Vega

En la Cámara de Senadores siguen con el juego de la pluralidad”, el “diálogo” y los “acercamientos” con los llamados factores de la producción (léase con la cúpula empresarial y los autodenominados “líderes obreros” del corporativismo sindical mexicano) para “decidir” si se ratifica la (contra) “reforma laboral” aprobada por los inquilinos de San Lázaro o se le aplica una manita de gato para que no se vea tan fea. Sin embargo, por mucho maquillaje que le apliquen, la esencia no se alterará y los trabajadores serán responsables, una vez más, por la voluminosa factura del “moderno” festín organizado por Calderón, con la venia de Peña Nieto, y autorizado por el tres veces H Legislativo.



Reuniones por aquí, juntas por allá, consultas por acullá (todo, desde luego, según la machacona versión oficial) para que al final de cuentas los senadores ratifiquen lo dispuesto por los de San Lázaro. Y mientras ellos cacarean las “modernas bondades” de la citada (contra) “reforma”, el ingreso de la mayoría de los mexicanos se mantiene pegado al suelo, sino es que por debajo de él. La propia Cámara de Diputados, por medio de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), reporta que de acuerdo con el IMSS en agosto pasado el salario básico de cotización promedio de los trabajadores que cotizan en ese organismo se ubicó en 7 mil 883 pesos al mes (nominales), para un “crecimiento” anual virtual de 4.5 por ciento o 339 pesos mensuales.



Sin embargo, en ese mismo periodo la inflación oficial fue de 4.6 por ciento, por lo que, en términos reales, el citado salario cayó 0.1 por ciento, descenso que se suma al permanente declive observado a lo largo del gobierno que a los mexicanos prometió “vivir mejor”. Además, apunta el CEFP, los salarios del sector formal siguen sin recuperar su nivel previo a la crisis. Si el referido ingreso se compara con el registrado en agosto de 2008, el salario básico acumula una pérdida real de 0.6 por ciento. Es decir, si se contrasta el salario mensual que el trabajador obtenía hace cuatro años con el actual se observa que hoy su ingreso real es inferior en 45.9 pesos.



La situación empeora si el comparativo se hace entre el cierre de enero de 2007 (dos meses después de que Felipe Calderón se instaló en Los Pinos) y agosto de 2012, pues el salario básico de cotización promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS registra una caída en vertical. Es preciso remarcar que sólo uno de cada tres mexicanos en edad y condición de laborar cotiza en el Seguro Social, porque el resto se rasca como puede. Como se citó ayer en este espacio, el ingreso del 67.4 por ciento de los mexicanos ocupados (32.7 millones de personas) fluctúa entre cero y tres salarios mínimos diarios, y recordábamos que de acuerdo con la estadística del Inegi, poco más de 4 millones de mexicanos no reciben ingreso, a pesar de ser considerados como personas con ocupación (con empleo si se tratara del sector formal de la economía); 6.75 millones adicionales obtienen hasta un salario mínimo (hasta mil 800 pesos mensuales nominales); el ingreso de 11.33 millones más va de uno a dos salarios mínimos (de mil 800 a 3 mil 600 pesos nominales); y otros 10.56 millones obtienen de dos a tres salarios mínimos (de 3 mil 600 a 5 mil 400 pesos nominales).



Para redondear, el CEFP subraya que información del Inegi detalla que el ingreso laboral mensual de todos los trabajadores (formales e informales) acumuló una pérdida real de poder adquisitivo de 13.4 por ciento en los últimos cinco años (segundo trimestre de 2007 a segundo trimestre de 2012). “El retroceso de los salarios representa una vulnerabilidad para la economía mexicana. En el actual contexto de desaceleración del sector externo, el mercado interno podría amortiguar sus efectos negativos sobre la actividad económica sólo si el número de trabajadores crece considerablemente por encima de la caída de los salarios”.



Bajos salarios con alta inflación y reducida generación de empleo formal es la fórmula perfecta para que la mayoría de los mexicanos reviente, algo que parece ser el objetivo de la plutocracia, lo cual, dicho sea de paso, está a un tris de lograr. Detalla el CEFP el creciente índice inflacionario en buena media se explica por el aumento en el precio de los alimentos (no sólo el huevo), es decir, a lo que se destina el grueso del precario ingreso obtenido por los trabajadores. La variación anual del índice nacional de precios al consumidor fue de 4.73 por ciento al cierre de la segunda quincena de septiembre, sustancialmente mayor a la del mismo periodo del año pasado (3.16 por ciento) y la más alta de los últimos dos años y medio. “De esa forma, la inflación se alejó de la meta de 3 por ciento y se ubicó por arriba del intervalo superior de variabilidad establecido por el Banco de México (2-4 por ciento) por séptima quincena consecutiva”.



Pero el problema no para allí. El índice de precios de la canasta básica de consumo se incrementó 6.78 por ciento anual, contra 4.27 por ciento 12 meses antes. El precio de los alimentos, tanto procesados como agropecuarios, registró un alza de 0.79 por ciento, mayor en más de cuatro veces a la registrada en la misma quincena de 2011, con lo que la variación anual fue de 10.32 por ciento, más del doble de la que tuvo un año atrás (4.82 por ciento) y a la del índice general. El salario en picada y los precios de los productos básicos en las nubes, de allí la “necesidad” de “flexibilizar” el mercado laboral, de acuerdo con el circuito Los Pinos-Legislativo y sus patrones.



Para animar a propios y extraños, el Banco de México, puntualiza el CEFP, advierte que “los riesgos sobre la inflación, en el corto plazo, continuaron elevándose, por lo que se mantendrá atenta a la evolución de todos los determinantes de la inflación, en particular de las variaciones de precios relativos, tanto las resultantes de productos agropecuarios como las derivadas de fluctuaciones del tipo de cambio”.



Las rebanadas del pastel



Los mexicanos deben conformarse con la (contra) “reforma laboral”. Quién les manda estar jodidos. Ese es el mayor “éxito” al que pueden aspirar. Y favor de no molestar, porque ahora que la “reforma energética” está “al alcance de la mano” (Videgaray dixit), los “modernizadores” (léase los privatizadores) de Pemex están de plácemes, pues se confirma “la existencia de un sistema petrolero de enormes dimensiones en aguas profundas del Golfo de México” (de 4 mil a 13 mil millones de barriles), según anuncio del inquilino de Los Pinos, quien falló en intentona privatizadora, pero para eso llega el engominado tricolor.



cfvmexico_sa@hotmail.com

Reforma laboral, suma de contradicciones

Arturo Alcalde Justiniani

El proceso de reforma laboral ha exhibido las contradicciones entre el discurso y los verdaderos intereses de buena parte de sus impulsores, entre ellos los empresarios y el gobierno federal. Ha prevalecido el peso de la simulación y la resistencia a un verdadero cambio, como lo requiere nuestro modelo laboral y productivo.



Una diferencia inicial se relaciona con las motivaciones de la reforma, presentada como estructural, en favor del empleo y en beneficio de los trabajadores. Las evidencias acreditan lo contrario. No es estructural porque deja intocadas las prácticas, instituciones y vicios que prevalecen; dos temas que hubieran resultado claves para lograr cambios de fondo serían: suprimir las juntas de Conciliación y Arbitraje, que son un producto corporativo sometido a la consigna gubernamental sectorial, y sustituirlas por jueces auténticos. El segundo, recuperar la vigencia de la contratación colectiva auténtica, garantizando la participación de los trabajadores desde su nacimiento o firma, a través de la consulta mediante el voto secreto de sus destinatarios, así se evitarían los contratos colectivos de protección patronal que se han convertido en la enfermedad más grave del modelo. A estos dos grandes temas simplemente se les dio la vuelta.



Además de no ser estructural la reforma, tampoco será creadora de empleos. Día a día se acumulan los análisis especializados que demuestran que no existe relación necesaria entre los cambios a la ley y el crecimiento de nuevas plazas de trabajo. Quizá el único funcionario que ha sido sincero en sus declaraciones es el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, al señalar que la verdadera motivación de la reforma era la contratación y el despido libre y barato.



Afirmar que la reforma es en favor de los trabajadores es un chiste de mal gusto, su producto más significativo ha sido limitar los salarios vencidos en caso de despido injustificado hasta por el término de un año, alegando la extrema lentitud de las juntas de Conciliación y Arbitraje. En lugar de proponer cambios, como se ha hecho en otras ramas del derecho tendientes a impartir justicia pronta y expedita, se optó por hincarle el diente a los trabajadores, incrementando su agobio e indefensión, especialmente en la pequeña y mediana empresa.



El capítulo de transparencia, rendición de cuentas y voto secreto también puso en evidencia los dobles discursos. El Ejecutivo federal había formulado un planteamiento contradictorio: por un lado sustentaba estas propuestas y por el otro las cancelaba, al impedir que esos trabajadores supuestamente democratizados pudieran participar en la contratación colectiva. De nada sirve contar con un sindicato democrático si se le bloquea el acceso a la negociación de las condiciones de trabajo. En el renglón de la transparencia, la iniciativa presidencial planteaba, siguiendo los criterios del Ifai, que debería existir el acceso público a los registros que obran en las oficinas gubernamentales, juntas de Conciliación y Arbitraje y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que contienen los contratos colectivos y documentos que los sindicatos están obligados a exhibir por ley; sin embargo, el PAN votó en contra de esta propuesta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, junto con la aplanadora PRI, PVEM y Partido Nueva Alianza; con esa votación, que contradice sus pronunciamientos públicos, quedó claro que el PAN no estaba interesado en ningún cambio que incomodara al sector empresarial, al que ha representado en todos los temas de manera disciplinada. Los patrones no quieren que se den a conocer esos registros gubernamentales porque echan luz sobre los contratos de protección patronal, práctica viciosa que defienden a toda costa y que les permite imponer al sindicato de su preferencia en las fuentes de trabajo, pervirtiendo todo el modelo de relaciones laborales. En otras palabras, aceptan el voto secreto y la rendición de cuentas a cargo del sindicato, pero nada en el ámbito contractual, buscan evitar que la corrupción y el control sean exhibidos; ahora en el Senado, el PAN pretende desviar la atención hacia el renglón del descuento de cuotas sindicales, aspecto que ni siquiera formó parte de la iniciativa presidencial ni del dictamen.



En cuanto a la cláusula de exclusión que se refiere a la separación de quienes renuncian o sean expulsados de un sindicato, fue derogado de la ley; el cambio es correcto y atiende a los criterios de nuestro máximo tribunal de justicia; sin embargo, como en otras partes del mundo, debió compensarse estableciendo prohibiciones y sanciones a los patrones que intervienen en la vida de los gremios, obligando a los trabajadores a renunciar a los sindicatos.



Algunas de las intenciones de la iniciativa presidencial no han logrado sus efectos perniciosos. Los obstáculos al derecho de huelga y otros requisitos insalvables para cambios de sindicato quedaron fuera. Los contratos temporales, a prueba y de capacitación fueron condicionados a la participación de la Comisión Mixta de Productividad en una redacción confusa y contradictoria; los contratos por hora fueron matizados de manera incompleta con el señalamiento de que debe cubrirse el jornal completo y respetar los derechos de la plaza. A futuro estos aspectos generarán numerosas controversias legales.



En relación con el tema del régimen de subcontratación que la iniciativa había planteado sin límites, encubriendo la responsabilidad de los auténticos patrones, fue al menos regulada por tres condiciones contenidas en el artículo 15 A: no podrán abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, deberá justificarse por su carácter especializado y no podrán comprender las tareas que realizan el resto de los trabajadores al servicio del verdadero patrón. De no cumplirse con estas condiciones el beneficiario o contratante, será reconocido como verdadero patrón. Estos requisitos, si bien insuficientes, provocaron la preocupación de aquellas empresas que se han ido hasta la cocina en materia de subcontratación, convertida en deporte nacional, sin contrapeso ni árbitro, sobre todo a través de las llamadas empresas de servicios, creadas para no pagar utilidades, reducir pago de impuestos y costos de seguridad social y precarizar los derechos individuales y colectivos. El sector empresarial más rudo ha confesado que pretende ir al Senado para suprimir cualquier vestigio de protección. Lo quieren todo. Sienten que los trabajadores están en barata.

Falsificadores de la historia: una lucha descarnada por el poder

Pedro Salmerón Sanginés

Para Macario Schettino la Revolución Mexicana nunca existió: es un mito o invención ideológica, una “falacia post facto”. Para sustentar estas “fuertes” aseveraciones, escribió un libro de aparente solidez académica: “Por ello a estos párrafos les sigue medio millar de páginas en las que creo que sustento adecuadamente todas las afirmaciones que he hecho” (Cien años de confusión, p. 15). Eso sería muy interesante, de no ser porque está montado sobre argumentos falaces y omisiones tramposas. Veamos cómo procede: afirma que la Revolución nunca existió argumentando que sus causas –la lucha agraria, la obrera y el nacionalismo– fueron inventadas post facto. Cierto que hubo lucha agraria y obrera, concede, pero “no existe ninguna conexión” entre ellas y la Revolución: “la revisión cuidadosa de la información que tenemos acerca del periodo no nos permite sostener con algo de confianza ninguna de las tres primeras explicaciones. Es sólo la cuarta, la prosaica, la que parece contar con cierto apoyo de las fuentes”. Por tanto, la Revolución sólo fue “destrucción, lucha descarnada por el poder” (p. 31).



En mi anterior entrega (La Jornada, 23 de septiembre), a propósito de la demanda agraria, intenté mostrar el deshonesto proceder de Schettino. Ciertamente, podríamos hacer lo mismo con las otras causas o con otros agravios mencionados por los revolucionarios en su momento y que él ignora o llama “leyendas”, pero hablemos de “la única causa: la vejez de Díaz”: durante tres páginas glosa un solo documento: la entrevista Díaz-Creelmann. Con eso, sólo con eso, da el tema por visto sin ninguna explicación y pasa al capítulo dos, en el que pretende contar la historia de la Revolución, empezando por borrar de nuestra historia los movimientos magonista y antirreleccionista.



“Es importante notar –dice– que en 1908 [...] nadie planteaba seriamente una crítica a Porfirio Díaz”. Esta mentira recuerda la fantástica afirmación con la que inicia el capítulo 1: “Hay algo sorprendente en la revolución mexicana. Poco antes de que ocurriese nadie parecía preverla”. No existió, pues, el Partido Liberal Mexicano, ni Regeneración, ni las insurrecciones de 1906 y 1908, como no existe el descontento agrario o “es irrelevante”. Para Schettino. “Todos” (los que apoyan a Díaz, en contrapartida al “nadie” atrás advertido) son los “políticos, científicos y la nueva generación de la élite económica”. No hay más. Seguramente así concibe también al México de hoy… ahora entiendo sus artículos y comentarios (p. 55).



Y sigue la retórica sin sustento y los errores a razón de dos por página: “el día de la cita [20 de noviembre] pocos intentaron hacer algo y ninguno logró nada” (p. 56; debería leer a Santiago Portilla). “En diciembre se levantaron en armas Pascual Orozco y Pancho Villa” (p. 56, en realidad, lo hicieron desde el 20 de noviembre). “En abril y mayo aparecen decenas de movimientos [...] sin conexión con el maderismo” (p. 58, el hecho de que en todos lados los rebeldes leyeran públicamente el Plan de San Luis será “irrelevante”, supongo). “Las batallas en el territorio nacional ocurren con mayor frecuencia en esos meses, a pesar del armisticio maderista; ya que a Madero no le hacían caso” (p. 58, “irrelevante” también que el armisticio sólo tuviera vigencia alrededor de Ciudad Juárez). “Con De la Barra, no hubo maderistas en el gobierno” (p. 59, Emilio Vázquez, secretario de Gobernación, nomás fue presidente nacional del “irrelevante” Partido Nacional Antirreleccionista; y no menciono a otros). Y así hasta el cansancio.



No se puede basar una explicación tan sesuda sobre estas falacias. No se puede decir que un movimiento “no existió” cuando se inventa de esta guisa. No se puede afirmar que va a “sustentar” sus “fuertes” afirmaciones, o hablar de “revisión cuidadosa de la información” cuando no revisó material de primera mano, cuando para explicar la base de toda su argumentación (la inexistencia de la Revolución) lo que hace es glosar (mal) el libro de Alan Knight con el añadido, de tarde en tarde, de otra fuente. En efecto, la apariencia académica de su texto es sumamente tramposa: el capítulo está plagado de notas… 92 de las cuales son del libro de Knight, 11 de Hans Tobler y 28 más de otros nueve autores, con sólo tres citas de autores de la época. Por cierto en un trabajo académico (http://redalyc.uaemex.mx/pdf/600/60015959002.pdf) he mostrado que Alan Knight es un autor sumamente tramposo aunque, por supuesto, nunca tanto como el “líder de opinión” Macario Schettino.

DESFILADERITO

Jaime Avilés / Fuente: http://fuentesfidedignas.com.mx



DESFILADERITO – El hijueputómetro



Un conocido político me contaba la otra tarde que, al menos hasta hace unos años, Carlos Salinas de Gortari tenía una cajita de madera, que llevaba a todas partes, y que solía mostrar a sus visitantes para apantallarlos con su inmenso poder. “Díganme el nombre de un famoso, ya sea político, periodista, intelectual, locutor, cómico, diva, campeón o lo que de box, el que se les ocurra”, pedía sonriendo como un mago a punto de hacer un truco.



“¡Andenle! ¡No lo piensen tanto, díganme el nombre que sea”, apremiaba a sus invitados, cuando éstos no se decidían por ningún personaje. Y de repente los tres (suponiendo que fueran tres) hablaban al mismo tiempo: “Loret”, “Marín”, “Ciro”.



Salinas entonces abría su cajita, que en realidad era un fichero, y entre tantas tarjetas hallaba las correspondientes a los aludidos: en cada una conservaba los montos del dinero y las formas de pago (ya en cheque, ya en efectivo, ya en especie) en que les hubiese hecho patente su “amistad”.



Y la cajita contenía –contiene seguramente–, repito, los nombres de toda la clase política y sus intelectuales orgánicos, sus artistas, sus amantes y un largo etcétera. Pero una vez alguien le preguntó:



–Enséñame la tarjeta de López Obrador.

Salinas dejó de sonreír y ni siquiera abrió la cajita.

–No lo tengo.



A raíz de esta anécdota, alguien más sacó a relucir un instrumento de medición, que se utiliza para averiguar quiénes, entre las figuras públicas, los “líderes de opinión” y las plumas que firman artículos y comentarios en la prensa, mantienen algún tipo de vínculo con Salinas, ya sea por “gratitud” o por miedo. El aparato, que en realidad es intangible e inconsútil, se llama hijueputómetro.



Si un periodista nunca crítica a Salinas de Gortari, el hijueputómetro se pone rojo porque gracias al silencio cómplice del “comunicador”, la maquinita descubre que el tipo en es un lacayo del mero mero de la dictadura.



Si un historiador se mete con Salinas pero nomás por encimita, para guardar las apariencias, el hijueputómetro se pone rosa, pero su coloración irá alejándose de los tonos que representan el calor y acercándose a los que indican frío, de acuerdo con la actitud de otros sujetos de escrutinio, hasta llegar al blanco que es símbolo del hielo.



¿Alguien recuerda cuál fue la última vez que Marcelo Ebrard o Manuel Camacho criticaron a Salinas? ¿O tiene a la mano el más reciente ensayo de Krauze, o de Castañeda, o de Sarmiento, o de gente así, en donde aparezca una mención desfavorable al verdadero jefe de jefes?



Como para utilizar el hijueputómetro sólo basta con apretar un botón imaginario, revisen en los medios nacionales, tanto impresos como electrónicos que consulten el día de hoy, cuántos opinadores pondrán en el contexto del sangriento ajuste de cuentas que se está llevando a cabo dentro del PRI, el asesinato del hijo mayor de Humberto Moreira –ex líder nacional de ese partido y ex gobernador de Coahuila– que fue secuestrado el miércoles en Ciudad Acuña y encontrado muerto horas después, con huellas de tortura y tres tiros en la cabeza.



Quienes se ocupen del tema y no liguen este homicidio con la caída de un helicóptero en el estado de México, a bordo del cual iba un joven hombre de negocios que acababa de comer en casa de Enrique Peña Nieto, o con las muertes aún recientes de dos diputados priístas –en Ciudad Nezahualcóyotl, Edomex, y en Hermosillo, Sonora– y no recuerden a sus lectores o escuchas que así era cómo se hacían las cosas en tiempos de Salinas, el hijueputómetro los colocará en su lugar.



Crímenes políticos al por mayor sólo significan que los ríos de millones de dólares de dudosa procedencia que le compraron la Presidencia de la República a Peña Nieto y que el IFE y el Trife no vierono, dejaron muchas cuentas pendientes de cobro, y esos números, como no cuadran, se traducen en ejecuciones y venganzas al más puro estilo salinista. Hoy por eso también estaré en Twitter, en la cuenta @Desfiladero132, por si ocupan.

Jaime Avilés

Gerardo Fernandez Noroña - Analisis del 2 de Octubre 2012

Astillero

Morir joven



Lamentables, todos



Contexto coahuilense



FC, EPN y los Moreira



Julio Hernández López

CONTRA LA REFORMA LABORAL. En Morelia, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon las vías del tren y cruces carreteros, tomaron casetas de peaje y realizaron manifestaciones en puertos y aeropuertos de Michoacán, en rechazo a la reforma laboral   Foto Notimex

Diariamente caen muchos jóvenes en México. Unos caen en las redes del narcotráfico y de otras formas de criminalidad que les ofrecen la oportunidad de ingreso económico y falso desarrollo que el sistema vigente les niega de manera tajante. Día a día hay reportes de jóvenes virtualmente anónimos que son secuestrados, torturados y asesinados o, en el mejor de los casos, largamente encarcelados bajo graves acusaciones. De los que mueren suele no quedar más que un registro fugaz, condenado casi todo aquel que fallece en un incidente violento de este tipo a ser tirado y olvidado en una suerte de gran fosa común que no merece investigaciones judiciales ni algún intento de justicia, porque se asume que quien es ultimado con armas de fuego y en circunstancias oscuras” es un daño colateral o formaba parte de los cárteles en pleito entre ellos o contra las fuerzas gubernamentales armadas.



Tan lamentable como esos múltiples casos cotidianos (incluyendo, desde luego, a los jóvenes a quienes su patria no fue capaz de darles mejor opción que la delincuencia, convertidos muchos de ellos en verdaderos monstruos de crueldad) es el de José Eduardo, el hijo mayor de Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI. Siendo coordinador regional en asuntos de desarrollo social del gobierno que ahora encabeza su tío, Rubén Moreira, el joven Eduardo fue atacado con armas de fuego en las inmediaciones de un ejido de Ciudad Acuña.



Dada la relevancia del padre, este asesinato ha conmovido a buena parte de la clase política, entre condolencias, enojos y especulaciones. Al mismo tiempo, ese hecho ha puesto nuevamente de relieve la polarización que se vive en el país e incluso el asomo de un profundo resentimiento social que llega al extremo de no condenar ni expresar pena por un asesinato así, al ligarlo con las circunstancias políticas del país, y de Coahuila, en las que la familia Moreira ha tenido un papel destacado.



La resonancia (no hay pruebas de que también el móvil) del asesinato del joven José Eduardo está ligada al contexto político de su padre (de otra manera, habría sido uno más de los crímenes silenciosos y silenciados de todos los días). Y ese contexto es de fuertes claroscuros. Por un lado, el ex gobernador dejó una pesada deuda pública en la entidad, lo que aunado a acusaciones de corrupción entre funcionarios muy cercanos a él mantiene una viva irritación social. Por otra parte, heredó el cargo a su hermano Rubén mediante fórmulas de compra de voto similares a las practicadas este año. Humberto Moreira fue parte fundamental del “sindicato” de gobernadores priístas que sustentaron, promovieron y financiaron la precampaña de EPN en busca de la candidatura presidencial y, luego, la propia campaña y en especial el muy oneroso operativo mercantil de defraudación electoral extracasillas. Como representante de ese “sindicato”, Humberto fue instalado en la presidencia nacional del PRI, en una maniobra que además cubría ciertas apariencias, al dejar la gubernatura en manos de un manipulable interino que sería quien entregaría el poder al hermano Rubén, evitando la fotografía escandalosa del traspaso de mando entre consanguíneos directos.



En otra faceta, los Moreira han librado una prolongada batalla contra el panismo (al que fueron retirando de posiciones en ayuntamientos y el Congreso estatal) y en particular contra el calderonismo y su representante estatal, el ex senador Guillermo Anaya, quien es activo compadre del ocupante de Los Pinos. Como gobernador, Humberto criticó duramente el comportamiento de Vicente Fox y sus funcionarios en relación con la muerte de mineros en Pasta de Conchos y, años después, aseguró que el compadre Anaya estaba relacionado con el narcotráfico. Rubén, como diputado federal, dijo en marzo de 2010 que Calderón ejercía la presidencia de la República de manera espuria, no legítima, pues no había ganado las elecciones. También señaló que el michoacano había rendido protesta entrando al Congreso “por la puerta de atrás” y que en ese 2010 “gobernaba” entre guardaespaldas, “encerradito” en la residencia oficial.



La guerra partidista-electoral, los enconos grupales y el creciente desafecto entre el ocupante de Los Pinos y los hermanos que se apoderaron políticamente de Coahuila y se aseguraron impunidad y fuerza sexenal con Peña Nieto, tuvieron consecuencias naturales en el ejercicio de gobierno, confrontando con mucha frecuencia las posiciones de lo federal y lo estatal, y particularmente en el terreno de la delincuencia organizada y su forma de combate a través de fuerzas locales o nacionales.



Como si fuera una guerra entre cárteles políticos, Coahuila se ha visto sumida en una larga pesadilla sangrienta en la que pareciera que uno de los grupos de delincuencia organizada ha contado con el respaldo de las autoridades locales y que desde el plano central se atacaba a ese grupo dominante y a los políticos protectores, no sólo mediante las fuerzas oficiales de combate del narcotráfico sino que incluso hubo acometidas de bandos delictivos que coincidieron con momentos políticos importantes de los Moreira. Por ejemplo, mientras Humberto tomaba protesta como presidente nacional del PRI en Querétaro, en marzo del año pasado, en Saltillo ocurría una balacera que forma parte de las que continuamente se viven en esa capital y en las principales ciudades del estado, marcadamente en Torreón. El propio gobernador Rubén Moreira sufrió amagos violentos y tuvo que fortalecer la vigilancia en su entorno.



En ese contexto envenenado, con las fuerzas federales sujetas a sostenida desconfianza de parte de las autoridades locales, con cárteles desatados y vengativos, con la gran corrupción y el nepotismo estatales, y en medio de la gran descomposición nacional, el asesinato del joven José Eduardo es una lamentable desgracia que forma parte de un todo que demanda claridad, justicia y que no haya más jóvenes impunemente asesinados ni una sociedad que genere las condiciones para ver caer diariamente a otros más. ¡Hasta el próximo lunes!



Twitter: @julioastillero



Facebook: Julio Astillero



Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx