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Economía y mediocridad Desocupación “estancada” La informalidad, a galope Carlos Fernández-Vega Un año de discursos, doce meses de insistencia sobre lo bien que marcha la economía” y los “excelentes resultados” que se observan, para que al final de cuentas la tasa oficial de desocupación abierta prácticamente no reportará movimiento alguno. Lo que sí creció fue la población económicamente activa, de tal suerte que si en números relativos tal indicador permaneció estático de marzo de 2011 a igual mes de 2012 (4.61 y 4.62 por ciento, en cada caso), en número absolutos México tiene hoy más desocupados que en el tercer mes de 2011. Es tal la mediocridad económica y gubernamental que vive el país, que de plano algunos ven “con entusiasmo” que la citada tasa de desocupación no reporte alteraciones en un año, lo que quiere decir, según ellos, “que si bien no hemos mejorado, tampoco hemos empeorado, y eso cuenta” (viva la pequeñez). Sin embargo, esos “optimistas” parecen olvidar que tal indicador se mantiene por encima de la cota registrada antes del reconocimiento oficial de la crisis, en octubre de 2008, y 30 por ciento por arriba con respecto a la reconocida al inicio de la cacareada “presidencia del empleo”. Así, más de 2.3 millones de mexicanos se mantienen sin ingreso, lo que para algunos es una “buena noticia”, porque en 12 meses “creció poquito” el número de desocupados, el 75 por ciento de los cuales (algo por demás espeluznante) cuentan con nivel de instrucción media superior y superior. En el país no hay cupo laboral para aquellos que concluyeron preparatoria y licenciatura, y los pocos que se llegan a colocar lo hacen con salarios de hambre y en condiciones de precariedad absoluta. Pero los optimistas celebran “que si bien no hemos mejorado, tampoco hemos empeorado, y eso cuenta”. Lo que sí crece, y a paso veloz, es la informalidad, y en ella sobreviven, también oficialmente, alrededor de 14 millones de paisanos, y contando, carentes de cualquier forma de protección social. Si en un año la tasa oficial de desocupación “no se movió”, la relativa a la ocupación informal se incrementó 0.61 por ciento, y el número de sobrevivientes en este sector crece día a día. La medición que realiza el Inegi no refleja la realidad laboral del país, porque sus indicadores y encuestas no evalúan el desempleo, sino la desocupación. Por ejemplo, si un mexicano o mexicana lanza fuego, vende chicles o limpia vidrios en las esquinas, simplemente es considerado como “ocupado”, al igual que otro que cuente con todas las prestaciones de ley. Entonces, si se restan los trabajadores inscritos en el IMSS, el Issste u otra institución de seguridad social, como el Issfam, los demás, en los hechos, son trabajadores informales, y en este contexto estaría el 64 por ciento de la población económicamente activa. Pero “vamos bien” y los resultados económicos son “excelentes”, según reza la propaganda oficial. Alrededor de 50 millones de mexicanos conforman la población económicamente activa. De ese total, sólo 15.5 millones están registrados en el IMSS y cuentan con prestaciones de ley. De ellos, 2.23 millones son eventuales. Otros 2.5 millones, aproximadamente, tienen cobertura del Issste o conexas. Si se suman, representan el 36 por ciento de la PEA. El resto, 64 por ciento (o si se prefiere dos de cada tres mexicanos en edad y condición de laborar) está fuera de la jugada. A estas alturas del sexenio, bajo la premisa de que lo encabeza el “presidente del empleo”, el número de trabajadores inscritos en el IMSS debería rozar los 20 millones, pero la diferencia entre lo real y el discurso es fácilmente localizable: está en la informalidad, el desempleo, el crimen organizado o en el exilio económico. En esos seis años la demanda real de empleo en el sector formal de la economía se aproximó a 6 millones de plazas; independientemente de la decreciente calidad de los empleos, en los hechos sólo se generaron 1.6 millones de puestos formales, lo que equivale a que sólo uno de cada cuatro mexicanos logró colarse a la formalidad durante la “presidencia del empleo”. ¿Dónde quedaron los otros tres? Y la intención gubernamental, junto con la cúpula empresarial –por medio de la “reforma” laboral-, es dejar a todo el universo laboral fuera de la jugada y obligar a que la gente se rasque con sus propias uñas, cada vez en peores condiciones socioeconómicas. Oficialmente, hasta marzo pasado el 28.76 por ciento de la población en edad y condición de laborar se ocupaba en el sector informal, de acuerdo con el Inegi. Pero no queda allí el cada día más caliente ambiente laboral. El propio organismo da cuenta de otros indicadores. No precisamente gratos. Así, la tasa de ocupación parcial y desocupación llegó a 10.95 por ciento (este indicador considera a la población desocupada y la ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana, no importando si estos ocupados con menos de 15 horas que se añaden se hayan comportado o no como buscadores de empleo), y la tasa de presión general fue de 8.61 por ciento (incluye a desocupados, ocupados que buscan empleo, por lo que da una medida global de la competencia por plazas de trabajo conformada no sólo por los que quieren trabajar sino por los que teniendo un empleo quieren cambiarlo o también los que buscan otro más para tener un segundo trabajo). Dos indicadores adicionales: en el último año, la tasa de trabajo asalariado (que representa a la población que percibe de la unidad económica para la que trabaja un sueldo, salario o jornal, por las actividades realizadas) se redujo de 62.74 a 61.66 por ciento respecto de la población ocupada; y la tasa de condiciones críticas de ocupación se redujo de 12.01 a 11.70 por ciento (este es un indicador de condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos, que resulta particularmente sensible en las áreas rurales del país e incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, más las que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos). Pero, dicen, “si bien no hemos mejorado, tampoco hemos empeorado, y eso cuenta”. Las rebanadas del pastel ¿Qué le pasó al Fondo Monetario Internacional? Quién sabe, pero de criticar severamente la medida, ahora reconoce que la decisión del gobierno argentino de nacionalizar YPF es “soberana”. Y de remate Cristina Fernández de Kirchner mandó mensaje: “yo no soy la presidenta de las corporaciones, soy la presidenta de los 40 millones de argentinos”. Igualito que en México. cfvmexico_sa@hotmail.com

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Repsol: petrolera sin petróleo

La red del negocio “español”

Brufau: el popote trasnacional

Carlos Fernández-Vega

Tras la nacionalización de YPF por el gobierno argentino, Antonio Brufau, el orondo cuan cabreado presidente de la trasnacional española Repsol, declaró que vamos a demostrar que nuestra empresa, sola, continuará su camino”, o lo que es lo mismo, que el consorcio no requiere vejigas para nadar. Bueno, será que el susodicho amaneció más modesto que de costumbre y con mejor ánimo que nunca, pero en los hechos resulta que sola, lo que se llama sola, la empresa nunca podría “continuar su camino”.

Y lo anterior se debe a una sencilla razón: de “sus” reservas petroleras probadas, solamente uno por ciento se localiza en territorio español; el 99 por ciento restante está fuera de sus fronteras, de tal suerte que Repsol es una petrolera sin petróleo dedicada a meter el popote en terceras naciones, como en el caso argentino, y a succionar y apropiarse de una riqueza de la que carece dentro de los dominios del reino, del cual la trasnacional se declara súbdito y seguro servidor, aunque en los hechos es exactamente al revés.

De acuerdo con su propia información, “al cierre de 2010 las reservas probadas de Repsol (sin tener en cuenta YPF), estimadas de acuerdo con la normativa de la U.S. Securities & Exchange Commission (SEC), ascendían a mil 100 millones de barriles equivalentes de petróleo, de los cuales 376 mil (34 por ciento) correspondían a crudo, condensado y gases licuados, y el resto, 724 mil (66 por ciento), a gas natural. En 2010, la evolución de las citadas reservas fue positiva, con la incorporación de 165 mil barriles, destacando Perú (114 mil), Trinidad y Tobago (15 mil) y Libia (14 mil). Estas reservas se localizan principalmente en Trinidad y Tobago (36 por ciento). Un 46 por ciento de las mismas se sitúan en el resto de los países de Sudamérica (Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador…), el 12 por ciento en el norte de África (Argelia y Libia), el 5 por ciento en el Golfo de México (Estados Unidos) y aproximadamente uno por ciento en España”.

Lo anterior confirma que sola, lo que se llama sola, de plano nunca podría continuar ni obtener la carretada de utilidades que anualmente reporta. “Sola”, dice Brufau, pero en su propia casa no hay dónde meter el popote para obtener oro negro, de tal suerte que a la usanza imperial y con el irrestricto apoyo del gerencial gobierno español (con la “oposición socialista” en primera fila) en 2010 la trasnacional reconoció “dominio” petrolero para desarrollar 9 mil 5 kilómetros cuadrados y explorar 132 mil 407 más (sin considerar YPF) fuera de las fronteras españolas. De estos últimos, el 30.2 por ciento se ubica en América del Sur (sin incluir Argentina), 43.6 por ciento en Africa, 13.5 por ciento en Asia, 3.4 por ciento en América Central y 3.9 por ciento en América del Norte, para un total de 125 mil 247 kilómetros cuadrados (94.6 por ciento del total). El 5.4 por ciento restante de su “dominio” (7 mil 160 kilómetros cuadrados) lo tiene en países europeos, en lo que de una u otra suerte tiene influencia por su pertenencia a la eurozona.

Por si fuera poco, Repsol reconoce un “dominio” bruto no desarrollado (que “abarca la superficie en la que no han sido perforados pozos o éstos no se han terminado hasta el punto en que permita la producción de cantidades económicas de petróleo y gas, independientemente de si dicha superficie contiene reservas probadas”, según su propia definición) fuera de las fronteras españolas de 306 mil 63 kilómetros cuadrados, de los que 96 por ciento se localizan fuera de Europa. La gran reserva de la trasnacional se ubica en Africa, América del Sur y Asia, con 90 por ciento del total.

Lo anterior no da sustento a la temeraria afirmación de Brufau. ¿Sola? Pues bien, Repsol presume de su presencia activa en los cinco continentes, aunque la mayor raja la obtiene de América del Sur. En 2010, informa la trasnacional, “la producción de hidrocarburos de Repsol (sin tener en cuenta YPF) se cifró en 344 mil 256 barriles equivalentes de petróleo por día en 2010, lo que supone un incremento de 3.2 por ciento respecto a 2009. Este aumento se origina principalmente en Perú, por el inicio de la actividad de la planta de Perú LNG, en junio de 2010; en Estados Unidos, tras la puesta en marcha de Shenzi en marzo de 2009; en Libia, por el incremento de cuota, y en Venezuela, por la incorporación de Barúa Motatán, parcialmente compensada con la venta de Barrancas, ambas en febrero de 2010”.

Desde un punto de vista geográfico, agrega el consorcio, “el área de upstream centra su estrategia tanto en las zonas clave tradicionales, localizadas en Latinoamérica (Trinidad y Tobago, Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador, fundamentalmente) y en el norte de África (Argelia y Libia), como en las áreas estratégicas de crecimiento a corto y medio plazos consolidadas en los últimos años. En estas últimas destacan especialmente el Golfo de México estadunidense (con el importante campo Shenzi, en producción desde 2009, uno de los principales proyectos estratégicos de la compañía) y el offshore de Brasil. La compañía ha participado en nuevos descubrimientos, lo que supone continuar con los exitosos resultados exploratorios de 2008 y 2009. Estos hallazgos se han realizado en Brasil (Creal B y Piracucá-2), Sierra Leona (Mercury-1) y Colombia (Calamaro-1). También destaca en 2010 el resultado positivo del sondeo de evaluación Perla 2x en Venezuela, que ha confirmado y mejorado el gran potencial del área”.

He allí cómo es que Repsol “continuará su camino sola”. Mientras, el gerente Mariano Rajoy llegó a México a llorarle a Felipe Calderón por la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del mismo personaje que a rajatabla defendió la “españolidad” de la citada trasnacional, cuando, por decisión de Juan José Suárez Coppel, Petróleos Mexicanos alegremente destinó mil 700 millones de dólares para duplicar su participación accionaria en el consorcio petrolero sin petróleo. Y el gobierno del reino se le fue a la yugular al mexicano, y éste aplaudió.

Las rebanadas del pastel

¡Felicidades!, que México “ya cambió”: en septiembre de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció que la intervención del presidente Vicente Fox en el proceso electoral constituyó “un riesgo para la validez de la elección”, pero no pasó nada ni se actuó en consecuencia; Fox quedó impune. En abril de 2012, el IFE “encontró responsable de violentar la Constitución al presidente Felipe Calderón (…) pero no es sujeto de juicio político, sino sólo de responsabilidad penal por traición a la patria u otros delitos graves, por lo que es imposible sancionarlo”; Calderón quedó impune.

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Petróleo en manos del Estado

Privatizar, ¿tendencia mundial?

Peña, Chepina, Quadri: iguales

Carlos Fernández-Vega

Cinco inquilinos de Los Pinos al hilo no quitaron el dedo del reglón, y en la perspectiva político-electoral tres de los cuatro candidatos al hueso mayor se han pronunciado en el mismo sentido: lo moderno”, lo “actual”, lo de “avanzada”, lo “chic”, es privatizar el sector petrolero nacional, despojar al país de esa renta (de la que, por cierto, vivió, y muy bien, esa quinteta). Los primeros avanzaron en su intento, aunque no todo lo que querían; los segundos ofrecen redondear la tarea, llegar hasta el fondo, abrir hasta el último resquicio para que por la puerta grande ingrese, orondo y voraz, el gran capital, como en tantas otras áreas de la economía mexicana.

Tras la decisión argentina de nacionalizar –paradójicamente– su petróleo y, con ello, salvaguardar el interés nacional, el furibundo Felipe Calderón reaccionó como si le hubieran quitado algo propio, y soltó un rosario: fue, dijo, una medida “irresponsable y muy poco racional”; ningún empresario “en sus cinco sentidos pensará en invertir en un país que expropia las inversiones”; es una decisión “que no va a hacer bien a nadie”; “no es un acto racional”; “el camino no es ni el proteccionismo ni las expropiaciones”; que Cristina Fernández de Kirchner “rectifique” esa “lamentable” medida. Lo “moderno”, pues, es entregar los recursos naturales a intereses extranacionales.

Los tres candidatos que se han comprometido a no gobernar con “más de lo mismo” dicen al respetable que, de llegar a la primera silla de la nación, ofrecerán exactamente eso, más de lo mismo: A) “realizaré una reforma energética que dé apertura al sector privado en las áreas de exploración y refinación en la industria petrolera” (Enrique Peña Nieto); B) “reglas más amigables” para que el capital privado invierta en petróleo; no creo en el camino de las expropiaciones” (Chepina); y C) “convertir a Pemex en una empresa de sociedad anónima, pues así colocaría acciones en la BMV; estoy contra dogmas, catecismos y fetiches del pasado que comprometen seriamente el desarrollo de México” (Quadri).

Entonces, según todos ellos, la “tendencia mundial” es ceder el petróleo al voraz capital financiero-especulativo. ¿Será? Pues bien, encontramos luz en el propio proyecto de ley que la presidenta Fernández de Kirchner envió al Congreso de su país para nacionalizar YPF, y lo que en este sentido destaca es que, en realidad, la norma internacional es el control del Estado sobre los hidrocarburos, comenzando por la empresa Petrobras, tan presumida y cacareada por la derecha privatizadora como “ejemplo” de “modernidad”.

Lo “actual”, pues, no es lo que proponen los “modernos” políticos mexicanos, sino todo lo contrario: Arabia Saudita, el mayor productor petrolero mundial, cuenta con la empresa Saudi Aramco, cuya propiedad, al 100 por ciento, corresponde al Estado. El consorcio ruso Gazprom, el mayor productor de gas natural en el planeta, pertenece al Estado ruso (51 por ciento), quien decide cómo, cuándo y a quién, y no la inversión privada minoritaria. Del mismo origen, la empresa Rosneft (75 por ciento) es la segunda productora internacional.

Entre otras, propiedad del Estado (100 por ciento) son las petroleras CNPC (China), NIOC (Irán), PDVSA (Venezuela), Pemex (México), Adnoc (Emiratos Arabes Unidos), KPC (Kuwait), Sonatrach (Argelia), Kazmunaigas (Kazajistán), QP (Qatar), Pertamina (Indonesia), Socar (Azerbaiyán), Petronas (Malasia), EGPC (Egipto), Petroecuador (Ecuador), SPC (Siria), YPFB (Bolivia), ANCAP (Uruguay), NNPC (Nigeria), y ENAP (Chile, el sempiterno ejemplo para presumir los “éxitos” privatizadores neoliberales).

Otras petroleras, que permiten participación privada, también tienen propiedad y control mayoritario del Estado: Sinopec y CNOOC (China), con 75 y 67 por ciento, respectivamente; Petrobras (Brasil), 51 por ciento; Statoil Hydro (Noruega), 63 por ciento; PNGC (India), 74 por ciento; PDO (Omán), 60 por ciento; y Ecopetrol (Colombia), 90 por ciento. Entre las pocas que aparecen con participación estatal minoritaria están OMV de Austria (32 por ciento del Estado); Inpex de Japón (29 por ciento) y Eni de Italia (30 por ciento). Como se constata, en materia petrolera lo “chic” no es, ni lejanamente, ceder el control y el usufructo de la riqueza petrolera a trasnacionales del ramo, por mucho que éstas intenten meter la mano en todas partes. México conoce muy bien de qué se trata la intervención de los vampiros petroleros, y el enorme costo (político, económico y social) de mantenerlos en casa. Argentina también lo vivió y lo entendió, y por ello su gobierno actuó en consecuencia.

Como lo apunta el citado proyecto de ley, “la experiencia internacional no hace más que confirmar que la posibilidad de garantizar el autoabastecimiento en materia de combustibles contribuye de manera crucial a determinar el tipo de modelo económico y de crecimiento que puede desenvolverse en cada país. Así, durante la vigencia del denominado Consenso de Washington, la política en materia de hidrocarburos que el neoliberalismo implementó en Argentina buscó maximizar la extracción de este recurso natural con vistas a colocarlo en el mercado mundial, conduciendo al desabastecimiento interno, el cual es impulsado por el incentivo que constituye para el sector privado la completa apropiación del excedente económico generado por un recurso natural no renovable”.

Así, la precisa intervención del Estado en la definición de la política de producción y precios de los combustibles “es crucial en un mundo que ha estado crecientemente afectado por la participación de capitales financieros especulativos en los mercados de materias primas en general, y del petróleo en particular, impactando así en los costos de producción a escala mundial… Hay tres elementos a tener en cuenta y que aconsejan la injerencia directa del Estado en la política de precios y cantidades: su impacto sobre la competitividad de la economía, el efecto de su precio sobre el poder adquisitivo de los salarios y la apropiación de los excedentes derivados de la explotación de los hidrocarburos”.

Las rebanadas del pastel

Entonces, lo “moderno” es que los grandes recursos petroleros y su producción estén en manos estatales, y no como coto de caza del capital trasnacional, como Repsol comprenderá. Que Calderón y comparsas repitan como pericos que lo mejor para México es privatizar sus hidrocarburos no es más que el canto de una suerte de Menem michoacano al que no le fue suficiente destrozar el tejido social del país, sino que intentó lo mismo con el último jirón de soberanía económica.

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Argentina recobra lo propio

El Estado retoma las riendas

PSOE, alineado con Rajoy

Carlos Fernández-Vega

Argentina recupera su soberanía energética y retoma las riendas de YPF, una empresa del Estado privatizada por Carlos Menem a finales de los 90. De tajo, la mandataria Cristina Fernández de Kirchner ordenó acabar con las maniobras, presiones y extorsiones” ejercidas por Repsol, en el entendido de que “resulta necesario modificar la lógica especulativa y cortoplacista que caracteriza a la principal firma petrolera de nuestro país” bajo la conducción de esa trasnacional española, a fin de ponerla al servicio de las necesidades del país y del modelo productivo con inclusión social”.

Se acabó: YPF para los argentinos, y Repsol que le llore a sus gerentes Juan Carlos y Mariano Rajoy, pues “de continuar esta política de vaciamiento y no inversión, Argentina se hubiese convertido en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos”, subrayó la mandataria. Así, oficializó el envío al Congreso de un proyecto de ley (Recuperación de la soberanía hidrocarburífera) que plantea la expropiación por parte del Estado de 51 por ciento de las acciones de YPF, sin que esas acciones puedan ser vendidas sin autorización mayoritaria del Legislativo, al tiempo que designó a dos interventores estatales en dicha empresa petrolera. Tal porcentaje se repartirá entre el Estado nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, de tal modo que les corresponderá 26.01 y 24.99 por ciento, respectivamente.

Argentina retoma lo que en México cinco inquilinos de Los Pinos al hilo, y ahora, tres candidatos al hueso mayor, han pretendido, pretenden, ceder al gran capital, sin lograrlo a plenitud, todavía. Al hacer pública la decisión de su gobierno de recuperar lo que a los argentinos corresponde, Fernández de Kirchner destacó su intención de que “YPF se convierta en política de Estado, que no pertenezca a un solo gobierno. Esto que tanto nos costó, un duro aprendizaje en números, disgustos, broncas, presiones y extorsiones. Cuántas maniobras vimos, colas impulsadas por los medios de comunicación. No tiene que ver con partidos ni facciones políticas sino con un país sustentable que tenga desarrollo y crecimiento”.

Y tocó un punto fundamental: “somos el único país de Latinoamérica, y casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. Por primera vez desde que se desnacionalizó YPF en 1998, en el año 2011 nos convertimos en importadores netos de gas y petróleo, con un déficit de 3 mil 29 millones de dólares. Es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que hacerlo; un motivo más fuerte para tomar esta decisión es que desde la privatización Argentina se convirtió en importador de gas y petróleo; la reducción en el saldo comercial fue entre 2006 y 2011 de 150 por ciento; en 2011 se produjo la importación de 9 mil 300 millones de dólares en combustible. El problema fue la desnacionalización, que atraviesa desde los sectores más primarios hasta los de mayor valor agregado. La importación de hidrocarburos durante 2011 casi iguala el superávit comercial de Argentina ese mismo año”.

De allí a las cifras: de 1999 a 2011 la utilidad neta de YPF fue de 16 mil 450 millones de dólares (íntegramente para bolsillos privados), y la empresa distribuyó dividendos por 13 mil 246 millones (poco más de 80 por ciento de las ganancias). Y después el recordatorio: “las empresas que están radicadas aquí son empresas argentinas, que a nadie se le escape eso, y no nos molestan las rentabilidades sino que no reinviertan. Toda empresa argentina, cuyas acciones sean extrajeras, mientras acompañen el crecimiento del país vamos a seguir trabajando codo a codo”. Entonces, las empresas argentinas bajo jurisdicción de los tribunales argentinos, y no de los caprichos de la Zarzuela ni de la Moncloa.

Por cierto, el gerente Mariano Rajoy llega hoy a México a “buscar aliados” en contra de la decisión del gobierno argentino. Y lo mejor del caso es que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, “llamó esta tarde al presidente de Repsol, Antonio Brufau, para mostrarle ‘todo el apoyo’ del ‘socialismo’ tras la decisión del gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF. Ha dejado de lado sus diferencias con el gobierno de Mariano Rajoy para cerrar filas en este caso. El PSOE está a la espera de conocer las decisiones que tome el gobierno de Rajoy al respecto. El partido que lidera Pérez Rubalcaba ha reiterado que ‘respaldará al gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas” (Clarín).

Y en Madrid, el cabreado gobierno gerencial “salió ayer en tromba y condenó rotundamente la decisión del gobierno argentino de nacionalizar el 51 por ciento de la filial argentina de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, avanzó en conferencia de prensa que el Ejecutivo español trabajaba desde el mismo lunes por la tarde en unas medidas ‘claras y contundentes’, que se darán a conocer en los próximos días, aunque no especificó ninguna. Soria denunció que la medida decidida por la presidenta Cristina Fernández es un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno de España. Tanto Soria como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dedicaron un rosario de descalificativos a la expropiación. García-Margallo (…) declaró que se trata de una medida ‘arbitraria’ y ‘dañina’, que supone la ruptura de ‘la relación de amistad y cordialidad’ que había unido hasta ahora a ambos países” (El País).

Sin menospreciar la experiencia mexicana, Argentina es un ejemplo sobresaliente del saqueo económico y el despojo social resultante de la política privatizadora puesta en marcha desde los 80 en América Latina. Allá la dictadura, Alfonsín y, especialmente, Menem. Aquí de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón, cinco al hilo. Y en ambos países la depredación sistemática de los bienes nacionales por parte de los asociados grupos de poder político y económico. Nunca más los sectores estratégicos de las naciones deben quedar bajo control y usufructo de esa mafia que, con diferentes nombres, es la misma en prácticamente todo el planeta.

Las rebanadas del pastel

Y ante todo esto, qué hará el siempre hábil y claridoso director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, quien por la libre duplicó la participación accionaria de la paraestatal en Repsol. Pues él tiene la solución porque, dice, la trasnacional española “tendrá que hacer lo que tenga que hacer para tratar de proteger los derechos de los accionistas”.

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Más gasolinazos y tarifazos

Excedentes: 875 mil millones

PAN y PRI: 30 años perdidos

Carlos Fernández-Vega

Imagen de una gasolinera en la ciudad de México Foto Carlos Ramos Mamahua

El pasado sábado se aplicó el cuarto gasolinazo del año. Cuatro alzas en cuatro meses de 2012, y el responsable de tal acción, el gobierno federal, insiste en que la medida no es contraria a los bolsillos de los mexicanos, pues en el peor de los casos, dice, sólo afecta mínimamente” a quienes poseen un vehículo automotor. Lo mismo arguye en el caso de las tarifas eléctricas, las cuales, según la versión oficial, son “competitivas” y se incrementan a la par de la inflación, “no más”.

Pues bien, discurso oficial aparte, qué tan cierto es que el constante incremento en precios y tarifas de los energéticos no tiene la menor importancia (Arturo de Córdova dixit). El Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, analizó el tema y entre sus conclusiones destaca que “el encarecimiento de la energía y de los combustibles ha impactado la vida de las personas y la actividad empresarial, pues el incremento en el precio del diesel, gasolina, combustóleo, electricidad para uso residencial e industrial ha mermado la capacidad de recuperación económica de México, lo que también afecta la posibilidad de elevar el bienestar social del país”.

Cita como ejemplo el sobrecobro de energía eléctrica estimado por algunos industriales: más de 170 mil millones de pesos durante los últimos cinco años. Lo anterior representa más de 1.2 por ciento del producto interno bruto, que traducido en inversión productiva, la que genera riqueza y empleo formal, pudo impulsar en 2 puntos porcentuales el crecimiento económico nacional. “La creación de 250 mil empleos adicionales debió ser la consecuencia de no incurrir en el error de intentar aumentar los ingresos públicos mediante aumentos al precio de los derivados del petróleo y de la energía eléctrica”.

El efecto negativo se registra en actividades esenciales como la agricultura, donde los incrementos promedio del precio de energía eléctrica para el bombeo de agua rebasa el 100 por ciento entre 2006 y 2011 (periodo en el que la inflación oficial fue de 24.09 por ciento). Cuando se toma en cuenta que justamente unos de los problemas graves que reporta el país es el aumento de la pobreza alimentaria, la elevación de los precios de los alimentos, la sequía y con ello la limitación en la capacidad de producción del sector agropecuario mexicano, no es claro por qué se decide mantener aumentos de esa magnitud en los cobros de la electricidad.

Una razón que podría argumentar el gobierno federal, apunta el CIEN, es que el sector público necesita mayores recursos financieros para saldar sus deudas o para hacer frente a su gasto. No obstante, cuando se revisan las cifras de los ingresos programados contra los reales que el gobierno alcanzó durante los últimos cinco años, lo que se documenta es que prácticamente en todos ha obtenido excedentes a los originalmente aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación. Tan sólo en 2011 tales excedentes superaron los 214 mil millones de pesos, y durante los últimos cinco años acumulan más de 875 mil millones de pesos.

Lo anterior representa un elevado costo de oportunidad: mientras el gobierno acumula ingresos excedentes, el sector privado debe pagar precios cada día más elevados en electricidad y combustibles. “De manera interesante, esto también lleva a cuestionar si el esquema de generación de energía eléctrica basado en cada vez mayores concesiones a extranjeros es el adecuado, fundamentalmente porque no repercute en menores precios finales para los usuarios. La transformación de la Comisión Federal de Electricidad de generadora a simple distribuidora de energía no es en beneficio de menores costos para la actividad productiva nacional, y debe revisarse cuál es la razón”.

La situación en Pemex no es distinta, pues el incremento del presupuesto en infraestructura no necesariamente ha implicado menores precios de los derivados del petróleo. Y la razón es simple: México no produce sus propios combustibles, y los importa a precios internacionales. De poco sirve que el costo de extracción del barril petrolero oscile entre 5 y 9 dólares por barril y que en estos momentos se venda al extranjero en 100 dólares, cuando regresa a nuestro país en forma de gasolina, turbosina, productos químicos y aceites a precios que eliminan los beneficios iniciales de la exportación. Por ello, “debe revisarse el esquema fiscal al que es sometida la paraestatal y el enorme gasto en servicios personales de la CFE y del propio Pemex (más de 116 mil millones de pesos en 2012), al tiempo que se establece al sector energético como la columna vertebral del crecimiento económico y el desarrollo social”.

En los primeros cinco años del sexenio, el incremento al precio de los energéticos ha sido constante. Dichos aumentos presionan fuertemente para que los productores eleven sus precios, lo que afecta su competitividad y productividad, fundamentalmente por el rol que tienen los hidrocarburos en el eslabonamiento de la cadena productiva. “Si bien la inflación en la gasolina se moderó como consecuencia de la crisis de 2009, una vez que la recuperación se hizo notar también lo hicieron los continuos incrementos en los precios de la misma, que perjudican a la población en general y acentúan la problemática social, pues afectan en mayor medida a la población con menores percepciones económicas. En este sentido, el poder adquisitivo de la población se ve socavado como consecuencia de la evolución en los precios de la electricidad e hidrocarburos”.

Las rebanadas del pastel

Dice el inquilino de Los Pinos que “no hay que darle vueltas”, porque “la alternativa” no es la estatización, sino “la apertura, la competencia, el comercio, la libertad, la empresa, la propiedad (privada, desde luego); no son enunciados teóricos, sino resultados prácticos”. Pues bien, que alguien sea tan gentil de informarle al susodicho que México ha transitado por esa ruta a lo largo de cinco gobiernos neoliberales al hilo, y los resultados prácticos han sido desastrosos: raquitismo económico (tasa anual promedio de “crecimiento” de 2 por ciento, cuando se requiere 6 por ciento, por lo menos), acelerada depauperación (60 millones de pobres, de los cuales 15 millones son producto del calderonato); salarios miserables y creciente pérdida de poder adquisitivo; espeluznante concentración del ingreso y la riqueza; corrupción galopante e índices de bienestar por los suelos, entre otras gracias, y ninguno de los citados es un “enunciado teórico”. Entonces, dar vueltas a la noria es precisamente lo que ha hecho el gobierno mexicano a lo largo de tres décadas… Tiene razón Enrique Peña Nieto cuando dice que México perdió 12 años con el PAN en Los Pinos. Sólo olvidó mencionar los otros 18 del PRI neoliberal.

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FMI: “déficit de democracia”

“Para vivir mejor”, en Europa

Defensa a rajatabla de Repsol

Carlos Fernández-Vega

Con una velocidad digna de toda sospecha, la Cámara de Diputados ratificó lo que el pasado primero de marzo aprobó el Senado de la República, es decir, que, por obra y gracia del inquilino de Los Pinos y los legisladores, los mexicanos, con todo y sus 60 millones de pobres, están obligados a destinar 14 mil millones de dólares (algo así como 182 mil millones de pesos, o si se prefiere 2.14 veces más que el presupuesto 2012 para la Secretaría de Desarrollo Social) para que el gobierno federal incremente su cuota en el seno del Fondo Monetario Internacional y así contribuya” al “rescate” de las zarandeadas economías de la euro zona, como si la del país estuviera en jauja y sus habitantes en el paraíso.

A cambio, festejan en escaños y curules, al igual que en la residencia oficial, esta República de discursos se “empoderará” y “aumentará” su “poder de voto” en el FMI de 1.47 a 1.8 por ciento, y todo esa catarata de recursos públicos para lograr nada. Lo mejor del caso es que en la Cámara de Diputados ninguno de los integrantes de la Comisión de Hacienda subió a tribuna a defender el punto. Vamos, ni siquiera se tomaron la molestia de comentar, ya no se diga leer, el contenido del dictamen respectivo. Sólo tres oradores en contra, y de allí, a la velocidad de la luz, a votar (a favor, desde luego).

Como bien lo destaca La Jornada en su editorial de ayer (Subsidio al FMI, inmoral e injusto), la decisión tomada por los legisladores “implica que se incrementará el flujo de dinero mexicano destinado a aliviar la crisis económica y financiera que sacude a varias naciones del sur de la Unión Europea, todos los cuales poseen, aun en medio de la crisis, índices de bienestar social y niveles de vida superiores a los de nuestro país, y no tienen los gravísimos indicadores de pobreza extrema que padece México”.

Como se comentó en este espacio el pasado 2 de marzo, al día siguiente de que el Senado votó favorablemente la misma iniciativa (cuya paternidad corresponde a Felipe Calderón), una y otra vez el gobierno mexicano se ha negado, rotundamente, a utilizar parte de las sacrosantas reservas internacionales del país para reactivar la economía nacional, atemperar la pobreza y/o atender la devastación producto de huracanes o inundaciones. No y mil veces no: el guardadito es intocable, repiten como pericos los genios tecnocráticos. Para nada de eso sirven, pero, ¡oh, sorpresa!, sí son utilizables, y a la de ya, para ayudar a rescatar… a la economía europea, y “aumentar” el “empoderamiento” de México en el Fondo Monetario Internacional.

Así, por decisión del Congreso mexicano, y a propuesta del inquilino de Los Pinos, una buena rebanada de las reservas internacionales del país –tan preciadas, tan cuidadas, tan inútiles para reactivar la economía nacional, generar empleo, mejorar el nivel de bienestar de los mexicanos e impulsar el desarrollo nacional– se utilizará para subsidiar a los países ricos y “evitar un posible colapso europeo”, como en su momento lo anunció el operador y cabildero de esta brillante idea, Agustín Carstens, el del “catarrito”. Que los europeos, pues, “vivan mejor”, receta Calderón.
Los mexicanos, pues, que se jodan, ya que sus dineros son utilizados para “rescatar” a las grandes empresas que operan en el país y, ya inspirados, para “evitar un posible colapso europeo”. Concretamente, ¿qué logra el gobierno federal? Pues bien, su “poder de voto” en el seno del históricamente antidemocrático Fondo Monetario Internacional se “elevará” de 1.47 a 1.8 por ciento del total (¡0.33 décimas de punto adicionales!), y para lograr tal hazaña debe elevar su cuota en el organismo a 14 mil millones de dólares. ¿Tiene sentido todo esto? Ya con la aprobación del Congreso, el voto de México en el FMI estará por debajo de India (2.34 por ciento del voto total), Rusia (2.39) y Bélgica (1.86l), apenas por arriba de Brasil (1.72) y España (1.62), y a decenas de kilómetros de Estados Unidos (16.75), nación que, por cierto, se niega a cubrir el aumento de su cuota. ¿En serio Calderón, Meade, Carstens, y los legisladores levanta dedos creen que le han hecho un favor a los mexicanos?

En el recuento, esta es la tercera ocasión en casi seis años en la que los genios gubernamentales y sus adláteres en el Legislativo caen en el juego de cambiar oro por espejitos. Ya a México el numerito le había costado alrededor de mil 600 millones de dólares (en 2006 con Fox y en 2008 con Calderón, siempre con la idea de “empoderarse” más), pero ahora se fueron a lo grande: 14 mil millones de billetes verdes para “rescatar” al viejo continente, mientras aquí, tan sólo con Calderón en Los Pinos, el número de pobres creció en 15 millones.

Allá por septiembre de 2006 el FMI se sacó de la manga que reportaba un “déficit de democracia” en la estructura de votación, por lo cual propuso un “cambio profundo” para que distintas naciones obtuvieran “mayor poder” en la toma de decisiones. Su junta de gobernadores (integrada por los ministros de finanzas de los países miembros de la institución) avaló la modificación y quedó solucionado tal “déficit”: México, China, Turquía y Corea del Sur fueron seleccionados para que obtuvieran “mayor poder” de voto. En aquella ocasión, el gobierno mexicano desembolsó 800 millones de dólares para gozar del “privilegio” referido, para “aumentar” su “poder de voto” de 1.2 a 1.43 por ciento del total. En noviembre de 2008, Calderón anunció que habría “más democracia” fondomonetarista para México, y erogó otros 800 millones de dólares, para “crecer” el “poder de voto” de 1.43 a 1.47 por ciento. Mil 600 millones de billetes verdes para “aumentar” ¡27 décimas! Y ahora se van a 14 mil millones para sumar otras ¡33 décimas! al “poder de voto”.

Demasiados recursos públicos para tan magros resultados, a menos de que tanto dinero sea para garantizar, a partir de diciembre próximo, el paradisíaco exilio de cierto personaje en algún país europeo eternamente agradecido con el “empoderamiento” mexicano. ¿España, tal vez?

Las rebanadas del pastel

Joder, que la corona española todavía cree que la tierra es cuadrada y que Argentina aún es su colonia. La vicepresidenta de aquel país, Soraya Sáenz de Santamaría tomó el micrófono y amenazó: “el gobierno tomará las decisiones que correspondan para defender los intereses españoles”. Detrás de ella, a coro, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo: “cualquier agresión a Repsol será una agresión a España”. ¿En serio los intereses de Repsol son los intereses de los españoles? Y de cereza, Rajoy pide “el apoyo de México” (léase de Calderón) para mediar en el conflicto. ¿De qué lado creen que se cargará el inquilino de Los Pinos?

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México SA

Argentina: un paso adelante

La presidenta va por Repsol

España en tiempos coloniales

Carlos Fernández-Vega

Gasolinera de YPF en Buenos Aires, Argentina Foto Reuters

Parece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pasó del discurso a los hechos, y ya estaría en manos del Congreso argentino el proyecto de la mandataria tendiente a expropiar, por razones de utilidad pública, cuando menos 50.01 por ciento de las acciones del consorcio privado YPF, filial de la trasnacional española Repsol, con lo que el gobierno de aquella nación cono sureña comenzaría a revertir la onerosa privatización energética del menemismo y paulatinamente retomaría el control estratégico de dicho sector.

Al iniciar el presente mes, La Jornada informó que “la petrolera argentina YPF, con capital mayoritario de la española Repsol, enfrenta una inminente intervención o nacionalización del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, bajo la acusación de provocar una caída en las reservas en la producción de hidrocarburos por falta de inversión y por destinar entre 80 y 90 por ciento de sus utilidades a ser repartidas entre sus socios y no a la recapitalización de la empresa, según las autoridades”. De igual forma, dio cuenta que “YPF alentó la intervención del rey Juan Carlos, quien el primero de marzo cabildeó con la presidenta argentina en favor de la petrolera, además de que la empresa ha interpuesto demandas contra al menos un gobierno provincial por haberle retirado concesiones. Fuentes oficiales aseguraron en Argentina al diario Página 12 que ‘no hay marcha atrás’ en cuanto a que el gobierno tomará el control de la firma. Argentina ha realizado millonarias importaciones de hidrocarburos, que ponen en riesgo las cuentas fiscales y los programas sociales, según el gobierno”.

Pues bien, menos de dos semanas después ambas partes movieron sus fichas. La presidenta Fernández de Kirchner habría enviado al Congreso (donde el partido gobernante cuenta con amplia mayoría) de su país un proyecto para expropiar 50.01 por ciento de YPF, mientras el rey Juan Carlos y el Palacio de la Moncloa, por medio de su ministro de Industria, José Manuel Soria, histéricamente advirtieron que “el gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera (y) si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España. Si hay gestos de hostilidad estos traerán consecuencias”.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, “el borrador del proyecto llegó esta mañana a varios legisladores del Frente para la Victoria. Fue antes de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, finalmente consiguiera ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido. Hasta al momento, de todos modos, el texto no llegó a la mesa de entradas del Congreso como proyecto de ley. Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen (presidido por Enrique Eskenazi) y 96.56 millones de Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en 57.43 por ciento a Repsol y en 25.46 por ciento al Grupo Petersen, mientras 17.09 por ciento flota en la bolsa y 0.02 por ciento ya está en poder del Estado argentino”.

La valuación de las acciones sería tarea del Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía, y “el Poder Ejecutivo procurará acordar con los titulares de los títulos sujetos a expropiación el valor y la forma de pago”, que deberá refrendar el Congreso. “Si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”. Un punto clave es el relativo al control del consorcio: “se prevé la remoción total de la actual directiva de YPF, y se establece que la provincias petroleras tendrán lugar en la nueva composición accionaria en la que también podría haber empresas privadas, en caso de que inviertan por requerimiento de la nueva dirección estatal”.

El gobierno español montó en cólera, y al más puro estilo imperial reivindicó “su derecho” de decidir en las colonias. Ese fue el tono utilizado por Soria. Si Juan Carlos y Mariano Rajoy cuidaran los intereses de los ciudadanos como hacen con los de sus trasnacionales, la población no estaría en las condiciones tan lamentables en que se encuentra por la masacre social que practica el gobierno del Partido Popular. La prensa española, relata Clarín, “hablaba esta mañana del que podría ser el peor día de la historia de Repsol en mucho tiempo”. Sin embargo, ayer el precio de las acciones de esa empresa reportó un alza de 8.6 por ciento en Wall Street y de 7.4 por ciento en el mercado bursátil de Buenos Aires.

Parece que a Repsol se le cae –o cuando menos se le limita y se le quita el control– el jugoso negocio energético en Argentina (cortesía de Carlos Menem), con lo que eventualmente otras trasnacionales españolas correrían el riesgo de seguir la misma ruta, de tal suerte que Juan Carlos y Rajoy deberán aplicarse para defender los intereses coloniales de sus poderosos consorcios privados (muchos de ellos, por cierto, originalmente propiedad del Estado español).

De acuerdo con el Ministerio español de Industria, las inversiones de capital privado en Argentina rondan los 25 mil millones de dólares y, también gracias a Menem, sus trasnacionales ocupan el primer lugar en los sectores petrolero, financiero y de las telecomunicaciones, al tiempo que mantienen fuerte presencia en transporte, construcción, alimentos, recursos humanos, e industrias automotriz y editorial, sin olvidar moda y decoración. Sólo hay que recordar el comportamiento de los bancos españoles (y de Juan Carlos, desde luego) en la crisis financiera argentina de 2001 y su actuación en el llamado “corralito”. La propia institución reconoce que “en los últimos años (Argentina) ha perdido atractivo como destino de nuevas inversiones” (españolas), debido, principalmente, a que prácticamente ya no hay bienes y servicios públicos que privatizar.

El caso del país conosureño es emblemático del devastador efecto privatizador en América Latina, de tal suerte que los supuestos dirigentes mexicanos, antes de comprometerse a “modernizar” y “capitalizar” (léase redondear la privatización) al sector energético, deben mirarse en el espejo argentino.

Las rebanadas del pastel

Es indignante: una vez más, “alguien” derrumbó la posibilidad de que Mexicana de Aviación regrese al aire y sus 8 mil 500 trabajadores a su empleo. Diecinueve largos meses han transcurrido, y nada. Mientras, los responsables de este verdadero desmadre se mantienen tan campantes: uno, intocado, en el jugoso negocio hotelero (Gastón Azcárraga), otro preparándose para el fuero senatorial (Javier Lozano) y uno más escondiéndose tras las faldas de quien dice ser La Jefa (Juan Molinar Horcasitas).

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México SA

Salaverna: el asalto de Frisco

La minera “borra” el caserío

Mil 200 hectáreas para el consorcio

Carlos Fernández-Vega

Vista panorámica de la mina El Peñasquito, municipio de Mazapil, en Zacatecas, donde la canadiense Golden Corp extrae oro devastando la ecología de la región Foto Alfredo Valadez

En río revuelto, ganancia de pescadores, dice el adagio, y en el México electoral eso es precisamente lo que sucede. Con los ojos puestos en las campañas, atentos a los dislates, carencias y propaganda hueca de los candidatos, parece que no muchos se interesan o se enteran de lo que sucede en el país más allá de los discursos fatuos, las propuestas sin sustento, las encuestas copeteadas” y las noticias trucadas con miras al próximo primero de julio. Y como parece que eso es lo único que importa, los de siempre hacen y deshacen, y toman para sí lo que le corresponde a la nación y sus habitantes.

No es el único, desde luego, pero un ejemplo palmario de lo anterior se observa en el estado de Zacatecas –región minera por excelencia–, sin que prácticamente nadie se interese, y mucho menos intente evitar la depredación en contra de la comunidad de Salaverna, con sus cerca de 320 habitantes, la cual será reubicada a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Mazapil, por cortesía de la minera Frisco-Tayahua (del Grupo Carso, de Carlos Slim), que explota minerales como plata, plomo, cobre y zinc, y “se encuentra en espera de expandir su área de jurisdicción para ya no sólo explorar el subsuelo, sino abarcar toda la comunidad –desapareciéndola– al realizar un proyecto a cielo abierto”. Todo ello, desde luego, con la venia y el aplauso del gobierno federal.

La Jornada Zacatecas (Carlos Alberto Navarrete) ha documentado y denunciado que la citada “es una historia que se comenzó a gestar hace aproximadamente tres años, entre las manifestaciones de quienes defendían su tierra y los que abogaban por la reubicación. El corporativo ganó y se dedicó a construir un complejo habitacional de 90 casas para darles vivienda a cerca de 60 familias que habitan en el ahora ‘viejo’ Salaverna. Aparentemente ya está todo listo para la reubicación en el ‘nuevo’ Salaverna, pero las casas construidas no cuentan con servicios de electricidad, agua potable y drenaje, informó José Luis Baena, miembro de la Asociación de Zacatecanos de Nuevo León, antiguo poblador de la comunidad mencionada”.

La propia fuente detalló que “ya quieren cambiar a la gente, ya están las casas, pero no los servicios básicos. En dos semanas quieren mudar a las familias del ‘viejo’ poblado, unas 20 personas ya aceptaron, por lo que les dieron las llaves de las casas, pero sin escrituras notariadas. En cuanto a las autoridades, José Luis Baena señaló que hasta el momento el presidente municipal, Mario Macías Zúñiga, no se ha presentado en el lugar, sino que ha mandado a personal del ayuntamiento, que arguye que esta reubicación se realiza en beneficio de la gente de todo el municipio, ya que habrá más trabajo y vivienda. El patrimonio arquitectónico del ‘viejo’ Salaverna, como la iglesia, la plazuela y la casa del peregrino, serán demolidos en pos de la explotación mineral”.

Casi cuatro años atrás, los habitantes de Salaverna exigieron que se les respetara la propiedad de sus casas, quienes por varias generaciones ocuparon esta región árida, pero se impuso la empresa. La Jornada Zacatecas detalla que “hace unos meses, Roberto de la Rosa, delegado municipal en Salaverna, mencionó que la compañía minera derribó las casas de la loma, pero las viviendas de los terrenos más bajos también desaparecerán. Dijo que al iniciar el proyecto Frisco-Tayahua dio a conocer que sería una mina subterránea, pero las cosas cambiaron y la explotación del mineral será a cielo abierto. No hay datos precisos sobre la fundación de Salaverna (que significa la antesala del infierno), aunque se calcula que los primeros pobladores llegaron entre 1916 y 1917; en el siglo pasado la comunidad tuvo un auge minero, que decayó a partir de 1960”.

Las viviendas (techos de lámina) que habitaban las familias eran propiedad de las empresas y fueron cedidas como parte de las prestaciones a los trabajadores. “Cuando las compañías mineras se fueron de esas tierras no dejaron títulos de propiedad o escrituras, lo que aprovechó Frisco-Tayahua para apropiarse de al menos mil 200 hectáreas, donde se prevé que hay un yacimiento de oro y plata que podría ser el más rico del mundo, mayor que el tajo minero de Peñasquito, ubicado a más de 20 kilómetros, el cual es explotado por la compañía canadiense Goldcorp”.

En octubre de 2010, legisladores del estado, instituciones del gobierno zacatecano, y hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, anunciaron que “investigarían” el intento de despojo y “corroborarían” la marginación y explotación que viven los habitantes de Salaverna. Nadie conoce los resultados de la supuesta “investigación”. En cambio, el delegado municipal de Salaverna, Roberto de la Rosa, denuncia que “volvemos a los tiempos de la conquista; a nuestros antepasados los engañaron con un espejito, y a nosotros nos quieren hacer lo mismo. Nunca hubo negociaciones; ellos (la empresa minera) nunca propusieron, siempre se impusieron, hicieron las nuevas casas donde ellos quisieron sin tomar en cuenta a la comunidad y, pues no, ahora quieren que nos vayamos para allá, porque ya se les vino el tiempo encima, pero esa área no tiene iglesia, el Seguro Social les paró la obra que tenían porque no les gustó la calidad del material que estaban metiendo, áreas de deporte no hay. Nuestras propuestas desde un principio siempre han sido un Salaverna como está Salaverna, con todos sus espacios como están, con sus perímetros como están; o en su defecto, si no nos daban eso, que nos dieran solares de 50 por 50 o lo que teníamos construido en cada casa”.

La propuesta de Frisco-Tayahua se limita a una casa por familia con tal de que abandonen su predio, pero “es una casa que se reduce a 200 metros con 90 construidos; en otro caso nos dan 300 mil pesos, pero sin casa; la otra es valuar nuestra casa y, según lo que salga, eso nos dan. La empresa reduciría los actuales espacios comunitarios de 20 a seis hectáreas. A la gente que han sacado lo han hecho con engaños y amenazas, de modo muy arbitrario. O aceptas o te quedas sin casa y sin empleo, ha sido una de ellas. Al que no se quiera salir le van a echar a los federales, advierte el consorcio. La empresa había dado como plazo el 15 de abril para desalojar por completo la comunidad, pero todavía hay cerca de 50 familias que no se han movido. Es un pleito muy disparejo, porque están hablando con gente que no sabe absolutamente nada de derecho”.

Las rebanadas del pastel

Casos similares se registran en buena parte de la República “concesionada” a los corporativos mineros nacionales y foráneos. ¿De plano somos incapaces de atender y denunciar varios asuntos a la vez, proceso electoral y algo más, al mismo tiempo?

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México SA

Sector eléctrico: ¿“nacional”?

Permisos: libre compraventa

Reinan corporativos españoles

Carlos Fernández-Vega

En la descarada feria de los permisos” y “concesiones” gubernamentales que algunos llaman “privatización silenciosa” del sector eléctrico nacional, la mayor raja ha sido para las trasnacionales españolas Iberdrola y Unión Fenosa (ahora Gas Natural Fenosa), en ese orden, que acaparan alrededor de 70 por ciento del total de la energía generada por el capital privado –conocidos como “productores independientes de energía”, o PIE–, en franca violación constitucional. Lo anterior, sin embargo, no resta importancia ni utilidades a la participación de corporativos japoneses, estadunidenses, canadienses y franceses, cuando menos.

Este jugosísimo negocio (para las empresas privadas, desde luego) fue inaugurado a mediados del sexenio salinista, continuado en el zedillista, y con el acelerador a fondo en los de Fox y Calderón, quienes otorgaron, hasta ahora, 83 por ciento de tales “permisos” y “concesiones”, con lo que la generación de energía eléctrica en el país es, a estas alturas de la estrategia, mayoritariamente privada y extranjera (55 por ciento del total, como ha documentado La Jornada). De hecho, la alegre cuan ilegal liberación mercantil que ha promovido el gobierno federal de un sector constitucionalmente reservado al Estado ha fomentado el negocio de la compraventa de “permisos” entre las propias trasnacionales.

Un ejemplo de lo anterior es lo registrado en diciembre de 2009, cuando la feliz Comisión Federal de Electricidad informó que “la empresa Gas Natural (trasnacional española) firmó un acuerdo con las empresas Mitsui y Tokyo Gas (trasnacionales japonesas) para la venta de parte de sus activos de generación eléctrica en México, que incluye las centrales de generación de ciclo combinado Río Bravo II, Río Bravo III, Río Bravo IV, Altamira II y Saltillo. Las centrales involucradas en la transacción tienen una capacidad conjunta de generación de 2 mil 233 megavatios y son las que anteriormente eran operadas por la empresa Electricitè de France (EDF, trasnacional francesa)”.

Como en ese entonces se reseñó en este espacio, la CFE hizo pública su felicidad, porque las trasnacionales involucradas en esta jugosa operación (mil 225 millones de dólares) tuvieron la cortesía de “avisar oportunamente a las autoridades mexicanas sobre sus negociaciones (…) para realizar esta transacción”. Con este libre mercado de compraventa entre particulares, en sólo dos años las citadas centrales de generación eléctrica cambiaron de manos francesas a españolas, y de éstas a japonesas con una rapidez y sencillez digna del juego del monopolio. De todas maneras, la trasnacional Gas Natural –ahora dueña de Fenosa, en la que participa Repsol, y que también es distribuidora y comercializadora de ese combustible, que se ha convertido en el terror de sus consumidores cautivos– “seguirá teniendo presencia en el sector eléctrico mexicano con las centrales de generación de ciclo combinado que opera en nuestro país, que son Hermosillo, Naco Nogales y Tuxpan III y IV, con una capacidad conjunta de generación de mil 570 MW, así como con la entrada en operación de 500 MW adicionales en 2010”. Todo lo anterior, sin alterar en lo más mínimo los maravillosos “contratos”, “convenios”, tarifas y utilidades pactados y firmados por el gobierno mexicano, mismo que no deja de decir que no tiene interés de privatizar el sector eléctrico nacional, como tampoco lo tuvo en el sector bancario.

Tres años atrás, el Comité Nacional de Estudios de la Energía exigió “detener la fraudulenta privatización que se está generando en la Comisión Federal de Electricidad, que se está españolizando con la participación de Iberdrola, Abengoa, Unión Fenosa, Isolux, Dragados y Construcción, Repsol. Todas estas empresas con contratos millonarios inflados, concesiones de instalaciones de la CFE, que a pesar de la exclusividad que tiene el Estado para la generación de energía eléctrica, 38 por ciento ya la generan las transnacionales (55 por ciento en febrero de 2012). Estos consorcios se benefician de pagos multimillonarios con la complicidad de la CFE, que deja inoperantes plantas de generación propiedad de la nación, que significaron un alto costo y privaciones de la población para comprarlas, y en la actualidad la dirección de la CFE privilegia la operación de empresas privadas para endeudar aún más a la paraestatal; además, la generación eléctrica privada se encarece por consumir gas (abastecido por otra trasnacional: Gas Natural) que se suministra por medio de pagos viciados por la opacidad y la corrupción”. Lejos de detener el proceso, el gobierno federal lo aceleró, y las trasnacionales de la energía eléctrica inmisericordemente le clavan el diente a los consumidores, con la venia de la CFE.

En octubre de 2007 la trasnacional Gas Natural Fenosa anunció (en Barcelona, no en México) su “incorporación” al mercado mexicano de generación eléctrica: compró cinco plantas de ciclo combinado y un gasoducto de las trasnacionales EDF (francesa) y Mitsubishi (japonesa), con lo que se convirtió en el segundo operador privado de generación eléctrica, y el único con dos jugosas vertientes del negocio energético en el país: gas y electricidad. Por la adquisición de cinco plantas habría pagado alrededor de mil 450 millones de dólares; dos años después, por la venta de sólo dos, obtendría mil 225 millones de billetes verdes. La española Iberdrola es la número uno en México en generación eléctrica “independiente”, y su nuevo juguete es la energía eólica, de la que también es la reina de la fiesta (cuenta con tres parques eólicos: La Ventosa, Bee Ni Stipa y la Venta III). En su informe 2011 este consorcio notifica que su capacidad instalada en México asciende a 4 mil 968 MW y su producción supera los 38 mil GWh. Todo ello, en el año referido, le dejó módicos ingresos superiores a 23 mil millones de pesos.

Y en “autoabastecimiento” de energía eléctrica brillan las grandes empresas, nacionales y foráneas, que operan en México: Cemex, Apasco, Motorola, Telmex, Grupo México (Pasta de Conchos), Peñoles, Altos Hornos, Arcelor-Mittal, Femsa, Ternium, Kimberly Clark, Liverpool, El Palacio de Hierro, Bimbo y sus subsidiarias Marinela, Tía Rosa y Barcel, Nestlé, Soriana, Cargill, Ford, Cinemex, Costco, Gamesa y Sabritas (subsidiaria de Pepsico), Wal-Mart, Bayer, Grupo Posadas (de Gastón Azcárraga; ¿recuerdan Mexicana de Aviación?), por citar sólo unas cuantas, todas pertenecientes a los mismos de siempre.

He allí al sector eléctrico “nacional”, mientras los consumidores pagan la voluminosa factura.

Las rebanadas del pastel

Que Josefina es “la jefa”. Pobrecita, porque en todas partes se escuchan las carcajadas de Calderón y demás fauna de Los Pinos.

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México SA

El sector eléctrico, extranjerizado

¿Y la Constitución? Bien, gracias

Otra pérdida para los mexicanos

Carlos Fernández-Vega

Termoeléctrica Ingeniero Jorge Luque, en Lechería, Tlalnepantla, estado de México Foto Francisco Olvera

Por si alguien tuviera duda del devastador efecto del calderonato, pues allí está la información actualizada: el sector eléctrico, reservado constitucional, única y exclusivamente al Estado, ya es mayoritariamente privado y extranjerizado, gracias a la política de la puerta de atrás” practicada por el actual inquilino de Los Pinos y sus antecesores (de Salinas para acá). La Jornada (Israel Rodríguez) nos ilustra: “el desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por productores particulares extranjeros continúa, y al cierre del primer bimestre de 2012 los productores independientes de energía (PIE) poseen permisos para generar hasta 55 por ciento de la energía total que se consume en el país, en sus diversas modalidades”.

Públicamente, el actual inquilino de Los Pinos ha reiterado que “el gobierno no tiene intención” de privatizar lo que la Constitución establece como actividad única y exclusiva del Estado. Sin embargo, en los hechos, por abajo del agua, el avance privatizador en el sector eléctrico ha sido brutal, ostentoso y, desde luego, anticonstitucional. Lo mismo dijeron e hicieron Salinas y Zedillo, pero los dos panistas instalados en la residencia oficial se fueron hasta la cocina.

Hasta el 29 de febrero de 2012, indica la información de La Jornada, “la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 670 permisos para productores independientes de energía (PIE), que les permite generar hasta 28 mil 978 megavatios, lo que significa ya 55 por ciento de la energía total producida por la CFE en 2011, que ascendió a 52 mil 511 MW. Estos permisos otorgados para la producción de energía independiente ocasionaron que el margen de reserva rebase los límites y se sitúe en más de 26 por ciento, de acuerdo con la nueva metodología aplicada en 2011, y superior a 40 por ciento con la metodología anterior.

“El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad de producción de electricidad y la demanda máxima consumida en determinado periodo. El margen de reserva está constituido por plantas generadoras de electricidad, a las que corresponde mantener la producción cuando hay un apagón o se realizan obras de mantenimiento. Internacionalmente se acepta que el margen de reserva alcance 20 por ciento. Lo anterior significa que existe mayor capacidad de generación de energía que la demanda y el consumo, por lo que la CFE debe retirar plantas, que según sus funcionarios son obsoletas, para abrir espacio a la generación de energía por particulares, concentrada principalmente en empresas españolas como Iberdrola y Unión Fenosa. Adicionalmente la CFE aumentó en el último año la transferencia de recursos a los productores privados mediante el incremento de 17 por ciento en la compra de energía, que pasó de 143 mil 110 millones de pesos en 2010 a 168 mil 221 millones en 2011.

“Sin embargo, la mayor participación privada en el sector eléctrico no se ha expresado en mayor eficiencia y mejores servicios para los usuarios. Como se documentó (La Jornada, 3/4/12), solamente en el primer trimestre de 2012 fueron interpuestas 30 mil denuncias contra la CFE por altos cobros y cortes… Durante 2011 se elevaron las pérdidas totales de energía eléctrica de la CFE, destinada al servicio público y se ubicaron en 11.3 por ciento, reveló la Estrategia Nacional de Energía, 2012-2026”.

En el recuento, los primeros seis “permisos” para que la iniciativa privada le clavara el diente al jugoso negocio de generar energía eléctrica fueron otorgados en los últimos cinco meses del salinato. Con Ernesto Zedillo en la residencia oficial se autorizaron 110 “permisos” adicionales. Con Vicente Fox y Felipe Calderón en Los Pinos el crecimiento fue exponencial: entregaron 554 “permisos” más, para redondear 670 en casi 18 años. Así, el capital privado, predominantemente extranjero, se coló por la puerta de atrás y ahora genera 55 por ciento de la energía eléctrica en un país donde la Constitución prohíbe tajantemente su participación.

Así, los últimos cuatro inquilinos de Los Pinos abierta y descaradamente violaron la Constitución, en connivencia con aquellos que –se supone– deben permanecer alerta para evitar que lo anterior suceda –los integrantes del Congreso–. Mayor participación del capital privado en el ya extranjerizado sector eléctrico “nacional” (recuérdese el caso de la banca) se traduce para los mexicanos en mayores y crecientes pagos por el servicio, voluminosos e inflados recibos que la CFE se niega a reconsiderar, porque debe cumplir con los onerosos contratos firmados con las trasnacionales.

La estrategia privatizadora del sector eléctrico arroja excelentes resultados para el capital privado: al cierre de 2010, 48 por ciento de la generación eléctrica en la nación correspondía a consorcios privados, fundamentalmente trasnacionales. Catorce meses después, 55 por ciento del pastel pertenecía a las trasnacionales, y van por más. Todo un logro del calderonato, sin olvidar la decidida participación de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, aunque en el balance los dos inquilinos panistas de Los Pinos se llevan la palma.

El problema (para los mexicanos) se agudiza, porque en los planes de la CFE no está generar mayor energía eléctrica, sino ir cediendo espacios a las trasnacionales. Por ejemplo, “la Comisión Federal de Electricidad tiene programado el ‘retiro’ de 11 mil 93 megavatios de capacidad del servicio público durante los próximos 15 años, según estipula la Prospectiva del Sector Eléctrico 2010-2025, elaborada por la Secretaría de Energía. La posibilidad de construir una planta nuclear se difiere hasta los últimos años del horizonte de planeación. La electricidad que dejará de producir la paraestatal equivale a una quinta parte de la actual capacidad de generación, que es de 51 mil 575 megavatios; también es comparable a la energía requerida para encender simultáneamente 110 millones de focos de 100 watts, uno por cada habitante del país o el equivalente a la generación hidroeléctrica de toda la República” (La Jornada). Y el capital privado se encarga de ocupar los espacios “abandonados”.

De acuerdo con las fechas señaladas por la Secretaría de Energía, en 2025 alrededor de 75 por ciento de la generación eléctrica en México correspondería al capital privado, aunque con la velocidad que llevan ello puede suceder mucho antes y en mayor proporción. El plan, pues, es que en el mejor de los casos la empresa paraestatal (CFE) quede como simple agencia de cobro y veladora de los intereses trasnacionales en el sector constitucionalmente reservado al Estado.

Las rebanadas del pastel

¿Y los mexicanos saqueados? ¡Nomás milando!

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México SA

¿Y dónde quedó la banca?

Privatizar el sector energía

Restricción y arco del triunfo

Carlos Fernández-Vega

Con la venia gubernamental, la mayoritariamente extranjerizada banca comercial (léase privada) que opera en el país se ha metido donde la ley no se lo permite (el sector energético propiedad de la nación), y se ha dedicado a financiar a empresas privadas (no pocas de ellas asociadas a las propias trasnacionales financieras) que se han instalado hasta en la cocina, en lo que se refiere a actividades productivas que sólo competen a entidades públicas, como la banca de desarrollo (también propiedad de la nación), y las propias paraestatales creadas para tales fines (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad).

Resulta que “las restricciones a la inversión privada que prevalecen en el sector energético no han impedido que la banca comercial haya incrementado su participación en el mismo, al grado que en este sexenio desplazó a la banca de desarrollo y cuadruplicó el financiamiento para la extracción y refinación de petróleo, la explotación de carbón y sus derivados, y sobre todo en la generación de electricidad, gas y agua. El crédito bancario privado para el sector energético mexicano fue de apenas 8 mil 972 millones de pesos en 2006, cuando iniciaba el gobierno de Felipe Calderón, pero el año pasado llegó a 41 mil 736 millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 365 por ciento en cinco años, indican cifras del Inegi y del Banco de México. En cambio, la banca de desarrollo contrajo su participación en el sector, ya que de aportar más que la banca privada en 2006 con 9 mil 603 millones de pesos, equivalente a 52 por ciento del financiamiento total, el año pasado aportó únicamente 22 por ciento del mismo, con 11 mil 759 millones de pesos”. En el caso de la extracción petrolera, el financiamiento privado se incrementó la friolera de mil 550 por ciento en sólo un lustro, el del calderonato (La Jornada, Susana González).

Qué tal con la cacareada “defensa del estado de derecho” (de saliva) que a lo largo del sexenio ha hecho el inquilino de Los Pinos. Debe tratarse de “su” estado de derecho” y el de sus amigos y protegidos (los banqueros de forma destacada), porque en el caso del sector energético mexicano la ley se la ha pasado por el arco del triunfo, acelerando la llamada privatización “silenciosa” de electricidad, petróleo, minería, gas y todo lo que huela a energía. Y, como siempre, el Congreso (los “representantes del pueblo y de los intereses nacionales”, de acuerdo con la versión oficial) papando moscas (así le llaman ahora a los negocios asociados a los partidos políticos).

La banca privada hace lo que le viene en gana, que para eso tiene la protección de la famiglia financiera del gobierno federal y la del mismo inquilino de Los Pinos. Se mete en sectores restringidos, pero está muy alejada de aquellas áreas en las que sí cuenta con autorización y la ley le exige participar, es decir, las actividades productivas del sector privado. Tanto meten la mano donde no les toca, que de plano ocho de cada diez empresas privadas deben encontrar financiamiento en cualquier parte, menos en la banca comercial. De ese tamaño es la ausencia de la “banca moderna” que nos han querido vender desde hace dos décadas.


Parque eólico en territorio de la República Mexicana Foto Cortesía de la CFE

Por ejemplo, en su más reciente informe sobre la “evolución del financiamiento a las empresas”, correspondiente al cuarto trimestre de 2011, el Banco de México reconoce que las principales fuentes de crédito reportadas por el sector privado fueron sus propios proveedores, con 81.9 por ciento de las empresas. “Los resultados de las fuentes de financiamiento por tamaño de empresa muestran que tanto en el conjunto de las empresas de más de 100 empleados como en el de aquellas que emplean entre 11 y 100 personas, una alta proporción recibe financiamiento de proveedores (82.6 por ciento y 80.8 por ciento, respectivamente)”.

Desde tiempos zedillistas, cuando comenzó el proceso de extranjerización del sistema financiero otrora nacional, se escuchan los “exhortos” del secretario de Hacienda y del gobernador del Banco de México en turno, para que la banca incremente el financiamiento al sector productivo, estimule el crecimiento económico y contribuya al desarrollo nacional. Más allá de las carcajadas que se escuchan del lado de los barones del dinero, el gobierno no ha conseguido absolutamente nada. Hace pingües negocios con las tarjetas de crédito, el rosario de comisiones que cobra, los altísimos intereses que carga y los ínfimos rendimientos que ofrece, y se mete a financiar actividades que no debe. ¡Negociazo!, con la venia de la presunta autoridad.

En el último trimestre de 2011, de acuerdo con la información del Banco de México, sólo una de cada cuatro empresas privadas obtuvo nuevos créditos productivos de la banca comercial. El porcentaje de empresas hasta con 100 empleados que señaló haber obtenido nuevos créditos bancarios fue de apenas 18 por ciento, mientras en el caso de las empresas de más de 100 empleados este porcentaje fue de 29.3 por ciento. “Con respecto al conjunto de empresas que no recibieron nuevos créditos (74.8 por ciento), 68.7 por ciento reveló que no solicitó nuevos créditos bancarios (65.3 por ciento en el trimestre anterior); 3.8 por ciento de las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de autorizarse (4.9 por ciento en el trimestre anterior) y 1.2 por ciento de las empresas indicó que solicitó crédito y no fue autorizado (1.6 por ciento el trimestre anterior). A su vez, 1.3 por ciento de las empresas indicó que aunque solicitó el crédito lo rechazó por considerar que era muy caro (0.4 por ciento el trimestre anterior)”.

Las limitantes consideradas por las empresas, en orden de importancia, fueron, de acuerdo con el Banco de México: la situación económica general (60.7 por ciento); las tasas de interés del mercado de crédito (46.8 por ciento); las condiciones de acceso al crédito bancario (45.2 por ciento); las ventas y rentabilidad de la empresa (43.5 por ciento); los montos exigidos como colateral (42.9 por ciento); la disposición de los bancos a otorgar crédito (41.4 por ciento); el acceso a apoyo público (40.6 por ciento); la capitalización de la empresa (35.3 por ciento); historia crediticia de la empresa (33.0 por ciento) y las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (30.7 por ciento).

Las rebanadas del pastel

¡Tan respetable y seriecita que se veía, señora Wallace!

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México SA

Hacienda y su bola de cristal

De seis pronósticos, falló cinco

Crecimiento sin beneficio social

Carlos Fernández-Vega

Con más entusiasmo que fundamentos sólidos, pero eso sí en plena campaña electoral, la Secretaría de Hacienda sacó su bola de cristal y pronosticó que en 2013 la economía mexicana crecería 3.8 por ciento, es decir, una proporción ligeramente mayor a la estimada para el último año del calderonato. Así, de acuerdo con el artefacto adivinador marca ACME, quien tome posesión el primero de diciembre arrancaría su sexenio con mejores” resultados en la materia referida, con el aliciente de que el vecino del norte avanzaría un poco más de lo originalmente previsto. Esta combinación de buenas noticias, según la dependencia referida, permitiría “continuar el proceso de crecimiento de la demanda interna”, algo que, por lo demás, sólo registran en Los Pinos.

Como siempre, el optimismo oficial no va de la mano de la realidad, en la que todos los sectores productivos de tiempo atrás exigen, precisamente, la reactivación de la demanda interna, la cual –flaca, ojerosa y sin ilusiones– depende de la creación de empleo formal –de por sí escasa– y del cada día más raquítico poder adquisitivo del salario. ¿Se cumplirán los pronósticos hacendarios registrados por su destartalada bola de cristal? Difícilmente, pues a lo largo del calderonato de seis pronósticos posibles el artefacto erró en cinco, especial y dramáticamente en el año del “catarrito”.

De hecho, al revisar los resultados de gobiernos anteriores se observa que en el siglo XX mexicano sólo cinco mandatarios lograron lo que ahora la Secretaría de Hacienda vaticina para el sucesor del actual inquilino de Los Pinos, es decir, mayor crecimiento en el primer año del gobierno entrante, con respecto al registrado en el último del gobierno saliente. Tales mandatarios fueron Plutarco Elías Calles (1925, con 6.41 por ciento positivo contra una caída de 1.68 por ciento en el último año de Alvaro Obregón); Pascual Ortiz Rubio (1931, con 3.51 por ciento, tras el desplome de 6.56 por ciento en el obligado cierre de mandato de Emilio Portes Gil); Abelardo Rodríguez (1933, con 10.95 por ciento positivo, que no alcanzó a cubrir el 14.83 por ciento negativo de su antecesor); Lázaro Cárdenas (1935, con 7.56 por ciento, casi un punto porcentual por arriba con respecto a 1934), y Manuel Ávila Camacho (1941, con 9.68 por ciento, contra 1.31 por ciento con el que La Esfinge concluyó su sexenio).

Después de ellos, ninguno de los 11 subsiguientes ocupantes de la residencia oficial obtuvo, en su primer año de gobierno, un resultado mejor que su antecesor en el último de su mandato, incluidos –ya en el siglo XXI– Fox y Calderón. Por eso, mientras los tecnócratas hacen las reparaciones conducentes a su artefacto marca ACME, la Cámara de Diputados reconoce que si bien el indicador global de la actividad económica (IGAE) reporta un desempeño relativamente favorable para la economía mexicana, éste se ve opacado por el precario comportamiento del mercado laboral y el delicado entorno internacional, que “continúan planteando importantes retos para la evolución futura de nuestro país”.

En materia de empleo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que, de acuerdo con el Inegi, la tasa de desocupación anual tuvo una ligera recuperación, al ubicarse en 5.33 por ciento en febrero pasado pero, al mismo tiempo y sólo en ese mes, poco más de 180 mil mexicanos quedaron desempleados. De hecho, el sector informal continuó siendo la válvula de escape, pues aumentó el número de individuos que tuvieron que ocuparse en él, sin prestaciones sociales ni contratos laborales. “Para tomar en consideración el efecto estacionario, el Inegi publica la tasa desocupación desestacionalizada, con la que se posibilita la comparación mensual. Así, en febrero pasado la tasa de desocupación sin efectos estacionales se ubicó en 5.18 por ciento, para un aumento de 0.41 puntos porcentuales, el tercer mayor incremento mensual desde abril de 2000”.

Lo anterior, apunta el CEFP, representa un retroceso ante los aparentes avances laborales que se habían presentado en los últimos meses. Además, el aumento del desempleo estuvo acompañado de un crecimiento de la informalidad, que se ubicó en 29.14 por ciento (14 millones de mexicanos). Es decir, no sólo aumentó el número de aquellos que no pudieron ocuparse formalmente en dicho mes, sino también los que tuvieron que ocuparse en un sector sin prestaciones sociales ni contratos laborales, ante la falta de espacio en el cada vez más estrecho mercado formal.

El único indicador que presentó una “mejoría” fue el relativo a la subocupación, que muestra la proporción de personas que trabaja menos tiempo del que requiere y puede hacerlo. Así, dicho conjunto de personas presentó una disminución de 0.35 puntos porcentuales durante febrero, para alcanzar 8.48 por ciento (cerca de 4 millones de mexicanos) de la población ocupada. No obstante, ésta no fue suficiente para contrarrestar el importante aumento que se presentó en el mes previo, cuando la subocupación creció 0.65 puntos porcentuales.

Por todo lo anterior es claro que el mercado laboral continúa débil, no sólo por el persistente alto nivel de desempleo, sino también por la pérdida en la calidad del mismo. De esta manera, en la medida en que el mercado continúe presentando holgura, como ha venido comentando el Banco de México, la tendencia no cambiará de forma importante, y con ello persistirá el deterioro en el ingreso laboral y, por ende, en el bienestar de las familias. Todo apunta que no será precisamente este sector donde se registrará el “crecimiento de la demanda interna”, como vaticina la SHCP.

Lo anterior se ve reforzado por el comportamiento de los precios de la canasta básica de consumo, la cual si bien tuvo un incremento de 0.08 por ciento en la primera quincena de marzo, cifra si bien inferior a la registrada en el mismo lapso de 2011 (0.36 por ciento), fue mayor a la inflación general, lo que implicó que su variación anual fuera de 6.13 por ciento. Mientras que la de los alimentos, tanto procesados como agropecuarios, tuvo un decremento quincenal de 0.31 por ciento, caída inferior a la observada en la misma quincena del año pasado (-0.55 por ciento); así, su variación anual fue de 6.57 por ciento, casi cuatro veces mayor a la observada el año anterior (1.75 por ciento) y casi el doble de la del índice general.

Las rebanadas del pastel

Si de bola de cristal se trata, allí está la del candidato encopetado, quien dice ver en el futuro inmediato de los mexicanos un crecimiento anual de 6 por ciento. El problema es que su artefacto, como el de la Secretaría de Hacienda, no trae manual que le explique cómo lo hará posible.

cfvmexico_sa@hotmail.com

México SA

Pobreza: ¿y los candidatos?

¿Cuál es su plan de acción?

Soluciones, no bla, bla, bla

Carlos Fernández-Vega



Más allá del insípido arranque formal de sus respectivas campañas, los desabridos espots con los que bombardean al electorado y el cotidiano bla, bla, bla, ¿cómo enfrentarán los candidatos –y, se supone, resolverán– una de las más lacerantes urgencias nacionales, es decir, la creciente pobreza en el país? ¿Lo harán al estilo Felipe Calderón o, lo que es lo mismo, negarán categóricamente” su existencia a golpe de discurso? Hasta ahora nada, absolutamente nada, han mostrado los siempre sonrientes persecutores del hueso mayor. Mucho ruido, cero propuestas, y uno que otro “mareo”, como si el horno estuviera para bollos.

¿Incapacidad? ¿Desinterés? ¿Estrategia de campaña? ¿Cuál es el plan de acción de los candidatos para atender dicho problema?, porque por lo visto, el tema es tabú, mientras 57.7 millones de mexicanos (y contando) sobreviven en la pobreza y la miseria. Mientras alguien les recuerda a los señores y la señora que se marea la existencia de tan delicado problema, el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, aporta elementos (¿Es México un país de pobres?) para que –tal vez en fecha próxima– tengan la gentileza de ilustrar al electorado sobre su plan de acción –si es que lo tienen– para comenzar a solucionar tan dramática circunstancia. Va pues.

Entre 2001 y 2011 el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México a duras penas alcanzó una tasa promedio anual de 1.9 por ciento, lo que ha constituido una limitante para el desarrollo nacional, con implicaciones negativas en bienestar, productividad, competitividad y equilibrio social. El magro crecimiento económico revela un escenario desfavorable en el desempeño de variables estratégicas de desarrollo ulterior como inversión, consumo privado, empleo y salarios.

La precaria situación del mercado laboral constituye una de las consecuencias más graves del escaso crecimiento económico y que a su vez tiene fuerte impacto en el incremento de la pobreza. En este sentido, no únicamente la desocupación y sus condiciones críticas han dado cabida a una mayor marginación; la caída del poder adquisitivo (considerando el índice oficial de precios de la canasta básica) ha sido otro un factor determinante. En términos reales, no se ha recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo. En la actualidad, solamente representa 23 por ciento de lo que constituyó a mediados de la década de los años 70; más aún, entre 2000 y 2011 tuvo un retroceso adicional de 4 por ciento. Aún más delicado es que, de acuerdo con el Coneval, entre 2006 y 2011 el ingreso per cápita promedio real disminuyó 25 por ciento cuando la comparación se realiza mediante los precios de la canasta básica.

Una consecuencia natural del bajo crecimiento económico y del deterioro en el poder adquisitivo es el aumento en el número de personas pobres. Según la medición de pobreza por ingresos, entre 1992 y 2010 el número total de pobres aumentó 25 por ciento, contabilizando 57.7 millones de mexicanos afligidos por este problema, cifra superior a la registrada hace casi 20 años, cuando se registraron 46.13 millones. Entre 2006 y 2010 la pobreza ha crecido de manera sostenida, siendo la parte más delicada, la pobreza alimentaria: un incremento de 44 por ciento a nivel nacional, 80 por ciento urbano y 26 por ciento rural. La pobreza por ingresos en México supera incluso la población entera de varios países, por lo que el ejército mexicano de pobres no puede pasar por desapercibido.


Protesta realizada ayer frente al Banco de México Foto Luis Humberto González

Esta situación de pobreza tiene un vinculación directa con el aumento de la inseguridad en el país: en sólo 10 años se han elevado 22 por ciento las denuncias a nivel nacional. El incremento de la pobreza se ha convertido en un hecho incontrovertible, ante el cual las políticas públicas poco han podido hacer. Medido por el índice de la tendencia de la pobreza laboral (ITPL), el incremento registrado entre 2006 y 2011 a nivel nacional es de 21 por ciento. Sin lugar a dudas lo anterior sintetiza que los programas de atención a la pobreza únicamente constituyen un alivio temporal, y muy endeble, a un problema estructural que aumenta con el desempleo y la precariedad laboral que enfrentan millones de mexicanos.

Lo descrito se ve exacerbado por el hecho de que, entre 2010 y 2011, la tendencia de la pobreza que marca el mercado laboral continúa en ascenso y reporta nuevos niveles récord, aún en entornos de crecimiento económico. Las cifras son contundentes: entre 2006 y 2011 el ITPL rural solamente se elevó 3.8 por ciento, mientras el urbano lo hizo en 29.3 por ciento. Por tanto, la marginación se ha generalizado. Evidentemente que parte de ello es atribuible a que un aumento de la pobreza en el ambiente rural representaría segregar a un grupo de mexicanos que ya viven en un entorno crítico. Además, a esos lugares llega una parte considerable de los recursos canalizados mediante el programa Oportunidades, el mecanismo oficial diseñado para tratar de minimizar el avance de este cáncer social. Oportunidades es bien evaluado porque ayuda a la gente más pobre a sobrellevar su situación, pero es evidente que no tiene la capacidad de contribuir a la solución real del problema.

No obstante que la situación de pobreza ha penetrado el entorno urbano, la mayor marginalidad se sigue presentando en estados y municipios predominantemente rurales. Existen municipios donde la pobreza supera el 97 por ciento de la población total y los 15 municipios en los cuales esta situación es más grave tienen a más del 96 por ciento de sus respectivas poblaciones en pobreza. Lo mismo sucede en los 15 municipios donde la situación de pobreza extrema rebasa a 73 por ciento de su población. En realidad, dichos municipios se encuentran en el sur y sureste de la República Mexicana, es decir, en estados poco industrializados y que a pesar de tener recursos naturales abundantes no cuentan con una infraestructura suficientemente desarrollada como para mejorar la calidad de vida de su población. Un elemento relevante es el hecho de que mil 3 municipios tienen a 75 por ciento o más de su población en situación de pobreza, y 190 concentran la mitad de la población en pobreza del país. Lo descrito refleja las casi nulas oportunidades que existen en tales localidades para aspirar a un mejor nivel de vida.

Las rebanadas del pastel

Más de 60 millones de mexicanos en pobreza encontrará quien se instale en Los Pinos el próximo primero de diciembre. ¿Cómo y con qué responderá el ungido a esta brutal emergencia nacional?

cfvmexico_sa@hotmail.com