Los pueblos indígenas en el discurso de AMLO

Gilberto López y Rivas El 20 de marzo se presentó el Nuevo proyecto de nación”, del cual Andrés Manuel López Obrador esbozó en su discurso 50 acciones indispensables para la “regeneración nacional”, partiendo de la tesis ya conocida de que la crisis de México “se debe al predominio de un grupo oligárquico, que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de los bienes de la nación y el pueblo”, sin reparar en el carácter sistémico de esta crisis, enmarcada en las características propias de esta etapa de mundialización capitalista. El discurso es importante porque en movimientos con un dirigente máximo, como el de AMLO, la criba que él hace del “Proyecto de nación”, un documento de dos centenares de páginas, da una idea de los énfasis y coordenadas reales del precandidato presidencial, del programa “mínimo” con el que pretende presentarse electoralmente. También, en el discurso se matizan temas candentes, o se dejan fuera (aborto, derechos de minorías sexuales, guerra sucia, etcétera), mientras que otros son tratados dentro de la lógica de la mercadotecnia electoral: ¿qué tanto conviene sostener una determinada perspectiva para las encuestas, para el apoyo, rechazo o neutralidad de los poderes fácticos? Así, lo que podría ser proyecto de nación, se trastoca finalmente en una plataforma electoral negociable. Tomemos el caso de los pueblos indígenas, tratados escasamente en la pieza oratoria, donde se les muestra como víctimas que esperan la mano clientelar del Estado: “42. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a pobres y desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que donde hay carencias, pobreza y marginación no lleguen los apoyos que necesitan”. Pregunto: ¿quiénes son los que tienen que pagar y quiénes son los que recibirán esos apoyos?: “Nosotros” = Estado-gobierno = sujeto activo, les pagará a “ellos” = pueblos indígenas = sujeto pasivo. ¿Dónde quedaron los acuerdos de San Andrés? ¿Dónde las autonomías de hecho actualmente en marcha? ¿Dónde la contrainsurgencia y paramilitarización contra el EZLN y el despliegue de las fuerzas armadas (a las que por cierto se ofrece en otro pasaje “cuidar su prestigio”) en otras etno-regiones? ¿Qué sobre los presos indígenas? ¿Qué acerca de la criminalización de sus organizaciones? ¿Temas electoralmente incómodos? En el punto 39, en el contexto de la preservación biológica y cultural de México, pasando por prácticas agropecuarias y la no introducción de semillas transgénicas, se llega finalmente a un párrafo que sostiene: “Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos”. ¿Es esta la expresión de las autonomías indígenas contemporáneas, o una vuelta de tuerca más del apoyo estatal a las comunidades “tradicionales” de “indígenas-campesinos”? En el punto 33, donde se proponen carreteras para los 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados, nuevamente los indígenas aparecen, ahora como fuerza de trabajo: “Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local”. Serán empleados, pues. ¿Qué tipo de empleos? Si estas son las menciones en torno a los pueblos indígenas que el discurso registra, analicemos otras acciones que los afectan directa o indirectamente. Una de ellas es una propuesta que siempre ha formado parte del Plan Puebla-Panamá, ahora rebautizado Proyecto Mesoamérica, al cual se han opuesto tajantemente las organizaciones indígenas: “Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico, mediante el desarrollo integral del istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de dos puertos, en Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente (sic) y con la participación de las comunidades de la región (sic)”. ¿Cómo participarían las “comunidades de la región”? ¿Nuevamente como mano de obra intensiva? ¿Se beneficiarían del comercio en gran escala a transportar en esos contenedores? ¿La ampliación de la carretera se haría a costa de territorios comunitarios? Ya entrados en proyectos extractivistas y desarrollistas que han dañado siempre a los pueblos indígenas se propone, para fines “nacionales”, la construcción de cinco refinerías, cuatro de ellas en estados con presencia notable de población indígena: Hidalgo, Tabasco, Oaxaca y Campeche, sin considerar lo que significan semejantes proyectos para la vida indígena y el cuidado del medio ambiente. Igualmente, “se propone atender con esmero la actividad turística”, sin mencionar sus impactos negativos sobre los pueblos indígenas en su territorialidad, control de recursos naturales, folclorización de sus culturas, migración forzada, etcétera. En el numeral 21 se afirma que se hará valer el artículo 27 constitucional, pero sólo referido al dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. ¿Qué pasará con la contrarreforma salinista que provocó –en parte– una rebelión indígena en 1994? El debate es necesario, imprescindible. En el caso de los pueblos indígenas, las propuestas de seguir empleándolos, concediéndoles desarrollo y respetándolos discursivamente, resultan, paradójicamente, bastante salinistas. Si lo original es, tomando en cuenta los niveles ínfimos en que se arrastra la clase política, plantear un proyecto de nación, lo menos que se puede esperar, si se trata de una convocatoria, es que se dejen de eludir, por cálculo o simple miopía, aspectos apremiantes y fundamentales. En efecto, México requiere un proyecto de nación, pero radical, en el sentido más claro del término: que verdaderamente vaya a la raíz.

Colaboracionismo

Gilberto López y Rivas

Con una carta que pretende ser aclaratoria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su director general de Comunicación Social, intenta refutar –sin lograrlo– el contenido de un reportaje del semanario Proceso (número 1776, 13 de noviembre) intitulado “El gran espía”, escrito por Jorge Carrasco A. y Jesús Esquivel, sobre el establecimiento en México de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), en la que agentes de nueve servicios de inteligencia estadunidenses, entre los que predominan los militares, llevan a cabo tareas operativas abierta y libremente en territorio mexicano, con la venia y complacencia del gobierno colaboracionista de Felipe Calderón.

El establecimiento de la OBI se presenta como una “oportunidad histórica” porque a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y, sobre todo, con la Iniciativa Mérida, los grupos dominantes de Estados Unidos consideran –precisamente– que se abrió “el camino hacia la colaboración” con México.

Con toda conciencia aplico el término colaboracionista (del francés collaborationniste), surgido durante la Segunda Guerra Mundial para describir a quienes cooperaron con los ocupantes nazis, y después extendido a la ciencia política para describir a los distintos gobiernos, grupos o personas que favorecen y ayudan una ocupación extranjera. Colaboracionismo es definido por el Larousse como “el conjunto de ideas, actitudes y tendencias favorables a la colaboración con un régimen que la mayoría de los ciudadanos de una nación consideran opresivo o nefasto, especialmente si se trata de un régimen de ocupación”. En su acepción inglesa, el vocablo significa “colaborar traidoramente con el enemigo” (The concise Oxford dictionary of current english).

En respuesta a esa carta de la cancillería (Proceso, número 1777, 21 de noviembre de 2010) –endeble en sus argumentos y poco convincente–, ambos periodistas reiteran el carácter operativo de los agentes estadunidenses y afirman –con fundamento documental y testimonial– que la creación de la OBI fue anunciada en Washington el 25 de marzo de 2009 por la propia Casa Blanca, mientras la contraparte mexicana tardó un año y cinco meses para dar a conocer su apertura en México, el 31 de agosto de este año, de lo que el vocero de la SRE denomina eufemísticamente: “Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida”.

Este reportaje, en el que se ubica la sede de la OBI en los pisos superiores del edificio situado en Paseo de la Reforma 265, muy cerca de la embajada de Estados Unidos, refiere también sobre las reticencias del Ejército y un poco menos de la Marina en torno al establecimiento y las prerrogativas de este centro de espionaje al que se subordinan los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos, y cuyos agentes incluso pueden vigilar a las mismas dependencias gubernamentales, incluidas las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

También, el malestar creciente de sectores de las fuerzas armadas es revelado en el reciente artículo de Zósimo Camacho “México: focos rojos en Sedena ante posible intervención de Estados Unidos”, en el que se afirma lo siguiente: “Militares en activo, generales y coroneles –que ocupan cargos operativos en el Ejército Mexicano– manifiestan su preocupación ante la posible intervención militar de Estados Unidos en México. Se muestran frustrados por la política de Felipe Calderón, obsequiosa ante los duros del Pentágono, y advierten que se construye el ‘escenario’ para el ingreso de tropas estadunidenses a territorio nacional. Señalan que una parte del caos y la violencia en ciudades mexicanas es inducida desde el exterior con la anuencia del gobierno federal. Especialistas en seguridad nacional (se refiere a Guillermo Garduño, Abelardo Rodríguez Sumano y Jorge Luis Sierra) coinciden en que se generan las condiciones que justifiquen una ‘cooperación más estrecha’ en el plano militar entre ambos países” (Contralínea, 21 de noviembre de 2010).

Es significativo que militares en activo –protegidos por el anonimato– se hayan atrevido a hacer declaraciones públicas que ponen en entredicho la tradicional cohesión institucional de la fuerza armada y el acatamiento incondicional a la cadena de mando. De acuerdo con Camacho, estas son “válvulas de escape y señales de lo que ocurre en el ámbito castrense”.

No obstante, pese a esta opinión en el interior de las fuerzas armadas mexicanas, la participación de oficiales en cursos de adiestramiento en bases militares de Estados Unidos, bajo la coordinación del Departamento de Defensa de ese país, va en aumento, mientras la Armada de México se muestra obsecuente y presurosa en cuanto a su participación en “maniobras conjuntas” con su contraparte estadunidense, con o sin el permiso del Senado, y el envío en aumento de sus oficiales para la capacitación especializada en ese país en contrainsurgencia y antiterrorismo.

Por cierto, el artículo 123 del Código Penal Federal tipifica genéricamente el delito de traición a la patria como “actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero… o cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra”. Descripción muy semejante al colaboracionismo.