Sobre el futuro gabinete de AMLO

Javier Flores

Hay algo en lo que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha adelantado a sus adversarios políticos. Se trata del anuncio sobre las personalidades que ha invitado para que formen parte de su gabinete, en caso de ganar las elecciones presidenciales el próximo primero de julio. La mayoría son personajes con alta calificación para el desempeño de las funciones que hasta ahora, hipotéticamente, tendrían que asumir. Los partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) carecen de cuadros de nivel equivalente. Es por eso que la mayoría de los medios de comunicación, en particular los electrónicos, no han dado difusión suficiente a este tema.

María Luisa Albores en la Reforma Agraria, Juan Ramón de la Fuente en Educación, René Drucker en Ciencia y Tecnología, Marcelo Ebrard en Gobernación, Adolfo Hellmund en Energía, Javier Jiménez Espriú en Comunicaciones y Transportes, Rogelio Ramírez de la O en Hacienda, Sergio Rodríguez Cuevas en Salud, Claudia Sheimbaum en Medio Ambiente, Víctor Suárez en Agricultura, Miguel Torruco en Turismo y Fernando Turner en Economía; ellos son, hasta ahora, los invitados de AMLO. El enorme prestigio que acompaña a la mayoría de los señalados se suma al capital político del tabasqueño, al grado de que algunas personas que dudaban otorgarle su voto, lo harán al ver algunos de los nombres mencionados en el equipo.

Aunque en una dimensión distinta, es un efecto semejante al que produce el acercamiento reciente entre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO. La unidad y la competencia política y profesional del equipo que presenta el aspirante de la izquierda otorgan certidumbre sobre la posibilidad de triunfo, especialmente sobre la factibilidad de rescatar y transformar a México.

Hace poco tiempo, Carlos Fuentes expresó preocupación de que, de llegar al poder, AMLO actuara como si todo lo supiera, en lugar de asesorarse con personas con mayores conocimientos que él en diferentes áreas. La integración de su futuro gabinete muestra que hay individuos con grandes conocimientos en sus respectivos campos, quienes pueden contribuir a la construcción de políticas públicas basadas en lo más avanzado del conocimiento. Asimismo, está más que probado que varios de ellos están dotados con fuertes convicciones, lo que les permite hablar con toda claridad y defender sus puntos de vista.

No puedo omitir señalar que a mí me ha llenado de alegría y esperanza la integración del área de política social, que incluye a la educación y la salud. La presencia de Juan Ramón de la Fuente resulta una garantía para emprender una auténtica revolución educativa en México. Lo mismo puede decirse de la inclusión del doctor Sergio Rodríguez Cuevas, pues la salud de la población quedaría garantizada mediante el impulso a la prevención y el estricto empleo de criterios médicos y científicos.

El equipo es de primera… ahora sólo falta que AMLO gane las elecciones

La izquierda, única opción para la ciencia

Javier Flores

En los meses previos a la jornada electoral de julio de 2012 los mexicanos estaremos bajo una lluvia (o un tormenta) de promesas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República, entre las que no faltarán las relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto ha ocurrido cada seis años desde que recuerdo. Pero a pesar de las buenas intenciones, plasmadas en los voluminosos planes nacionales de desarrollo del candidato que resulta ganador –para cuya elaboración se invita a científicos y tecnólogos muy prestigiados, a los que francamente se les hace perder el tiempo–, la realidad es que las promesas no se cumplen, porque en la naturaleza de la mayoría de los políticos habita la mentira, y el resultado tangible es que el país no avanza en estos campos.

Tomemos como ejemplo el gasto en ciencia y tecnología. Desde los años 70 del siglo pasado, los gobiernos priístas ya habían planteado la meta de alcanzar el uno por ciento del producto interno bruto (PIB) para estas tareas, como quedó asentado en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en el gobierno del presidente José López Portillo, propósito que en ese momento, y durante todas las administraciones del PRI que le siguieron, no se logró. Luego llegó la alternancia, y con ella el gobierno de otro partido, el PAN. El presidente Vicente Fox ofreció que en su administración se alcanzaría el uno por ciento del PIB (específicamente en 2006). Tampoco se cumplió. Por su parte, el licenciado Felipe Calderón prometió “jugársela” por el desarrollo científico y tecnológico nacional, y en su plan de desarrollo se comprometió a que México sería el líder en América Latina en estos campos (estrategia 5.5), algo que, por supuesto, no cumplió.

De acuerdo con los datos de la Oganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al final de la última administración priísta (1999), México ocupaba el último lugar entre los países miembros de esta organización con el 0.39 por ciento del PIB para ciencia y tecnología. El gobierno de Fox cerró con 0.38 por ciento. En los inicios de la gestión de Calderón Hinojosa, este indicador cayó al 0.37 por ciento en 2007. Si bien no hay cifras disponibles para los últimos años del gobierno de Calderón en las estadísticas de los organismos internacionales, como el Banco Mundial o la propia OCDE, las estimaciones locales más optimistas, que no son del todo confiables, indican que se ha destinado, cuando mucho 0.4 por ciento del PIB para estas actividades. En otras palabras, lo que ha caracterizado a las administraciones priístas y panistas es el estancamiento, por lo que han sido los protagonistas y los responsables de varias décadas perdidas.

Mientras nosotros estamos atorados, el mundo avanza, y en algunas naciones emergentes, que pueden ser nuestros puntos de referencia, como Brasil (1.13 por ciento del PIB), Rusia (1.24), India (0.88) o China (1.44), se empeñan en construir un futuro promisorio para sus economías y el nivel de vida de sus pueblos, basados en el conocimiento.

Hasta aquí, puede extraerse una lección muy clara: en relación con el desarrollo científico y tecnológico los gobiernos del PRI y el PAN le han mentido consistentemente a los mexicanos. Desde mi punto de vista, sería una necedad pensar que un nuevo gobierno surgido de esos dos partidos cumpla con su palabra. Yo no se los creo, aunque lo firmen ante un notario público.

Entonces, ¿qué hacer? No queda otra opción, a mi juicio, que mirar a la izquierda. Quizá es la última oportunidad para no hundirnos irremediablemente en el atraso científico y tecnológico. Esta corriente política definió recientemente a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como su candidato. La unidad de la izquierda en México, a la que contribuyó de manera decisiva el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, convierte en algo factible que la izquierda pueda ganar la presidencia de la República en el proceso electoral de 2012.

En el programa presentado por AMLO, elaborado por él y un grupo de muy destacados intelectuales, titulado Nuevo Proyecto de Nación. Por el Renacimiento de México quedan expresados de modo muy general algunos de los rasgos de lo que sería su política de ciencia y tecnología. Las propuestas están relacionadas con la educación y la economía. En el primer caso, considera a la educación superior y la investigación científica como un binomio virtuoso (p. 317); y en el tema que nos ocupa, los recursos para estas actividades, los vincula con la necesidad de impulsar una nueva economía. En el documento se establece un objetivo importante: “México tendría que triplicar en un primer momento su inversión en investigación científica y tecnológica” (p. 167).

Como lo he señalado aquí en otras ocasiones, no hay ninguna garantía de que un gobierno de izquierda pueda llevar a México a una posición más relevante en estos campos, pero creo que a partir de las experiencias descritas, resulta ineludible desarrollar y respaldar la propuesta de AMLO.

Morena: educación superior para todos

Javier Flores

Las elecciones presidenciales de 2012 se encuentran a la vuelta de la esquina. Conforme transcurre el tiempo, los diferentes candidatos, partidos y agrupaciones políticas que aspiran a encabezar el nuevo gobierno comienzan a esbozar y hacer públicas sus ideas para guiar el desarrollo futuro del país en distintas áreas, entre las que se incluyen la educación superior, la ciencia y la tecnología. Uno de los primeros en presentar un programa bien estructurado en éstos y otros temas ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Me voy a referir aquí sólo a uno de sus puntos: su propuesta sobre el acceso a la educación superior para todos los jóvenes.

Gracias a la amable invitación de un universitario ejemplar y muy admirado amigo, tuve la oportunidad de asistir, hace casi dos meses, el 20 de marzo, a la presentación del programa citado. Ese día, mientras en el Partido de la Revolución Democrática se hacían pedazos por el tema de las alianzas, en el Auditorio Nacional un grupo de destacados intelectuales de la izquierda mexicana hacía público el programa político del Morena titulado: Nuevo Proyecto de Nación: por el Renacimiento de México. La presentación estuvo compuesta por las intervenciones de personalidades de la talla de Armando Bartra, Víctor Flores Olea, Héctor Díaz Polanco, Bertha Luján y Rogelio Ramírez de la O, entre otros, que hablaron a nombre de un grupo integrado por 36 intelectuales y especialistas de primer nivel que participaron en la elaboración del documento.

Al final, López Obrador tomó la palabra para enumerar 50 puntos extraídos del programa que, según dijo, resultan ineludibles –y, se entiende, serían llevados a la práctica si el movimiento que encabeza llega a la presidencia de la República. Entre ellos se encuentra el punto 46, que establece que el ciento por ciento de los jóvenes podrán ingresar a las universidades públicas. Podemos asumir que se refiere a todos aquellos que han concluido la enseñanza en el nivel medio superior, quienes ingresarían, sin el requisito de un examen de admisión, a estas instituciones.

Se trata sin duda de una meta muy ambiciosa, que hay que tomar en cuenta y discutir con toda seriedad. Desde luego es algo que no podría materializarse de la noche a la mañana. Por lo pronto, tendría el límite de un periodo de gobierno, a menos que pudiera establecerse, mediante reformas legales, como una política transexenal. Pero no solamente existen límites temporales para que este propósito pueda concretarse.

Las universidades son espacios para la formación de profesionales y donde se cultivan las ciencias, las humanidades y las artes. No me imagino que para el cumplimiento de esta meta se esté pensando en someter a las instituciones públicas a la presión de abrir las puertas a todos los aspirantes bajo las condiciones en las que operan actualmente. Habría que recordar que en los años setenta del siglo pasado, durante el gobierno de Luis Echeverría, se vivió la masificación de las universidades, a lo que luego hubo que dar marcha atrás, hasta encontrar un equilibrio entre los recursos disponibles y la enseñanza de calidad.

Sería necesario, por lo tanto, la multiplicación de los espacios educativos, a través de la ampliación de las instituciones de educación superior públicas existentes y la creación de nuevas universidades. Pero no solamente se requiere de los espacios físicos, lo que implica la construcción y mantenimiento de aulas, bibliotecas y laboratorios (lo que en sí mismo es algo complejo), sino además, de los recursos humanos calificados para impartir enseñanza y realizar investigación (en mi opinión, sin investigación no puede hablarse de una universidad, como pretenden hacerlo algunas instituciones privadas). Esto implicaría acelerar la formación de profesores, especialmente mediante el fortalecimiento y ampliación de los programas de posgrado y la reactivación de los programas de repatriación que lamentablemente hoy se encuentran cancelados.

En la presentación del ideario del Morena, se dejó en claro que éste no es un programa acabado, ya que se seguirá enriqueciendo con las aportaciones de la sociedad. ¿Se trata de una propuesta viable? En mi opinión, es muy difícil hablar del 100 por ciento de cobertura en la educación superior. No existe una sola nación en el mundo que lo haya conseguido. Sin embargo, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador tiene el mérito de abrir una discusión y plantear una pregunta: ¿qué es lo que debemos hacer como nación para aproximarnos a una meta como la que se propone? Se requeriría de una auténtica revolución educativa, a la que no se debe renunciar.

Vales por medicinas

Javier Flores

Recibí una carta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que hace referencia a la reciente aprobación de una reforma al artículo 91 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la que se entregarán a los derechohabientes vales que podrán canjear por medicinas en las farmacias. Como la misiva está dirigida a mí, probablemente porque abordé este tema el pasado miércoles en un artículo titulado Ley Simi: El rostro de la corrupción”, y porque creo que se trata de un asunto de interés general, me parece pertinente referirme aquí a esa comunicación.
La carta califica como “acusaciones sin fundamento” que las modificaciones a la ley citada busquen beneficiar a una familia en particular vinculada con el PVEM. Tienen razón, pues los términos de la ley, tal como fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados, no se refiere específicamente a las Farmacias Similares o a las Superfarmacias El Fénix, en las que participan personas relacionadas con ese partido, sino a ese tipo de establecimientos en general. Pero aun así, es inocultable que al surgir la iniciativa de un partido fundado y liderado por familiares de dueños de farmacias, existe un claro conflicto de interés, que en mi opinión, debió haber bastado para impedir la modificación a la ley.
La misiva insiste en que la reforma no favorecerá a ninguna empresa privada, además de que considera “absolutamente falso” que encierre intereses económicos y comerciales. Los únicos beneficiados serán, según la carta: “los más de 50 millones de derechohabientes del IMSS, quienes podrán recibir sus medicamentos y agentes terapéuticos de forma inmediata”. Veamos si esto es cierto. Pensemos por un momento en una persona afectada por hipertensión arterial, a la que los médicos del Seguro Social le prescriben un medicamento, digamos la nifedipina, pero al no existir este fármaco en cantidad suficiente en el propio instituto, se le dará un vale que podrá canjear por el fármaco en alguna farmacia autorizada por algún mecanismo que todavía no está definido, y que abre una puerta muy ancha a nuevos esquemas de corrupción.
Las farmacias adquieren las medicinas de los laboratorios que las producen (que en muchos casos son los mismos a los que compra directamente el IMSS) y operan con un margen de utilidades que es legítimo en cualquier negocio. Es obvio que los costos por este procedimiento se verán incrementados pues, comparativamente, el precio de las medicinas que adquiere en grandes volúmenes el instituto, es mucho menor que lo que éste tendrá que pagar ahora a las farmacias particulares que operan con un margen de ganancia y en las que la nifedipina resultará mucho más cara. Afirmar que no existen intereses económicos involucrados en la reforma a la ley, y que se trata del más puro espíritu altruista, como sugiere la carta, es algo demagógico y muy poco serio.
De acuerdo con la reforma, los vales se entregarían sólo en el caso en el que hubiera insuficiencia de medicinas en el IMSS y dependiendo de la capacidad presupuestaria del instituto. Aquí hay algo muy extraño, pues los creadores de la iniciativa, que ya fue aprobada, parten de la hipótesis –o de información privilegiada– de que el desabasto de fármacos no es el resultado de la carencia de recursos económicos en el Seguro Social. En otras palabras, no habría medicinas, pero sí dinero para pagar a las farmacias.
Es algo muy simple: si el desabasto no es resultado de la falta de recursos, entonces es consecuencia de fallas en los procedimientos para la adquisición de medicamentos, corrupción u otras causas que bien podrían ser atacadas y corregidas, preservando y saneando a esta importante institución. Si, por el contrario, el desabasto es consecuencia de la falta de presupuesto, entonces no hay esquema que pueda funcionar para satisfacer la demanda de los enfermos, pues las farmacias particulares no van a entregar los productos que comercializan a cambio de vales que no podrán cobrar. Es claro que ante este dilema, la solución más adecuada es fortalecer al IMSS y no privatizar –la carta rechaza que se trate de eso– una de sus tareas más importantes, que consiste en proporcionar a los derechohabientes los tratamientos que requieren para preservar su salud. Por otra parte, el modelo de privatización de las funciones del Seguro Social, que a mi juicio se expresa en este tema, ha mostrado ya sus fallas, como en el caso de la subrogación del servicio de guarderías.
La decisión tomada por la mayoría de los diputados debe ser corregida. Una oportunidad para hacerlo la brinda la discusión que, tengo entendido, deberá darse ahora en el Senado de la República. Yo no puedo explicarme cómo los diputados del Partido Revolucionario Institucional pudieron avalar esta reforma, pues siempre han insistido que el desarrollo de la Seguridad Social en México ha sido el resultado de su labor. Entiendo que existe una alianza con el PVEM y que la votación que se dio puede ser el resultado de esa vinculación. Si tienen que pagarse facturas o lealtades, que se busquen otras formas, pero que no se arriesgue a una institución que es clave para la salud de los mexicanos.

Ley Simi: el rostro de la corrupción

Javier Flores

La Cámara de Diputados acaba de cometer un error muy grave. Aprobó ayer por mayoría, una ley que ejemplifica con claridad el grado de corrupción en el que se encuentra inmerso nuestro país. Se trata de una modificación a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual, en lugar de buscar solución de fondo al desabasto de medicamentos que desde hace varios años enfrenta esta institución, repartirá vales entre los derechohabientes que podrán canjearse por medicinas en las farmacias.
La iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México, cuyos dueños –que no dirigentes– forman parte de una familia que es al mismo tiempo propietaria de las farmacias El Fénix y de las de medicamentos similares, lo que indica claramente que existe un conflicto de interés. Este partido, que subsiste debido a la ignorancia de algunos sectores sociales que creen que realmente se preocupa por la lucha en favor del medio ambiente, y por las alianzas que ha hecho en distintos momentos tanto con el PAN como con el PRI, diseñó una campaña política de tres puntos (sí sólo tres) en la que además del canje de vales por medicinas, ofrece la pena de muerte y vales para aprender inglés y computación, lo que ilustra su riqueza ideológica.
La iniciativa votada ayer y aprobada por mayoría implica la privatización de una de las funciones más importantes del IMSS, que tiene que ver con el tratamiento de los enfermos. Si bien este instituto enfrenta continuamente el problema de desabasto de medicamentos –algo que se podría resolver dotándolo de más recursos y mediante acuerdos con los laboratorios–, esta tarea ha funcionado para regular positivamente el mercado de fármacos, pues al adquirir volúmenes importantes de genéricos o medicinas de patente, abate los precios con la consecuente reducción de los costos.
Al repartir vales para que los derechohabientes acudan a las farmacias, como lo han decidido vergonzosamente los diputados, los precios de cada tratamiento se incrementarán enormemente y los costos –que tendrá que pagar el propio IMSS– serán mayores. Los beneficiarios de este descarado acto de corrupción serán el sector privado farmacéutico en el que se encuentra nada menos que la familia de los dueños del Partido Verde.
Pero este evidente acto de corrupción en contra una de las instituciones más importantes para la seguridad social en México, aprobado también por los diputados del PRI para pagar supuestas “lealtades”, ocurrió con tal desaseo, que ofrece la oportunidad de que pueda ser corregido. Se incurrió en una ilegalidad en el procedimiento parlamentario consistente en que el dictamen no se aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sino que sus promotores recogieron las firmas en los pasillos (la suciedad siempre deja huellas). Por ello y por ser un atentado contra la seguridad social en México, el diputado Alejandro Encinas anunció que será presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ojalá que este recurso prospere y pueda darse marcha atrás a este descarado acto de corrupción.