“Muchachos acusadores...”

Jorge Camil

Así les llamó Gerardo Laveaga, defensor de Felipe Calderón en la demanda entablada por 23 mil 700 personas (hoy 27 mil) ante la Corte Penal Internacional. Reconoció que si Calderón quisiera llevar su infundada reconvención a los tribunales mexicanos el tema no sería penal sino civil. Con eso descartó a la PGR, el espantapájaros utilizado para amedrentar a los denunciantes, como en los mejores tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. (Surgieron en esa amenaza reminiscencias de Lecumberri” y del “Campo Militar Número Uno”: subterráneos de terror donde confinaban a los “muchachos” del 68, aunque algunos, como Heberto Castillo, ya no fuesen tan “muchachos”. Ese es el caso de los 23 mil denunciantes, menospreciados por Javier Lozano como “abajo firmantes”, aunque incluyan a un ex procurador general de la República y a un ex ministro de la Suprema Corte.)

Laveaga, abogado del establishment, califica a los activistas sociales como “muchachos”. Más comedido que el monstruo de Tlatelolco, que se refería a ellos en privado como “hijos de la chingada, parásitos chupasangre, pedigüeños, cínicos, ¡carroña!”. Con igual vehemencia Lozano calificó a quienes ejercieron un legítimo derecho como “ruines, ignorantes y oportunistas”. Se incorporó sin más a la defensa como abogado oficioso de Calderón, promoviéndose como “buen abogado... para responderles como merecen”. Es escalofriante comprobar que en esta desahuciada administración se están reviviendo fantasmas autoritarios del pasado.

Lo inaudito vendría después. Durante una reunión de las comisiones que dictaminan la miscelánea penal, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, propuso un nuevo capítulo sobre terrorismo que se le escapó a Díaz Ordaz. Su proyecto pretende castigar con penas de 40 años a quienes “presionen a la autoridad (…) para tomar una determinación” (bit.ly/vwcq65). Con esa indignante y burda medida convertía a los “muchachos acusadores” en “terroristas”. Algunos analistas salieron en defensa de Calderón. Afirmaron que no era asesino ni violador de derechos humanos. Él no mató ni torturó; no ordenó secuestros, ni violaciones, ni desapariciones. Afectados de memoria selectiva olvidaron que es comandante en jefe del Ejército, y pretendieron aliviarlo totalmente de culpa afirmando que los militares intervinieron “a petición de las autoridades locales”. Eso coincide curiosamente con la defensa que había comenzado a montar Alejandro Poiré: ¡ustedes pidieron al Ejército!

En aras de una campaña “amistosa”, Enrique Peña Nieto, hoy contrito lector de la Biblia, opinó que la denuncia no tenía “sustento” alguno, porque el mandatario tiene obligación “irrenunciable” de enfrentar al crimen organizado, y ésta “no se puede inhibir o coartar con denuncias” (bit.ly/vqvWoP).

En este galimatías de memoria selectiva todos olvidan que se le advirtió a Calderón oportunamente el peligro de sacar a los militares a la calle. Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch explicaron el riesgo que corrían los derechos humanos, y mencionaron ejemplos palpables de otros países. Algunos analistas, como el que escribe, definimos la guerra de Calderón en 2010 como “guerra civil”, cuando se contaban únicamente 15 mil muertos: bit.ly/nU9aAy. Hoy llevamos 50 mil. Alguien debe detener la barbarie.

El lamentable percance en el que perdió la vida José Francisco Blake Mora impidió comentar con detalle el devastador reporte de Human Rights Watch (HRW) publicado dos días antes. El título mismo es una acusación inequívoca contra la estrategia de Calderón. No deja lugar a dudas: “Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Dibuja el desaliento que se ha adueñado del país. Después de los 50 mil muertos, y de la entrega a pedazos de nuestra soberanía, uno de los más prestigiados organismos internacionales nos viene a recordar lo que nos negábamos a reconocer. Que nos hemos quedado sin nada: sin seguridad y sin protección a los derechos humanos.

No logramos detener la violencia, ni el trasiego de drogas, ni la importación de armas de alto poder. Se fomentó la militarización. Tampoco detuvimos el narcomenudeo, así que las drogas llegaron a nuestros hijos. El ominoso subtítulo del reporte, “Ejecuciones, desapariciones y tortura”, nos recuerda que ese es el legado de la “guerra de Calderón”, como HRW la llama invariablemente entre comillas.

Una de las conclusiones es alarmante: reconoce que existe una política de seguridad pública, pero que fracasa seriamente en dos aspectos. No ha logrado reducir la violencia y ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos. La consecuencia es inevitable: “en vez de fortalecer la seguridad pública, la ‘guerra’ desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país”.

Las instrucciones en 2006 parecen haber sido: “fuego a discreción”. Sin objetivos, sin control de las fuerzas federales y sin clara estrategia de salida.

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¿Guerra? ¿Lucha?

Jorge Camil

En días pasados Felipe Calderón, ya en plena campaña electoral para 2012, rechazó en forma contundente que él hubiese caracterizado el ¿esfuerzo?, ¿embate?, ¿ataque? de su gobierno como una guerra” contra el crimen organizado. Lo calificó de “lucha”. ¿Cuál es la diferencia, si gramaticalmente “guerra” es una “lucha armada entre naciones o grupos contrarios”, y “lucha” es un “combate en el que se utilizan la fuerza o las armas”? ¿Y qué ha sido su gobierno, si no una lucha armada entre las fuerzas contrarias del Ejército y el narco? ¿Y cuál ha sido su legado histórico, ahora que hemos llegado al fin del camino, si no un combate en el que han proliferado el uso de la fuerza y la fuerza de las armas?

Así que resulta ocioso enfrascarse en discusiones bizantinas, cuando la evidencia nos golpea en la cara: casi 40 mil muertos, miles de millones de pesos en armamento y gastos militares, ciudades y estados de la República fuera del control gubernamental, y un gobierno (regreso al lugar común del “legado histórico”) donde han sobresalido la muerte, las ejecuciones, los secuestros, las balaceras, los daños colaterales y las oportunidades perdidas: un conflicto que merece el incuestionable calificativo de “guerra civil”.

Qué bueno que aclaró las cosas el Presidente, porque todos nos habíamos referido a su “lucha” contra el crimen organizado como la “guerra contra el narco”. Yo mismo estuve equivocado, porque a partir de 2007 he escrito por lo menos 20 artículos publicados en La Jornada, y recogidos en mi página de Internet (www.jorgecamil.com), inspirados total o parcialmente en esta controvertida “guerra” de todos contra todos: del gobierno contra el narco, de los cárteles entre sí, y pronto, si no tenemos cuidado en este año de crudo debate electoral, entre partidos políticos.

(No falta nada para que la diatriba entre izquierdas y derechas desate en México incidentes como el ocurrido en Tucson, Arizona, donde un desequilibrado sin fortuna, que pretendía eliminar a una congresista defensora de los derechos de los indocumentados, asesinó a seis civiles, incluyendo una niña de nueve años interesada en la política, que había asistido al mitin de Gabrielle Giffords para conocer a la congresista. Aquí, en México, Marcela Turati describió con dramatismo en un adelanto de su libro Fuego cruzado (Proceso, 1785) la tragedia de los cientos de niños mexicanos muertos en la guerra de la que hoy pretende deslindarse el Presidente.)

Volviendo a la guerra de Calderón, creo que algunos de los títulos más significativos de mis artículos hablan por sí mismos: “¿Existe un Estado mexicano?”, “México insurgente”, “El Titanic mexicano”, “Fuero de guerra”, “El narco, un Estado paralelo”, “Guerra civil”, “Las palabras de mi general”, “Cuernavaca: de la mano de la DEA”, “Guerra fallida o estrategia política”, “Espejo de un Estado fallido”, “Calderón, ¿gobierna un Estado fallido?”, “Que renuncie el gobierno” y “¿México puede desaparecer?”. Todos, repito, inspirados en la guerra contra el narco, o en los graves efectos políticos y sociales que este conflicto innecesario ha producido en el sistema político y la estabilidad del Estado. Y como yo, muchos analistas más. ¿Estamos equivocados? ¿Hemos engañado a los lectores?

Va a ser difícil escribir sin usar la palabra correcta. ¿Cómo referirnos al conflicto que destruye la República sin llamarle “guerra”? ¿Cómo describir la masacre entre mexicanos sin llamarle “guerra civil”? Es entendible que hoy, cinco años después, cuando la prioridad es conservar el poder, el conflicto con el narco se vuelva “lucha” (mañana pudiera ser “desavenencia”), y el uso del español se dicte por decreto presidencial. Hemos regresado a la vieja práctica priísta de permitir que el Presidente, en su discreción infinita, dicte las horas del reloj.

Recientemente dije que Calderón descansó al conocer la derrota de la Propuesta 19 en California (¿Existe un Estado mexicano?, La Jornada, 11/11/10), porque de haberse destapado el uso legal de la mariguana en Estados Unidos hubiese sido imposible continuar justificando una estrategia que no va a ninguna parte; el costo estratosférico del embate militar, las violaciones flagrantes a los derechos humanos y los casi 40 mil muertos sembrados en el territorio nacional: sicarios, soldados, madres y padres de familia, estudiantes, niños: ¡todos mexicanos!

¿Por qué califico a esta administración en función de lo que pase en Estados Unidos? Porque en forma por demás obsecuente, y violando la soberanía nacional, ha permitido que Estados Unidos combata en México al demonio del narcotráfico, a cambio de las migajas dispensadas con cuentagotas en la triste Iniciativa Mérida.

Prepárese para celebrar con júbilo en 2011 las cifras económicas maquilladas, porque el gobierno comienza a hablar de crecimiento del empleo, a vanagloriarse de las reservas internacionales y a prometer un supuesto crecimiento económico. Resulta obvio que en esta guerra que no es guerra, en este país que ha dejado de ser país, y en este gobierno que no es gobierno, lo importante ahora son las elecciones de 2012.

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