La telenovela electoral mexicana

Luis Hernández Navarro

La trama de la telenovela electoral mexicana ha dado un vuelco en las últimas tres semanas. En el último capítulo de la serie, la nave tricolor y su piloto hacen agua. Enrique Peña Nieto, el joven galán que prometía renovar el país, ha resultado ser un macho irresponsable que procreó hijos fuera del matrimonio y atormentó a su primera esposa con sus infidelidades. Si así se porta con sus seres cercanos –dicen los mensajes transmitidos por las redes sociales–, ¿qué no le hará al país?

Resulta además que el transporte en que Peña Nieto viaja camino a Los Pinos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no es el eficaz y moderno vehículo que presumía ser, sino la misma carcacha de siempre, la que condujo al país al desastre en el que se encuentra. El golpeteo sobre la nave tricolor ha sido despiadado y la fantasía de su reinvención se ha ido desvaneciendo conforme avanzan los días, tanto así que la ilusión de que la gasolina del voto duro le alcance para llegar como puntero a julio se ha ido desvaneciendo.

El que encuentre el nuevo PRI, que lo devuelva. Cinco años construyendo una imagen novedosa, rejuvenecida del partido han comenzado a irse por la borda. Y eso que las campañas electorales no comienzan aún oficialmente. No deja de ser significativo que, a pesar de todo el dinero invertido, ningún intelectual de peso haya expresado simpatía por Peña Nieto.

La nueva estrella de la telenovela es Josefina Vázquez Mota, que triunfó en las elecciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) presentándose como la abanderada del “cambio sin ruptura”, como la candidata de los ciudadanos que, sin romper con Felipe Calderón, pero sin plegarse incondicionalmente a él, quiere un nuevo rumbo para la nación, al tiempo que impide el regreso del PRI a Palacio Nacional.

En un país de machos –dice el nuevo guión de la tragicomedia nacional– Vázquez Mota representa la posibilidad de que una mujer sea, por primera vez en la historia, presidente de la República. Asesorada por un equipo de personajes notables que la han acompañado en su peregrinar por la administración pública y los puestos de elección popular, ella encarna –según sus publicistas– la verdadera modernidad.

Y como los guionistas quieren que la contienda electoral sea solamente de dos, han decidido arrumbar a Andrés Manuel López Obrador y su república amorosa, a fuerza de encuestas, al tercer lugar de la competencia. “No crece”, dicen, mientras en los medios de comunicación arrecia la campaña contra el tabasqueño.

Pero, por más que ése sea el mensaje que se quiere enviar, Vázquez Mota no representa la modernidad y su independencia de Calderón está en entredicho. Como documentó la prensa nacional desde el día mismo de la elección interna, ella triunfó con el apoyo de funcionarios federales y estatales que utilizaron recursos públicos para inducir el voto a su favor. Utilizó los viejos métodos corruptos puestos en práctica durante décadas por el PRI. El sello de su victoria fueron los sobornos, las amenazas, la entrega de despensas a los votantes más pobres y el uso del gobierno con fines facciosos.

Proveniente de las filas del sindicalismo empresarial más conservador, Vázquez Mota es impulsada por una importante coalición de fuerzas de ultraderecha, el Yunque incluido. Forjado como sociedad secreta en las catacumbas para “defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás, así sea mediante la violencia” e “instaurar el reino de Dios en la Tierra”, la bendición del Yunque fue muy importante para la diputada con licencia.

Como señaló en estas mismas páginas Soledad Loaeza, a lo largo de su campaña Josefina había logrado despertar simpatía en quienes ven con buenos ojos que una mujer gane los comicios presidenciales del próximo 1º de julio. Sin embargo, su integrismo religioso decepcionó a quienes sin ser panistas temen el regreso del PRI al poder y ven con recelo a López Obrador. Cuando el pasado 31 de enero, la aspirante pidió a los militantes de su partido que el día de las elecciones internas fueran primero a misa y luego a votar, el desencanto cundió. La autora de la más importante historia del PAN lo llamó el voto del Espíritu Santo. El exhorto a ir a misa fue visto como llamado a un pasado que se creía desaparecido y como la constatación de que el PAN no es un partido confesional.

Pero, además, como han señalado diversas agrupaciones feministas, la candidatura de Vázquez Mota pone en entredicho la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. El PAN está en contra de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. Ninguna de las ocho iniciativas que ella propuso en la Cámara de Diputados tiene que ver con los derechos de las mujeres.

Vázquez Mota fue secretaria de Educación Pública. Allí construyó una estrecha alianza con un grupo de poderosos empresarios que impulsan la privatización de la enseñanza, promueven el abandono de la educación laica en las escuelas públicas y quieren impulsar una ambiciosa ofensiva contra el sindicato magisterial y sus maestros.

Ése es el caso de Mexicanos Primero. El organismo nació por iniciativa de Alejandro Ramírez Magaña, hijo del dueño de Organización Ramírez-Cinépolis. Egresado de Harvard, trabajó en la Sedeso con Vázquez Mota como secretario técnico del gabinete de Desarrollo Humano. A pesar de que Mexicanos Primero fue fundada en 2005 –curiosamente cuando Ramírez era funcionario de Sedeso–, su lanzamiento público coincide con el momento en el que Josefina fue designada titular de Educación. Tras la salida de Vázquez Mota de la SEP, el grupo privado empezó a criticar a la secretaría.

Para presentarse como opción moderna, Vázquez Mota, la heroína en ascenso en la nueva trama de la telenovela electoral, tiene ante así el reto de ocultar el abanico de las fuerzas reaccionarias y confesionales que la apoyan. Habrá que ver si lo logra.

Luis Javier Garrido: la dignidad de una vida libre

Luis Hernández Navarro

No dio tregua al poder. No hizo concesión alguna con los poderosos. Guiado por sus convicciones, acudió adonde fue requerido para tratar de impedir injusticias y ayudar a construir un país libre y democrático. Luis Javier Garrido fue, sin desmayo alguno, hasta el final de sus días, un intelectual público comprometido con la crítica al príncipe.

Profesor universitario, hombre culto, amante de las letras y la música, lector y aficionado al cine, dueño de una voluminosa biblioteca y una espectacular videoteca, autor de dos libros claves sobre la vida política de México relativos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Corriente Democrática, Luis Javier hizo política en favor de las mejores causas a través del periodismo.

Sus artículos semanales en La Jornada, organizados invariablemente en forma de 10 tesis, son un ejemplo vivo de, como dijo Genaro Carnero Checa sobre la trayectoria periodística de José Carlos Mariátegui, acción escrita. Garrido hizo del periodismo un ejercicio vivo. Su palabra desbordaba calidad histórica.

Sus artículos eran una breve pero profunda disección de la realidad política nacional. En ellos reconstruyó la vida de un tiempo, e incidió en esa vida. Siempre enterado, dotado de una pluma ágil, escribió sus pequeños ensayos con un lenguaje eficaz, particular, alejado de las abstracciones bizantinas y escolásticas.

Sus análisis se convirtieron en parte del sentido común de una amplia franja de la izquierda mexicana. Él construyó una forma de entender y explicar la realidad política nacional que tuvo gran influencia, no porque fuera citado con frecuencia, sino porque pasó a formar parte de la visión del mundo del campo nacional-popular. Anticipó ideas-fuerza sobre el país que al ser formuladas parecieron estridentes o fuera de foco, pero que con el tiempo fueron aceptadas como verdades evidentes.

Sus críticas provocaban gran escozor en el mundo intelectual. Implacable con el poder y sus amanuenses, enfrentado con la nomenclatura universitaria y la mayoría de los dirigentes de los partidos políticos, pero al mismo tiempo poseedor de credenciales académicas del más alto nivel, enfrentó tanto la descalificación como el vacío de una parte de la República de la Letras. La derecha intelectual lo acusó de “xenófobo de izquierda” por la aguda radiografía que hizo del hoy difunto Juan Camilo Mouriño, al que bautizó como el “aventurero gallego”.

Su compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía nacional, el petróleo, la causa zapatista, la lucha contra los fraudes electorales de 1988 y 2006, la huelga universitaria de 1999 y un conglomerado variopinto de luchas sociales fue más allá de sus textos periodísticos. Lo mismo asesoró movimientos populares que redactó documentos de análisis de posicionamiento político, que dio conferencias en los más diversos foros.

Interesado en desentrañar las claves del altermundismo, asistió como enviado de La Jornada a los foros sociales mundiales en India (2004), Porto Alegre (2005) y Nairobi (2007). Escribía sus reportes con pluma fuente y los enviaba a la redacción del periódico en la ciudad de México vía fax, donde eran capturados para su publicación. A pesar de las dificultades que cualquier periodista tiene para orientarse en esos actos que se desarrollan sin agenda precisa y no llegan a conclusiones, sus notas reprodujeron agudamente la riqueza de los debates y los dilemas que atraviesan el movimiento de movimientos.

Sus artículos contenían con frecuencia referencias futboleras. Para explicar la política mexicana citaba a César Luis Menotti y su teoría del achique, que no es una forma de jugar, sino un recurso para recuperar la pelota y reducir al adversario el espacio de juego. También a Helenio Herrera y su explicación del catenaccio como estrategia defensiva que trata de impedir el triunfo del contendiente con todo tipo de obstáculos.

Luis Javier consideró al EZLN una lección de dignidad y de heroísmo cívico. Emocionado, narró cómo el 17 de febrero de 1994, durante el estreno de una nueva puesta en escena del Nabucco, de Verdi, al interpretarse el Va, pensiero, sull’ali dorate del coro de los hebreos, una voz anónima gritó, siendo secundada de inmediato “¡Vivan los indígenas! “¡Vivan, los zapatistas!” Cuando su cercanía con el movimiento de López Obrador lo distanció de los rebeldes del sureste mexicano, manejó sus discrepancias con elegancia y prudencia.

Crítico implacable de los últimos cinco sexenios, catalogó a la administración de Felipe Calderón como un gobierno de facto y a México como un narcoestado. Según Luis Javier, el significado del fraude de 2006 quedó claro a lo largo de esta administración: lo que se acordó entonces fue que Estados Unidos respaldaría al panista para instalarse en la silla presidencial, a cambio de que el nuevo gobierno le entregara sin reservas el control de los recursos básicos del país. De acuerdo con él, los halcones washingtonianos impusieron a Calderón la estrategia de la seudoguerra contra el narco, a fin de alcanzar estos objetivos.

Pieza fundamental de esta ocupación es el Plan México, que –de acuerdo con el analista– busca instalar por Estados Unidos un más pleno y abierto sistema de dominación, en función de su petróleo y su interés geopolítico. Este plan entraña hacer del país un espacio de las guerras de Estados Unidos. Desde esta lógica –asegura– la lucha contra el narcotráfico es un pretexto para el apoderamiento abierto de las trasnacionales de los recursos estratégicos de México, y el control por Washington del territorio nacional. Lo que existe hoy entre ambos países, gracias a las administraciones panistas, es un pacto de sumisión militar y entrega de soberanía por nuestro país.

Decía Goethe, en una frase que le gustaba citar a José Revueltas: “Sólo es digno de la vida libre aquel que pasa sus días en lucha desigual”. Luchador permanente contra el poder y la injusticia, Luis Javier Garrido fue, indiscutiblemente, digno de la vida libre.

Enrique Peña Nieto y los libros

Luis Hernández Navarro

Está claro que los libros no son lo suyo. Aunque lleven la firma de Enrique Peña Nieto, él ni los lee ni los escribe. Por culpa de ellos su aspiración a mudarse a vivir a Los Pinos sufrió un severo traspié y su popularidad entró en un tobogán por el que se desliza incontenible.

No es exageración. Según diversas encuestas, la intención de voto en su favor pasó en los últimos 20 meses de 54 a 42 por ciento, es decir, 12 puntos. De acuerdo con Mitofsky, el candidato bajó 3 puntos en diciembre, es decir, unos 2 millones de votos. Sus errores y dislates lo están hundiendo.

De acuerdo con la encuesta publicada en Excélsior el pasado 10 de enero, a pesar de que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es identificado por prácticamente toda la población (96 por ciento), tiene 31 por ciento de opiniones negativas. Una cifra considerablemente alta.

Tampoco le va bien al ex gobernador mexiquense en el sondeo entre los presidentes ejecutivos de empresas (CEO, por sus siglas en inglés) de las 500 firmas más importantes de México, difundido por CNNExpansión el 10 de enero. De acuerdo con Pulso Expansión 500, tan sólo 16.7 por ciento de los CEO encuestados votarían por Peña si hoy fueran las elecciones presidenciales; 53.7 por ciento lo harían por Josefina Vázquez Mota, mientras 3.7 por ciento apoyarían a Andrés Manuel López Obrador.

Esta tendencia se confirmó en el banquete de Los 300, la reunión anual de la revista Líderes Mexicanos. Orador único en la sesión de la tarde, el abanderado tricolor improvisó un discurso de casi una hora. El resultado fue fatal. Según Jorge Volpi, “los rostros de los invitados pasan de la curiosidad al aburrimiento y de la decepción a la ira (...) Peña no articula una sola idea original, un solo planteamiento brillante, un solo destello de lucidez que escape al lugar común. Al final de la comida, las mismas preguntas flotan entre los comensales. ¿Éste es el joven líder que se presenta como el renovador del PRI? ¿Éste es el político que encabeza las encuestas? (Reforma, 8/1/12)”.

Todo comenzó con los libros. Sin mayores quejas de los priístas, Peña dejó de lado la propuesta elaborada por la Fundación Colosio titulada Programa para México, por un país con rumbo; un diálogo con la sociedad mexicana. En su lugar estableció como eje programático de su campaña el libro México, la gran esperanza: un Estado eficaz para una democracia de resultados.

Como la legislación electoral fija limitaciones al uso de los medios de comunicación en tiempos oficiales para los partidos que han acordado candidaturas únicas, el PRI definió una estrategia de campaña organizada alrededor de presentaciones del libro en todo el país.

El banderazo de salida se dio el 23 de noviembre de 2010. Para evitar desagradables sorpresas, el libro se presentó por primera ocasión en una exclusiva reunión con 200 invitados en la Casa del Lago, a la que hubo ingreso restringido, previa invitación.

El libro es un desigual amasijo de recetas neoliberales similares a las diseñadas por la tecnocracia zedillista y que han tenido continuidad (en políticas y en políticos) durante el sexenio panista. Lo mismo retoma las propuestas de Santiago Levy sobre seguridad social que propone candados para dar al PRI una mayoría artificial y excluyente en el Congreso de la Unión.

Un día después del lanzamiento del libro en la Casa del Lago, un panel de comentaristas lo ensalzó y analizó en el programa Es la hora de opinar, transmitido por Televisa y conducido por Leo Zuckerman. Allí Peña Nieto reconoció indirectamente que el libro no fue escrito por él, sino por un grupo de colaboradores, a los que agradeció su trabajo. “Ni soy autor de la propuesta, sí de la idea y del convencimiento...”, dijo.

La siguiente estación en la campaña presidencial que no se atreve a decir su nombre fue la presentación de la obra en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Allí quedó claro que el peor enemigo de Peña Nieto es él mismo. Incapaz de mencionar tres títulos que libros que lo impactaron en su vida, mostró su ignorancia, su falta de sentido común y su incapacidad para enfrentar la adversidad.

El candidato evidenció tener quijada de vidrio. Para no exponerlo más, la gira nacional de presentaciones de México, la gran esperanza, fue suspendida. Con ello se canceló la posibilidad de legitimar la propuesta del mexiquense en una interlocución con empresarios, universitarios, investigadores y académicos.

El equipo de Peña levantó un cerco para evitar someterlo a preguntas inadecuadas que lo hicieran resbalar, y lo metió a una dinámica de activismo sin sustento programático, cuya realización corresponde al cierre de la campaña electoral, no a su arranque. Se organizaron así actos masivos al más viejo estilo tricolor, promovidos por sus más allegados en los gobiernos estatales de Hidalgo, Campeche, Yucatán y Chihuahua.

Con poco tino, sus estrategas buscaron repetir en Huejutla lo realizado por el malogrado candidato Luis Donaldo Colosio en su arranque de campaña. Peña Nieto llegó cuatro horas tarde al evento y cometió una nueva pifia. Al concluir, intentó despedirse en náhuatl, pero lo hizo mal, diciendo tlaxcali miak (muchas tortillas), cuando debió decir tlaskamati miak, que significa: muchas gracias.

El descenso en las intenciones de voto del precandidato tiene que ver con sus errores, tropiezos y deslices verbales, a raíz de su participación en la FIL, el mensaje de su hija en Twitter llamando prole a quienes criticaron a su padre, el desconocimiento del salario mínimo y del precio de la tortilla, y la confusión en el mitin de Huejutla.

Como parte de una estrategia de contención de daños, intelectuales afines a Peña Nieto desestiman sus pifias e insisten en que en un país sin lectores, como México, los libros no votan. Puede que sea cierto cierto que los libros no votan; sin embargo, a juzgar por la debacle de la candidatura del mexiquense, los libros rebotan.

La mano tendida

Luis Hernández Navarro

En su artículo Debate en libertad”, Enrique Krauze ofrece a La Jornada tender la mano. Lo hace al tiempo que lanza nuevas calumnias y mentiras contra el diario y sus directivos. Su propuesta despide la misma fragancia que la emitida el 1º de agosto de 1968 por Gustavo Díaz Ordaz en Guadalajara. En aquella fecha, el presidente ofreció su mano extendida a quien quisiera estrecharla. Después de eso ordenó la matanza del 2 de octubre.

Este doble rasero quedó al descubierto en su escrito “Pasar la página”, publicado el pasado domingo 27 de noviembre. Allí el escritor se declara dispuesto al debate de ideas, pero lo hace diciendo nuevas falsedades e infundios contra La Jornada. Sin aportar pruebas, acusa al periódico de estalinista, mentiroso y antisemita.

El actual pleito con La Jornada tiene más de siete años. En marzo de 2004, Fernando García Ramírez, subdirector de Letras Libres, incriminó al diario como cómplice del terror de ETA. Su calumnia carecía de cualquier sustento. Enrique Krauze, el director de la revista, apoyó a su pupilo y se negó a disculparse.

A pesar del tiempo transcurrido desde la aparición del libelo, el director de Letras Libres sigue denunciando a La Jornada de ser cómplice de ETA y justificando las calumnias de García Ramírez. En “Debate en libertad”, afirma que Josetxo Zaldúa, coordinador general de edición, tenía dos procesos abiertos en España al momento de la publicación de “Cómplices del terror”. El señalamiento es falso. Trece años antes, en 1991, el juez Carlos Bueren, de la Audiencia Nacional, cerró los procesos. Josetxo Zaldúa tiene doble nacionalidad (México y España) y viaja libremente por el mundo, incluyendo España, donde estuvo por última vez en julio pasado.

Ahora, a pesar de los infundios, Enrique Krauze pretende hacerse pasar por víctima. Se dice ofendido porque el periódico ha mostrado los intereses a los que sirve, su papel de intelectual orgánico de la derecha iberoamericana y su función como compañero de viaje del Partido Popular de España.

Entre el 11 de mayo de 1998 y el 15 de marzo de 2004 La Jornada criticó en sus editoriales a ETA y su política criminal al menos en 11 ocasiones. Sin ambigüedad señaló que sus atentados eran inadmisibles e injustificables, que la organización debería desaparecer y que ninguna causa justificaba su violencia. No fue novedad. Lo hizo antes y lo ha seguido haciendo después.

En un ejercicio que muestra de cuerpo entero su seriedad y profesionalismo como historiador, Enrique Krauze ocultó estos editoriales. Como eran prueba documental de que él y su revista han mentido durante años, decidió ignorarlos.

Al director de Letras Libres le molesta que se diga que es el intelectual orgánico de la derecha. Nada hay de malo en ello, excepto que él se niega a reconocerlo. Lo es desde que escribió “El timón y la tormenta” para criticar la nacionalización bancaria de 1982, y desde que en 1981 publicó “Caras de la historia”, enojado porque no fue incluido en el libro Historia ¿para qué?, una obra que, según él, es “estatista”. Pero, más allá de su enojo, sus posiciones políticas ante conflictos centrales dentro y fuera de México demuestran que es un hombre de derecha. Sin ir más lejos, basta recordar la posición que defendió en las dos guerras del Golfo.

A pesar de declararse pacifista, el director de Letras Libres avaló las dos intervenciones militares de Estados Unidos en Irak. Durante la primera guerra del golfo Pérsico, la aventura guerrerista de George Bush padre, escribió en La Jornada el 20 de enero de 1991: “Reconocer esos casos no debería bloquear la consideración específica de los momentos en que la acción norteamericana ha contribuido a la paz global. Las dos guerras mundiales y la actual del Pérsico pertenecen a ese género”.

Poco más de 12 años después, en el “El voto de la responsabilidad”, promovió que México apoyara en las Naciones Unidas la invasión a Irak. Fernando del Paso desmontó en La Jornada todos sus argumentos en favor de la locura intervencionista en el artículo “No se vota por la caída de una tiranía, se vota a favor de intereses petroleros estadunidenses”.

Meses más tarde, cuando las tropas estadunidenses ocuparon ese país, El País le preguntó si había sido un error invadir militarmente Irak. “Mira –respondió–, yo creo que tarde o temprano habrían tenido que entrar.” Y añadió sobre la negativa de Francia y Alemania a embarcarse en la agresión bélica: “Estamos hablando de un caso profundo de ingratitud (hacia Estados Unidos) por parte de ellos”.

A pesar de ser vocero de la derecha, Enrique Krauze busca redimir a la izquierda mexicana (y latinoamericana) de sus pecados radicales diciéndole cómo debe comportarse para salvar su alma. Sus consejos son, por supuesto, un recetario social liberal de lo que la derecha anhela que la izquierda sea.

Sus críticas a la izquierda desde hace tres décadas siguen el mismo patrón. Denuesta y falsifica las posiciones de quienes se oponen a sus intereses, presentándolos como personajes arcaicos, populistas, redentores o fundamentalistas. Cuando le responden se hace pasar por víctima y los acusa de ser estalinistas, antisemitas o estatistas. Carente de argumentos documentales, responde con exabruptos viscerales.

Recientemente, destilando racismo, catalogó a los movimientos indígenas del cono sur que luchan contra los estados coloniales como fundamentalismo suave, y consideró que se oponen a los valores democráticos de Occidente.

El autor de El mesías tropical asegura en “Pasar la página” que basta con que Andrés Manuel López Obrador ejerza su ascendiente moral para desterrar el odio del periodismo de La Jornada. Puras ganas de ofender a quienes dirigen y hacen todos los días el diario.

Se equivoca por partida doble el que ofrece tender la mano. Primero, porque el diario practica un periodismo crítico, no de odio. Va a la raíz de los hechos. Informa a sus lectores sin hacer concesiones al poder, algo que desagrada a los poderosos y que es incomprensible para quien sirve a los intereses. Y segundo, porque ningún personaje de la política o del mundo empresarial fija la línea editorial del diario. Que Enrique Krauze crea que los contenidos informativos y de opinión de La Jornada son definidos por López Obrador dice mucho del periodismo que él practica.

Molinos de viento: el rostro del despojo

Luis Hernández Navarro

Al maestro Rodrigo Flores Peñaloza lo quieren acusar de la muerte de Reynaldo Ordaz Velásquez. Reynaldo falleció el pasado 28 de octubre en el tramo La Ventosa-La Venta de la carretera Panamericana, en Oaxaca. Era empleado de la empresa eólica Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la española Renovalia Energy). Participaba en la represión a un grupo pacífico de indígenas zapotecos que protestaban contra la empresa.

Pero da la casualidad que ese día Rodrigo Flores, que es dirigente del Frente por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de Tehuantepec, e integrante de la Comisión Política de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, se encontraba a muchos kilómetros del lugar de los hechos.

El hostigamiento a Rodrigo no es nuevo. Desde hace meses, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los empresarios andan tras él. Apenas en junio se le acusó de ser probable responsable en la comisión del delito de amenazas, lesiones y demás contra una empleada de seguridad de la empresa Demex. El Ministerio Público Federal, con sede en Matías Romero, le giró una orden de presentación por su participación en las manifestaciones contra las altas tarifas eléctricas.

A mediados de junio de este año, indígenas del municipio Unión Hidalgo bloquearon la entrada del parque eólico Piedra Larga, construido en ese municipio por Demex. En junio, al grito de “¡Aquí está la ley!”, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a campesinos de sus propias tierras. Según Flores Peñaloza, “los campesinos se dieron cuenta de que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio”.

Pero Demex quiere las tierras de Unión Hidalgo. Y ante los intentos de los empleados de la empresa por apoderarse de ellas, diferentes organizaciones sociales de la región, entre ellas el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec y la sección 22 del SNTE iniciaron una jornada de movilización el pasado 24 de octubre, con protestas en Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec.

Como parte de esta jornada, el 28 de octubre la coalición opositora bloqueó la carretera Panamericana. Un grupo de 50 policías municipales, golpeadores, líderes de la CTM y caciques, pertrechados con armas de fuego y machetes, y dirigidos por Ventura Ordaz Santiago, los atacó con lujo de violencia. Durante 45 minutos los machacaron a golpes y patadas. Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, los agredidos lograron escapar. Poco después, cerca de las 5 de la tarde, se reportó la muerte de Reynaldo Ordaz.

Las protestas en Unión Hidalgo son parte de un amplio movimiento social que rechaza la construcción de parques eólicos en el istmo de Tehuantepec. Sin tener la menor idea de lo que sucede en la región, a finales de 2010 la secretaria de Energía de México, Georgina Kessel Martínez, expresó que la oposición a los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, específicamente en Unión Hidalgo, “son cosas del pasado”. (La Jornada, 3/12/10).

El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de mil hectáreas de tierras ejidales, comunales y de pequeños propietarios y tendrá capacidad de 90 megavatios, no abastecerá de electricidad a los pobladores del municipio, sino a 65 centros de las empresas Bimbo y Femsa.

Los habitantes de Unión Hidalgo se oponen a que se construya el parque eólico Piedra Larga en sus tierras, “por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras”. Según ellos, el proyecto no garantiza “condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos, ni del medio ambiente”.

El proyecto eólico del istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales. Desde 1999 grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Las comunidades indígenas han sufrido el despojo “legal” de más de 12 mil hectáreas de su propiedad, en lo que constituye una contrarreforma agraria de largo aliento. El uso del suelo ha cambiado y se ha abandonado la producción de alimentos. A cambio, un grupo de empresas trasnacionales, en su mayoría españolas, se han beneficiado con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón y de los caciques del Partido Revolucionario Institucional.

El despojo y privatización se opera por conducto de contratos de arrendamiento de tierras amañados y leoninos, que favorecen a las empresas trasnacionales, con duración de 30 años, renovables automáticamente por otros 30, y por los que, con frecuencia, se paga a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea. Se trata, sin más, de un proyecto de despojo disfrazado de renta, de usufructo y de servidumbre de paso.

Esos contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para los campesinos y la región. Sin embargo, con el paso de los años los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos.

Por muchas comunidades están convencidas de que el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto del capital privado nacional y trasnacional que despoja a los pueblos de su patrimonio biocultural, en beneficio únicamente de las empresas que generan energía eléctrica con su viento y sobre su tierra

La última arca de Noé

Luis Hernández Navarro

Un importante sector del movimiento popular mexicano se dispone a botar en las aguas de la política nacional una nueva arca de Noé. El próximo fin de semana efectuará en la ciudad de México el congreso fundacional de una organización política nacional de los trabajadores que buscará sobrevivir al desastre nacional.

El nuevo partido no es un proceso unitario de grupos de izquierda, sino una convergencia de fuerzas populares. Está integrado mayoritariamente por maestros democráticos, trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), grupos de campesinos e indígenas, pequeños núcleos de sindicalistas y defensores del medio ambiente, fogueados en años de luchas de resistencia. Además, incluye en sus filas a militantes de organizaciones revolucionarias de corte trostkista, maoista y leninista, que sobrevivieron al naufragio de la izquierda radical mexicana. Sin embargo, su sello distintivo es su composición popular.

La organización nace con una base social numerosa y con presencia en casi todos los estados de la República. La excepción son entidades como Nuevo León, Baja California Sur y la península de Yucatán. En estados como Michoacán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Durango, Morelos, Guerrero y Oaxaca tiene una influencia considerable. En algunos lugares su militancia está ya agrupada, asentada territorialmente y ramificada. En otros son fuerzas diversas y dispersas. Cuenta con simpatizantes en Estados Unidos.

Entre los grupos de izquierda que se suman al proyecto están el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Liga de Unidad Socialista, la Organización Socialista de los Trabajadores, el Partido Popular Socialista-México, el Partido Revolucionario del Pueblo, el Movimiento de Liberación Nacional, la Red de Izquierda Revolucionaria, activistas que trabajaron con Alejandro Gazcón Mercado y otros más.

El nuevo partido surge de la convocatoria hecha el 30 de octubre de 2010 por Martín Esparza, secretario general del SME, a construir una fuerza política nacional para expulsar de la conducción del país a los responsables del desastre. El llamado, realizado en el Estadio Azteca ante más de 60 mil personas, tuvo eco en una franja de los movimientos populares y de la izquierda diferenciados de los partidos existentes y críticos del liberal-progesismo.

La nueva organización política lucha por la liberación nacional y la emancipación social (el socialismo), lo que implica enfrentarse simultáneamente a la oligarquía y al imperialismo. Pretende ser un proyecto histórico que va más allá de la coyuntura de 2012. Busca convertirse en el instrumento político de organizaciones sociales para la lucha por el gobierno y el poder. Considera que el problema de la nación rebasa el marco estrictamente nacional, y está vinculado con la lucha de liberación de América Latina y de los pueblos del mundo. Hace de la democracia interna y la unidad una cuestión central de su actuación.

El nuevo partido es una fuerza de masas integrada por militantes. La incorporación a sus filas será a título personal. La militancia es libre e individual. El vínculo con las organizaciones civiles, comunitarias y sociales que apoyan su formación es fundamental, sin que ello implique la subordinación de una instancia a otra. La excepción a esta regla es Nación Tenek en San Luis Potosí, que se reivindica como una nación.

Nadie en la nueva fuerza política se opone a la participación electoral, aunque aún no ha fijado una posición ante los comicios de 2012. Sin embargo, sus militantes coinciden en que deben actuar para enfrentar a los responsables del desastre. Un futuro congreso a comienzos del año entrante definirá el rumbo.

La nueva organización aspira a que se le vea como una fuerza política radicalmente diferente a los partidos con registro; una organización de izquierda novedosa, en contrapunto de la descompuesta clase política y la izquierda de componendas, con presencia en la sociedad civil en general, en la opinión pública y, ante todo, entre los de abajo.

Según la naciente organización, México vive una crisis engendrada por el capitalismo neoliberal sólo comparable a las que dieron paso a la Revolución de Independencia, las guerras de Reforma y a la Revolución Mexicana. Su solución pasa por la construcción de una nueva mayoría que tome en sus manos la dirección política del Estado, con el fin de refundar y reconstruir la República desde el pueblo. Si los trabajadores y el pueblo no asumen la representación de la nación, si no toman la dirección del país y guían a quienes se oponen al neoliberalismo, el desastre será mayor y la nación acabará por ser desarticulada.

La nueva fuerza sostiene que para enfrentar la crisis y resolver los grandes problemas del pueblo de México se precisa una nueva Asamblea Constituyente, un cambio de régimen, una reforma radical de la política, la economía y la cultura. Para ello, enarbola un programa de tareas democrático-nacionales o de liberación nacional que sientan las bases materiales y subjetivas para avanzar en la construcción del socialismo. Éstas sólo pueden lograrse con un cambio en la correlación de fuerzas en favor de los trabajadores y el pueblo y con el desplazamiento de la oligarquía, el imperialismo y sus partidos del gobierno federal.

El partido considera que el derecho a la resistencia y a la rebelión contra formas de gobierno arbitrarias o dictatoriales es la condición previa para que los pueblos puedan crear una sociedad capaz de definir democráticamente y en paz su destino.

La apuesta de los promotores de esta nueva arca de Noé es sumamente ambiciosa. Supone la existencia, en estos momentos, de un espacio político a la izquierda del PRD, el PT y Morena, que puede ser ocupado por un variopinto conglomerado de fuerzas que durante años han tenido grandes dificultades para actuar unitariamente. Implica la incursión en el terreno de la política institucional de destacamentos populares con experiencia en la movilización reivindicativa, pero relativamente bisoñas en la lucha por el poder político. Los meses venideros dirán si el arca supera la tempestad o si naufraga en las convulsas aguas de la política nacional.

La Caravana del Consuelo

Luis Hernández Navarro

Entre el 4 y el 10 de junio se realizó la Caravana del Consuelo. Poco más de 500 personas recorrieron casi 3 mil kilómetros de distancia, cruzaron 12 estados de la República y celebraron actos públicos en nueve de ellos. A su paso, durante esos siete días, cientos de madres, esposas e hijos dieron testimonio de su dolor.

Caravaneros y víctimas buscaron en su recorrido el alivio de la pena, rabia y fatiga que aflige y oprime su ánimo. Al hacerlo, echaron a caminar una devastadora y auténtica crítica del poder nacida de la vivencia y la evidencia del sufrimiento injusto.

A su lado, miles de ciudadanos acompañaron a las víctimas en mítines, encuentros y reuniones. Mostraron así que, como decía Theodor Adorno, nuestros juicios valorativos más elementales se fundan en la compasión, en nuestro sentimiento por el dolor de otros.

Si el agravio es el perjuicio sobre el cual la víctima no puede rendir testimonio porque no es escuchada, entonces la Caravana del Consuelo fue, de entrada, un acto de justicia, la reparación inicial de un agravio donde los afectados hablaron y obligaron a que se les escuchara. Lo fue, porque su testimonio incursionó en la vida pública, en el imaginario, en las vivencias y concepciones de la política, y al hacerlo derrumbó las barreras que segregaban a las víctimas el derecho a comunicar a los otros las ofensas sufridas.

La Caravana del Consuelo –como antes la de la Paz– comenzó a abrir las puertas del diálogo. Lo hizo sin tener que renunciar a su idioma, o más bien, construyendo su propio lenguaje sobre el camino. Si, como afirman Deleuze y Guattari, “es el déspota quien hace la escritura, es la formación imperial la que hace del grafismo una escritura propiamente hablando”, la caravana ha logrado decir ¡no! a ese vocabulario. En una época de confusión y perplejidad, en un momento de miedo y desconfianza, ha tomado la palabra sin permiso y dicho algo distinto de lo que hasta ahora se había expresado sobre la militarización del país. La caravana ha conquistado para las víctimas de la guerra contra el narcotráfico simultáneamente el derecho a hablar y la legitimidad de su discurso.

En el catálogo de aflicciones que se levantó a lo largo del trayecto y del diálogo y la firma del Pacto Nacional Ciudadano con el que culminó la travesía en Ciudad Juárez, fue evidente que la voz del dolor tiene rostro de mujer. El desgarrador coro de sus lamentos mostró que, además de víctimas de la violencia, ellas enfrentan la adversidad de su condición de género, de su falta de poder, el ser botín de guerra.

María Herrero Magdaleno fue una de esas voces. Sujetaba una lona con la fotografía de sus cuatro hijos: Gustavo, Luis, Salvador y Raúl. Dos de ellos desaparecieron el 28 de agosto de 2008 en Atoyac, Guerrero, y los otros dos, el 22 de septiembre del 2010 en el camino a Vega de la Torre, Veracruz. Con el rostro cubierto de lágrimas le dijo a la multitud: “Yo no sé hablar, pero con todo el dolor que tengo vengo a hablarles”.

Sanjuana Martínez lo documentó en este diario el pasado domingo: “En lo que va del año, más de 65 mujeres, nueve de ellas menores de edad, han sido asesinadas en Nuevo León según métodos salvajes, primitivos; la mayoría, ultrajadas sexualmente. Se trata del feminicidio más cruel, el que va unido a la guerra contra el narco y está invisibilizado; el que mutila, destaza, cuece, descuartiza, desuella”.

La Caravana del Consuelo mostró también que la violencia se ha ensañado con los indígenas. Arrinconados en territorios deseados por el narco como zona de paso de mercancías ilícitas o lugar para la siembra de estupefacientes, o requeridos ellos mismos como mano de obra para el cultivo o como camellos para el trasiego de sustancias prohibidas, padecen, adicionalmente, la represión de militares y policías que, con frecuencia, actúan de común acuerdo con los cárteles.

Entre otras muchas denuncias de pueblos indios, a la marcha llegó un dramático llamado de los indígenas de Ostula, en Michoacán. El saldo de la guerra contra ellos es: 16 comuneros muertos o desaparecidos en los últimos seis meses, decenas de viudas, huérfanos y familias desplazadas y la suspensión indefinida de clases en las escuelas.

Ostula es una comunidad comprometida con la recuperación y defensa de sus tierras, así como con el ejercicio del derecho a la autonomía y la autodefensa indígena. Para ella “la guerra contra el narcotráfico no es más que una mascarada para que ese jugoso negocio siga existiendo, mientras la violencia se riega más y más por todos los pueblos de este país que es México, con el fin de que unos se roben lo que queda del patrimonio de nuestras comunidades y de la nación”.

La movilización fue un gran éxito. Hace apenas 77 días que fue asesinado en Cuernavaca Juan Francisco Sicilia, junto a seis personas más. A partir de entonces los sufrimientos desperdigados en el país, silenciados y desacreditados ante la opinión pública, han encontrado la forma de salir de su confinamiento y reconocer el valor de su dignidad. Los familiares de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico han dejado de ser sospechosos de defender criminales, y han comenzado a ser reconocidos como lo que son: víctimas de una guerra absurda.

Miles de ciudadanos atemorizados por la acción combinada de bandas criminales, policía y militares han perdido el miedo de salir a las calles, decir su palabra y exigir el regreso de los soldados a los cuarteles. Otros han comenzado a ver que la acción colectiva tiene sentido. Como una y otra vez lo dijeron a lo largo de la marcha: ya no son los mismos.

El éxito de esta empresa, el sostenimiento de su impulso tiene frente a sí un reto fundamental: organizar a las víctimas, hacer que su voz se vuelva permanente. Las víctimas no están aún organizadas de manera autónoma. En ellas se encuentra la legitimidad y razón de ser del movimiento. En su organización permanente está la clave de la continuidad y la autoridad moral del movimiento.

¿Por qué luchan los maestros oaxaqueños?

Luis Hernández Navarro

Este lunes 30 de mayo, mientras escribo estas notas, miles de maestros oaxaqueños debaten en asambleas de información y consulta el futuro de su movimiento. Reflexionan sobre si la respuesta del gobierno del estado a sus demandas es satisfactoria, insuficiente o mínima y qué procede hacer a partir de ahora. Al terminar la ronda sus representantes delegacionales se reunirán para rendir los resultados de la consulta y definir si levantan o no el paro indefinido de labores que estallaron hace una semana.

Los maestros de la sección 22 del SNTE bautizaron su jornada de lucha por la defensa de la educación pública, la justicia, y la construcción democrática de Oaxaca. Exigen que se dé respuesta puntual a un pliego petitorio que resume sus demandas centrales, además de reivindicaciones de estudiantes y padres de familia.

El paro estalló debido a la incompetencia de la administración de la entidad para resolver las demandas magisteriales. El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Bernardo Vásquez Colmenares, un personaje que ocupa el puesto en virtud de los compromisos pactados por Gabino Cué con Elba Esther Gordillo, ha sido incapaz de manejar el conflicto. No es el único. Desconocedoras de la dinámica sindical de los profesores, las autoridades locales manejaron el asunto con torpeza y supusieron que la suspensión de labores se había conjurado. Por supuesto, no fue así.

El gobierno del estado respondió ante la suspensión de labores como hicieron en el pasado las administraciones priístas. En la prensa nacional publicó un desplegado diciendo que ofreció a los mentores un paquete histórico por mil 509 millones de pesos. Falso. Al sumar el monto de los ofrecimientos gubernamentales en varias demandas, las cifras no checaban. En realidad, la administración de Gabino Cué estaba dispuesta a otorgar a los profesores menos recursos de los que públicamente declaró. Días después, en un tercer revire, modificó su oferta incrementándola a mil 615 millones de pesos.

De manera paralela a la tergiversación informativa, se desató en los medios de comunicación una campaña masiva de denostación en contra del magisterio oaxaqueño. Se quiere presentar a los mentores como trabajadores irresponsables y abusivos, que dañan a la niñez por aviesos intereses políticos.

La acusación no se sostiene si se analiza por qué luchan los maestros oaxaqueños. Sus exigencias están agrupadas en un pliego petitorio de 51 puntos, organizados en torno a siete grandes bloques de demandas: educativas, sociales, laborales, relacionadas con el ISSSTE, económicas, políticas, vinculadas con el SNTE y de solución a las minutas de años anteriores de las demandas generales y niveles educativos. Nada excepcional en un estado con tantos problemas y donde los maestros son vehículo para canalizar las solicitudes de las comunidades al gobierno.

Parte central de las reivindicaciones no tiene que ver con la mejoría salarial del magisterio, sino con programas sociales que permitan a los niños que asisten a cursos de educación básica tener condiciones dignas para estudiar. Ésa es una añeja conquista del sindicato democrático. Hoy, los maestros exigen que se amplíe el programa para dotar a los alumnos de uniformes y útiles escolares. Casi la tercera parte de los recursos solicitados tienen como objetivo satisfacer este fin.

En el mismo rumbo, la sección 22 demanda ampliar el programa de desayunos escolares, instalando nuevas cocinas populares que elaboren los alimentos para los niños. En un estado con la pobreza de Oaxaca es imposible enseñar con eficiencia a estudiantes que llegan a las aulas sin probar bocado.

Otra parte de los requerimientos de los trabajadores de la educación es rehabilitar la infraestructura educativa. Quien haya ido a las comunidades rurales de Oaxaca puede darse cuenta de la carencia de mobiliario y equipo adecuado, así como de materiales para educar. En igual sentido, los maestros solicitan equipar las escuelas de la entidad con computadores e Internet.

Oaxaca no firmó la Alianza para la Calidad de la Educación. Como entidad libre y soberana tiene derecho a hacerlo. Los maestros de la entidad la rechazan con sobradas razones. Proponen en su lugar un proyecto de mejoramiento educativo que el gobierno local se niega a discutir. Dignos herederos de Anton Makarenko, los integrantes de la sección 22 llevan muchos años pensando y elaborando una propuesta alternativa de educación. Una de las experiencias más relevantes en este terreno es el Movimiento Pedagógico, impulsado por la Coalición de Promotores Bilingües del estado.

El movimiento exige al gobierno federal y estatal la presentación con vida del recientemente desaparecido Carlos René Román Salazar, así como de Guadalupe Pérez Sánchez y otros luchadores sociales desaparecidos en años anteriores. Carlos René era un importante asesor del secretario general de la sección 22.

Los profesores demandan la salida de Irma Piñeyro de la Secretaría General de Gobierno; de Bernardo Vásquez Colmenares y de Marco Tulio López de la secretaría de Seguridad Pública. Piñeyro ocupa ese lugar, al igual que Bernardo Colmenares, como resultado de una negociación entre Cué y Gordillo. Ella fue candidata a gobernadora por el partido Nueva Alianza en los pasados comicios y es una política repudiada y aborrecida por amplios sectores sociales en la entidad. Su permanencia en el cargo es una invitación a la inestabilidad política. Exigen que se castigue al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones al pueblo de Oaxaca durante 2006.

Las demandas de los profesores oaxaqueños son absolutamente razonables. Buscan defender la educación pública, a los niños, que se haga justicia y se avance en la democratización de Oaxaca. No hay en su proceder maximalismo alguno. Pretender que renuncien a sus reivindicaciones, o a su forma de organización y sus tácticas de lucha porque Gabino Cué es gobernador de la entidad, es un absurdo. Más aún cuando el mandatario está aliado a Gordillo, enemiga declarada del magisterio oaxaqueño, y no ha respondido a sus compromisos de campaña.

¿Por qué luchan los maestros oaxaqueños?

Luis Hernández Navarro

Este lunes 30 de mayo, mientras escribo estas notas, miles de maestros oaxaqueños debaten en asambleas de información y consulta el futuro de su movimiento. Reflexionan sobre si la respuesta del gobierno del estado a sus demandas es satisfactoria, insuficiente o mínima y qué procede hacer a partir de ahora. Al terminar la ronda sus representantes delegacionales se reunirán para rendir los resultados de la consulta y definir si levantan o no el paro indefinido de labores que estallaron hace una semana.

Los maestros de la sección 22 del SNTE bautizaron su jornada de lucha por la defensa de la educación pública, la justicia, y la construcción democrática de Oaxaca. Exigen que se dé respuesta puntual a un pliego petitorio que resume sus demandas centrales, además de reivindicaciones de estudiantes y padres de familia.

El paro estalló debido a la incompetencia de la administración de la entidad para resolver las demandas magisteriales. El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Bernardo Vásquez Colmenares, un personaje que ocupa el puesto en virtud de los compromisos pactados por Gabino Cué con Elba Esther Gordillo, ha sido incapaz de manejar el conflicto. No es el único. Desconocedoras de la dinámica sindical de los profesores, las autoridades locales manejaron el asunto con torpeza y supusieron que la suspensión de labores se había conjurado. Por supuesto, no fue así.

El gobierno del estado respondió ante la suspensión de labores como hicieron en el pasado las administraciones priístas. En la prensa nacional publicó un desplegado diciendo que ofreció a los mentores un paquete histórico por mil 509 millones de pesos. Falso. Al sumar el monto de los ofrecimientos gubernamentales en varias demandas, las cifras no checaban. En realidad, la administración de Gabino Cué estaba dispuesta a otorgar a los profesores menos recursos de los que públicamente declaró. Días después, en un tercer revire, modificó su oferta incrementándola a mil 615 millones de pesos.

De manera paralela a la tergiversación informativa, se desató en los medios de comunicación una campaña masiva de denostación en contra del magisterio oaxaqueño. Se quiere presentar a los mentores como trabajadores irresponsables y abusivos, que dañan a la niñez por aviesos intereses políticos.

La acusación no se sostiene si se analiza por qué luchan los maestros oaxaqueños. Sus exigencias están agrupadas en un pliego petitorio de 51 puntos, organizados en torno a siete grandes bloques de demandas: educativas, sociales, laborales, relacionadas con el ISSSTE, económicas, políticas, vinculadas con el SNTE y de solución a las minutas de años anteriores de las demandas generales y niveles educativos. Nada excepcional en un estado con tantos problemas y donde los maestros son vehículo para canalizar las solicitudes de las comunidades al gobierno.

Parte central de las reivindicaciones no tiene que ver con la mejoría salarial del magisterio, sino con programas sociales que permitan a los niños que asisten a cursos de educación básica tener condiciones dignas para estudiar. Ésa es una añeja conquista del sindicato democrático. Hoy, los maestros exigen que se amplíe el programa para dotar a los alumnos de uniformes y útiles escolares. Casi la tercera parte de los recursos solicitados tienen como objetivo satisfacer este fin.

En el mismo rumbo, la sección 22 demanda ampliar el programa de desayunos escolares, instalando nuevas cocinas populares que elaboren los alimentos para los niños. En un estado con la pobreza de Oaxaca es imposible enseñar con eficiencia a estudiantes que llegan a las aulas sin probar bocado.

Otra parte de los requerimientos de los trabajadores de la educación es rehabilitar la infraestructura educativa. Quien haya ido a las comunidades rurales de Oaxaca puede darse cuenta de la carencia de mobiliario y equipo adecuado, así como de materiales para educar. En igual sentido, los maestros solicitan equipar las escuelas de la entidad con computadores e Internet.

Oaxaca no firmó la Alianza para la Calidad de la Educación. Como entidad libre y soberana tiene derecho a hacerlo. Los maestros de la entidad la rechazan con sobradas razones. Proponen en su lugar un proyecto de mejoramiento educativo que el gobierno local se niega a discutir. Dignos herederos de Anton Makarenko, los integrantes de la sección 22 llevan muchos años pensando y elaborando una propuesta alternativa de educación. Una de las experiencias más relevantes en este terreno es el Movimiento Pedagógico, impulsado por la Coalición de Promotores Bilingües del estado.

El movimiento exige al gobierno federal y estatal la presentación con vida del recientemente desaparecido Carlos René Román Salazar, así como de Guadalupe Pérez Sánchez y otros luchadores sociales desaparecidos en años anteriores. Carlos René era un importante asesor del secretario general de la sección 22.

Los profesores demandan la salida de Irma Piñeyro de la Secretaría General de Gobierno; de Bernardo Vásquez Colmenares y de Marco Tulio López de la secretaría de Seguridad Pública. Piñeyro ocupa ese lugar, al igual que Bernardo Colmenares, como resultado de una negociación entre Cué y Gordillo. Ella fue candidata a gobernadora por el partido Nueva Alianza en los pasados comicios y es una política repudiada y aborrecida por amplios sectores sociales en la entidad. Su permanencia en el cargo es una invitación a la inestabilidad política. Exigen que se castigue al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demás responsables de las agresiones al pueblo de Oaxaca durante 2006.

Las demandas de los profesores oaxaqueños son absolutamente razonables. Buscan defender la educación pública, a los niños, que se haga justicia y se avance en la democratización de Oaxaca. No hay en su proceder maximalismo alguno. Pretender que renuncien a sus reivindicaciones, o a su forma de organización y sus tácticas de lucha porque Gabino Cué es gobernador de la entidad, es un absurdo. Más aún cuando el mandatario está aliado a Gordillo, enemiga declarada del magisterio oaxaqueño, y no ha respondido a sus compromisos de campaña.

La presión moral de las víctimas

Luis Hernández Navarro

En su libro Sentido único, Walter Benjamin sostiene que si la revolución proletaria no llega a tiempo, el progreso económico y técnico del capitalismo puede terminar en desastre. Parafraseándolo, puede afirmarse que, si la revuelta ciudadana nacida de la presión moral de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón no llega a tiempo, la militarización del país terminará en desastre.

“Marx dijo que las revoluciones son las locomotoras de la historia –escribió Benjamin–. Pero quizá sea diferente. Puede ser que las revoluciones sean la mano de la especie humana que viaja en ese tren y que tira el freno de emergencia.” La metáfora ilumina nuestros tiempos actuales. Quizás, la resistencia civil nacida del reclamo del silencio que reivindica un pacto ciudadano para detener la absurda estrategia de guerra puede convertirse en la herramienta que frene el ferrocarril que conduce a la nación rumbo al abismo.

Un movimiento así sólo puede constituirse desde la autoridad moral de las víctimas y sus familiares. Sólo puede prosperar desde el diálogo de quienes viven el dolor del sacrificio de uno de los suyos, y el agravio de la impunidad gubernamental. Son las víctimas, y no sus abogados, las que deben decir su palabra. Son ellas las que tienen el derecho a hablar en letras mayúsculas. Son ellas –y no sus intermediarios– quienes deben trazar el camino de su lucha. Ellas son su núcleo fundador, su inspiración, su fuente de legitimidad.

Hoy, las víctimas, colocadas en una situación límite a raíz de una vivencia radical, han comenzado a hacer política. Su principio de acción en la vida pública proviene de una decisión individual de carácter moral nacida de la injusticia. La suya es una alternativa ética. Es en la moralidad de sus acciones, tanto individuales como colectivas, donde se encuentra la fuerza para desmilitarizar el país y reparar el daño.

Por supuesto, hay que sumar todas las voces a la causa. Sólo así puede provocarse el descarrilamiento de la locomotora bélica. Hay que agregar a los notables y a los plebeyos, a los religiosos y a los ateos, a los bonitos y a los feos, a los letrados y al pueblo llano. Nadie sobra. Todos hacen falta. Todos tienen algo que decir. Pero la voz que debe escucharse en primer plano es la de las víctimas.

El movimiento nació siguiendo una ruta azarosa. Muchos de sus integrantes pasaron del miedo a la indignación, de la indignación a la queja, de la queja a la movilización, y de la movilización al movimiento. Su organicidad es aún precaria y su horizonte tan diverso como sus orígenes.

Forjar la unidad de las víctimas es tarea ardua. Ya Eduardo Gallo documentó cómo algunas organizaciones civiles y sus dirigentes han sido acallados por el gobierno federal con recursos, prebendas y cargos públicos. Pero es difícil además, por la diversidad de circunstancias y visiones del mundo de los afectados. El mapa del dolor dibujado por la guerra contra el narcotráfico está trazado con todos los colores del espectro político, social y religioso. Escapar del cautiverio de los intereses particulares y de los estereotipos ideológicos es tarea difícil, acaso sólo posible si se calibra en toda su magnitud el tamaño de la catástrofe nacional.

En las últimas semanas se ha debatido una caracterización del naciente movimiento, de sus retos y perspectivas. La poesía de la disidencia de la marcha por la paz se ha convertido en un ejercicio de ardua gramática organizativa. De cara a la firma de un Pacto Nacional por la Paz en Ciudad Juárez, el próximo 10 de junio, sobresalen, entre las muchas contradicciones que inevitablemente atraviesan al movimiento, dos: la propuesta de negociar con el gobierno y la lucha por una reforma política presente en el documento Por un México en paz con justicia y dignidad.

De un lado, se encuentra el Movimiento Nacional por la Justicia con Paz y Dignidad (MNJPD) encabezado por el poeta Javier Sicilia y personajes como Emilio Álvarez Icaza. Del otro, el Frente Plural Ciudadano (FPC) y el Centro de Pastoral Obrera (CPO) de Ciudad Juárez.

El MNJPD propone un pacto ciudadano que, en un segundo momento, abra el diálogo con las autoridades. Asimismo, reivindica una reforma política que mejore la democracia representativa y la democratización de los medios de comunicación, y que la Cámara de Diputados, en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado.

El FPC y el CPO se oponen a todo diálogo con el gobierno en cualquier punto del país, en tanto no existan garantías y los militares continúen en las calles. Consideran que “la experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta. Las y los hermanos de Chiapas lo vivieron con los acuerdos de San Andrés, que aun pactados, fueron incumplidos; la misma suerte ha seguido la sentencia de la Corte Interamericana por las muertes de mujeres del Campo Algodonero, a pesar del peso moral y obligación de México como parte de la comunidad internacional, y nuestra experiencia reciente con el rotundo fracaso de los 100 puntos y 100 días del programa Todos Somos Juárez”.

Además del espinoso asunto del diálogo con el gobierno, otros puntos están también a debate dentro del movimiento. Mientras el MNJPD exige poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana, diversos organismos señalan que se necesita desmilitarizar ya al país y eliminar el fuero militar. En los seis puntos del Pacto nacional por un México en paz con justicia y dignidad no se hacen referencias críticas explícitas al papel de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico ni hay objeciones a la Iniciativa Mérida, pero diversas agrupaciones consideran que es central denunciar la responsabilidad de Washington en la definición de la estrategia gubernamental y defender la soberanía nacional. Asimismo, varios grupos advierten que es necesario reivindicar el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez.

La hora de meter el freno de emergencia para detener la locomotora de la militarización del país ha llegado. Este 10 de junio, la revuelta ciudadana nacida de la presión moral de las víctimas dará un paso adelante en ese empeño.

La impertinencia de Arturo Montiel

Luis Hernández Navarro

La imagen quedó grabada para la posteridad. En la albera de una residencia de lujo con vista al mar de Acapulco, Arturo Montiel, con el torso desnudo y lentes oscuros, y Maude Versini, su entonces esposa, en topless, sonríen a la cámara seguros de que el futuro les pertenece.

La foto, publicada en un diario de circulación nacional, fue parte de una demoledora campaña de desprestigio político. Noticieros Televisa divulgó el 10 de octubre de 2005, documentos que probaron diversas operaciones financieras realizadas por la familia Montiel, investigadas por el gobierno federal. Los papeles mostraron depósitos por más de 35 millones de pesos realizados entre 2000 y 2001 a distintas cuentas, a nombre de Juan Pablo Montiel Yáñez, hijo del gobernador del estado de México. También el contrato de compraventa de un terreno ubicado en Metepec, valuado en 21 millones de pesos, efectuado por Arturo Montiel Yáñez, otro hijo del fracasado aspirante a la candidatura tricolor.

El golpeteo fue tan despiadado como demoledor. Montiel se vio obligado a abandonar la lucha por la candidatura presidencial del PRI el 20 de octubre de ese mismo año, a pesar de ser el líder del sindicato de gobernadores conocido por sus siglas como Tucom (Todos unidos contra Madrazo). Roberto Madrazo tuvo, a partir de entonces, la vía libre para ser nominado por su partido como aspirante a la primera magistratura.

Años después de aquel descalabro, el contador público y administrador de empresas difundió a través del libro Atlacomulco, testimonio del ex gobernador del estado de México, escrito por la periodista Norma Meraz, su tercera esposa, su versión de lo sucedido entonces. Según él, fue víctima del gobierno panista de Vicente Fox y Marta Sahagún, y de un grupo de priístas encabezados por Roberto Madrazo, quienes orquestaron a través de Televisa (específicamente de Víctor Trujillo, Brozo, y de Carlos Loret de Mola) una campaña para descalificarlo y deslegitimarlo.

Arturo Montiel es el libro de un político en tiempos de sucesión presidencial. Fue publicado en febrero de este año, apenas un mes antes de que Eruviel Ávila Villegas fue designado candidato del PRI a la gubernatura del estado de México. La carrera del abanderado priísta ha estado estrechamente asociada con Montiel. Eruviel fue diputado local por primera vez entre 1997 y 2000, cuando el contador era presidente del comité directivo estatal del PRI. Entre 2001 y 2002 Ávila fue subsecretario de Gobierno del estado de México, y en 2003 fue electo presidente municipal de Ecatepec por primera ocasión en el periodo 2003. Montiel gobernaba entonces la entidad.

A buen entendedor, pocas palabras. Más allá de reivindicar la figura y trayectoria del hijo de Atlacomulco, el escrito pretende meterse de lleno en la coyuntura. Sin ambigüedad, busca hacer explícitas las enormes coincidencias que Eruviel Ávila y Arturo Montiel tienen. Según el ex gobernador, ambos son producto de la cultura del trabajo y del esfuerzo; han sabido recuperar espacios políticos que el PRI había perdido, y los dos comenzaron en el tricolor desde abajo.

El libro muestra el relevante papel que Montiel tuvo en el encumbramiento de Enrique Peña Nieto. Comienza contando que la relación suya con Peña Nieto tiene muchos años, y que los unen viejos lazos de amistad personal, surgidos, en mucho, del agradecimiento del padre del hoy gobernador mexiquense a Montiel porque éste le salvó la vida en un accidente automovilístico pocos días antes de casarse.

Montiel menciona que Peña Nieto participó en el área de finanzas de su equipo de campaña como candidato a gobernador, junto a Juan Monroy Pérez. No oculta que desempeñó un papel fundamental en la designación del copete boy como futuro mandatario mexiquense, al punto de que fue objeto de severas críticas e intentos de sanción del Instituto Estatal Electoral. Con modestia se adjudica el triunfo: “cumplí –dice– otro de mis objetivos: dejar la gubernatura en manos priístas”.

Arturo Montiel es generoso en los halagos a Elba Esther Gordillo, con quien, según diversas denuncias periodísticas, le unen importantes negocios. Asegura que siempre tuvo con ella una relación de respeto y cordialidad. Niega que haya sido víctima de la maestra y que ella lo hubiera utilizado en su pleito con Roberto Madrazo.

El ascenso político del ex gobernador fue obra, en buena parte, del entonces presidente Ernesto Zedillo. Montiel fue parte del comité nacional del PRI dirigido por Ignacio Pichardo Pagaza durante la campaña presidencial de Zedillo, dirigente estatal tricolor en territorio mexiquense y funcionario público del sucesor de Carlos Salinas.

Montiel reconoce el papel que el mandatario jugó para que pudiera acceder a la gubernatura de su estado. Aunque lo responsabiliza de desestabilizar la unidad del partido y debilitarlo, lo justifica en cada momento, explicando muchos de sus errores como acciones de buena fe.

Durante años, el escritor Germán Dehesa publicó un apéndice a su columna al que tituló “¿Qué tal durmió?” Con harta frecuencia, el destinatario de su pregunta fue Arturo Montiel. Con el libro, Montiel parece querer librarse de las culpas que le impiden el sueño, pero sobre todo, y más importante, pretende, de manera impertinente, reclamar para sí una rebanada del pastel que los priístas esperan repartir a partir de 2012.

8 de mayo

Luis Hernández Navarro

Este 8 de mayo tomará las calles un vigoroso y naciente movimiento ciudadano contra la violencia y la militarización del país. Convocadas por el poeta Javier Sicilia, miles de personas darán vida a un movimiento inédito, genuino y vigoroso de rechazo explícito a la inseguridad pública, la impunidad y la fracasada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

La marcha de este 8 de mayo no tiene nada que ver con realizada en junio de 2004. La movilización de 2004 fue promovida por los grandes medios de comunicación electrónicos y por algunos periódicos. En nombre de la seguridad se convirtió, en los hechos, en una iniciativa para construir un polo social contra Andrés Manuel López Obrador. A las protestas le siguió el desafuero del jefe de Gobierno de la ciudad de México.

Las figuras visibles de la jornada de lucha de aquel entonces fueron personajes de la iniciativa privada víctimas de la inseguridad. Más allá de su legítimo dolor, muy pronto se convirtieron en interlocutores del gobierno federal en asuntos relacionados con la inseguridad pública. Con rapidez, su visión del mundo y su red de intereses terminaron convirtiéndolos en piezas funcionales de la estrategia gubernamental de turno.

El “¡Estamos hasta la madre!” de Javier Sicilia camina en otra dirección. Sin ambigüedad, cuestiona simultáneamente a los criminales y al gobierno. Apela a la indignación, no para cabildear con el poder, sino para movilizar a la sociedad. No cuenta con el padrinazgo de los grandes medios de comunicación electrónicos. Es la expresión más acabada del hartazgo ciudadano ante la violencia criminal y la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

Como un río que a su paso se nutre de diversos afluentes, su ¡ya basta! confluye y retoma la trayectoria seguida en los últimos años por las kaminatas contra la muerte en Ciudad Juárez y Chihuahua; las protestas de los padres de familia de las víctimas de la guardería ABC en Sonora; la campaña “No más sangre”; la acción de los seguidores de Benjamín Le Baron –la figura carismática de la comunidad mormona, asesinado en Chihuahua– y las movilizaciones del sacerdote Alejandro Solalinde en favor de inmigrantes indocumentados.

Las kaminatas contra la muerte son acciones simultáneas que se realizan en Ciudad Juárez y en Chihuahua cada viernes por la tarde. Llaman a la organización y protestan contra la militarización. No están ni con los grupos de narcotraficantes ni con el Estado. Tan sólo hasta el pasado 12 de febrero se habían efectuado 30 de ellas. Apenas el 29 de octubre, la Policía Federal reprimió en Juárez una de esas manifestaciones y le disparó por la espalda al estudiante Darío Álvarez Orrantes.

Uno de los asistentes, el profesor Willivaldo Delgadillo, contó lo sucedido: “Yo estuve en esa marcha con mi hijo de 12 años. Lo llevé porque la Kaminata es un ejercicio ciudadano pacífico y necesario ante la debacle humanitaria que se vive aquí. No quiero que mi hijo se acostumbre a la violencia ni a la impunidad. Sin embargo, al final de la marcha llegaron los federales en tres pick-ups; eran aproximadamente 24 elementos. Dispararon por lo menos en cinco ocasiones, en dos tandas; el ataque fue deliberado. Unos minutos más tarde un helicóptero empezó a sobrevolar el campus universitario. Es evidente que se trata de una embestida contra la protesta social. El mundo debe saber que en Juárez la única guerra que hay es contra los jóvenes y contra los más vulnerables. La supuesta guerra contra el narcotráfico es tan sólo un buen negocio más del régimen. Aun así, hoy saldremos a marchar de nuevo”.

A raíz de esa agresión, grupos de estudiantes de educación superior de UNAM, UACM e IPN han efectuado movilizaciones en la ciudad de México para denunciar los sistemáticos crímenes contra estudiantes. Una de esas protestas, realizada en la UNAM, reunió a 7 mil estudiantes. Con veladoras encendidas dibujaron un mapa de México. De allí surgió la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia (Comecom).

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra es coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana en Zona sur-Pacífico. Ha enfrentado un permanente acoso y agresiones directas tanto de autoridades locales como de grupos ligados al crimen organizado. Su “delito” es mantener abierto un albergue que ofrece techo y comida de manera temporal a los migrantes que viajan en ferrocarril rumbo al norte. En 2008, el alcalde de Ixtepec, 14 policías y tres decenas de personas amenazaron a Solalinde con prender fuego al albergue si no lo cerraba en 48 horas. En varias ocasiones ha estado preso.

En 2009, la comunidad mormona disidente de Le Baron, en Galeana, Chihuahua, se movilizó para exigir la libertad del joven Erick Le Baron, secuestrado por una banda criminal. Poco después, un comando fuertemente armado, con capuchas, cascos y chalecos, asesinó a Benjamín Le Baron y a su cuñado Luis Widmar. Bejamín era empresario, activista de su comunidad, organizador de una policía comunitaria, líder de su iglesia local y, en estos días de lucha, dirigente de la comunidad en lucha contra el crimen organizado. El gobierno nunca le dio protección.

Un parteaguas en este proceso de organización del descontento fue la campaña “No más sangre”, convocada el pasado 10 de enero por un grupo de caricaturistas encabezados por Eduardo del Río, Rius. Sumándose a su convocatoria, miles de personas han tomado las calles para protestar. El objetivo de la iniciativa, según el monero, es “hacerle ver al gobierno que estamos hasta la madre de vivir está situación de angustia y temor generalizado. Esperamos que la gente se una a esta campaña y deje de estar cruzada de brazos viendo a ver cuándo se le ocurre al gobierno parar esta absurda guerra que no está sirviendo para nada”.

Muchos de quienes marcharán este 8 de mayo piensan que multitud de homicidios perpetrados en los últimos años de “guerra contra el narcotráfico” fueron cometidos contra personas desarmadas, sin que se hubieran provocado riñas o enfrentamientos. No fueron asesinatos acaecidos por la lucha abierta entre cárteles de las drogas, ni provocados por el enfrentamiento del Ejército y las policías contra bandas del crimen organizado. Fueron crímenes cometidos en un país que vive en muchas regiones un estado de sitio no decretado, patrulladas día y noche por miles de efectivos policiacos y militares. Por eso exigen que se detenga ya la acción de las bandas criminales y la militarización del país.

Elvia Zúñiga Lázaro

Luis Hernández Navarro La maestra Elvia Zúñiga Lázaro fue asesinada el pasado 9 de octubre. Se encontraba en su domicilio cuando Noé Daniel Tovar Galván, de 20 años, le propinó 34 puñaladas. Drogado, el asesino fue aprehendido tras de huir por la azotea. Nacida el 3 de abril de 1961, la profesora Zúñiga participó en la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en 1979. Tenía apenas 18 años de edad. La trayectoria de Elvia desmiente el estereotipo de que los maestros comprometidos con las causas populares y con la democratización de su sindicato son “grillos” que desprecian la formación profesional y el compromiso académico. La calumnia, ampliamente difundida por los medios de comunicación electrónicos y beligerantemente divulgada por los intelectuales mediáticos, no resiste ser confrontada con los hechos. La maestra Zúñiga es claro ejemplo de ello. Maestra normalista por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, egresada por la Escuela Normal Superior de México en el área de pedagogía, con estudios de maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional, fue, siempre, firme defensora de la educación pública y laica. Profesora, formadora de docentes e investigadora del Centro de Investigación para el Éxito y la Calidad Educativa, del cual fue fundadora, escribió varios libros y materiales para maestros y alumnos. En sus investigaciones documentó experiencias educativas relevantes de las escuelas mexicanas. Participó en la asociación civil Palabra y Realidad del Magisterio. Activista comprometida con la lucha magisterial democrática, fue, desde 1980, parte del Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), la corriente dirigida por Othón Salazar que condujo la lucha de los profesores de primaria de la ciudad de México en 1956-1960. Más adelante desempeñó responsabilidades de dirección en ese agrupamiento. En el año de 1986, la Sociedad Mutualista Seguro del Maestro la eligió para el cargo de comisaria de la junta de administración. Cuando estalló la primavera magisterial de 1989, el movimiento que derrocó a Carlos Jonguitud como líder vitalicio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), apoyó la insurgencia. Conseguía auditorios para reuniones, procuraba la solidaridad de la Cooperativa Pascual con los maestros huelguistas, documentaba la rebelión docente. Elvia sostenía que “las trabajadoras de la educación tenemos tareas ineludibles, no sólo comprometernos formalmente con la materia de trabajo, sino asumirnos como clase, como mujeres en lucha por una educación que trascienda lo estrictamente académico, y por condiciones de vida y de trabajo más allá del gremialismo que limita y aisla”. Simpatizante de la causa zapatista desde enero de 1994, formó parte de la otra campaña. Desarrolló trabajo pedagógico en la Sierra Norte de Puebla, donde contribuyó a echar a caminar el Taller de Autoeducación Docente, iniciativa que busca construir la autonomía de la otra educación. Activista incansable, apoyó la lucha de San Salvador Atenco, repudió la expulsión del embajador de Cuba, marchó a Los Pinos para pedir justicia por los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez y se solidarizó con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Acompañó las huelgas en la UNAM contra el aumento de las cuotas. Cada 8 de marzo exigía respeto a los derechos de las mujeres. No sólo marchaba cada 26 de julio en apoyo a la Revolución Cubana; trabajó en las campañas “Dona un lápiz para un niño cubano”, “Va un barco por Cuba” y “Va por Cuba”. Como señala María Guadalupe Sánchez Corona, junto a Anarrosa González y Juan Luis Toledo, participó en brigadas para ir a Oaxaca, Puebla, Veracruz y estados del norte de la República para invitar a los maestros a unirse a la lucha de la CNTE. Siempre insistió en la necesidad de luchar contra el poder del cacicazgo sindical. Luchó como estudiante y docente por los derechos de la comunidad académica de diversos centros educativos. Simultáneamente escribió libros, dictó conferencias y elaboró propuestas pedagógicas. Junto con Gabriela Ynclán publicó En busca de dragones: imagen, imaginario y contexto del docente de secundaria. Con ella documentó la experiencia de un colectivo de docentes en una alejada comunidad de Zacatecas. Dejó un libro sin editar sobre historia para estudiantes de secundaria. Al final de su vida promovía los Círculos de Autoeducación Docente. Su asesinato provocó inumerables muestras de duelo e indignación. Sus compañeros y amigas han hecho una entrañable semblanza de ella en un folleto editado por Palabra y Realidad del Magisterio. Promotora de la educación alternativa, sindicalista democrática, revolucionaria, solidaria con las causas de abajo, la maestra Elvia Zúñiga fue ejemplo del tipo de educador que forma la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Tamaulipas: la plaga del maíz transgénico

Luis Hernández Navarro
Durante los últimos años, el campo tamaulipeco ha estado asolado por la plaga del narcotráfico. En los últimos años, los agricultores deben pagar a los cárteles derecho de piso para poder trabajar o tener protección. Si no pagan, sus ranchos son ocupados por sicarios y sus cosechas y ganado robados. Ahora, además, sufrirán la plaga del maíz transgénico.

El pasado 8 de marzo, la Sagarpa otorgó a la trasnacional Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico, MON 603, resistente a herbicidas, en una superficie menor a una hectárea. Se cultivará en predios de agricultores cooperantes, en los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, en Tamaulipas, y en el predio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el municipio de Marín. La autorización es un paso previo para permitir el cultivo comercial del grano.

La autorización se dio en contra de la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Esta institución, derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sugirió en 2004 que, antes de aprobar la siembra de maíz transgénico, era necesario realizar estudios sobre sus efectos en el consumo humano. México es uno de los países con más altos niveles de consumo humano de maíz. A pesar de que este estudio no ha sido hecho, la Secretaría de Salud dio su aprobación al MON 603.

Sagarpa dijo que otorgó esta solicitud para siembra piloto porque es necesario usar esta tecnología para aumentar la producción y disminuir las importaciones, en un momento de crisis de alimentos. El argumento es absolutamente falso. Como lo muestran múltiples estudios científicos, los transgénicos no fueron diseñados para aumentar los rendimientos, y no sólo no los incrementan, sino que frecuentemente los reducen.

El aval del gobierno mexicano a los cultivos es parte de un ambicioso plan de las compañías productoras de semillas genéticamente modificadas para ocupar el territorio y el mercado mexicanos. En 2010 Monsanto y Pioneer-Dupont solicitaron 11 permisos para la siembra piloto de máiz transgénico en Sinaloa, Coahuila y Durango (La Laguna), Tamaulipas y Chihuahua. La siembra piloto es el segundo paso para llegar finalmente a la siembra comercial. La siembra piloto considera mayores extensiones y relaja las medidas de bioseguridad.

A principios de 2011 Sagarpa rechazó tres permisos para siembras piloto de maíces transgénicos de Monsanto en Sinaloa. Argumentó que era necesario tener más información y que, según un nuevo estudio de Conabio, existían más variedades nativas en el norte del país que las reconocidas con anterioridad.

Está en proceso de análisis la solicitud para la siembra piloto, en los mismos municipios, de otro maíz transgénico de Monsanto, que combina el MON 89034 y el MON 88017.

El maíz MON 603 de Monsanto es un maíz resistente al herbicida glifosato, producido por la misma trasnacional. Dentro de México se comercializa bajo la marca Faena. Es famoso entre quienes se oponen a los transgénicos, pues su evaluación, junto a la efectuada a los maíces MON 863 y el MON 810, sirvió de base para lograr la moratoria de siembra en Francia y Alemania en 2009.

El profesor de biología molecular Gilles Eric Seralini, experto del gobierno francés en organismos modificados genéticamente y asesor de la Unión Europea en materia de biotecnología, analizó los resultados de un estudio en ratas alimentadas con tres variedades de maíz transgénico, el MON 863, el MON810 y el NK603, fabricados por Monsanto. Seralini encontró que las ratas alimentadas con maíz transgénico registraron toxicidad hepatorrenal, diferencias en el crecimiento, aumento de triglicéridos, problemas de fertilidad y tamaño de los fetos. Concluyó que el maíz transgénico no es un producto seguro para la salud.

El estudio de Seralini contradijo los resultados de una investigación previa financiada por la trasnacional, la cual afirmó que no había diferencias entre las ratas alimentadas con maíz transgénico y las alimentadas con dietas convencionales. Monsanto, a través de otros científicos, organizó una campaña en su contra. Seralini los demandó legalmente por difamación y ganó el juicio.

De acuerdo con la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la siembra experimental es el primer paso para continuar con la siembra piloto y de ahí pasar a la siembra comercial. Esta legislación fue aprobada por el Congreso en 2005 con el voto a favor de varios legisladores del PRD y la abstención de otros que dicen estar en contra.

La ley fue el mecanismo usado para eliminar la moratoria existente desde 1998. El 9 de marzo de 2009 un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto que prohibía la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en México, por ser país centro de origen del grano.

Entre 2009 y 2011 Monsanto, Dow AgroScience, Pioneer Hi Breed y Syngenta solicitaron 110 permisos para la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León e incluso Jalisco.

De éstas ya fueron aprobadas 67 solicitudes en casi 70 hectáreas. Las restantes están en proceso de estudio.

Después de aplaudir el uso de trasngénicos, algunos medios de comunicación han propalado la versión de que las especies endémicas de maíz no producen más que hambre. La afirmación es una absoluta estupidez y una vergüenza.

La plaga del maíz transgénico ha llegado, junto al narcotráfico, al campo tamaulipeco. Con ello se ha establecido una cabeza de playa para su expansión por todo el país. Urge detenerla ya. Mañana será demasiado tarde.

Oaxaca: el fantasma de 2006

Luis Hernández Navarro

El pasado martes 15 de febrero, el fantasma de 2006 regresó a Oaxaca. Durante siete horas, en la capital del estado, se enfrentaron maestros pro democráticos e integrantes del movimiento popular con policías federales y locales. Al día siguiente, miles de profesores pararon actividades y tomaron carreteras. Denunciaron la represión y exigieron la renuncia de varios funcionarios públicos locales.

Hasta las ocho de la noche del 14 de febrero los trabajadores de la educación, agrupados en la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se encontraban en relativa calma. Pero un hecho los indignó: el decreto presidencial que exime de impuestos el pago de colegiaturas de escuelas privadas. Para ellos era la demostración del desprecio del gobierno federal hacia la educación pública.

El 15 de febrero visitó Oaxaca Felipe Calderón, a quien el magisterio declaró persona non grata en 2006. Fue la primera gira presidencial en la entidad desde el triunfo de Gabino Cué. El mandatario inauguró una filial de la Universidad Lasalle. Molestos, los maestros tomaron las calles de la ciudad y trataron de llegar al zócalo. La zona les fue vedada. La represión se cebó en ellos. Algunos respondieron. El choque recordó lo sucedido en 2006.

Se ha querido presentar el conflicto como resultado de una provocación urdida entre el ex gobernador Ulises Ruiz y el magisterio estatal. Incluso se propaló en medios de comunicación el trascendido de que el ex mandatario se encontró en Oaxaca con Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22. La reunión, por supuesto, nunca ocurrió. Los maestros tienen una cuenta pendiente con Ulises Ruiz. Nunca pactarían con él. Una de sus principales demandas es la instalación de una fiscalía y una comisión de la verdad que investigue la represión de 2006 y castigue a los responsables.

Más aún, todo apunta a que existe un pacto entre el mandatario saliente y el entrante, en el que se han dado al ex gobernador garantías de que no será juzgado. Una prueba de ese acuerdo es que, a pesar de que la coalición partidaria que llevó a Gabino Cué a la gubernatura es mayoría en el Congreso local, se le entregó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la comisión más importante en la cámara.

El enfrentamiento se produjo por otras razones, entre las que se encuentran: el alejamiento del gobierno estatal de lo que sucede con los profesores; el distanciamiento de Gabino Cué de las fuerzas populares que lo llevaron a la gubernatura del estado; el nerviosismo y la intolerancia de los encargados de la seguridad presidencial hacia las expresiones de descontento popular con el mandatario; la pretensión de hacer entrar triunfalmente en Oaxaca a Felipe Calderón, a pesar del enorme descontento magisterial en su contra, exacerbado por la exención en el pago de impuestos por colegiaturas, y la falta de solución a los problemas que ocasionaron el surgimiento de La Comuna de Oaxaca en 2006. Flotando en las nubes del triunfo, el gobernador fue incapaz de operar abajo. El conflicto provino de dos meses de descuido, parálisis, omisiones y desestimación de las fuerzas sociales en la entidad.

Engolosinado con el triunfo, ocupado en halagar a los grupos de poder local y decidido a quedar bien con Los Pinos a como dé lugar, Gabino Cué ha perdido el contacto con la sección 22. No tiene el pulso de lo que sucede en el magisterio ni sabe cómo tratar con los maestros. Al tomar posesión, en diciembre del año pasado, nombró un gabinete de cuates y de cuotas, prototipo del priísmo más rancio, que dejó muy mal sabor de boca entre sus votantes. Le dio al Partido Acción Nacional (PAN) un peso político que nunca ha tenido en la entidad. Y, traicionando a la base principal de sus votantes, que son claramente anticalderonistas, se puso de tapete ante el gobierno federal.

El descalabro de la gira de Felipe Calderón en Oaxaca tuvo en respuesta una intensa campaña de prensa para desprestigiar al magisterio estatal y a su secretario general. Se publicó que Ulises Ruiz entregó 12 millones de pesos a la sección 22, cuando lo que hicieron diversos funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) fue dar dinero a una delegación, la D-III-IV, que agrupa a los burócratas de la educación de la entidad, para sus celebraciones. Los maestros respondieron a las calumnias exigiendo una auditoría.

Se acusó a Azael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22, de no ser maestro y de ser aviador. Azael es un indígena zapoteco de la comunidad de San Andrés Solaga. Tiene una licenciatura en educación primaria y una maestría en educación elemental. Hijo de maestros, se educó en escuelas públicas y trabajó en telesecundarias de la región mixe. No pertenece a ninguna corriente o partido político. Forma parte de una nueva generación de líderes formados en las protestas de 2006.

En el magisterio oaxaqueño los dirigentes están subordinados a la dinámica de la asamblea estatal. El movimiento trasciende a las personas. La dinámica asamblearia desde los centros de trabajo, con más de 30 años de funcionamiento, hace muy difícil que el poder se concentre en unas cuantas manos. Cuando en 2006, con muchos esfuerzos, el gobierno de Vicente Fox finalmente logró cooptar a Enrique Rueda, el entonces secretario general, la lucha no se detuvo.

Gabino Cué ganó la gubernatura con una votación histórica: 750 mil votos. Con su triunfo cosechó años de lucha del pueblo y las organizaciones sociales oaxaqueñas. Si se empecina en dar la espalda a esa fuerza, lo sucedido el pasado 15 de febrero no será una casualidad, sino un anuncio de lo que viene