Luis Javier

Ortiz Tejeda

Alguna vez le comenté que él era un doctor Zedillo al revés. De inmediato le tuve que justificar el gracejo, pues de entrada no le fue grata la comparación. Me expliqué: Zedillo y tú son dos desclasados: él, egresado de una institución pública de educación, para fines electorales se presentó como un humilde limpiabotas, después, ya Presidente, se atrevió a contestarle a la humildísima indígena que le ofrecía una muy bella carpetita artesanal: “No tengo cash”. Luego, como ex presidente, se convirtió en un exitoso empleado de las empresas trasnacionales a las que enajenó importantes bienes propiedad de la nación. Ciertamente, el señor Zedillo regresó a la profesión original, aunque ya las marcas del calzado a lustrar no sean made in Guanajuato, sino Hermes, Louis Vuitton o mejores.

Tú, de joven, renunciaste a la oportunidad de incorporarte a la vida regalona de los cachorros alemanistas y asegurar, para el futuro, una membresía en el club de los empresarios/políticos/empresarios

Se dice: “para la Gracia los caminos son infinitos”. No lo dudo. Pero para la concientización sucede igual. La conciencia de clase puede originarse por las condiciones objetivas que hacen trizas la vida de una persona, que lo hunden en la marginación, que lo condenan a una existencia infrahumana. La historia nos muestra que en todas partes y en todas las épocas, ha surgido un Espartaco que, careciendo de toda explicación sobre la razón de su condición de ilota, de esclavo, se rebele y asuma la disyuntiva de libertad o muerte. Las ideas, los razonamientos mueven montañas, transforman la vida. Las dolencias por supuesto, y puede que con mayor celeridad.

En ti, terminé diciendo, no fueron las privaciones, las carencias, la perra vida, sino las luces de la ilustración, tu inclinación devota por el conocimiento abrevado en los libros y en la gente (la de los cenáculos y la de a pie), las fuentes originarias de tu conciencia, tus convicciones y, por supuesto, de tu aguerrida militancia, de tu enrojecimiento, tan intenso, que lo irradiaste hasta los círculos familiares más cercanos. Lo que quise decir es que Zedillo se desclasó hacia arriba y tú hacia abajo.

Algunos encuentros fugaces y una advertencia permanente: 1. Librería Gandhi. Alguien, con quien platico, ve pasar a Luis Javier y me pregunta: ¿ya conoces la vapuleada que el doctor Garrido le puso a Mouriño? Lo alcanzo y le entrego una pequeña parodia del clásico verso de Nervo, escrito en aquellos tiempos en los que en nuestras secundarias, una de las materias fundamentales era el conocimiento y amor a México: “Como renuevos cuyos aliños, un viento helado marchita en flor, siguen sufriendo los héroes niños, ante las transas de los Mouriños, el nuevo nombre del invasor”. Por su no fácil sonrisa, creo que le alegré del día.

2. Fiesta familiar. Su única hermana celebra sus muchisísimos años de casada. Me pide diga el brindis. Me dedico a explicar a los hijos el México de los años 50 y 60: la ciudad en todas sus múltiples expresiones. No puedo dejar de referirme a los movimientos del 58: Othón, Vallejo, Chimales, Sánchez Delint, Villavicencio y, por supuesto, nuestro movimiento estudiantil. Cuando terminé, Luis Javier me dio un abrazo condescendiente pero cálido y me puso en el bolsillo del saco un pedazo de servilleta. Esa noche lo leí. Palabras más o menos decía: “más vale tarde que nunca. Sigue así, aunque te van a correr del partido. Y revisa tu información: en Arroz amargo actuó Silvana Mangano, no Pampanini”. También de cine sabía, y mucho.

3. Paseo de la Reforma y Plaza de la Constitución (de Cádiz), vulgo Zócalo. Dos domingos, dos inconmensurables manifestaciones contra dos grandes infamias: el desafuero y el fraude electoral de 2006. Me topo con el doctor, rodeado de los familiares que ha pervertido a pulso y me dice: “En verdad que me da gusto verte aquí, pero ¿no te correrán de tu partido?”

4. Último encuentro. Otra fiesta familiar. Le confirmo la autoría de su conocidísimo apodo: El Antipristo. Sí, fue Monsi, le afirmo con regodeo interior. “Mira, me comenta, entonces sí que le caigo bien.”

Ahora pienso: Monsi y Luisito (para ustedes el doctor Garrido), fueron dos estajanovistas fundamentales del pensamiento crítico, racional, libertario, que se echaron a cuestas la tarea de destruir los privilegios clasistas, la impudicia, el fundamentalismo religioso/económico, las explicaciones teológicas del mundo y de la vida. Las supercherías, el abuso del poder y las corruptelas. Monsi era como un estilete, un taladro, un berbiquí: agudo y filoso penetraba hasta las vísceras, las entrañas del sistema. Durante años lo exhibió, lo mostró en toda su inmoralidad y estupidez. Luis Javier, una de esas enormes esferas de metal que penden de altísima grúa y se balancean, como un péndulo mortal que toma vuelo a la izquierda y, en su retorno a la derecha, con fuerza brutal (e inevitabilidad física e histórica) se estrella contra las viejas estructuras haciéndolas cisco. Ambos, la gran esfera y el berbiquí ya no sufragarán el 1° de julio. La interrogante de siempre nos estruja: ¿Qué hacer? No hay de otra: encontrar juntos los insumos necesarios para “documentar nuestro optimismo” y para escribir, entre todos, el decálogo hebdomadario que al tiempo que denuncia canalladas, renueva esperanzas.

Pd. Metiéndome en lo que sí me importa: estoy seguro de que Elena Adriana, su esposo y su hijo, interpretando las convicciones y sentimientos de sus entrañables Luises, harían entrega a la UNAM, con todo cariño y lealtad, de la valiosísima biblioteca familiar.

Luis Javier Garrido y la rebelión estudiantil

Adolfo Gilly

Entre los recuerdos de Luis Javier Garrido que las páginas de La Jornada albergaron en estos días tengo en mi memoria uno ya lejano, sí que vívido y duradero: su presencia en el Congreso Universitario de 1990, resultado éste de la rebelión estudiantil de 1987 en la UNAM, que hace unos días reseñó un suplemento de este periódico.

Luis Javier, serio como siempre, con una sonrisa que se le escapaba por un costado de la boca y sus ojos abiertos que te miraban de frente y te consideraban de perfil, participó en los debates de la Comisión Uno del congreso, aquella que debía discutir y presentar un proyecto de resolución sobre “El futuro de la UNAM”. Él formaba parte de un conjunto de delegados elegidos por aquellos profesores e investigadores que compartían posiciones y visiones con los delegados del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en discusión y divergencia con otros tantos o más, afines a la visión institucional de la Universidad y a la propuesta del rector Jorge Carpizo en su documento Fortaleza y debilidad de la UNAM.

(Extraño congreso: allí encontré, para mi gran sorpresa agradecida, al doctor Raúl Cervantes Ahumada, jurista, uno de los primeros visitantes que en 1966, más de 20 años antes, había venido a verme en la cárcel de Lecumberri para informar a mi padre, su colega y amigo en Buenos Aires, cómo estaba su hijo en ese lugar que fue mi domicilio en los seis años siguientes; y también para extender con su presencia una simbólica mano protectora mexicana sobre ese preso. Subí de dos en dos los escalones de la sala del congreso hasta su asiento y lo abracé conmovido).

En los debates de esa comisión, el maestro Eduardo Nicol propuso –y se aprobó– elaborar para el congreso un documento sobre los principios de la UNAM que fuera imagen de su presente y visión de su futuro. Se debatieron dos propuestas, una por cada bloque. Después de extensos debates y vistas las coincidencias sobre el tema, se acordó elaborar un documento único de la comisión. ¿Pero sobre cuál de las dos propuestas como base?

Votación y, por supuesto, empate entre ambos bloques. Tocaba desempatar al presidente, el doctor José Laguna, figura histórica de la Facultad de Medicina y representante destacado del bloque institucional. El doctor Laguna, hombre ecuánime que en los tiempos muertos de las largas discusiones del plenario del congreso me había hablado de Shakespeare y de episodios de su vida académica y no académica –por ejemplo, supe entonces que su padre había sido panadero–, nos miró a todos, consideró la situación y desempató con su voto: el documento base tenía que ser el nuestro, el de los delegados afines al CEU.

Me sorprendió, pero no tanto. Descubrí que en el fondo no habría yo esperado de ese gran señor severo, culto, conversador e irónico, a quien apenas allí había conocido, otra cosa sino que votara conforme a su conciencia. Otros, sus más cercanos, se sorprendieron más que yo. Y en ambos bandos algunos ni cuenta se dieron, como siempre; y otros, también como siempre, colocados ante lo que para su universo mental resultaba inexplicable, pensaron que se trataba de una conspiración, sin que les resultara claro de quiénes, contra quiénes y para quiénes.

* * *

Ante el pleno del congreso, para explicar la decisión sobre el tema, subió a la tribuna Luis Javier Garrido, respetado por todos. La argumentó con su estilo severo y el congreso designó un grupo de trabajo plural para elaborar un proyecto de declaración. Iba éste a ser votado como cierre en la última sesión plenaria.

En ese grupo estuvieron ocho congresistas: Luis Javier Garrido, Arturo Bonilla, Pablo Pascual Moncayo, Marcos Kaplan, Claudia Aguilar, Rosario Uribe, Raymundo Ramos y Adolfo Gilly. (Kaplan y Moncayo se fueron hace un tiempo, Luis Javier y Arturo Bonilla en estos inicios del año 2012). Por fin, llegado el grupo de trabajo a un texto de acuerdo, fue designado el doctor José Laguna presidente de la Comisión Uno sobre “El futuro de la UNAM”, como el encargado de presentar ante el congreso el documento.

Así lo hizo el doctor, bigotes blancos y pronunciación clara y conmovida, en la última sesión plenaria: se le veía contento del resultado obtenido. Concluida la lectura, votación; y –nueva sorpresa en la cajita de sorpresas del congreso– el bloque institucional votó en contra, desautorizó a sus representantes en la comisión y dejó colgado de la brocha al doctor José Laguna. Qué habría sucedido en las altas esferas externas al congreso que seguían de cerca sus debates, es tema para otras conjeturas.

La Declaración de principios de la UNAM, que así se llamó el documento en cuya redacción Luis Javier Garrido puso su trabajo, sus ideas y su modo apasionado de exponerlas, quedó para la historia. Pero quedó, y sigue siendo actual.

En su recuerdo aquí la reproduzco, pues habiendo seguido su trayectoria intelectual sé que hoy Luis Javier volvería a defenderla con la misma pasión ante cualquier auditorio y en cualquier congreso; y sé también que, palabras más, frases menos, eso que entonces parecía audacia se ha vuelto en la UNAM sentido común.

* * *

La declaración decía así:

La Universidad Nacional Autónoma de México es una comunidad de cultura integrada por profesores e investigadores, estudiantes y trabajadores. Tiene como tareas primordiales la enseñanza, el estudio y la investigación de las humanidades y las artes, la ciencia y la técnica, y la difusión más amplia de los beneficios de la cultura, con el propósito fundamental de servir a la sociedad mexicana y a la humanidad.

La UNAM funda su existencia en la cultura universal, con sus contenidos y valores, y en el proceso histórico de la nación mexicana y de los pueblos latinoamericanos. Sus rasgos se han definido en las luchas sociales de varias generaciones.

Institución pública de educación superior, autónoma frente al Estado por mandato constitucional y libre en consecuencia para organizarse de acuerdo con sus fines y naturaleza, la Universidad Nacional adopta para su vida interna formas de gobierno fundadas en la pluralidad y en la libre discusión de las ideas. En la organización interna de la UNAM, las instancias administrativas han de estar al servicio de la academia; las autoridades deberán ser representantes legítimos de la comunidad universitaria, y los órganos de gobierno, tanto a nivel central como local, han de guardar un equilibrio entre sí que impida la concentración de atribuciones.

La autonomía, conquista histórica y principio ético y legal, es condición esencial de la existencia de la Universidad Nacional de México. La autonomía se entiende como el derecho de la UNAM para gobernarse a sí misma al determinar su propia organización académica y administrativa, elegir sus autoridades, ejercer su actividad creadora y docente, y definir su desarrollo conforme a procesos propios de planeación y libre administración de recursos. Para la Universidad Nacional, la autonomía no tiene más límite que el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada.

La Universidad, definida en su proyecto histórico como institución de la sociedad, plural y democrática, es el espacio por excelencia para analizar y debatir todas las corrientes de pensamiento sin que la Universidad misma se identifique con ninguna de ellas. Al mismo tiempo, como entidad pública asume el compromiso de extender los beneficios de la educación y la cultura al mayor número posible de mexicanos.

La UNAM, institución fundamental en la educación mexicana que aspira a su articulación en un sistema nacional de educación superior, debe dedicarse de manera prioritaria al estudio de la realidad de México y en particular de sus grandes problemas. Será también factor determinante para preservar la identidad nacional. La Universidad impulsará el desarrollo de la ciencia, la técnica, las artes y las humanidades para contribuir a la vida plena del país dentro de la universalidad del conocimiento, a la superación de rezagos acumulados y al fortalecimiento de la independencia nacional.

La búsqueda de la calidad académica es una constante en las actividades de la Universidad Nacional. Para ello debe contar con mecanismos de evaluación interna, permanentes y rigurosos. La Universidad debe ser siempre evaluada por la propia sociedad, con la cual tiene un compromiso insoslayable.

La Universidad Nacional, al educar a las nuevas generaciones y difundir el saber, contribuye a crear premisas para la igualdad y la democracia.

Principios fundamentales del trabajo universitario son la búsqueda de la verdad; las libertades de estudio, de cátedra, de investigación, de confrontación de las ideas y de crítica, y el rechazo de toda forma de discriminación.

Son condiciones de la vida universitaria la tolerancia, el respeto y la solidaridad; y sus ideales, la justicia, la paz y la libertad.

* * *

Ahora que otra vez hemos entrado en tiempos de propuestas, programas y promesas, esos ideales que Luis Javier Garrido y sus compañeros dibujaban como horizonte nuestro: la justicia, la paz y la libertad, han adquirido, todos lo sabemos, apremiante actualidad. Más aún cuando los malquerientes de esa UNAM de entonces siguen siendo aquellos que a ésta de hoy malquieren y hasta su indoamericano escudo cambiarían.

Luis Javier, aguerrido

Héctor Alejandro Quintanar

Para Elena Garrido Platas

Luis Javier Garrido Platas fue un destacado académico, investigador, escritor y articulista, cuya trayectoria congruente y señera, como bien señaló Pablo Moctezuma, merecía no sólo servir de ejemplo sino también de objeto de estudio. Fue así que emprendí una empresa inolvidable: en aras de mi titulación de licenciatura me di a la tarea de reseñar la semblanza intelectual y personal de un mexicano que, por su sapiencia y coherencia, ha sido formador de generaciones de profesionistas, políticos, académicos y ciudadanos: nuestro querido Luis Javier Garrido.

Nacido el 9 de noviembre de 1941 con el sello auriazul (su padre, Luis Garrido Díaz, fue rector de la UNAM en 1948), Luis Javier dio señas de lumbrera desde muy joven, puesto que descolló como alumno brillante en el Instituto México, donde departió en las aulas con estudiantes como Plácido Domingo, Fernando Pérez Correa, Porfirio Muñoz Ledo y Raúl Carrancá. En esa etapa estudiantil aprendió el valor de la solidaridad y las mieles de la amistad. Pero, abolengo obliga, Garrido sabía que su alma máter habría de ser la UNAM, a la que ingresó en 1957, cuando se enroló en la Prepa 1, San Ildefonso.

Al obtener el grado de bachiller, y con el sempiterno fomento de amor por las letras y por la patria enarbolados por don Luis Garrido Díaz y doña Elena Platas, optó por la carrera de derecho, sin dejar de lado la acuciosa lectura de los clásicos de la literatura universal.

Con 21 años de edad inició su carrera docente en la Preparatoria 2, en la asignatura de civismo. Si bien su vocación de formador de ciudadanos se saldaba, los ribetes literarios de su espíritu no se conformaron con esa cátedra, y fue entonces que Garrido, ya escritor en ciernes, impartió cursos de literatura y lengua española en la Prepa 1 poco tiempo después.

Desde niño, Garrido creció en un ambiente musical y literario, por lo que se deleitaba escuchando a Violeta Parra, Dimitri Shostakovich, Mikis Theodorakis, Pablo Milanés, Mozart, Los Quilapayún, Caetano Veloso, Elis Regina… es decir, cantautores y músicos que conforman un mosaico tanto armónico como de protesta en sus obras. Pero, en sus andanzas festivas de entonces, Luis Javier disfrutaba también del folclor mexicano, reflejado en voces como la de Chava Flores o los grandes boleros y tríos de antaño, acaso guiado por la consigna, que, a guisa de paternal consejo, me comentara alguna amena ocasión: “¿Qué mujer se podría resistir si le cantas una serenata mexicana?”

Asimismo, el boom latinoamericano contuvo a sus escritores favoritos. Sus autores de cabecera fueron Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda y, sobre todo, Julio Cortázar, con quien lograría estrechar amistad años más tarde. Así explicaba Garrido su predilección: muchos de esos creadores no sólo brillaban en el mundo de las letras, sino que exhibían su crítica a los abusos del poder político y brindaban un cálido aliento a las luchas sociales de esa época.

Con ese ánimo, una vez que Cortázar estuvo en México en una conferencia, Garrido lo buscó para obtener un autógrafo, pero vio que el escritor argentino se fue de inmediato del acto porque el delegado en Coyoacán le había organizado una fiesta. Luis Javier y un par de amigos fueron a pasar el trago amargo a La Guadalupana, cantina tradicional de esos lares, misma que les sorprendió hallar vacía pese a ser viernes. Pero entonces ocurrió el contraste: él y sus compañeros notaron una mesa ocupada en un rincón y al acercarse vieron que, en vez de fiesta, el delegado y una comitiva pequeña llevaron al escritor a La Guadalupana. Recobraron la sonrisa, conversaron con Cortázar y recibieron sus autógrafos, mientras ingerían el fuerte ámbar de la cerveza, que nunca les había sabido tan dulce.

Vino luego el año crucial de 1968. El movimiento estudiantil le entusiasmaba por ser una guerra pacífica, pero frontal, contra el autoritarismo priísta, las corruptelas y las usanzas políticas caducas del presidencialismo. Luis Javier recordaba cómo en esos críticos meses su padre los convocaba a él y a otros juristas para elaborar documentos y vías para desaparecer el delito de “disolución social” –una de las peticiones de los estudiantes–, y poner así su grano de arena en pos de la efervescencia juvenil que retaba a un sistema intransigente.

Titulado en 1972, optó por la Sorbona para hacer un posgrado en ciencia política, pues en Francia se vivía un intenso debate intelectual protagonizado por gente como Foucault, De Beauvoir, Sartre y Maurice Duverger. Fue este politólogo quien le sirvió de guía a Garrido para elegir vocación. Cuando se encontraba inscrito en la clase impartida por él, Luis Javier le manifestó su interés de escribir la historia y consolidación del PRI como partido de Estado. Su entusiasmo fue tal que le ofreció asesoría para redactar la tesis doctoral, hoy un clásico de la ciencia política mexicana: El partido de la revolución institucionalizada.

En su estancia europea Garrido recorrió de cabo a rabo el viejo continente, y un día decidió ir al pueblo de Apt, en Francia, porque ahí vivían Julio Cortázar y su entonces pareja, Ugne Karvelis. Al llegar a la pequeña comarca encontró sin dificultad al escritor, quien lo reconoció de aquella reunión en Coyoacán y comenzaron un amistoso intercambio epistolar y posteriores rencuentros.

Y así como su mentor Maurice Duverger publicaba en el periódico Le Monde sus percepciones y críticas, y Julio Cortázar entregaba su apoyo moral y firme a las luchas sociales de América Latina, Garrido vio que en esos ejemplos estaba la brújula de su actividad futura. No extraña entonces que se convirtiera en colaborador de La Jornada (diario que funge de voz necesaria de las luchas cívicas) y brindara sostén no sólo verbal a las bregas democráticas y progresistas de México, Latinoamérica y el mundo.

La cuarta y preclara guía moral de Luis Javier (además de sus padres, Duverger y Cortázar) fue el lingüista estadunidense Noam Chomsky, cuya labor científica está siempre acompañada de su crítica política, porque para él la tarea del intelectual es la de ejercer un contrapeso constante a los excesos y vicios del poder.

De vuelta en México en 1981 consolidó su vida académica y personal: se integró a la planta docente de las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Sistema Nacional de Investigadores. En el rubro propio, encontró a la compañera de su vida en la doctora Rosalina Barranco.

Pulcro y directo en su redacción, profundo y memorioso en sus análisis, crítico y firme en sus convicciones, heredero digno y decoroso del talento de sus padres y maestros, Luis Javier era también un amante del deporte y la gastronomía. Nadador disciplinado, disfrutaba pasar las tardes de sábado en buenos restaurantes de comida mexicana, española y tailandesa, mientras miraba las ligas española, inglesa y hasta mexicana de futbol. En una de sus cálidas charlas, maridadas con un buen vino francés, me dijo lo que para mí fue su máxima enseñanza: “Todo abuso del poder, por indignante que sea, debe ser combatido con una sonrisa en la boca, o nuestra lucha nace perdida”.

Hoy a muchos nos anega el dolor de su partida. Pero quedan como ejemplo su brújula ética, su aguerrido talante y sus múltiples obras. La lucha por México debe seguir, pero sólo el pensamiento de que ahora él está con sus admirados autores en la morada eterna de los justos nos ayudará, poco a poco, a volver a sonreír.

Fallece Luis Javier Garrido, escritor y profesor de la UNAM

Fue articulista de La Jornada desde su fundación, en 1984

Mantuvo defensa permanente de la democracia y el pensamiento progresista

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Viernes 3 de febrero de 2012, p. 17

A los 71 años de edad, víctima de un mal cardiaco, murió Luis Javier Garrido Platas, en la ciudad de México. Escritor, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fundador y articulista de esta casa editorial, nació en 1941 en la capital del país en el seno de una familia de destacados universitarios. Su padre Luis Garrido Díaz, abogado y filósofo, ocupó la rectoría de la máxima casa de estudios en dos periodos consecutivos de 1948 a 1953.

Con más de cuatro décadas como profesor de licenciatura y posgrado en la UNAM, destacó por su larga trayectoria como investigador y especialista en el estudio de la realidad política del país, el ejercicio del poder público, los partidos y el sistema electoral, pero también por sus críticos análisis de los gobiernos priístas y panistas.

Humanista y analista político, mantuvo una permanente defensa de la democracia y el pensamiento progresista, mediante ensayos, artículos de opinión, conferencias y libros, entre los que destacan El Partido de la Revolución Institucionalizada (1982), considerado uno de los estudios más importantes sobre el Estado mexicano y el PRI, y La ruptura (1990), texto en el que recoge su reflexión sobre la escisión de la llamada Corrriente Democrática en el tricolor en 1987, que más tarde impulsaría la fundación del PRD.

Cursó el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, donde ingresó en 1958, para luego seguir con la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM. A mediados de los años 60 comenzó su trayectoria como docente de bachillerato, incluso antes de concluir su formación como abogado.

Como alumno y profesor fue testigo del movimiento de 1968, que dejó honda huella en su trayectoria académica e intelectual. Desde esa época se mantuvo vinculado a las luchas estudiantiles y sociales en defensa de la universidad pública y por la democratización del país. Es el caso de las movilizaciones de miles de jóvenes de la UNAM en 1986-1987 y 1999-2000, pero también del movimiento zapatista de 1994 y de la defensa del voto ciudadano durante la protesta civil de 2006.

Garrido Platas cursó su posgrado en la Universidad de París I (Pantheon-Sorbonne), donde fue discípulo del politólogo francés Maurice Duverger. En 1980 regresó a México como doctor en ciencias políticas, e ingresó como investigador a la Coordinación de Humanidades de la UNAM y como docente de licenciatura en la Facultad de Derecho, donde impartió los cursos de derecho constitucional, ciencia política, teoría política y sistemas políticos contemporáneos, entre otros.


El profesor Garrido Platas en Ciudad Universitaria, en noviembre de 2007 Foto Carlos Ramos Mamahua

En 1983 fue invitado por la dirección del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) para encabezar el seminario sobre partidos políticos y sistemas electorales, tarea que realizó hasta su deceso. Para 1986 fue adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), donde se desempeñó como investigador de tiempo completo y nivel III del Sistema Nacional de Investigadores.

En su trabajo académico se especializó en el estudio de la crisis de los sistemas políticos contemporáneos y nuevas formas de participación política, el PRI y la transición política de finales del siglo XX y principios del XXI.

A partir de la fundación de La Jornada, en 1984, inició sus colaboraciones semanales con artículos de opinión en los que destaca su férrea defensa de la democracia y la soberanía nacional. En sus textos también se pronuncia en pro de la universidad pública, por la defensa de los pueblos indígenas y en contra de cualquier forma de corrupción en el ejercicio del poder público.

Como analista de la realidad política, en sus más recientes entregas a este diario abordó su preocupación por la guerra contra el narcotráfico y las políticas emprendidas en la materia por el presidente Felipe Calderón, así como la creciente injerencia del gobierno de Estados Unidos y las corporaciones trasnacionales en el país.

Su deceso fue considerado por sus alumnos de licenciatura y posgrado como una “lamentable pérdida en un momento crítico para el país, pues es cuando más necesitamos de humanistas con una amplia claridad intelectual y ética”.

Héctor Alejandro Quintanar, ex alumno y profesor de la FCPS, quien obtuvo su grado de licenciado con la tesis Un intelectual bajo la lupa: Luis Javier Garrido y el lopezobradorismo desde las páginas de La Jornada, destacó el compromiso social y académico de Garrido Platas con la defensa de las causas sociales y con la formación de nuevas generaciones con una visión crítica.

Su restos fueron velados en la funeraria Gayosso Félix Cuevas, hasta donde se trasladó el rector de la UNAM, José Narro Robles, así como profesores e investigadores de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas y del IIS, así como amigos y familiares.

Al profesor Garrido Platas le sobreviven su compañera Rosalina Barranco y su hermana Elena Garrido Platas.

Business are business

Luis Javier Garrido

La llamada guerra contra el narcotráfico” es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.

1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de “guerra contra las drogas”, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de “una emergencia nacional” para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.

2. La noción de “guerra contra las drogas” encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha “guerra” al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.

3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar “ayuda” a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado “legal” ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios “legales”.

4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de “dimensión nacional”, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la “guerra contra el narcotráfico”. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.

5. La “guerra contra las drogas” de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.

6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete “de ayuda” de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.

7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a “empresarios” mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.

8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de “guerra contra las drogas” por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.

9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.

10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama “¡Ya basta!” debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.

La prerrogativa

Luis Javier Garrido

El 2012 está planteando en México, aunque muchos no lo entiendan, la confrontación entre quienes sostienen que es necesario buscar establecer, aun imperfecto, un estado de derecho, y quienes desde el gobierno siguen defendiendo el principio del imperio de la fuerza.

1. La principal responsabilidad de un gobierno es salvaguardar la vida y la integridad de quienes habitan su territorio, pero la del gobierno panista de Felipe Calderón ha sido no nada más salvaguardar los intereses del gobierno estadunidense y de las corporaciones trasnacionales, sino avalar el exterminio de quienes, por formar parte del narcotráfico, son entendidos por el gobierno panista como sus enemigos, haciendo suyo de tal manera el “derecho a matar”, como lo documentan múltiples casos.

2. Noam Chomsky señala muy claramente en su libro más reciente, La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza (Pasado y Presente, 2011), coincidiendo con periodistas de The Atlantic, que una diferencia significativa en la llamada “política antiterrorista” del actual gobierno estadunidense con las de la administración de Bush II es que ésta “capturó a miles de sospechosos” (para ella) de ser terroristas “y los envió a campos de detención en Afganistán, Irak y Guantánamo”, en tanto la administración Obama se ha concentrado en la eliminación, mediante sofisticados operativos, de aquellos a los que considera terroristas individuales “en lugar de intentar capturarlos con vida” (p. 231). Es decir, que en nombre de las nuevas políticas de seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se arroga el derecho de matar a los que juzga sus enemigos.

3. Ese “derecho de matar” a sus enemigos en cualquier parte del planeta, que Washington asume ahora como su prerrogativa, como expresó el presidente Barack Obama en su discurso en el Pentágono el día 5, fue denunciado, según señalan los periodistas de The Atlantic (4 de mayo de 2011), por el ex canciller alemán Helmut Schmidt, quien al analizar el caso de la ejecución en Pakistán de Osama Bin Laden por un comando de elite de infantes de la marina, el 1º de mayo de 2011, concluyó que ese operativo fue claramente “una violación del derecho internacional”. Obama hizo entonces lo que ningún mandatario estadunidense había hecho, ni siquiera tras la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam: asumir que no hay un orden jurídico internacional, sino un mero imperio de la fuerza.

4. La doctrina Obama sobre “el derecho a matar” a quienes se considere enemigos de Estados Unidos, teniendo o no pruebas de ello –como en el caso de Bin Laden–, empalma de tal manera con dos aspectos de la llamada doctrina de Bush II: el de poder establecer de manera unilateral quiénes son esos enemigos (como acontece con el que llaman “eje del mal”) y el de establecer, también unilateralmente, el derecho de Washington a revocar el carácter de “estados” a los países que albergan los que a su juicio son “terroristas”, todo lo cual parecen esgrimirlo en el caso del narcotráfico en México.

5. La “guerra contra el narco” de México, que fue decidida en Washington en 2006 e impuesta a Calderón, está claramente marcada de tal suerte por los principios de la nueva estrategia estadunidense, y entre éstos el del “derecho a matar”. Las miles de ejecuciones de capos del narco en territorio mexicano en los últimos cinco años, que la información oficial ha presentado como producto del enfrentamiento de bandas o grupos rivales, no son exactamente eso. En un escenario que se sabe es, entre otras cosas, el de la reordenación del narcotráfico por las principales agencias estadunidenses que impunemente operan en territorio mexicano –la CIA, la DEA, la DIA, la NSRO y otras–, muchos de estos homicidios aparecen como resultado de operativos del poder, es decir, que fueron cometidos por fuerzas militares o policiales mexicanas bajo las directivas de las agencias de Washington. No se puede decir “operativos de Estado” porque ya aquí el poder público mexicano aparece subordinado a fuerzas del exterior.

6. El viaje que hizo a México el miércoles 18 el general David H. Petraeus, director de la Agencia Central de Inteligencia en Estados Unidos, quien como se recuerda fue hasta 2011 el comandante supremo en Irak, no es en este contexto una visita protocolaria más, como se pretende, sino un desplazamiento de importancia estratégica para ellos. El director de la CIA, en un hecho que no tiene precedente en nuestra historia, encabezó por la tarde una reunión de trabajo en la Secretaría de Gobernación con los integrantes del llamado “gabinete de seguridad” –los titulares de la Sedena, la Marina, Seguridad Pública, Gobernación y la PGR, así como el director del Cisen–, y es muy claro que en el periodo prelectoral mexicano, que coincide en parte con el estadunidense, Washington prepara agresivos operativos en México.

7. La expresión utilizada en el boletín expedido por Los Pinos, luego de que al anochecer se reunió Calderón con Petraeus, estableciendo que habían acordado “seguir estrechando” (¿aún más?) los lazos en materia “de seguridad”, no significa otra cosa que mayor subordinación de México a Washington. Y como si ya la lógica del agonizante gobierno panista fuera entregarlo todo –de las decisiones en materia financiera y económica a las de seguridad interna y externa–, en función de las elecciones de 2012, el jueves 19 Calderón anunció en un acto en Los Pinos que las políticas ecológica y de medio ambiente de México se decidirían también “de común acuerdo” con Washington, en función de un “memorando de entendimiento”.

8. La responsabilidad política y penal de Felipe Calderón y de los integrantes de su gobierno por haber entregado al exterior amplios aspectos del manejo del país y haber tornado a México en un espacio de experimentación de las estrategias militares de Washington es tan grande como la relativa a las que se estima son ya más de 60 mil muertes, y todo el derroche propagandístico del régimen no podrá ocultar esto.

9. Un boletín más del gobierno federal, expedido el día 18, curiosamente a la misma hora de la visita del director de la CIA a México, pretende que tras el violento inicio de 2012 no quedan en México en actividad más que dos cárteles, el de Sinaloa y el de Los Zetas, y que estos dos son responsables de la mayor parte de los muertos en el país (no el gobierno federal, desde luego). El boletín ignora así deliberadamente que la violencia de estos cinco años fue planeada, gestada e impulsada desde el poder, que hundir a México en ella ha sido parte de un proyecto económico y político, que los integrantes armados de los cárteles son en su mayoría ex policías o ex militares y ex marinos, y que el gobierno panista creó grupos paramilitares que se arrogaron, como las fuerzas oficiales, el derecho a matar.

10. La violencia ilegal que abruma a México debe terminar, y el clamor de “¡Ya basta!” debe ser más intenso si se quiere salvar a la nación.

El discurso

Luis Javier Garrido

El 2012 se abre con decenas de ejecuciones diarias en el contexto de la “guerra de Calderón” contra el narco y los enredos del think tank de Los Pinos por acercar sus cifras de muertos a la realidad, pero también con la constatación de que México ha sido un laboratorio de lo que van a ser las guerras de Estados Unidos en el futuro.

1. El gobierno estadunidense ha dado a conocer hace unos días que ha modificado de manera radical su estrategia de dominación imperial, llamada eufemísticamente “de seguridad nacional”, tras la experiencia de las guerras de Afganistán e Irak, los conflictos del nuevo siglo y sin duda de manera muy singular el caso de México, pero nadie parece darse cuenta de lo que está aconteciendo. El presidente Barack Obama, en un discurso memorable pronunciado el jueves 5 en el salón de prensa del Pentágono en Arlington (Virginia), anunció el nuevo modelo (El País, 6 de enero) y no ha habido más respuesta que el silencio.

2. Los aspirantes republicanos a la Casa Blanca han coincidido en exigir de manera sorprendente que se termine ya con las guerras de Estados Unidos y la muerte de militares de su país, y la respuesta de Obama ha sido adelantar el proyecto trabajado durante varios años para que Estados Unidos libre sus guerras con el más bajo costo posible y con mayor efectividad.

3. El anuncio del presidente de Estados Unidos supone un ejército reducido y flexible, sustentado en la tecnología y acciones en el ciberespacio, con aviones sin tripulación, una robótica militar de combate, y menos fuerzas convencionales terrestres, que quede limitado a acciones relámpago con comandos especiales y bombardeos selectivos, que potencie el espionaje y cuyas prioridades de acción sean Asia y América Latina, sobre la base –como se ha buscado en el caso de México, que aparece ya como un ensayo de esta parafernalia– de que si bien Estados Unidos va a mantener su superioridad militar, esta responsabilidad no debe ser exclusivamente suya.

4. Estados Unidos, reafirmó Obama en su discurso, va a mantener su superioridad militar para garantizar “la seguridad mundial” y enfrentar “los nuevos peligros que amenazan al mundo” (que no precisó cuáles son), agudizados, dijo, por “la crisis económica”, y ahí ya se entiende que es tanto por la decisión de muchos gobiernos de proteger sus recursos estratégicos ante la avidez de las trasnacionales como por la inconformidad social de muchos pueblos por la aplicación del modelo neoliberal. Pero esta responsabilidad, insistió Obama, no debe ser “exclusiva de Estados Unidos” –y aquí aparece un punto central de la nueva estrategia–, sino se entiende que ha de ser también de los países subordinados a Washington, como los integrantes de la OTAN, que ya actuaron lo mismo en Irak y en Afganistán que en Libia. O, peor aún, como en el caso de México, donde la Marina y el Ejército, gracias al gobierno panista de Felipe Calderón, han librado una “guerra” y matado a miles de mexicanos para defender los intereses de Estados Unidos.

5. La guerra actual de Estados Unidos en México, supuestamente contra los cárteles, para proteger su “seguridad nacional” (pero en realidad para reordenar el mercado de las drogas y crear las condiciones para que Washington pueda apoderarse plenamente de los recursos de la nación mexicana) es también la guerra de Calderón por generar un clima de amedrentamiento para poder desmantelar el Estado de bienestar, entregar las riquezas del país y prevalecer otros seis años. De ahí la entrega del control de territorio a Washington, cuyos drones –o aviones sin tripulación– trazan el mapa del territorio nacional sin freno alguno y cuyas agencias han subordinado a las fuerzas armadas locales.

6. Las acciones relámpago, con comandos especiales y bombardeos selectivos, son las que en múltiples ocasiones voceros del Congreso estadunidense han avistado para atrapar al Chapo Guzmán o a alguno de los capos mexicanos (como en el caso de Osama Bin Laden), pero también, como veladamente se ha dicho, para enfrentar a algún movimiento social. De ahí la responsabilidad política y penal de Calderón al haber permitido este escenario en México, la que comparte no nada más con la titular de Relaciones Exteriores –por mucho que haya sido una figura decorativa– y con quienes lo han ayudado a instrumentar el esquema que se le impuso en 2006 para ayudarlo a salir del desastre del fraude electoral: lo mismo el embajador Arturo Sarukhán en Washington que su asesor en Los Pinos, Rafael Fernández de Castro, o los senadores que lo han avalado.

7. La mayor parte de los analistas que se han referido al discurso de Obama en Arlington han soslayado el tema de “la nueva estrategia”, lo que no va a emerger sino con el tiempo, y han creído ver atrás de la decisión sólo un problema presupuestario al abrirse la vía a un ejército “más pequeño”; pero ya desde ese día el secretario de la Defensa, Leon Panetta, recalcó que esta reforma obedece a la necesidad del Pentágono “de adaptarse a los nuevos peligros que hoy amenazan al mundo”, y que “no está determinada por la crisis económica” de Estados Unidos. Pero si el Pentágono tuviese que recortar sus gastos (lo que muy difícilmente va a acontecer), estarían preparados. El presupuesto militar de Estados Unidos para 2012, hay que recordarlo, aun contando con menos fuerzas convencionales terrestres, es de 662 mil millones de dólares, similar al de los años de Bush.

8. La cereza en el pastel del nuevo esquema estadunidense sería, por otro lado, que Washington se arrogara la facultad de decidir a quiénes designar como responsables de las fuerzas armadas en los países que se le han subordinado, y México no está lejos de ese peligro. En un reciente artículo, Javier Ibarrola señalaba en Milenio Diario del 11 de enero que ante la que llama “baja calidad de los candidatos a la Presidencia de la República”, de las propias fuerzas armadas han surgido los nombres de cuatro generales, que él menciona, para que de ahí salga quien comande en el sexenio próximo a cerca de 300 mil elementos.

9. En todo este escenario sobre la nueva estrategia imperial de Estados Unidos, mistificada como “de seguridad nacional”, llama la atención que al lado de Asia, donde por razones geopolíticas Washington busca consolidar sus enclaves en función sobre todo del petróleo (Irán) y de la economía para intentar frenar a China (Corea del Norte), tanto Obama como Panetta hayan insistido tanto en América Latina donde, según amenazó el secretario de la Defensa, sin dar una sola razón para ello, “continuaremos de forma innovadora nuestra presencia”. Con lo que México ha sido para ellos, gracias al entreguismo de Calderón, un ensayo “innovador” y exitoso.

10. Los mexicanos cada vez más numerosos que denuncian el escenario siniestro de una guerra que le fue impuesta a México, clamando “¡Ya basta!” en este año electoral, se están dirigiendo por lo tanto no nada más a Felipe Calderón, al gobierno del PAN y a una clase política corrupta, sino a Washington y a los grandes poderes financieros que han hecho de nuestro país un laboratorio de la destrucción y el terror.

La estela

Luis Javier Garrido

Las elecciones de 2012 en Estados Unidos, sea quien sea el triunfador el 6 de noviembre, no cambiarán en nada las políticas de Washington hacia México, como algunos analistas suponen, ni en materia de migración ni en lo relativo a la guerra contra el narcotráfico” que nos han impuesto con la connivencia de los panistas, por lo que la vía para detener el proceso de degradación se halla en manos de los mexicanos.

1. 2012, año de elecciones en Estados Unidos y en México, se inicia con la información de que en 2011 la “guerra de Calderón” dejó más de 12 mil muertos y la deportación de más de 400 mil indocumentados, y el mayor desencuentro entre los pueblos de ambos países. De ahí que ante la inauguración en Chapultepec del adefesio arquitectónico denominado Estela de Luz, muchos sugieren se le llame el Monumento a la Corrupción, aunque otros proponen que sea bautizado como Memorial de los Crímenes de la guerra de Calderón.

2. Las elecciones estadunidenses que enfrentarán al demócrata Barack Obama probablemente con el ex gobernador de Massachusetts, el republicano Mitt Romney, no definirán ningún cambio de política, no sólo porque entre republicanos y demócratas no hay ya mayores diferencias, sino porque el presidente de Estados Unidos no tiene las facultades inmensas que le atribuyen algunos estudiosos. Lo confirma un Obama incapaz de hacer siquiera cambios cosméticos a la línea ultraderechista que le están marcando.

3. El gran sociólogo C. Wright Mills lo explicaba en 1956 en La élite del poder, donde sostenía que la clave estructural de esa élite reside tanto en el sector económico como en el militar y en el político, y siguiendo su análisis se confirma más de medio siglo después que esos tres círculos de poder –el del capital financiero, el de los militares del Pentágono y el de la clase política de Washington– tienen intereses propios para mantener a México en el estado de caos que han generado por la complicidad y venalidad del gobierno del PAN, y eso rebasa a los aspirantes a ocupar la Casa Blanca.

4. El balance de David Brooks (La Jornada, 4/1/12) sobre la precampaña republicana constataba lo que no puede sorprender: los aspirantes a la Casa Blanca –en particular Newt Gringrich, Rick Perry, Ron Paul y ahora Rick Santorum– coinciden en su posición antimigrante y a favor de “sellar” la frontera, por lo que, como buenos neoliberales, al manifestarse contra el Estado de bienestar y preconizar que “el libre mercado” es la solución para todo coinciden con los demócratas Barack Obama y Hillary Clinton en su designio de desmantelar la nación mexicana en función de los intereses estratégicos estadunidenses, que son tanto los de Wall Street y el gran capital como los del Pentágono y la hegemonía militar para hacerlos valer.

5. El narcotráfico es el gran tema ausente de la campaña presidencial en Estados Unidos, como lo ha sido de la literatura académica en las grandes universidades estadunidenses, cuyos investigadores se deleitan en hablar de los capos mexicanos, pero ignoran la realidad de su país. Todo mundo sabe cuál es el acuerdo tácito entre las élites del poder estadunidense y los cárteles luego del fracaso de la experiencia de la Prohibición, pero de esto sólo se habla veladamente en el cine y la literatura. La connivencia de los círculos de poder financiero, militar y político con las organizaciones mafiosas, que ya era plena en los años 60, no se quiere reconocer abiertamente, y si algunos miembros de la élite que pretende tener la conducción del aparato de poder (pero que no es autónoma, sino dependiente) no aceptan ese entendimiento, como fue el caso de los Kennedy, se les hace a un lado.

6. El narcotráfico es un negocio oficial y un asunto de Estado, pero no debe decirse. El país que es el principal consumidor de drogas en el mundo resulta que no tiene organizaciones de narcotraficantes y que, según la pueril explicación del Departamento de Estado en estos años de Obama (que han hecho suya los republicanos), son los cárteles mexicanos los responsables hasta del narcomenudeo en las ciudades de Estados Unidos. Como aconteció en las décadas de los 30 y los 40 del siglo XIX, México y los mexicanos son la expresión “del mal” y hay que combatirlos.

7. Obama puede ser considerado el presidente estadunidense que más daño ha hecho a México desde Andrew Jackson (1829-1837), quien fraguó “la independencia” de Texas y sentó las bases para su anexión a Estados Unidos y para la guerra contra México que cercenó más de la mitad del territorio mexicano (1846-1848), porque así como aquél tuvo cómplices de este lado de la frontera. Calderón, los panistas y los conservadores son los equivalentes de Santa-Anna, los santanistas y los conservadores del XIX: no entienden lo que son los derechos de los mexicanos, carecen de una visión de la nación, no saben cuáles son las funciones del Estado nacional y el pueblo de México no les importa.

8. La “guerra contra el narco” que Calderón pretende suya, aunque se la hayan impuesto, ha llevado a una entrega descarada del petróleo y de los recursos básicos a las trasnacionales, a un control de las agencias de Wa-shington sobre instancias del Estado mexicano, al desmantelamiento de la nación y a un empobrecimiento del pueblo, pero también a un mejor control por Estados Unidos del narcotráfico internacional, a reordenar el mercado y a asegurar lo que llaman su “seguridad nacional”. Para eso han servido las políticas de violación sistemática de los derechos de los mexicanos durante cinco años y más de 50 mil muertes: un saldo que ningún gobernante mexicano ha tenido desde el santanismo y que quiere proseguir con una imposición.

9. La campaña presidencial de México en 2012 sí es, a diferencia de la estadunidense, un momento clave para redefinir al país y decidir si queremos ser una nación dueña de su destino o abismarnos hacia un protectorado: si queremos ser un país regido por leyes o las normas no escritas del mercado. Los tres tristes aspirantes a la investidura presidencial del blanquiazul no son moralmente viables para México, pues los tres –Creel, Cordero y Vázquez Mota– proponen el continuismo de los crímenes de Estado, del horror y del entreguismo, como sintetizaba Ernesto Cordero, precandidato oficial, cuando en su primera conferencia de 2012 clamaba que sería peligrosa la marcha atrás en “la narcolucha” (Milenio Diario, 3/1/12). Como no lo es tampoco el abanderado priísta Enrique Peña Nieto, cuyo partido ha avalado todas las tropelías de Calderón contra la nación y no propone sino más de lo mismo. O como no lo son los chuchos perredistas o el mismísimo Marcelo Ebrard, que al alinearse con Calderón, pretendiendo hacer méritos con Washington, le dieron la espalda a la nación.

10. El pueblo mexicano está diciendo a la élite del poder de México que “¡Ya basta!”, y si ese clamor no lo entienden sus integrantes en este 2012, tendrán la responsabilidad de haber llevado al país a un abismo de profundidad desconocida.

El irresponsable

Luis Javier Garrido

La multiplicación de las acusaciones y señalamientos al gobierno panista por los crímenes de Estado cometidos en los pasados cinco años ha cogido desprevenido a Felipe Calderón al iniciar su último año de gobierno, y no parece acertar a otra cosa más que a asumir una actitud defensiva para invocar su irresponsabilidad por lo acontecido, arrojar a otros las culpas, manifestar su desconocimiento sobre muchos de los aspectos de su “guerra contra el narco” y clamar una y otra vez que él es el representante de las fuerzas del bien que luchan contra el mal.

1. El inicio del último año del sexenio de un gobernante mexicano ha estado marcado siempre por su pérdida de poder político y por la emergencia del descontento popular acumulado durante cinco años, y el de Calderón no está siendo la excepción, pues a pesar del clima de amedrentamiento en el que sustentó su gestión, los actos represivos que caracterizaron su administración –que no tienen precedente en la historia moderna de México–, a pesar de haber sido presentados mentirosamente a la opinión nacional, empiezan a ser hoy objeto de investigaciones independientes y de una condena sin concesiones.

2. Los bárbaros actos de exterminio que horrorizaron durante cinco años a los mexicanos, y que el gobierno panista con cínico desparpajo atribuyó siempre al “crimen organizado”, es decir a los cárteles del narcotráfico, está siendo hoy reconocido que son también imputables al gobierno federal.

3. La pretensión de desconocer muchos aspectos de lo que está aconteciendo durante la llamada “guerra contra el narco” no exonera desde luego de sus responsabilidades políticas y penales a Calderón, sino que por el contrario brinda nuevas evidencias sobre su papel al aceptar que la conducción de las operaciones policiaco-militares que se llevan a cabo en territorio mexicano estuviera a cargo de agencias estadunidenses que evidentemente no le informarían de sus acciones, por lo que el escenario para hacer a México el objetivo de una intervención sigue avanzando. Un pánel de la Cámara de Representantes aprobó ayer un “plan de contrainsurgencia” para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como “organizaciones terroristas”: lo que han estado fraguando desde hace meses los halcones de Washington con la complicidad de Calderón y los panistas. La cesión de facultades constitucionales a un poder extranjero no es nada más por lo mismo un acto de irresponsabilidad, sino también de traición a la patria.

4. Las preguntas que se pueden hacer sobre las consecuencias de esta guerra evidencian que no se puede eximir de responsabilidad por lo anterior al titular de facto del Ejecutivo ni a los funcionarios federales. ¿Quiénes han sido los autores de los homicidios, secuestros e innumerables matanzas de los últimos años? ¿Las fuerzas “del mal”, como pretende demagógicamente Calderón, y lo repiten los medios, o cuerpos de la Marina Nacional o del Ejército? ¿O los paramilitares oficiales creados por el gobierno calderonista conforme al modelo colombiano, en el marco de la Iniciativa Mérida y siguiendo las directrices estadunidenses?

5. Entre el dilema de aceptar la complicidad por actos criminales de Estado o invocar una ignorancia sobre lo que está aconteciendo en el escenario de violencia generado por su gobierno, Calderón está ahora optando por esto último, lo que no lo exime desde luego de nada. La declaración hecha en Washington por Alejandra Sota (vocera de Los Pinos) el domingo 11, en el sentido de que el gobierno calderonista desconocía que la DEA lavaba dinero en México, como lo informó The New York Times días atrás, no hace más que evidenciar más a un gobierno al margen de las decisiones fundamentales que alguien está tomando en la “guerra contra el narco”.

6. La minimización de la gravedad de los hechos por parte de Calderón no parece ser tampoco una salida airosa ante la acusación que se le formuló a él y a su gabinete de seguridad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) por los delitos de lesa humanidad que presuntamente han cometido durante su “guerra contra el crimen organizado”, denuncia que lo puso tan desasosegado que está cambiando su versión sobre lo que pasa. Los medios quedaron sorprendidos de que en sus intervenciones cotidianas, los días 8 y 9 de diciembre, como anunciando que en ese argumento basaría su defensa de ser procesado por algún tribunal internacional, reconoció fallas en su estrategia y culpó al Ejército de violaciones a los derechos humanos, aunque pretendiendo minimizarlas (como si esto fuera posible) y reducirlas a casos esporádicos: pues son la excepción, dijo, y “no la regla” (La Jornada, 9 de diciembre).

7. La decisión de arrojar a otros la responsabilidad por los actos del gobierno federal no es tampoco nueva y no extrañan por eso los dimes y diretes que se han producido luego del homicidio el 12 de diciembre de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en la Autopista del Sol al pretender desalojarlos, pues de acuerdo con la versión de ellos mismos estuvieron sometidos al fuego cruzado de la Policía Federal y de los cuerpos policiacos estatales. El gobierno calderonista busca sin embargo sacar raja del crimen, y pretende a la vez autoexonerarse y apoderarse del gobierno guerrerense si logra defenestrar al gobernador Ángel Aguirre, cuando lo cierto es que son tan culpables éste como los funcionarios federales, que tenían una doble responsabilidad del operativo: por producirse en una carretera federal y por el hecho de que en el convenio de “Guerrero Seguro”, suscrito en octubre, el control de la seguridad estatal quedó a cargo del gobierno federal.

8. El crimen de la Autopista del Sol ha suscitado una indignación nacional inesperada no nada más por haberse asesinado a sangre fría a dos jóvenes estudiantes, sino porque los videos con los que ambas partes buscan culpar a la otra no hacen más que evidenciar que el gobierno federal y el estatal se comportaron de la misma manera, y que el poder que gobierna a México tiene una naturaleza criminal. La muerte de los estudiantes guerrerenses pone en la reflexión nacional a los cientos de miles de muertos en este sexenio que son imputables a las fuerzas del Estado, porque el crimen organizado se halla también en el poder público.

9. El ministro en retiro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, con gran valor civil señaló en días pasados durante una entrevista en La Jornada (11 de diciembre) lo que todo mundo empieza a conocer pero que pocos se atreven a decir: que el negocio del narco pasa por los intereses del gobierno. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien está protegido por Washington (y por Calderón) es parte de un equipo, dijo Castro y Castro, ligado a los cárteles.

10. El gobierno de facto, de acuerdo con múltiples evidencias, está involucrado a todas luces con el negocio del narcotráfico y es un actor fundamental en las represiones y crímenes de estos años, por eso no es suficiente el “¡Ya basta!”, sino que urgen acciones ciudadanas más decididas.

El encubridor

Luis Javier Garrido

El gobierno de Felipe Calderón y los panistas se han desbocado al iniciar su último año de gobierno al acusar a sus opositores de formar parte del crimen organizado”, pero evidencias de todo tipo parecen mostrar que en realidad éste ha gobernado durante cinco años al país.

1. La injerencia de lo que los panistas llaman el “crimen organizado” en las elecciones se hizo patente desde 1988 cuando se señaló al cártel de Medellín de haber intervenido en apoyo de Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces lo mismo a candidatos del PAN que del PRI se les ha asignado vínculos con los cárteles. Así fue como de manera muy reiterada se señaló tanto en la campaña de Vicente Fox en el 2000 como en la de Felipe Calderón en el 2006 que habían recibido abundantes recursos del narcotráfico, sin que jamás se investigase nada.

2. El argumento esgrimido por Ernesto Zedillo en 1996 en el sentido de que el “macrofinanciamiento” de los partidos tenía como propósito impedir que el “dinero sucio” llegase a éstos, habría resultado de esta manera una falacia. El dinero del narcotráfico se halla en las instancias financieras, burocráticas y de seguridad del Estado, como también en las del Pentágono, las de la DEA y las de otras agencias del gobierno estadunidense, supuestamente dedicadas a combatirlo, y según múltiples analistas llegó hasta la Casa Blanca en los años de George Bush padre, por lo que no habría por qué suponer que no interviene en el caso de algunos candidatos a cargos de elección.

3. La tesis a la vez pueril y perversa que Felipe Calderón ha estado manejando desde que fracasara en su intento de imponer con procederes ilegales a su hermana Cocoa como gobernadora de Michoacán, en el sentido de que fue derrotada por la intervención del narco, aunque sin presentar pruebas de su dicho, como la campaña que ha empezado a orquestar en vistas al 2012 pretendiendo que él y los panistas luchan contra el “crimen organizado” y el PRI está aliado a éste, configura no sólo una serie de acciones delictivas que podrían llevarlo al desafuero, pues envilece de manera muy grave el proceso electoral, sino un acto de bajeza política. Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial del PRI, tiene razón al menos en ese punto al señalar el miércoles 7 que es preocupante su actitud de descalificación. Con su activismo en estas semanas, no como jefe de Estado (papel que Calderón nunca entendió) sino como jefe de partido o de facción, lo único que el gobernante espurio ha logrado es derruir a las instituciones y hacerle un gran daño al país.

4. La historia reciente no ayuda empero a Calderón, pues su “guerra contra el narco” ha tenido como objetivo hundir a México en la violencia a fin de propiciar que Washington se apodere de espacios estratégicos del país y reordene el negocio en su beneficio (y en el de los grupos que protege en México), como lo está haciendo en Afganistán. Las evidencias múltiples de que ambos gobiernos estuvieron de acuerdo desde 2008 en la introducción clandestina de armas a México destinadas a los paramilitares y a los cárteles aliados a ellos (aunque después simularan amnesia) se han visto confirmadas con la información sobre el “lavado de dinero” que el domingo 4 publicó The New York Times, pues la nota de Ginger Thompson da cuenta de que la DEA ha lavado impunemente dinero en México en contubernio con el gobierno mexicano.

5. En el escándalo suscitado tras el incendio del casino Royale en agosto apareció también el vínculo del círculo íntimo de Calderón con las mafias que controlan los casinos en el país, pues el zar de éstos, Juan José Rojas Cardona, fue señalado por haber entregado “dinero ilícito” a la campaña de Calderón en 2006 (Proceso, 1818), y por estar armando una trama con los casineros a fin de que financien la campaña de Ernesto Cordero. Las notas publicadas en los meses recientes dan cuenta de cómo los panistas se fueron de bruces con el negocio de los casinos, legalizando a cientos de ellos desde que Santiago Creel estaba en Bucareli, con el fin de utilizar el dinero que el negocio les dejaba en sus campañas electorales, y cómo a pesar del incendio del Royale siguen adelante en su negocio.

6. El escandaloso caso de Monterrey, que con razón ha ido suscitando un amplio repudio a Calderón, no ha dejado de crecer. Calderón personalmente le exigió al CEN panista hace años que lograra que los diputados del PAN votaran la legalización de los casinos y ahora él es señalado por estar atrás de la exoneración del panista Fernando Larrazabal o Larry, presidente municipal de Monterrey y operador en el norte de la campaña de Cordero, evidenciado por Reforma de tener una trama criminal con su hermano Jonás, también puesto en libertad y declarado inocente, no obstante los videos que muestran a este último recibiendo dinero en los casinos a cambio de la protección que les ofrecería el ayuntamiento.

7. Los inmensos negocios ilícitos en detrimento de la nación a los que se han entregado los panistas, y en particular Calderón y su grupo, han sido develados por múltiples reportajes, pero en uno de los más recientes que ha sido publicado, El cartel negro, de Ana Lilia Pérez (Grijalbo, 2011), aparece documentado cómo en la empresa de apoderarse de Pemex han estado asociados los panistas a una serie de grupos mafiosos, en particular desde que en 2004 Calderón fungiera como secretario de Energía y en 2007 Mouriño creara un entramado ilegal para enriquecerse con la privatización de la paraestatal, y cómo la corrupción oficial se justifica ideológicamente: abrir la vía a un mayor control de los recursos estratégicos por el capital trasnacional.

8. La naturaleza de las ejecuciones que se han producido en México en los últimos meses confirma por otro lado la vinculación del gobierno con otra vertiente del crimen organizado: la de los grupos armados ilegales, creados y protegidos por las autoridades. La multiplicación de los homicidios no aclarados de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos por grupos paramilitares oficiales es un lugar común en América Latina, pues todos los involucrados en estos esquemas del crimen buscan impedir a toda costa que se conozcan los vínculos entre el poder político y los sicarios del gobierno, y México no es la excepción. Un buen número de las ejecuciones y matanzas que han acaecido en los años del calderonismo han sido atribuidas a las autoridades y no a los cárteles, por la sencilla razón de que son aquéllas las interesadas en silenciar a quienes están presentando denuncias por múltiples atropellos, como acontece ahora con Trinidad de la Cruz, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

9. La denuncia presentada por miles de mexicanos ante la Corte Penal Internacional de La Haya el 25 de noviembre contra Calderón y su “gabinete de seguridad” por delitos de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra el crimen organizado”, y a la que éste aludió en desasosiego durante su entrevista con Joaquín López Dóriga en Televisa los pasados días 6 y 7, abre por lo mismo la posibilidad de que el país conozca mejor la verdad de lo que está aconteciendo.

10. El gobierno de facto está decidido a imponer a un panista en la silla presidencial, pero no se ha dado cuenta de que la exigencia de “¡Ya basta!” va en serio, pues amplios sectores están decididos en México a hacer valer sus derechos.

Las amenazas

Luis Javier Garrido

El último año del gobierno panista está marcado por la información de la Cepal de que sólo en México y en Honduras creció la pobreza en América Latina (La Jornada, 30 de noviembre) y el empecinamiento de quienes gobiernan en extremar el clima de violencia que cada vez más repudian los mexicanos.

1. La denuncia presentada el viernes 25 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) contra Felipe Calderón y su “gabinete de seguridad” por delitos de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra el crimen organizado”, con el respaldo de más de 23 mil firmas, constituye un hecho sin precedentes en la historia jurídica y política de México, pues jamás un gobernante en funciones había sido objeto de una acusación de esta dimensión, y sienta un nuevo precedente en la histórica lucha de los mexicanos en defensa de sus derechos fundamentales y contra la impunidad del presidencialismo.

2. Este acto de dignidad de este grupo de mexicanos dignos se da en un contexto de hartazgo nacional ante la violencia de Estado desatada con fines aviesos por Calderón y los panistas, no contra los cárteles sino contra el pueblo mismo, y la demagogia con la que la derecha en el poder busca engañar al pueblo y crear las condiciones para proseguir el saqueo del país, pero no es la única manifestación de inconformidad que se da a nivel internacional ante la complicidad de la Suprema Corte de Justicia con el gobierno del PAN, y su incapacidad para hacer valer la principal de sus funciones: velar por la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración.

3. Las iniciativas para recurrir al derecho internacional a fin de detener la barbarie calderonista se están multiplicando, pues el 21 de octubre otro importante grupo de mexicanos respaldó la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), heredero del Tribunal Russell, para abrir un capítulo en México y juzgar a Calderón Hinojosa (La Jornada, 22 de octubre). Ya en marzo un ciudadano mexicano había presentado otra querella en La Haya contra él por crímenes de guerra y de lesa humanidad (aceptada entonces con más de 400 votos contra tres abstenciones). Y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el escritor Javier Sicilia, a pesar de haber sido objeto de todas las burlas de Los Pinos sigue buscando incidir en esta lucha, sobre todo ahora que otro de sus integrantes fue asesinado impunemente.

4. El escenario de la globalización neoliberal que se ha ido forjando como “un candado de seguridad” de los intereses de las multinacionales y de los crímenes de los gobernantes está así siendo utilizado en su contra, no obstante los esfuerzos espurios por coparlo, y aunque poco puede esperarse de éste, el precedente ahí queda. A pesar de que Calderón Hinojosa fracasó en octubre en su intento por colocar a Javier Laynez Potisek, un oscuro abogado empresarial, como juez de la CPI, al ser estimado éste como “no calificado” para el cargo (Proceso, 1827), Washington conserva un control casi absoluto sobre los tribunales internacionales.

5. Los fundamentos de la acusación a Calderón se hallan a la vista de todos, pues el gobierno de facto dio a las fuerzas armadas un papel ilegal como policías con autorización para violentar los derechos humanos, allanando domicilios, deteniendo a personas y, a pesar de que esto se niega, disparando sobre el pueblo, lo que ha generado un sinnúmero de crímenes; avaló la estrategia de Washington para crear grupos paramilitares e introducir ilegalmente armas a México destinadas a éstos y a ciertos cárteles a fin de exacerbar la violencia y la colombianización del país; permitió la presencia impune de agentes estadunidenses en territorio mexicano para dirigir a las fuerzas armadas; y administró, en suma, la violencia en un escenario en el que “el crimen organizado” está en todas partes y no se sabe quién genera los crímenes y las matanzas: si los cárteles que se pretende combatir, y que florecen como el negocio, o las fuerzas armadas y los paramilitares oficiales y sus cómplices en el sector político y financiero, que buscan reordenar el negocio en función de los intereses de Washington. De ahí que el escritor Fernando Vallejo, con gran valor civil, señalara el día 26 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que “Calderón es un hombre indigno del puesto que ocupa”.

6. La respuesta de Los Pinos a la denuncia ante La Haya en un comunicado emitido la noche del domingo 27, calificando como “calumniadores” a los signatarios de la misma y amenazando con “proceder legalmente” (lo que ya se sabe lo que significa en México) contra ellos y contra cualquier otro que cuestione su estrategia en “foros e instancias internacionales o nacionales”, ha merecido en consecuencia un repudio absoluto y lo menos que se ha hecho es calificarla de fascistoide, pues las amenazas gubernamentales son contra todos los mexicanos inconformes, que es la mayoría.

7. El inusitado respaldo a Calderón de Emilio Chuayffet (presidente de la Cámara de Diputados), señalando el día 28 en una rueda de prensa, a la que asistió en un estado de agitación incontrolado, que éste tiene derecho “a defenderse” frente a “injurias no probadas”, es en todo caso un desvergonzada exigencia a la impunidad de la “clase política mexicana” y de él mismo: una autodefensa, que mucho aclara lo que acontece. Como se recuerda, Chuayffet fue señalado cuando despachaba en Bucareli como principal responsable por la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que conmovió al mundo, y acusado a nivel internacional por auspiciar la creación de paramilitares en Chiapas, lo que llevó a Zedillo a removerlo del cargo. El pez por la boca muere, y el precandidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto, olvidándose también que es un derecho inalienable de los mexicanos el acudir a un tribunal internacional, se opuso con énfasis al día siguiente a cualquier acción contra un presidente en turno, advirtiendo así que en el caso de llegar a Los Pinos querría mantener el estatuto de absoluta impunidad para la “clase política” y el Ejecutivo federal.

8. El asesinato del activista social Nepomuceno Moreno Muñoz, integrante del MPPJD, el lunes 28 en el centro de Hermosillo, luego de que había denunciado y dado información a la PGR por la desaparición de varios jóvenes –entre ellos su hijo–, y solicitado la protección oficial, plantea empero de nuevo las mismas cuestiones: ¿dónde está “el crimen organizado”, en los cárteles o en el gobierno? ¿Y a quién interesa más se extreme el clima de violencia en el país: a Washington y a la actual cúpula en el poder, o a los narcotraficantes?

9. La nueva legislación, ya de corte abiertamente fascista, que los panistas buscan introducir estos días en la “miscelánea penal”, equiparando protestas a actos terroristas y criminalizando los actos de inconformidad ante las autoridades, para al mismo tiempo fortalecer el estatuto de impunidad para las fuerzas extranjeras que operan en México, denunciada por el senador Pablo Gómez (La Jornada, primero de diciembre), es una nueva señal de los riesgos que corre la nación.

10. El último año del gobierno de facto se inicia de esta manera con un número de mexicanos cada vez mayor que están dispuestos, con una intransigencia que conmueve, a hacer valer su exigencia de “¡Ya basta!” a la cúpula de un poder económico y político empeñada en mantener a toda costa sus privilegios.

El fallo

Luis Javier Garrido

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legitimando los ataques calumniosos de la revista Letras Libres contra La Jornada quebranta seriamente el orden constitucional de la República y contribuye a llevar al país a un escenario incierto en donde se pretende impere la “ley de la selva”, como lo quieren las fuerzas conservadoras del país.

1. La mayoría de los mexicanos reclaman un México en el que prevalezcan la sensatez y la legalidad por sobre la violencia material y mediática ilegal que ha sustentado al gobierno panista de Felipe Calderón, pero las fuerzas de la ultraderecha mexicana, a pesar de no tener sustento social, siguen empecinadas en mantener un clima de terror y amenazas y tensar más al país, única vía a su alcance para preservar el actual régimen de privilegios y en ese marco proseguir entregando las riquezas estratégicas de la nación y el control de nuestro territorio y del aparato estatal al exterior, y es muy preocupante por ello lo que acontece en el Poder Judicial.

2. El fallo de la primera sala de la SCJN pronunciado el miércoles 23 de noviembre, denegando por cuatro votos contra uno justicia al diario La Jornada en su reclamo presentado en 2004 ante las calumnias vertidas en su contra por Fernando García Ramírez, articulista de la revista Letras Libres, es de una enorme gravedad en la vida jurídica de México, pues violenta el orden constitucional, legitima la calumnia, envilece el debate público y termina por revertirse contra la propia Corte, que al evidenciarse como un simple instrumento del poder se hunde cada vez más en el descrédito.

3. La sentencia de los señores ministros lejos de rectificar las barbaridades del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, profesor de la Universidad Panamericana (que como se sabe es del Opus Dei), sólo corrige algunas de sus barbaridades, y conforme a la práctica de la Corte pasa al procedimiento del “engrose”, a fin de seguirla corrigiendo gramatical y jurídicamente para eliminarle algunos de sus juicios más obtusos antes de ser publicada, lo que acontecerá en unos cuatro meses. La aberrante tesis central, que ofende a la razón y el derecho, queda empero en firme y con ella el mensaje que el régimen busca enviar: se puede impunemente calumniar desde los medios, sobre todo si son de derecha y en particular en vista de las elecciones. El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia les estropeó a pesar de todo el número, pues disintiendo de sus cuatro colegas dejó establecido de manera nítida que el texto acusado sí buscó deliberadamente, y sin tener su autor prueba alguna, atacar “el honor y la reputación del periódico” y de su subdirector por el mero hecho de ser vasco.

4. No es esta desde luego la primera ocasión en que el más alto tribunal del país, que debería ser el garante de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, falla contra la razón y el derecho, evidenciando que ha involucionado del rango de dignidad que tuvo en el siglo XIX hasta llegar al triste papel de “candado de seguridad del capitalismo neoliberal” y de los intereses más conservadores, como se vio en dos fallos recientes. En junio de 2011 resolvió dejar vigentes los anticonstitucionales contratos integrales de Pemex con multinacionales españolas, argumentando que los cuatro presidentes municipales tabasqueños que habían presentado la controversia constitucional no tenían un interés legítimo, y en septiembre de 2011, luego de una abierta presión del Vaticano y del gobierno calderonista, se opuso a la despenalización del aborto establecida en las constituciones locales de Baja California y San Luis Potosí.

5. La Jornada inició este proceso demandando a los calumniadores, como si estuviésemos en Suiza o en Finlandia –donde hay una justicia autónoma– y no en México –donde a juicio de los expertos la casi totalidad de los ministros se hallan subordinados a Los Pinos–, con la convicción de que a pesar de la naturaleza del Poder Judicial de nuestro país, es una responsabilidad ética y cívica de todos los mexicanos el no dejar pasar este tipo de acciones delictivas por muy vinculados que estén sus autores al poder, en el que a muchos expertos pareció un acto quijotesco, pues como se sabe Juan Silva Meza (presidente de la SCJN) es nieto del abogado michoacano que cobijó a la familia Calderón cuando ésta vino a establecerse a la capital y el ministro ponente Zaldívar coincidió con Calderón durante sus estudios en la Escuela Libre de Derecho.

6. El fallo de los irresponsables ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Mario Pardo Rebolledo, que avalaron al ponente a pesar de reconocer que el calumniador no tenía prueba alguna de su dicho, no es a pesar de todo nada más “otro yerro monumental” de la Suprema Corte, como sostuvieron varios legisladores el mismo día 23, sino que al denegarle justicia a La Jornada y oponerse a su derecho a la reparación del daño, invocando para ello criterios neoliberales para terminar pisoteando la Constitución General de la República, impuso como norma de convivencia en México la “ley de la selva”, como lo estableció este diario en su histórico editorial del viernes 18.

7. El carácter político y no jurídico de esta decisión está contribuyendo a derruir el incipiente estado de derecho en el país, que muchos buscan en vano levantar mientras desde el poder se le dinamita, y por todo ello la responsabilidad histórica de los ministros es muy grave.

8. El modelo de someter al más alto tribunal del país al poderío de la derecha económica y política se fue delineando en Estados Unidos a lo largo del siglo XX y ese es el modelo que se delineó para México desde que en 1994 Ernesto Zedillo rediseñó a este tribunal (y a la justicia mexicana) para que sirviera a los intereses más conservadores, pero nunca como ahora se había llegado a niveles tan escandalosos. Si en el siglo XIX ilustres juristas integraron este tribunal, y a principios del siglo XX sólo lo formaban abogados respetables, hoy son oscuros señores (y señoras) licenciados, quienes están sirviendo a los poderes fácticos para demoler el orden constitucional.

9. Un elemento más de preocupación para los pueblos lo constituye el hecho de que junto con esta nueva “legislación internacional” que se busca imponer a través de pactos, acuerdos, tratados, convenios, planes o “iniciativas”, se hallan los tribunales supranacionales controlados por los poderes más oscuros del planeta. La Corte Internacional de Justicia o Tribunal de La Haya, como los otros tribunales penales creados ad hoc por iniciativa de Naciones Unidas o de la Unión Europea, son sólo instrumentos de Washington y de los poderes trasnacionales para procesar a sus opositores. La demanda de Proceso de tener acceso a las boletas electorales de 2006, denegada por la justicia mexicana, lo fue también, por ejemplo, por la justicia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en contra de la revista mexicana luego de que el gobierno mexicano infiltró a un comisionado afín a Calderón (Proceso 1828).

10. El fallo de la SCJN contra La Jornada no lo es por tanto sólo contra un diario y contra el derecho de los lectores a estar informados, sino contra el pueblo mexicano, cuyas garantías fundamentales le están siendo suprimidas por el poder de los grupos oligárquicos, por lo que el clamor de “¡Ya basta!” va hoy no sólo contra el gobierno antinacional y entreguista sino contra esa Suprema Corte cuyos ministros indignos parecen empeñados en colaborar con él destruyendo la Constitución de 1917 y su legado histórico.

La reconstrucción

Luis Javier Garrido

El estado de desastre en el que el gobierno de facto panista va a dejar a la República en 2012 impone que el próximo gobierno de México tenga que revertir con toda energía el proceso de deterioro por el que atraviesa el país, que no tiene precedentes en nuestra historia.

1. El nuevo gobierno deberá poner de entrada un alto al proceso de degradación del pueblo mexicano, inducido por los gobiernos de Estados Unidos y de México con su “guerra contra el narco”, que ahora tratan de reformular, pero con el mismo objetivo central: facilitar el control del territorio nacional y de las instancias del Estado por Washington. La administración panista de Felipe Calderón ha tenido como prioridad generar y exacerbar un clima de violencia extrema en el país en los últimos cinco años, haciendo aumentar deliberadamente la violencia criminal, los actos vandálicos de horror y el índice de homicidios, responsabilidad en alto número de las fuerzas oficiales y de los paramilitares del gobierno del PAN, y esto debe terminar.

2. El informe de Human Rights Watch, dado a conocer el 9 de noviembre, condenando al gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática de su gobierno a los derechos humanos, coincide en la exigencia de otras instancias internacionales de demandar el fin de la militarización del país, que ha producido, según documentan, además del clima de terror, que hace inviable la vida social y económica, casos de tortura, ejecuciones, desapariciones y otros gravísimos crímenes de Estado, por lo que la investigación y persecución de los delitos habrá de hacerse en lo sucesivo conforme a las disposiciones de la Constitución.

3. En este sentido, ha de ser prioridad para un nuevo gobierno terminar con las políticas de abandono del Estado de sus funciones constitucionales de proteger a los mexicanos y velar por los intereses nacionales en vez de los de “la globalización” (que no son otros que los de las corporaciones trasnacionales). El anuncio de que Washington habría entregado a finales de octubre tres aviones no tripulados a la Marina Nacional, que como se sabe está subordinada a las agencias estadunidenses y no tiene capacidad para operarlos, no significa más que el Pentágono tiene ya abierto un mecanismo para bombardear y destruir cualquier objetivo en territorio mexicano, y ello es inadmisible.

4. Una prioridad del gobierno que asuma el cargo el primero de diciembre de 2012 habrá de ser restaurar el federalismo y la autonomía municipal, hechos trizas por el gobierno centralista de Calderón, que con el pretexto de su “guerra” está tratando de entregar el control de las entidades a las agencias de Washington. Nada más grotesco que ver al abogado y multimillonario guanajuatense Juan Miguel Alcántara Soria (secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública), con el pretexto de evaluar y certificar a las autoridades y policías estatales y municipales, vejar a las autoridades locales y abrir la vía a que marinos y soldados bajo la conducción estadunidense controlen cada vez más el territorio mexicano.

5. El próximo gobierno deberá, ante todo, abandonar el modelo económico y social que se ha buscado imponer a México por la violencia en los últimos cuatro sexenios –y que ahora están haciendo suyo Beltrones y sus corifeos disfrazándolo de “nuevo proyecto” y de “paquete estratégico”–, para acelerar el desmantelamiento de la Constitución y lograr la plena imposición del neoliberalismo, y sustituirlo por un modelo que responda a las necesidades del pueblo y sea conforme a la Constitución.

6. El próximo presidente de México deberá para todo esto desempeñar el cargo conforme al texto constitucional, si se ha de rehabilitar el marco institucional destruido por el autoritarismo de los panistas, empecinados entre 2000 y 2011 en reconstruir un presidencialismo de facto por encima de la legalidad, y por lo mismo habrá de asumir el principio de que el Ejecutivo aplica las leyes y el Legislativo las modifica, por lo que el hecho de que no controle las cámaras legislativas deberá ser entendido en todos los sectores como “normal”.

7. El nuevo gobierno deberá, por lo mismo, estar atento en todo momento a las maniobras del sector más derechista de la “clase política”. El priísta sonorense Manlio Fabio Beltrones, quien en el pasado fue desdeñado por las agencias estadunidenses (que lo llegaron a vincular al narco), ahora busca servir obsequiosamente a Washington tratando de reinstaurar el “presidencialismo” que reclaman sectores de Estados Unidos, pero sustentándolo en su nueva versión en una seudolegalidad a partir de la contrarreforma que propone para obligar a los legisladores a integrar coaliciones forzosas como medio para sustentar lo que llama la “gobernabilidad”, que para él no es otra cosa que la posibilidad que se le quiere dar al Ejecutivo (ahora por ley) de controlar el Legislativo, proyecto al que arrastró el día 8 a Francisco Labastida (PRI), Diego Fernández de Cevallos (PAN) y Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), dando todos un patético espectáculo y que a pesar de sus aberraciones no está del todo muerto.

8. El nuevo gobierno deberá, por lo mismo, hacer de la democracia política una prioridad. En México “transición” no significó en los últimos años ir a la democracia, ni “alternancia” fue igual a “alternativa”. El patético espectáculo de Felipe Calderón, gobernante espurio, que llegó al cargo por la vía del fraude y ahora trata impunemente de imponer como gobernadora en Michoacán a su hermana la Cocoa, utilizando de manera ilegal todos los recursos del Estado, es un ejemplo de la ausencia de democracia en México.

¿Y no es acaso para todo esto una de las mayores prioridades modificar la situación existente en materia de concesiones a los medios masivos de comunicación para que México tenga una radio y una televisión dignas, que eduquen en vez de degradar y hablen con la verdad en lugar de tratar de manipular?

9. El nuevo gobierno deberá, en fin, defender las políticas sociales del Estado conforme establece la Constitución Mexicana –y como están haciendo con más decisión frente a los poderes trasnacionales varios gobiernos latinoamericanos e incluso europeos–, y terminar con el ofensivo derroche en equipamiento militar. La lucha de los indignados de acá, que con la huelga de hambre frente a la Bolsa Mexicana de Valores de Edur Velasco, profesor de la UAM, reclaman más recursos para educación, hermana a los mexicanos con las movilizaciones de varios meses de los estudiantes chilenos encabezados por Camila Vallejo en reclamo por una educación pública, de los estudiantes ingleses, del pueblo griego y de los estadunidenses de Ocupa Wall Street, pero nuestro gobierno sigue siendo una vergüenza nacional.

10. La prioridad de las prioridades habrá de ser, sin embargo, respetar los derechos fundamentales del pueblo, para que el clamor de “¡Ya basta!” deje de escucharse en México.