Pese a gestión cara de penales, no se respetan derechos humanos: ONG

De La Redacción

 

Periódico La Jornada
Viernes 15 de enero de 2021, p. 3

Si bien es cierto que las cárceles privadas han representado un costo excesivamente alto a nueve años de su puesta en marcha, sin que su capacidad se aproveche ni se respeten las garantías básicas de los internos, el gobierno no debe utilizar este tema para ocultar las graves violaciones que ocurren en los penales federales, señalaron colectivos de la sociedad civil.

En un comunicado conjunto, decenas de organizaciones –entre ellas Reinserta, Asilegal y Documenta, especializados en temas legales y penitenciarios– manifestaron su preocupación por el manejo que han hecho las autoridades sobre el tema de los centros de reinserción social administrados por contrato de prestación de servicios (CPS).

Los organismos firmantes lamentaron que para este tipo de cárceles, creadas en el sexenio de Felipe Calderón, bajo la supervisión del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se otorgaran contratos a 20 años.

Hasta este 2021, es decir, a nueve años de su privatización, mantenerlos activos ha representado un costo de 75 mil 665 millones de pesos. Para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el gobierno, restaría un pago de 190 mil 658 millones de pesos, es decir, un total general de 266 mil 300 millones de pesos por 20 años, puntualizaron los colectivos. Sin embargo, al mismo tiempo criticaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador los haya calificado como hoteles de lujo, pues aunque el tema de la corrupción administrativa es importante, no debe de soslayar de ninguna manera los atropellos y abusos de derechos humanos que suceden cotidianamente en dichos centros de reclusión privados.

De igual forma, los activistas consideraron, el tema no debe utilizarse para lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario: tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, violencia institucional contra las mujeres, personas de la comunidad Lgbtttqi+ olvidadas, hacinamiento, autogobierno, falta de condiciones de vida digna, víctimas de abuso y las miles de personas que por los traslados masivos han sido alejadas de sus familias.