Embestida de congresistas de EU // Compañías eléctricas piden a Biden que intervenga // Los ricos quieren ser dueños del espacio
etrás de numerosos congresistas de Estados Unidos se mueve el lobby de intereses económicos que aporta dinero para sus campañas. Está el caso de los fabricantes de armas. A pesar de tantos hechos violentos que han costado la vida a centenares de personas a lo largo de los años, han fracasado los intentos de prohibir la venta de armas. La Asociación Nacional del Rifle (en inglés National Rifle Association) dice defender el derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. Se fundó en Nueva York en 1871, por lo que se considera la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos. Esa es la careta que esconde un negocio multimillonario que poco tiene que ver con los derechos civiles. Una buena parte de las armas entran a México. No hay que asustarse ni agachar la cabeza ante los senadores que están protestando contra el gobierno mexicano por la ley que intenta aplicar para regular el negocio de la electricidad. (Está congelada por amparos concedidos por jueces federales bajo sospecha). Ahora, el Ejecutivo federal enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para meter orden en el sector. La primera regla es clara: la Comisión Federal de Electricidad debe tener bajo su control el mayor porcentaje del mercado. (No confundir a la CFE con su director, Manuel Bartlett; tal vez éste nos parece infumable, pero la institución va más allá de personas). En los meses que vienen vamos a escuchar mucho ruido de los legisladores gringos –en representacion de empresas tipo Iberdrola y Odebrecht– exigiendole al presidente Biden que intervenga en su favor. Tendría que verse Biden en su propio espejo. Tiene congeladas a varias empresas chinas: Huawei y Didi entre otras, y lo hizo para frenar a competidores de Apple y Uber.
Las trampas
Ojo con el papel que el patrón les pone enfrente para que lo firmen a ciegas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su segunda sala, estableció una jurisprudencia que determina que cuando un escrito de renuncia contenga dos elementos, como la firma y la huella digital, es suficiente que se acredite la veracidad de uno de ellos para que le sea atribuida la autoría al empleado. Con frecuencia, el patrón mañosamente pone frente al trabajador una hoja a medio llenar, aparentemente inocente, para que la firme, y si no sabe escribir, para que imprima su huella digital, pero tienen valor jurídico. La sala consideró que es jurídicamente válido concluir que cuando en una contienda en materia laboral se ofrezca como prueba la renuncia y dicho documento contenga los dos elementos de suscripción, basta que se acredite la veracidad de uno de ellos para otorgarle plena eficacia probatoria, pues el texto de la ley aplicable en esos casos así lo exige, independientemente de que no se acredite la autenticidad del otro elemento de identidad.
Ahora van por el espacio
Los ricos son los dueños de la Tierra, ahora también quieren ser dueños del espacio. Ya están vendiendo viajes al exterior del planeta. “Estamos vendiendo boletos. El primer boleto se vendió mediante una subasta, pero estamos charlando con nuestros clientes que participaron en esa subasta. Si alguien está interesado, envíenos un correo electrónico astronauts@blueorigin.com y tendremos una conversación, porque queremos llevar a la gente al espacio”, dijo a CNN Ariane Cornell, jefa de ventas de Blue Origin. Esta compañía es propiedad de Jeff Bezos, el creador de Amazon, que acaba de hacer un viaje con éxito. La empresa comentó que la subasta marcó un indicativo del interés de la gente en participar en los viajes realizados por Blue Origin, ya que 7 mil 600 personas de 159 países se inscribieron para ofertar.
¿Quién pompó?
El juez segundo de distrito en amparo, con sede en el estado de México, Adrián Rivera López, declaró inconstitucional la orden de aprehensión contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, de la empresa Telra Reality, por el caso de la indemnización presuntamente ilegal de 5 mil 88 millones de pesos, derivada de la cancelación de contratos con el Infonavit en 2017.
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La pandemia acentuó la desigualdad en muchos niveles. Ojalá los multimillonarios pusieran más los pies en la tierra y menos en el espacio.
Escribe @esquivelgerardo
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