Rechazo rotundo de AMLO a la reforma laboral panista

Va contra el espíritu y la letra del artículo 123 y la LFT, afirma

Lo electoral es político, expresa ante simpatizantes en gira por Jalisco

Andrés Manuel López Obrador, ayer durante su estancia en Puerto Vallarta, Jalisco Foto La Jornada

Mauricio Ferrer y Javier Santos
Corresponsales
Periódico La JornadaSábado 20 de marzo de 2010, p. 9

Autlán, Jal., 19 de marzo. En su segundo día de gira por Jalisco, Andrés Manuel López Obrador manifestó un rotundo rechazo a la reforma laboral impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, porque, dijo, va en contra del espíritu y la letra del artículo 123 de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Por eso también rechazó las alianzas del PRD con el PAN, “que desde el gobierno está quitándole los derechos laborales a los trabajadores. ¿Cómo es posible que se vaya junto con el partido del gobierno que está negándoles los derechos a los mineros de Cananea? Es una contradicción, eso no puede ser conveniente”, expresó.

“Pueden decir que es una alianza electoral, pero no, es una alianza política, lo electoral es político; entonces por eso no estoy de acuerdo con las alianzas”, dijo.

Por la mañana, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal se reunió en Puerto Vallarta con integrantes de los comités municipales del “gobierno legítimo” en esa localidad, además de los de Cabo Corrientes, San Sebastián, Tomatlán, Mascota, y hasta de Bahía de Banderas, Nayarit.

Allí dijo que por tratarse de un asunto que compete sólo a los mexicanos, “pido al gobierno de Estados Unidos no intervenir en el combate que se libra en México contra la inseguridad y la violencia”.

Asimismo, rechazó la presencia de agentes policiacos en Ciudad Juárez, Chihuahua. “No debe de intervenir el gobierno estadunidense en asuntos que solo competen al pueblo de México; somos un país libre, un país soberano”, sentenció.

Destacó que del movimiento de transformación del país y de la izquierda progresista han salido buenos dirigentes y funcionarios, como Enrique Alfaro, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, quien denunció el supuesto cacicazgo de Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara y en la dirigencia estatal del PRD.

Alrededor de las 15 horas, López Obrador arribó a Autlán de Navarro, en la costa sur de la entidad, para encontrarse con los comités de esa localidad y de Atengo, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García de Barragán, Chiquilistlán, El Grullo, El Limón, Juchitlán, La Huerta, Tecolotlán, Tonaya, Unión de Tula y Villa Purificación.

Cerca de las 18:30 horas, López Obrador se reunió en Ciudad Guzmán con aproximadamente 300 representantes de los comités de 27 localidades del sur de Jalisco. Para este sábado, el “presidente legítimo” se reunirá con sus simpatizantes de La Barca y Jalostotitlán, Jalisco.

No pasará la reforma laboral que entregó AN, advierten PRD y PT en el Congreso

Es otro intento por acabar con los derechos fundamentales de los trabajadores, señalan

La iniciativa puede terminar en nuevo pacto entre PRI y blanquiazul, prevé el “gobierno legítimo”

Los secretarios del Trabajo, Javier Lozano; de Hacienda, Ernesto Cordero; de Economía, Gerardo Ruiz, y el titular del IMSS, Daniel Karam, ayer en el salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos Foto Carlos Ramos Mamahua

Roberto Garduño, Andrea Becerril y Alma Muñoz

Periódico La JornadaSábado 20 de marzo de 2010, p. 5
Las fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados y en el Senado advirtieron que el proyecto de reforma laboral presentado por el PAN no pasará, ya que es un intento más por acabar con los derechos fundamentales de los trabajadores.
El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, advirtió que la propuesta entregada por el Partido Acción Nacional (PAN) debería llamarse “Ley Federal de los Patrones y el Capital”, porque eso es lo que tutela. Agregó que la orientación de la iniciativa es muy parecida a la que hace 100 años Porfirio Díaz dejó guardada en su escritorio. “Con ella pretendía acabar con movimientos de huelga, como el de Cananea, pero la Revolución de 1910 se lo impidió, sólo que ahora el PAN y sus abogados patronales la quieren revivir.”
Francisco Hernández Juárez, diputado perredista y dirigente del Sindicato de Telefonistas, desglosó los tres principales rubros que afectarían a los trabajadores de aprobarse la iniciativa del blanquiazul: “La limitación al derecho de huelga, la delimitación del tiempo que podrán durar los conflictos laborales y los obstáculos al prerregistro de sindicatos nuevos”.
El senador perredista Carlos Sotelo recalcó que esa iniciativa es “intransitable” en el Congreso. A su juicio, la conferencia que ayer por la mañana se ofreció en Los Pinos, “donde se presentaron cuentas alegres, de un supuesto crecimiento y desarrollo económico no es tal, sólo busca atemperar su reforma patronal”.
Lo que Felipe Calderón y su secretario del Trabajo, Javier Lozano, pretenden “es tender una cortina de humo para que no se conozca y no se valore la propuesta regresiva de reforma a la Ley Federal del Trabajo que ha presentado el PAN, recalcó el senador perredista.
Explicó que su bancada no votará en favor de que se profundice “un modelo de exclusión de la clase trabajadora, de que se le despoje de los escasos beneficios recibidos de la riqueza que produce, de achicar y eliminar los ya cada vez más estrechos derechos sindicales y laborales de los trabajadores”.
Discusión plural
En tanto, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados calificó de “tomadura de pelo” la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PAN en San Lázaro. Estela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia, expuso que las condiciones laborales en el país requieren una nueva norma que sea discutida y aprobada de frente y con la participación de trabajadores, especialistas, sindicatos independientes y todos los actores del sector: “Sería un grave retroceso en la materia no escucharlos a todos. Será necesario establecer cuáles son las vertientes positivas de una nueva legislación del trabajo porque, lamentablemente, un ejemplo evidente de la inequidad es la existencia de las empresas outsourcing [dedicadas a la contratación de empleados para terceros], que dan ocupaciones temporales, pero eluden sus responsabilidades con los trabajadores, dejándolos en la orfandad ante la ley.”
Trabajo sin prestaciones
Nazario Norberto Sánchez, integrante de la Comisión del Trabajo en San Lázaro, expuso que la propuesta busca legitimar prácticas que lesionan severamente la seguridad laboral y favorecer a los patrones.
“Las grandes empresas aplican modelos como el outsourcing, modalidades de trabajo por horas, pago por honorarios sin prestaciones, sin ingresar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajos de prueba y evitar a toda costa que se genere antigüedad.”
Cuestionado sobre las llamadas huelgas eternas y su efecto en la economía, Hernández Juárez adujo que estos movimientos laborales se convierten en eternos “porque los empresarios dejan abandonados a los trabajadores. El problema no es la duración de la huelga, sino las trampas que los empresarios hacen para evitar solucionar los conflictos. Y eso la autoridad lo permite”.
El senador Monreal sostuvo que, de aprobarse en sus términos la iniciativa, se estaría aplicando un decreto de extinción al artículo 123 constitucional, muy similar al que se puso en práctica para lograr la desaparición de Luz y Fuerza y acabar así con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
De forma y fondo, reiteró, es una iniciativa elaborada por abogados patronales, con una visión patronal, al servicio de éstos y no de los trabajadores, ya que no promueve el empleo, la mejoría del ingreso obrero, la productividad o la seguridad social, que son los objetivos centrales en toda ley laboral.
Con esa reforma, que propone modificar 419 artículos, “se le cae la máscara de defensor de los trabajadores al gobierno de Calderón y asoma el rostro antisindicalista, antiobrero y antilaborista del actual gobierno”, recalcó Monreal.
Irónico, consideró que es tan inviable esa iniciativa, que si Calderón la aplicara a los funcionarios de su gabinete y les pagara por horas efectivas laboradas, se quedarían vacantes la mayoría de los cargos de alto nivel, “empezando por el secretario del Trabajo”.
Los legisladores coincidieron en que esa propuesta de reforma laboral de AN “nace muerta” porque fue presentada sin respetar los procedimientos internos del Congreso, fuera del orden del día, sin consenso ni discusión previa.
Dirigentes gangsteriles
Jesús Martín del Campo, secretario del Trabajo del “gobierno legítimo”, advirtió que la propuesta de reforma laboral del PAN es regresiva, porque empeora la posibilidad de defensa de los trabajadores, va contra la contratación colectiva y la estabilidad en el empleo, la cual “prácticamente desaparece” al hablar de contratación por horas. Consideró que por ser tan dañina no pasará, pero es un proyecto que puede terminar en un nuevo pacto entre PRI y PAN.
En entrevista, consideró que la iniciativa protege, en cambio, a los dirigentes “gangsteriles” de sindicatos como el SNTE, y deja en claro que es totalmente “patronal. Es para legalizar acciones que se han venido haciendo contra sindicatos que tienen posiciones políticas contrarias al gobierno y que están por la justicia laboral”.
Además, la estabilidad del empleo prácticamente desaparece, porque se habla de contratación por horas y no por jornada. Si uno hace la cuenta, se trata de tasar en 6.25 pesos una hora de trabajo. Martín del Campo consideró que la iniciativa panista ha generado tal animadversión que es prácticamente seguro que no pase, sobre todo “en un panorama de carencia de empleos y que provocaría movilizaciones”.

EDITORIAL

Reforma laboral incierta

Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ayer, en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma de la ley laboral que busca, a decir del blanquiazul, colocar al país en la “modernidad” en materia de trabajo “sin afectar los derechos consagrados en el artículo 123” de la Constitución.
Entre otros puntos, la iniciativa panista propone regular la figura de la subcontratación o outsourcing; contempla incluir en la legislación modalidades de contratación por hora y temporada; plantea limitar el pago de salarios caídos; incorpora la “multihabilidad” obligatoria –a efectos de que los empleados desarrollen diversas funciones–, e incluye la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos de huelga, así como nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga. También plantea obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos.
Sin soslayar la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que contribuya a mejorar la situación laboral del país –en la que convergen la escasez de empleos formales, el ensanchamiento de la informalidad, el pago de salarios insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el despojo sistemático de los derechos más elementales de los trabajadores– y sin soslayar la pertinencia de algunos de los puntos de esta iniciativa –difícilmente se podría estar en desacuerdo con la proscripción del trabajo de menores de edad, la democratización sindical y las medidas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral–, cabe preguntarse hasta qué punto esta iniciativa contribuirá al bienestar de los asalariados. Llama la atención, en primer lugar, que se pretenda incluir en estas reformas el reconocimiento de la subcontratación, el pago por horas, los contratos por trabajo a prueba y por capacitación, el establecimiento de la figura de multihabilidad y demás medidas que parecen orientadas, más que a proteger a los empleados, a quitar responsabilidades patronales, profundizar la precarización y la incertidumbre laboral que privan en el país e incentivar la proliferación de empleos eventuales y mal remunerados.
Por otra parte, no puede escapar al análisis el hecho de que la presentación de esta iniciativa tiene dos elementos de contexto insoslayables: por un lado, el refrendo y las alianzas del grupo en el poder con algunas de las expresiones más recalcitrantes y antidemocráticas del sindicalismo charro –como las cúpulas que controlan los sindicatos de maestros y petroleros, o la propia CTM, alabada en días recientes por el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, como una de las organizaciones obreras “más serias, responsables y sensatas”– y, por el otro, una cruzada oficial contra el sindicalismo independiente, como se ha visto con la embestida gubernamental en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y su entorno social de apoyo tras la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido, es obligado preguntarse si, de ser aprobada esta reforma, los mecanismos de “transparencia y democratización” sindicales no se aplicarán en realidad de manera selectiva, como medio de golpeteo político en perjuicio de gremios considerados opositores.
Otro aspecto criticable del proyecto de reforma es que los legisladores panistas planteen elevar los requisitos necesarios para el emplazamiento a huelga y el establecimiento del arbitraje obligatorio en los conflictos –lo que abriría la oportunidad para que la autoridad respectiva dé por terminados los paros a su criterio– y no hagan lo propio con la creación de un verdadero órgano jurisdiccional en materia laboral que esté bajo control de jueces autónomos. Tal omisión es improcedente no sólo porque deja de lado una añeja demanda de sindicalistas, juristas y especialistas de la academia, sino porque de esa forma mantiene la facultad de la resolución de los conflictos laborales en manos las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias alineadas bajo la mascarada de un falso tripartidismo, a los designios del grupo político-empresarial que gobierna el país.
En suma, y a reserva de lo que ocurra en el debate legislativo sobre las reformas comentadas, es claro que éstas encierran, en su formulación presente, elementos que agudizan la incertidumbre y precariedad laboral en el país.