Entre dos aguas: la del negocio y la de la vida

Víctor M. Quintana S.

A

unque con razón y con justicia la masacre y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa haya acaparado la atención y la indignación nacional, la gravedad de los problemas relacionados con el agua sigue ahí.

La contaminación de los ríos en Sonora y en otros estados por parte del Grupo México, y la defensa que hace la tribu yaqui de su agua, no son episodios que se agotan en la coyuntura. México y el mundo están en la encrucijada entre un modelo de desarrollo extractivista autoritario y privatizante al servicio de intereses foráneos, por un lado, y la gestión democrática y sustentable del agua en nuestro territorio, por el otro.

Es precisamente este modelo de gestión democrática del agua para todas y todos el que se construye y propone desde el segundo Congreso Nacional Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua, celebrado en Guadalajara, del 2 al 4 de octubre. Participaron en él toda una gama de actores sociales involucrados en este vital tema: comunidades indígenas y campesinas, organizaciones gremiales, activistas, académicos, científicos.

Ahí se analizó cómo la reforma energética de Peña Nieto y sus aliados viene a legalizar, a darle estructura a toda una serie de acciones muy agresivas contra el agua y los recursos naturales de las comunidades. Una ofensiva extractivista que va por todo lo que pueda ayudar a la generación o conducción de energía para venderse, como prioridad para el país.

Se narraron los diversos esfuerzos de defensa y de resistencia de las comunidades, decenas de movimientos todavía dispersos y no muy conexos entre sí: la tribu yaqui contra el acueducto Independencia; las comunidades guerrerenses contra la presa La Parota, o las jaliscienses contra la presa El Zapotillo; las comunidades totonaca y náhuatl de las Huastecas contra el fracking; las comunidades del Istmo contra los megaproyectos de energía eólica... de norte a sur, del Golfo al Pacífico, crecen las revueltas. Ante estos esfuerzos, se puede ver con toda claridad que la criminalización de la protesta social es lo que estrategia del Estado contra la resistencia comunitaria. A los asesinatos como el de Ismael y Manuelita en Chihuahua y José Luis Tlehuatlie en Puebla, se agregan ahora el encarcelamiento injusto de los dirigentes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez; el de Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestos a la Presa La Parota, los presos de Atlixco y Sierra Norte de Puebla misma; el de Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec…

A contracorriente, brotan iniciativas que promueven el buen gobierno del agua. En Chiapas, por un lado, y en Jalisco, Colima y Nayarit, por otro, ponen en serio predicamento las iniciativas privatizadoras de leyes estatales. En Monterrey se impugna el proyecto Monterrey VI para trasvasar agua del río Pánuco hasta esta ciudad. En varias comunidades del estado de México como Tecámac, Texcoco y Chicoloapan, se crean y defienden sistemas comunitarios de gestión hídrica. En Tabasco hay una amplia participación de académicos y derechohumanistas en el Consejo de Cuenca Grijalva-Usumacinta. En Puebla hay manantiales de organización y resistencia en Amozoc, Atlixco y la Sierra Norte, entre otras. En Veracruz, a Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida ha articulado la defensa del territorio contra la minería tóxica y los 122 proyectos de presas que buscan inundar Veracruz; Unisur en Chilpancingo y Agua Compartida para Todos en Chilapa, Guerrero, aportan sus saberes y trayectorias. En el Distrito Federal se lucha contra la privatización disfrazada del agua y el despojo a pueblos originarios.

Esta coalición diversa se ha involucrado en una doble tarea de denuncia y anuncio. Denuncia las reformas estructurales, sobre todo la energética, como parte de la gran ofensiva contra el derecho humano al agua. A partir de los borradores que se han filtrado adelanta sus críticas a la ley Korenfeld, llamada así por el constructor negociante que hace las veces de director de Conagua. Será un ordenamiento que autorice los trasvases; derive grandes cantidades de agua al fracking; instituya la abdicación del Estado a regular el manejo de sistemas de agua y la minimización de su rectoría en la materia; la destrucción de los sistemas comunitarios; la privatización a la de a fuerzas; la desaparición de la gestión por cuencas. Reduce el derecho humano al agua a la cuestión de tarifas accesibles.

También anuncia, propone. Ha reu­nido varios millares de firmas para respaldar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Incluye una agenda nacional a lograrse en 15 años que contempla: el agua para ecosistemas vitales, agua de calidad para todos, para la soberanía alimentaria. Se propone también terminar con la contaminación de cuerpos de agua y con la sobrexplotación de aguas subterráneas y cuencas, así como los riesgos y desastres causados por el manejo del agua y del territorio.

Lo que abandera esta recién formada Coordinadora Nacional, Agua para Tod@s, Agua para la Vida, es una utopía minimalista, como diría Leonardo Boff, es decir, posible a mediano plazo, no totalizadora, pero con gran potencial de incidencia en el conjunto de la sociedad. Para irla haciendo realidad es necesario divulgarla, explicarla, discutirla con los diversos actores sociales. Hacer conciencia de su importancia, del modelo civilizatorio convivial, del cuidado, de la gratuidad, en que se basa.

Para eso es necesario un ardoroso trabajo organizativo: construir y organizar desde abajo, desde las cuencas y las comunidades. Apoyar las acciones de defensa jurídica, técnica, social y política. Formar, capacitar. Articularse con organizaciones como las de la próxima Convención Nacional Indígena y Campesina o las Jornadas en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida.

Si bien Ayotzinapa es un viaje al corazón de las tinieblas, es necesario congratularnos de los destellos de luz que poco a poco van manando. Esta coordinadora es uno de ellos.