John M. Ackerman
L
a execrable masacre de Iguala ha exhibido la enorme podredumbre de las instituciones políticas en todos los niveles de gobierno. Pero también ha reactivado redes de solidaridad locales, nacionales e internacionales, cuya fuerza podría finalmente poner fin a la ignominia del (neo)liberalismo despótico, en el poder desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946.
Ha surgido un histórico concierto de voces coincidentes en favor de la renovación de la política nacional: desde el Parlamento Europeo (véase: http://ow.ly/CD3fn ) hasta los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional; desde Amnistía Internacional hasta el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR-EPR) (véase:http://ow.ly/CD3cq ); desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta las autodefensas de Michoacán; desde los yaquis de Sonora hasta los policías comunitarios de Guerrero; desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta el Movimiento de Renovación Nacional, y desde París hasta Buenos Aires.
México es uno de los únicos países en América Latina que no han experimentado una transformación en su clase política durante las últimas décadas. A diferencia de países como Brasil, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Chile, en México el proceso de supuesta
democratizaciónha dejado totalmente intactas las redes de poder de los mismos de siempre. Los procesos de transformación en aquellos países no han estado libres de importantes contradicciones y grandes retos hacia el futuro, pero nuestro país ni siquiera ha iniciado el camino.
El crimen de Estado cometido en Iguala es el resultado natural de la conquista de la Presidencia de la República por un grupo de gobernadores feudales priístas que no cuentan con experiencia alguna en el ejercicio democrático del poder. Recordemos que Enrique Peña Nieto y cuatro de sus secretarios más importantes son ex gobernadores de estados que no han experimentado alternancia política alguna.Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam fueron gobernadores del estado de Hidalgo, estado bajo el férreo control de una mafia política local conocida por su corrupción y su intimidación a los rivales. Emilio Chuayffet y el mismo Peña Nieto son destacados representantes de la familia política de Atlacomulco fundada por Carlos Hank González, una de las redes de poder más perversas y retrógradas que han existido jamás en la historia de México. Y Pedro Joaquín Coldwell, el cuestionado Secretario de Energía actual, fue antecesor tanto del narcogobernador Mario Villanueva como del bebesaurio Beto Borge, quien actualmente despacha en el gobierno de Quintana Roo.
La forma en que opera este grupo político es por medio de la subordinación de las instituciones públicas a las redes informales de alianzas personales, políticas y de negocios. Por medio de pactos, prebendas e intercambios de la más diversa índole tejen una telaraña de control político, dominación social y enriquecimiento personal. El desplazamiento del Congreso de la Unión y la domesticación de la oposición política por medio del Pacto por México simbolizan la consolidación nacional de esta forma corrupta de gestión de poder. Y la masacre de Iguala exhibe la cara más sangrienta de esta misma descomposición institucional fomentada desde Los Pinos en todo el país.
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, constituye el perfecto representante del putrefacto sistema que hoy nos malgobierna. Aguirre ya fue gobernador del mismo Estado, entre 1996 y 1999, bajo las siglas del PRI. Fue el remplazo elegido por el sistema autoritario, con Chauyffet como secretario de Gobernación, para cubrir la espalda al cacique Rubén Figueroa después del masacre de Aguas Blancas, un asesinato en masa de activistas sociales muy similar al ocurrido en Iguala el pasado 26 de septiembre. Aguirre hoy funge de nuevo como gobernador gracias a los buenos oficios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otro ejemplo de la pantomima en que se ha convertido este otrora partido de la
oposición.
La defensa de Aguirre tanto por los líderes del PRD (Carlos Navarrete, Armando Ríos Piter, René Bejarano, entre otros) como por César Camacho, también ex gobernador del estado de México, no es gratuita. Aguirre encarna el sistema de corrupción estructural (Irma Eréndira Sandoval dixit, véase: http://ow.ly/CD3Gw) que tiene postrada a la nación entera. Si cae Aguirre, podrían también caer rápidamente, como fichas de dominó, otros gobernadores igual de retrógrados, como Eruviel Ávila, Rafael Moreno Valle, Javier Duarte, César Duarte, Graco Ramírez, y Manuel Velasco, entre otros. En realidad, haría falta una radical renovación política en todos y cada uno de los 31 estados de la República, así como en el Distrito Federal. No hay un solo mandatario local honesto que defienda sin regateos las causas populares.
Evidentemente también hace falta transformar la política nacional. La abierta complicidad de los militares posicionados cerca de Iguala durante la masacre (denuncia de un testigo normalista aquí: http://ow.ly/CCLNJ ) revela que este crimen de lesa humanidad de ninguna manera puede ser atribuido solamente a factores locales.
En Bolivia, el retorno del antiguo dictador Hugo Bánzer a la presidencia en 1997 por la vía electoral dio un fuerte empuje al amplio movimiento popular que llevaría a Evo Morales al poder en 2006, y que a partir de los resultados electorales de ayer se mantendrá en el poder hasta 2019. De la misma manera, el retorno de los dinosaurios del PRI, como Peña Nieto, Aguirre y Chuayffet, también tendrá que desembocar tarde o temprano en una radical transformación de la política nacional.
Twitter: @JohnMAckerman
No hay comentarios:
Publicar un comentario