No cesa la represión
Gloria Muñoz Ramírez
L
as urgencias nos ganan. No hay tiempo ni espacio para abarcar la violencia del Estado contra los pueblos. Mientras crecen la indignación y la condena nacional e internacional por los tres normalistas asesinados y por la presentación con vida de los 43 detenidos-desaparecidos en Iguala, el despojo y la represión contra las comunidades del resto del país no cesan.
En Sonora continúan violentando a la tribu yaqui que defiende su agua, mientras en Guerrero esta semana se incrementaron de manera alarmante las amenazas de muerte a Saira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, presa injustamente en una cárcel de Nayarit.
Y, también en Guerrero, la activista María de la Cruz Dorantes, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, fue detenida por policías ministeriales, mientras regresaba de las quimioterapias que recibe por el cáncer que padece.
En Puebla, cuatro activistas fueron detenidos durante la toma pacífica de la presidencia de San Andrés Cholula. Se les acusa de motín, ataques a las vías de comunicación, despojo, daño en propiedad ajena y delitos contra el orden constitucional. El motivo real es su oposición a la expropiación de sus tierras para la construcción de un parque intermunicipal.
En Sinaloa, el periodista y activista Atilano Román Tirado fue asesinado en la cabina de radio mientras transmitía su programa. El motivo: la defensa de los desplazados por la presa Picachos.
En el centro del país, apenas este viernes, más de 400 granaderos del estado de México llegaron a proteger a la empresa que está talando el bosque de Xochicuautla. La situación es tensa. Esta comunidad ñätho obtuvo un amparo que la protege frente al avance de la autopista de cobro Toluca-Naucalpan, pero la empresa Autovan trabaja en el territorio comunal, cobijada por la fuerza pública.
La carretera, de cerca de 40 kilómetros, afectará 22 kilómetros de bosque otomí-mexica, que es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del río San Lorenzo. Los comuneros han denunciado que se trata de un proyecto
consentidodel presidente Enrique Peña Nieto.
Ante este panorama, las acciones directas por la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa se radicalizan. Se toman medios de comunicación, carreteras y palacios municipales. Y en los otros pueblos también se pone el cuerpo, aunque se tenga la represión como respuesta. Que la indignación se transforme en organización, es lo que sigue.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
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