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Meade: carpetazo Carstens: medalla Mineros: otra vez Carlos Fernández-Vega El caso HSBC, con su enorme cuan productiva lavandería, se suma al de por sí grueso historial de la justicia” a la mexicana, en el que tratándose de “peces gordos” siempre aparecen responsabilidades, pero nunca responsables; violaciones a la ley, pero no violadores; asesinatos sin asesinos; delitos sin delincuentes y, en fin, lavado de dinero sin lavadores. Siete mil millones de dólares “blanqueados” por dicha trasnacional financiera a favor del crimen organizado sólo motivaron (y eso porque el asunto se destapó públicamente en el Senado estadunidense) “sanciones administrativas” (léase multas sin multados) y san se acabó, que el show debe continuar. El mensaje de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue claro (a la banca no se le ofende ni con el pensamiento), pero como siempre hay rezagados que de plano no entienden de qué se trata, ayer brincó a la palestra el mago José Antonio Meade, que en sus ratos libres despacha como secretario de Hacienda, para despejar cualquier duda: nada por aquí, nada por allá, que “el caso de lavado de dinero en HSBC fue corregido a cabalidad y ya se cerró” (ergo, háganle como quieran, que la impunidad para las trasnacionales financieras está más que garantizada). Carpetazo, pues. Lástima que no precisó a quién o quiénes se les cobró la multa (379 millones de pesos, con “actualizaciones”, según la CNBV) y quién o quiénes la pagaron, pues, asegura la versión oficial, hubo lavado de dinero, pero no lavadores. La enorme lavandería de HSBC funcionó cabalmente, pero el secretario Meade asegura que México “cuenta con los mejores sistemas de control regulatorio en el sector bancario dentro de la economía global”, de tal suerte que “nosotros hoy estamos bastante tranquilos” (y el crimen organizado también); lo que pensamos es que los sistemas de control que hoy tenemos en el sistema financiero valen la pena extenderse y eso junto con el objetivo de limitar el uso del efectivo en algunas transacciones son cosas que nos van a ayudar a tener un mejor entorno”. Siete mil millones de dólares “blanqueados” entre 2007 y 2008, y todo se solucionó con una multa sin multados. Por esos años ¿quién despachaba como secretario de Hacienda? Otro magazo de las finanzas, Agustín Carstens, que ahora funge como gobernador del Banco de México, quien ayer lamentablemente desperdició la ocasión para abstenerse de hacer comentarios, y con espíritu olímpico en Londres declaró que “si hubiera medallas para el sistema bancario, México seguramente se llevaría una”. El mayor caso (conocido) de lavado de dinero en el país justo cuando él era titular de la SHCP, y habla de medallas. Maravilloso. En fin, podéis estar tranquilos, mexicanos crédulos, que el sistema financiero que opera en el país es no sólo una joya de la legalidad, la transparencia y la pulcritud, sino envidia de la comunidad de naciones. Tras lo declarado por el secretario Meade y el gobernador Carstens quedamos en paz, aunque con una duda: si México “cuenta con los mejores sistemas de control regulatorio en el sector bancario dentro de la economía global”; si los funcionarios del sector público financiero se encuentran “bastante tranquilos” y si el sistema financiero amerita una “medalla”, entonces ¿por qué tal sistema es recurrentemente señalado como el mayor lavador del hemisferio occidental y se le acusa de blanquear unos 30 mil millones de dólares cada año? Para la memoria queda lo anualmente suscrito por el Departamento estadunidense de Estado, el cual denuncia “el gran campo de acción” que el narcotráfico tiene en el sistema financiero que opera en nuestro país. “El comercio ilícito de drogas es la principal fuente de fondos blanqueados a través del sistema bancario mexicano. Otras fuentes importantes de ingresos ilegales que se blanquean incluyen corrupción, secuestro, tráfico de armas y personas, y otros delitos. El contrabando de embarques a granel de moneda estadunidense a México y su repatriación (ya lavada, es decir, como procedió HSBC) en efectivo a Estados Unidos a través de correos, vehículos blindados y transferencias bancarias siguen siendo métodos para el blanqueo de ganancias de la droga”. Cara de la misma moneda es lo que regularmente se registra en la geografía minera del país. Ayer de nueva cuenta el luto cubrió al país por la muerte de siete mineros en un “pocito clandestino” en Coahuila, propiedad de Minera El Progreso, cuyos dueños son el ex alcalde de Progreso, en dicho estado, Federico Quintanilla Riojas, y el empresario Eduardo Morales, de acuerdo con información publicada por el periódico Zócalo de Saltillo. Y tan “clandestino” resultó ser que velozmente la Secretaría del Trabajo salió a “lamentar el accidente” y a decir que “de 2009 a la fecha la (citada) empresa ha sido objeto de 16 inspecciones”, de tal suerte que “continuará realizando las acciones de inspección relativas a centros de trabajo de alto riesgo en todo el país, aplicando las sanciones que correspondan con todo el rigor de la ley ante cualquier incumplimiento”. También en este caso utilizaron el “manual de comunicación” del gobierno federal. Como en el caso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (“en materia de lavado de dinero desde 2002 evidenciamos a HSBC”, aunque la lavadora del banco siguió sin ninguna restricción), la Secretaría del Trabajo se lava las manos, porque “desde 2009” inspeccionó en 16 ocasiones a Minera El Progreso, pero nunca verificó que la clausura, por carecer de salida de emergencia, fuera efectiva y permanente (“los trabajadores aseguraron que esa omisión no se corrigió y pese a ello volvió a funcionar” (La Jornada, Patricia Muñoz). Sin embargo, paralelamente afirmó que el “pocito” tenía “una semana de estar funcionando” (¿qué no lo había clausurado?). Pero no sólo en materia de seguridad: dice la STPS que “continuará aplicando las sanciones que correspondan con todo el rigor de la ley ante cualquier incumplimiento”, pero el primero de ellos se dio en el plano laboral, pues los mineros que trabajaban en el “pocito” carecían de prestaciones de ley, y sus patrones “los obligaban a bajar al pozo sin equipo autónomo de respiración, que es indispensable en caso de quedar atrapados a causa de un derrumbe. Aseguraron que algunos no están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social”. Lo bueno del caso es que la dependencia del Ejecutivo realizó 16 inspecciones de 2009 a la fecha, es decir, lo mismo que hizo la CNBV con HSBC, y en ambos casos nada pasó hasta que pasó. Las rebanadas del pastel Por lo visto todas las instituciones pretextan “no estar autorizadas” para actuar y sancionar en tiempo y forma, pues legalmente están desdentadas. ¿Es eso o que el cinismo es su deporte favorito? cfvmexico_sa@hotmail.com