El polígrafo social y los derechos en serio

Magdalena Gómez Soy consciente de que no existe un polígrafo social, pero la figura me sirve para anotar que, en la actual situación poselectoral, las evidencias de manejo inequitativo, compra de votos y rebase en los topes de gastos de campaña por el PRI encuentra a una pléyade de voces empeñadas en negar la realidad que se les está mostrando. En ello destaca la figura de Enrique Peña Nieto (EPN), especialista en afirmar: Yo los respeto mucho” y “me deslindo de tal o cual”, a lo que ahora agrega, siempre tomando aire para aparecer seguro, que se trata de un burdo montaje y que niega categóricamente las imputaciones del que no sabe “perder”, porque “ganar”, él sí que sabe. También sabe madrugar; por ello pretendía que el actual Congreso cocinara al vapor las ansiadas reformas “estructurales”, laborales y energéticas. Es en este contexto que me imaginé a EPN mintiendo ante un polígrafo, seguro de que ya se habían arreglado con el poligrafista, sin enterarse de que el polígrafo cambió su naturaleza y ahora es un detector social de mentiras, que está procesando información y sacando conclusiones, que al fin y al cabo empezó a operar frente a las encuestadoras, que se confundieron intencionadamente y en lugar de “levantar” el registro de preferencias electorales se empeñaron en promover “la preferencia” en favor del PRI y su telecandidato. Las cifras electorales reflejan que somos una sociedad dividida, nadie lo niega; que la cultura priísta existe en todas las tendencias políticas y que hay “auténticos priístas”, tampoco; así como que la profunda desigualdad imperante es utilizada para manipular la necesidad de recursos. Sin embargo, existen amplísimos sectores sociales comprometidos en lograr, por la vía pacífica y/o electoral, una transformación democrática profunda que ponga el acento no sólo en la política, sino también, y de manera enfática, en modificar el modelo económico imperante. Son herederos de grandes movimientos históricos: destacamos las grandes huelgas obreras, el estudiantil de 1968 y el zapatismo en 1994. En ese contexto, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está ejerciendo su derecho a impugnar la elección del pasado 1º de julio y con él las fuerzas políticas que lo respaldaron. No utilizo el concepto de conflicto, expresión que utilizan la mayoría de los medios y sus analistas, y que tiene a AMLO como su personaje favorito. Porque en las andanadas satanizadoras que se iniciaron antes del 1º de julio se pretendió lograr una renuncia anticipada a un derecho que existe para ser ejercido: la impugnación. Incluso algunos columnistas afines entre sí apostaron sobre si habría o no “conflicto poselectoral” y han dejado sembrada la especie de que AMLO siempre pierde, luego siempre impugna. Cual fórmula de Descartes, no se molestan en analizar el sentido del derecho, ni mucho menos plantearse por qué obtiene alta votación pese a desventajas sistémicas o qué hay en su propuesta que les hace temer y actuar para impedir que triunfe. Los priístas demandan incluso respetar “la verdad jurídica”, esa que corresponderá fijar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); también afirman que AMLO “está en su derecho de impugnar” y agregan: “es un mal perdedor”. Incluso EPN afirma que cuenta con legalidad y legitimidad. Ni la una ni la otra. La primera, ya dijimos, la tendrá cuando la otorgue el TEPJF y la segunda está más complicado que la obtenga porque el polígrafo social no acepta historiales de autoexculpación. Lo de menos es que no lea. Ahí está el caso Atenco, a través de las mujeres violadas, en la CIDH; en algún momento se evidenciarán los gastos de campaña rebasados, las compras de votos, las tarjetas, etcétera. De acuerdo con esta dinámica anticipatoria y de usurpación de funciones, los mandatarios en la Conferencia Nacional de Gobernadores han declarado que EPN ganó la elección. Dinámica a la que de manera lamentable se han sumado no pocos gobiernos extranjeros, incluso algunos de los que no se esperaría. El TEPJF bien podría defender sus facultades y señalar que analizará motu proprio el conjunto del proceso antes del 1º de julio, así como el juicio de inconformidad y, por supuesto, sus pruebas. No quisiera sumarme a la previa renuncia a la posibilidad de que el tribunal sea imparcial. El Movimiento Progresista demanda que coloque la mirada en la Constitución y sus principios. Ojalá no eluda tal confrontación y evite priorizar las normas electorales secundarias restrictivas de dichos valores. Y, dejemos claro, el TEPJF dictaminará legalidad, otorgará validez formal a la elección y sus resultados, pero no olvidemos aquello que nos recuerda Habermas: no hay derecho sin validez, pero tampoco hay derecho sólo con validez; para nacer ésta requiere de la legitimidad y ahí el polígrafo social no se deja engañar. Así pues, lo que está en juego es conocer si el TEPJF abordará los derechos en serio.