Astillero

 El fin de la impunidad

 Nuño anuncia ceses

 Golpear a insumisos

 CNDH: amago militar

Julio Hernández López

PROTESTA CONTRA MINERA EL BOLEO. Trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana se manifestaron frente a la embajada de Corea del Sur para protestar contra la empresa El Boleo, ubicada en Baja California Sur, la cual ha negado el derecho de los trabajadores a desahogar legalmente el proceso de recuento sindical a que por ley está obligada y ha recurrido a la violencia y las amenazas contra sus trabajadores  Foto Roberto García Ortiz

E

l secretario Aurelio Nuño Mayer había anunciado ayer por la mañana lo que reiteraría en una declaración vespertina ante reporteros: el fin de la impunidad. Inmerso el país entero en un mar de corrupción, incumplimiento de las leyes y barbarie institucional, el secretario de Educación Pública dijo haber encontrado en su jurisdicción el primer territorio en México libre de tales plagas y así lo dio a conocer, convertido él en prócer descubridor y libertador, precandidato justiciero.

El talante, los gestos y las palabras de Nuño Mayer (corbata roja y bandera nacional a su espalda) correspondieron a infames momentos de la historia de México, en los cuales el poder federal arremetió contra trabajadores en huelga o en movilización al utilizar la fuerza pública contra los gremios, apresar a líderes, sembrar división y provocaciones, despedir a miles, utilizar esquiroles y fortalecer el miedo colectivo. Médicos, ferrocarrileros, jornaleros, profesores y trabajadores de diversos rubros económicos han vivido en México similares golpes.

Nuño comenzó la lectura de su declaración (a la que añadió al final el dar respuesta a algunas preguntas de periodistas) con el reporte de puras buenas noticias para el gobierno del que forma parte. Según sus cuentas, la gran mayoría de los profesores no habrían escuchado los llamados a un paro nacional de actividades. Dicha satisfacción fue acompañada del anuncio de que está en curso el dar de baja a 3 mil 119 profesores que faltaron a sus labores justamente por participar en ese paro. Los portales informativos reportaban enfrentamientos entre maestros y policías en Chiapas, actos de violencia en Guerrero, plantones y movilizaciones en Oaxaca y el fracaso de la evaluación educativa en Michoacán, pero Nuño no daba un parte de guerra, sino una sosegada notificación de despidos laborales, con datos y detalles de los procesos que se seguirán para avisar a esos profesores que han sido cesados y que en un plazo de 20 días serán sustituidos por algunos de los 26 mil aspirantes que el titular de la SEP ya tiene listos para entrar al relevo (entre estos, unos 16 mil hicieron examen y, a pesar de ser declarados idóneos, no hubo plazas para ellos; otro lote de sustitutos provendría de jubilados, que temporalmente cubrirían las plazas de los despedidos, y profesores en activo con suficiente disponibilidad de horas para ejercer dobles turnos).

Nuño cerró su intervención felicitando a la inmensa mayoría de profesores quedecidieron no hacer caso a los llamados de la Coordinadora e insistió en que el gobierno del que forma parte, y en especial Enrique Peña Nieto, están decididos a poner fin a la impunidad en el país y restablecer el estado de derecho. La mano dura contra la resistencia magisterial y el presunto fin de la impunidad se inscriben en una visión gubernamental de conjunto que busca frenar las expresiones de descontento en todo el país y por diversas causas. Las advertencias de que México se encamina a una recesión (así lo ha planteado Consensus Economics, una firma de análisis y escenarios económicos), el acelerado desprestigio de políticos e instituciones y la rudeza priísta en busca de mantenerse en el poder necesitan dar ejemplares demostraciones de castigo a los opositores. Ese es el objetivo, es decir, la finalidad, el fin, del sistema de corrupción e impunidad que no termina.

La abogada Lilia Mariana García denunció ante la Procuraduría General de la República a un defensor de los derechos humanos por no apegarse a sus obligaciones jurídicas e institucionales y promover un linchamiento mediático contra los tres militares exonerados de la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México. El acusado no es, sin embargo, un defensor no gubernamental o un activista, sino el presidente de la burocrática Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien fue fiscal especial para el caso Colosio y en años recientes fue funcionario en la administración de la UNAM a cargo del médico José Narro, ahora miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto.

Esa comisión ha sido históricamente un instrumento de simulación del Estado mexicano para atender denuncias ciudadanas de violaciones a sus derechos por parte de ese mismo Estado. Con un alto gasto anual, entregada como concesión a grupos de la UNAM relacionados con las investigaciones jurídicas y el ahora difunto Jorge Carpizo como fundador y guía, el resultado neto de la CNDH es ínfimo respecto a corrupción, injusticia e impunidad. Su actual titular ha dado algunos pasos que podrían parecer de cierto avance, aunque también podrían consistir en esfuerzos por reavivar la institución, haciéndola parecer más crítica (moduladamente crítica) justamente cuando más profundo es el deterioro de los derechos humanos en el país.

En el contexto de la virtual expulsión del país de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CNDH apareció dando novedades distintas a la versión gubernamental. Y en el tema de Tlatlaya ha sostenido que hay evidencias de que sí hubo ejecuciones por parte de soldados, postura contraria a la sentencia judicial. Sean genuinas las convicciones del ombudsman, derivadas de las indagaciones que ha realizado, o una treta efectista en busca de contar con un crítico institucional finalmente bajo control, resulta muy preocupante que la expansión del poder militar, el cierre de expedientes delicados y la tentación autoritaria en curso amaguen al propio defensor gubernamental de los derechos humanos, pues esa acción leguleya da una medida de lo que puede hacerse contra auténticos defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, periodistas críticos y ciudadanos en lucha por sus derechos. Esas metralletas disparando a los patos no se mandan por sí mismas: la abogada que va contra la CNDH representa los intereses de (mucho más que) tres soldados que no se mueven, ni aquí ni en Tlatlaya, sin órdenes superiores. ¡Hasta el próximo lunes!

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