La defensa del agua
Gloria Muñoz Ramírez
L
a lucha por el derecho al agua crece en el estado de México, al igual que la criminalización contra quienes defienden su derecho a administrarla de acuerdo con sus usos y costumbres. En el municipio de Coyotepec la resistencia ha costado vidas, golpes y encarcelamientos, pues el ayuntamiento avalado por el gobierno estatal pretende beneficiar los megaproyectos que se imponen en la región.
En 2015, José Isabel Cervantes, defensor nahua de Coyotepec, recibió 18 puñaladas y su cuerpo sin vida fue arrojado a un pozo. Quienes buscan el control del vital líquido pensaron que doblegarían al pueblo con esta violencia, pero sucedió lo contrario. La lucha se incrementó, aunque la represión y las detenciones continúan.
Para quitar a la población de en medio y apropiarse de los pozos, el ayuntamiento de Coyotepec denunció una deuda histórica de al menos 26 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A partir de entonces la autoridad municipal panista se ha empeñado en arrebatar a la asociación civil Administración de Agua Potable Coyotepec su derecho a la gestión.
Como parte de la resistencia, el domingo pasado los pobladores frenaron la consulta ciudadana impuesta por el ayuntamiento y tomaron la alcaldía. El jueves siguiente fueron desalojados con lujo de violencia por la fuerza pública, que detuvo a sus representantes.
No es poco lo que se juega en este municipio mexiquense, pues lo que pretende el ayuntamiento, acusan los pobladores, es la municipalización y luego privatización del vital líquido, lo cual ya hubieran logrado si no fuera porque existe un sistema de agua que los abuelos de los actuales habitantes construyeron con sus propios medios económicos.
Ningún gobierno puso un solo centavo para la construcción de nuestro sistema: red hidráulica, pozos, depósitos: todo lo hicimos nosotros, dicen, en 1963.
La Administración de Agua Potable de Coyotepec cuenta con tres pozos, pero desde diciembre de 2012 la CFE cortó el suministro de energía eléctrica del pozo número 1. Posteriormente también privaron de luz al 2, que funciona con un generador eléctrico, con el argumento de la deuda a CFE.
La represión contra la defensa del agua se dio a partir de junio de 2013 (desde entonces han ocurrido al menos seis ataques a la población), con el objetivo claro de controlar la red hidráulica para entregarla a desarrollos urbanos y embotelladoras. Sólo que se toparon con un pueblo que no se deja.
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