Pedro Miguel
A
mediados de marzo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, acudió a la justicia para ampararse ante lo que consideró un perjuicio a sus
derechos laborales y sociales, como son el de la seguridad jurídica e irreductibilidad salarial, es decir, en defensa de su sueldo bruto de 3 millones de pesos anuales. Unos meses antes, en diciembre, su colega Benito Nacif había hecho otro tanto para impedir que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se tradujera en una reducción de sus percepciones.
El 20 de junio el fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Torres Zamudio, promovió un juicio de amparo preventivo después de que se revelaran conversaciones telefónicas en las que negoció con abogados de ex funcionarios detenidos para que le entregaran propiedades a cambio de concederles la libertad. Torres Zamudio fue impuesto en el cargo en julio de 2018 por Miguel Ángel Yunes Linares en una maniobra irregular que no contó con la mayoría requerida en el Congreso local.
Ese mismo mes un juez del estado de México concedió un amparo a los dueños de 44 estancias infantiles de la entidad con la finalidad de obligar a la Secretaría del Bienestar a otorgarles las cuotas de 950 pesos por niño inscrito como se venía haciendo en los gobiernos anteriores. Otras 60 guarderías privadas de Chihuahua y 16 más de Michoacán obtuvieron amparos semejantes, con la promoción y el respaldo de legisladores panistas, como Armando Tejeda Cid, Laura Rojas y Mario Mata.
También en junio el juez federal Miguel Ángel Burguete García, protector de la trasnacional OHL, ordenó al gobierno que detuviera las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, a instancias de un grupo conformado por Claudio X. González (heredero del emporio Kimberly Clark), Gustavo de Hoyos Walter (presidente de la Coparmex), María Amparo Casar (ex jefa de asesores de Santiago Creel, cuando éste se desempeñaba como secretario de Gobernación de Vicente Fox), los hermanos empresarios Juan Ramón y María Elena Morera Mitre y otros exponentes del régimen oligárquico que fue derrotado en las urnas el año pasado. Ese grupo, que se autodenomina
No más derroches, ha gestionado unos 150 amparos en un intento por revertir la determinación de cancelar el corrupto e inviable aeropuerto en Texcoco y de edificar la nueva terminal aérea en Santa Lucía.
En julio Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rebsamen intentó eludir mediante un amparo el régimen de prisión preventiva al que está sometida por los probables delitos de responsabilidad en el colapso del plantel durante el sismo de septiembre de 2017, que fue modificado sin apego a la licencia de construcción y con el uso de documentos falsos. Su petición fue denegada porque se mantuvo prófuga durante más de año y medio.
Conocidos son también los amparos promovidos por el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, su madre, Gilda Margarita Austin, y su presunto socio en negocios turbios, Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, así como los que se consiguió Carlos Romero Deschamps, todavía dirigente charro del sindicato petrolero. A propósito de charros, varias secciones de la CTM han solicitado inútilmente en meses recientes varios amparos en contra de las disposiciones de democracia y transparencia sindical contenidas en la reforma laboral del primero de mayo.
Han buscado ampararse Alonso Lira Salas, ex titular de la Seido, y Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, junto con sus socios de la empresa Oro Negro, señalados por delitos de abuso de confianza y manejo indebido de recursos en la administración de esa compañía; Javier Duarte, quien logró una suspensión para impedir que le fueran decomisados bienes y cuentas bancarias, y su presunto prestanombres, Moisés Mansur Cysneiros; César Duarte, ex gobernador de Chihuahua y prófugo de la justicia; Zhenli Ye Gon, quien trató de evitar que fuera subastada la mansión de Las Lomas que le decomisaron hace 12 años; el abogado de prianistas Juan Collado, actualmente preso, quien buscaba impedir que le fuera asegurado el edificio de Libertad Servicios Financieros; tres presuntos operadores de Felipe Calderón que pretendieron impedir la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado por la Cámara de Diputados y Rosario Robles Berlanga, a quien se le imputan desvíos por más de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y su oficial mayor en ambas dependencias, Emilio Zebadúa. Después se amparó Interjet para evitar que le cobren los impuestos que debe.
Desde luego, todos los referidos, más los que se agreguen en el futuro, están en su derecho de buscar la suspensión de actos de autoridad. La enumeración anterior no pretende ser una lista exhaustiva, sino meramente ilustrativa de quiénes integran el club de los amparos.
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