Certeza de que fue crimen de Estado contra los normalistas, dice Encinas

AMLO confía en que se esclarecerá el caso porque ya no hay impunidad

▲ Estudiantes, ONG y pueblo en general acompañaron a los padresde los 43 normalistas en la marcha por el quinto aniversario del ataque de Iguala. La imagen, en el Zócalo capitalinoFoto Luis Castillo

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

 

Periódico La Jornada
Viernes 27 de septiembre de 2019, p. 5

Con la certeza de que se trató de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, las nuevas indagatorias revelan que la noche de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no hubo contacto telefónico de normalistas con el crimen organizado, no hay indicios de que salieron de Guerrero y se tiene claro que los responsables se juzgarán en México, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la nueva condición que le permite confiar en que se esclarecerá el caso: Tenemos la gran ventaja de que no hay impunidad. Cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad si se mantiene el acuerdo de que impere la versión oficial, pero cuando no hay impunidad todo el gobierno de la República actúa para conocer los hechos.

Después del anuncio de la entrega de recompensas de 1.5 millones de pesos a quien ofrezca información fidedigna de la desaparición y de 10 millones por datos que permitan detener a Alejandro Temescalco, un narcotraficante que operó la noche del ataque contra los normalistas en Iguala, López Obrador llamó a colaborar en aportar datos para aclarar el caso, y se comprometió a proteger a quienes informen, recompensarlos y, si se requiere, ayudarlos, si están implicados. El mandatario vestía la camiseta conmemorativa del quinto aniversario de la desaparición de los normalistas que le regalaron los padres durante su reunión hace unos días en Palacio Nacional, misma que también llevaba Encinas.

Durante la presentación de los avances, el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo –también con su playera conmemorativa–, sostuvo que la próxima semana se girarán los citatorios, comenzando por el gobernador, procurador y secretario de Seguridad Pública de entonces. Se incluirá al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien ha expresado su disposición a colaborar.

–¿Se va a pedir también la comparecencia del ex presidente Enrique Peña Nieto?

–Todas las autoridades que tenían un cargo entonces. Ninguna persona está por encima de la ley; si es necesario, cualquier persona será llamada ante la justicia, dijo.

No vamos a encubrir, sino a investigar todas las complicidades que se dieron, así como indagamos fuertemente los actos de malos tratos y tortura ocurridos.

Interrogado sobre la impunidad de quienes han sido liberados por vicios en la investigación o tortura, Gómez Trejo aseveró que aunque por disposición de un tribunal colegiado se haya liberado a involucrados, no significa que quedan excluidos de rendir cuentas frente a la justicia. Estamos reuniendo evidencias con la finalidad de integrarles nuevos delitos.

Encinas destacó que el replanteamiento de la investigación contempla la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la apertura de las instalaciones del 27 batallón de infantería en Iguala, la puesta a disposición del personal militar que estaba activo ese día, el desistimiento de 200 amparos –promovidos por el pasado gobierno– para no poner ningún obstáculo legal a la investigación.

Además, la incorporación de pesquisas realizadas por la fiscalía estatal en los seis días posteriores al ataque, antes de que la Federación atrajera el caso, que contiene información fundamental, así como datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública sobre el papel de la Policía Federal y el Cisen.

Se ocultó información importante, como las bitácoras del Grupo de Coordinación Guerrero, que articulaba todas las instituciones de seguridad federales y locales en el estado, dijo Encinas; señaló que se tiene claro que el proceso legal debe realizarse en México, a pesar de que por los acuerdos internacionales podría trasladarse a la Corte Penal Internacional. Recordó que analizaron más de 80 millones de llamadas hechas durante cuatro años, de las cuales se identificaron 206 mil de interés, lo que permitió construir una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y de 116 números telefónicos. Se solicitará al gobierno de Estados Unidos colaboración en llamadas de Guerreros Unidos a Chicago. Detalló que se realizan ocho operativos en 48 días de búsqueda en Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecoacuilco, con apoyo del Ejército.