Biden y López Obrador

Adolfo Sánchez Rebolledo

Durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador fijó su postura en torno a la relación con nuestro poderoso vecino del norte. Y lo hizo con mesura y cuidado, fijando sus palabras en una carta escrita con ese propósito. Gracias a eso, más allá de los ecos mediáticos del encuentro, la reunión Biden-López Obrador trasciende el encuentro privado y los argumentos adquieren relevancia pública (no podemos decir lo mismo de lo expresado por los otros dos candidatos, que se dieron por satisfechos con las entrevistas de banqueta). Creo que López Obrador hizo bien en tomarse en serio la reunión con Biden para marcar los lineamientos de lo que, en su opinión, podría ser la relación bilateral con Estados Unidos fundada sobre los viejos principios de soberanía e igualdad jurídica de los estados. Asume, como no podía ser de otro modo, la asimetría existente entre ambos países, pero con el mismo sentido de la realidad pone por delante la necesidad de la cooperación, surgida de la geopolítica pero también de la integración, vista menos como el destino fatal de la economía y más como la oportunidad para el desarrollo y el bienestar de los dos pueblos.

Debo admitir que en este punto me sorprendieron varias de las informaciones publicadas en la prensa nacional, toda vez que, so pretexto de rechazar la “pasarela” como un acto de sumisión, en ocasiones se redujeron los asuntos de la agenda al gran tema de la violencia criminal o a una visión trivial, indecorosa, de la “ayuda”, donde México aparece como un eterno e insatisfecho pedigüeño que malgasta todo lo que tiene. Creo, por el contrario, que la visita del vicepresidente Biden es la señal de que también para la Casa Blanca el ciclo electoral mexicano ha comenzado y, por tanto, la cuenta regresiva del actual presidente Calderón, cuyo peso –y los amarres de poder de este sexenio– declinará de aquí en adelante. Por eso fue importante que López Obrador obtuviera del vicepresidente Biden la promesa de que Estados Unidos no intervendría en la sucesión presidencial en curso.

El leit motiv de la carta es la necesidad de darle un giro completo a la política bilateral en consonancia con los cambios que el país requiere para salir de la situación de crisis en que se halla, y escribe: “Estamos preparados para convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que, por el bien de las dos naciones, es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar”. No obstante, algunos observadores de la política nacional, ensimismados en las encuestas, desdeñaron dichos planteamientos, sin reconocer la racionalidad que los anima, y prefirieron atacar al candidato de la izquierda conforme a los viejos prejuicios de la campaña pasada. Pero no hay en la carta viso alguno de radicalismo. Por el contrario, el planteamiento lopezobradorista es muy cuidadoso para no sembrar falsas expectativas con tintes ideológicos. La oferta de López Obrador no consiste en derribar el modelo capitalista ni se propone tampoco impulsar una reforma de gran calado para sustituir algunas de sus piezas angulares en busca de una alternativa “antisistema”. Su propuesta incluye, sin duda, nuevas estrategias y un replanteamiento general de los fines del Estado en los términos fijados por la Constitución, pero, como lo dice con toda claridad en la carta a Biden, no pretende debilitar la disciplina de las finanzas públicas ni se propone suprimir la autonomía del Banco de México. Por el contrario, reconoce que “se mantendrán los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento se alcanzará sin inflación ni endeudamiento. Tampoco habrá aumentos de impuestos en términos reales ni nuevos impuestos”.

López Obrador piensa en la economía, en la necesidad de reorientar las acciones del gobierno para favorecer el crecimiento, la creación de empleo, la justicia para los más pobres, en fin, el programa social que justifica y define a la izquierda, pero si el desarrollo es el objetivo estratégico, el acento para lograrlo está en otra parte, en la política y, particularmente, en la lucha contra la corrupción, que es el eje para un gobierno alternativo. La tesis de López Obrador se reitera con todas sus letras en la carta a Biden, cuando escribe: “El desarrollo se financiará de tres maneras: se reducirá 15 por ciento el gasto corriente, bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos y suprimiendo todo el gasto superfluo del gobierno; se combatirá a fondo la corrupción, y se eliminarán los privilegios fiscales. Con ello se podrá aumentar al doble la inversión pública, que se utilizará como capital semilla para atraer inversión privada y social, en un modelo tripartita para el desarrollo y, en particular, para el desarrollo regional”.

Esa política de austeridad republicana, apoyada en la movilización popular-ciudadana, es la clave del proyecto de gobierno lopezobradorista, pues de ella depende la restauración de la confianza de los amplios sectores hoy desencantados con la vida pública. Luchar contra la corrupción y hacer un gobierno eficaz supone, en las circunstancias actuales, desplazar grandes grupos de poder dispuestos a defender sus privilegios por los medios a su alcance, pero también darle seguridad, confianza, a la ciudadanía, para ejercer sus derechos. Para ello, se deduce, es indispensable ganar la Presidencia, pues ninguna otra instancia puede barrer de arriba abajo los obstáculos que hoy se oponen a la transformación de México, objetivo primordial de la acción lopezobradorista. Es evidente que el programa esbozado por López Obrador es el punto de partida de una reflexión que debe seguir incorporando a todos los posibles sujetos del cambio, pues a decir verdad sólo se obtendrán respuestas claras en la medida que las propuestas sirvan para crear la gran corriente que se requiere para impulsar la verdadera transformación, como gusta decir Andrés Manuel.

Tal vez el candidato no expresó todo lo que podía decir en su carta al vicepresidente de Estados Unidos, pero nadie se puede llamar a engaño en cuanto a las posturas en ellas defendidas. Veremos, en cambio, qué pueden hablar sobre la corrupción Peña Nieto y Vázquez Mota. O qué programas de gobierno proponen para romper el círculo de la pobreza. O qué de nuevo acerca de la violencia criminal o la pérdida de toda una generación de jóvenes. Mientras, el PAN, desde la Presidencia, alentará el juego del miedo, el “no nos queda de otra” que rige el fatalismo mexicano.

PD. Ver para creer. Guillermo Ortiz hila reflexiones al filo del tiempo y pide “actuar ahora, no después”, para obligar a las subsidiarias de bancos mundiales a limitar el pago de dividendos y/o cotizar en las bolsas locales”. Es la crisis que aquí no apanica.

La guerra (“sucia”) que viene

Adolfo Sánchez Rebolledo

Si usted es de los que piensan que la campaña presidencial panista será un reflejo del debate insulso entre sus aspirantes, está en un error. Las buenas maneras y el tono distante de las críticas no se mantendrán cuando se enfrenten directamente a sus verdaderos adversarios y, en particular, a quien es el verdadero objeto de su fobias: el candidato de las izquierdas. Les costará trabajo llegar a la unidad y no les será sencillo restaurar algunas de las heridas causadas, acaso innecesariamente, dada la insistencia del Ejecutivo por inclinar la balanza a favor de Cordero, pero al final lo harán y (Solá de por medio) no pararán mientes para evitar la clausura del ciclo panista a la cabeza de la República.

Es un falacia suponer que la identificación estratégica que ha favorecido la tendencia a consolidar una suerte de bipartidismo vergonzante con el PRI desestimula la necesidad del panismo de preservarse como el grupo dirigente, sobre todo cuando las mieles del poder entierran como reliquias los viejos principios doctrinarios, pero en la sociedad emerge un nuevo conservadurismo, articulado por muchos lazos a los intereses e ideales de las clases dominantes.

En buena medida, la disputa del PAN con Peña Nieto tiene que ver, en efecto, con la definición de qué fuerzas y con qué argumentos se sirve con más eficacia a los intereses de esa elite que intenta convertirse en poder superior al Estado, capaz de imponerle a la sociedad un curso de acción y a la vez que una visión del mundo, una ideología que le permita dominar.

Es verdad que los gobiernos panistas han sido ineficaces para elaborar y llevar a la práctica un programa de cambio lo suficientemente profundo como para mandar al priísmo a la historia, como ingenuamente pensaba Fox, o para rebasar “por la izquierda” al proyecto lopezobradorista, fantasía inolvidable de otros tiempos. Nada de eso ocurrió. La torpeza oficialista, en efecto, revitalizó al PRI, y la problemática social, que en rigor sostiene la potencialidad de la izquierda, lejos de atenuarse se agudizó sin remedio. Como resultado, la vida pública, que debía ser reforzada por un mayor juego democrático, se deslizó hacia un pantano que debilita objetivamente la convivencia nacional. Calderón no enfrentó la crisis nacional con argumentos políticos, pero dejó que el país se hundiera en el laberinto de la violencia criminal y en la cerrazón de una concepción atada a los prejuicios económicos que han conducido a la crisis global que también llega a nuestras fronteras.

Pese a todo, en abierta contradicción con su discurso sobre la maldad intrínseca de la clase política, los panistas le tomaron gusto al gobierno; una nueva generación se cree tocada por la gracia de los privilegiados y, por tanto, no abandonará el mando sin pelear con todas las armas a su alcance, aunque se envuelvan bajo la bandera de los “independientes”, como intenta la señora Vázquez Mota y ahora se reafirma con la inclusión tras el sello panista la señora Wallace, como reflejo de que aun los “símbolos” de la sociedad civil también toman partido, producen votos y apoyan intereses, lo cual es natural y no tiene nada de raro, salvo cuando se aparenta lo contrario.

En 2006 aprendieron a librar la guerra sucia y nada indica que esta vez no usarán los mismos (o semejantes) dardos envenenados para avanzar. Echarán de menos, eso sí, la posibilidad de saturar los medios con anuncios calumniosos, pues la ley, tan vituperada, prohíbe la compraventa de tales espacios, pero aún les queda un gran camino que recorrer. Está, por citar un caso reciente, el uso de Internet y las redes sociales para golpear sin dejar huella. Ayer mismo, en este diario, Georgina Saldierna daba cuenta de los ataques contra Josefina Vázquez Mota en You Tube, que anticipan el porvenir que nos espera.

Sin embargo, más allá de lo que hagan o dejen de hacer los publicistas incontrolados al servicio de las candidaturas panistas, no cabe duda de que la presente campaña ocurre en un contexto especialmente delicado que nadie debería soslayar. Como resultado de la guerra contra el narcotráfico emprendida por este gobierno, arribamos a las elecciones en una situación de fragilidad interna sobre la cual pesa e influye negativamente la realidad estadunidense, hundida hasta el cuello en sus propia sucesión, donde ya es costumbre hacer de las relaciones con México el blanco fijo de los peores presagios.

Es natural y casi inevitable que el tema de la violencia en México, con su trágica secuela de 50 mil muertos, esté presente en la disputa política que está en curso. Es obvio –y sería estúpido negarlo– que se corre el riesgo de que la delincuencia organizada pretenda influir en las próximas elecciones, sobre todo en algunos niveles y en ciertas regiones o con determinados candidatos de todos los partidos.

El problema, en todo caso, es cómo lo van a plantear los partidos y sus candidatos, pero sobre todo el gran asunto a saber es cuál será el uso que el gobierno le dará a la información “sensible”. Nadie está a salvo del potencial corruptor del dinero ni al margen de las amenazas que asientan la cultura del miedo, pero aun así lo peor sería abandonar el barco, es decir, eludir el ejercicio democrático, la realización de las elecciones, a cambio de un acto de salvación, asumido por alguna minoría autoproclamada como pura o intocable (ya se les ocurrió en Michoacán). “Blindar” a los partidos y a las instituciones electorales, aumentar la fiscalización institucional y ciudadana, son exigencias legítimas pero ninguna de ellas tendría utilidad si al mismo tiempo la máxima autoridad opta por instrumentalizar la acción contra la delincuencia. Si la transparencia siempre es imprescindible, ahora es vital. No podemos imaginar a escala nacional un escenario como el de Michoacán, donde la autoridad calla ante las maniobras electorales de los grupos delincuenciales cuando parece ir ganando, pero deja que su partido alce la voz a la hora de la derrota. Veremos.

¿La revuelta que viene?

Adolfo Sánchez Rebolledo

Apropósito de las revueltas juveniles en Londres, el filósofo Slavoj Zizek, reputado por sus afirmaciones audaces y provocadoras, ha escrito un breve ensayo significativamente titulado ¡Ladrones del mundo, uníos!, nombre que toma prestado de una canción brtitánica de moda. A Zizek, como a muchos otros, les interesa dilucidar qué hay detrás de una explosión social violenta que, sin embargo, no tiene mensaje alguno que transmitir. Escribe: “Es difícil concebir a los alborotadores del Reino Unido en términos marxistas, como ejemplo de la aparición de un sujeto revolucionario; encajan mucho mejor con el concepto hegeliano de ‘chusma’, es decir, los que están fuera del espacio social organizado y que sólo pueden expresar su descontento por medio de arrebatos ‘irracionales’ de violencia destructiva, lo que Hegel llamó ‘negatividad abstracta’”.

Ya se ha dicho: los arrebatados ingleses “no vivían al borde la inanición”; en contraste con los estudiantes indignados por las reformas en educación, actuaron reivindicando la acción violenta sin exigencias ideológicas. Y ése es, según Zizek, un dato que nos dice mucho de “nuestra situación político-ideológica y del tipo de sociedad en que vivimos, una sociedad que celebra la posibilidad de elección, pero cuya única alternativa posible al vigente consenso es un ciego acting out”. Si Badiou tiene razón y el espacio social se experimenta como un “sin mundo”, “como una constelación ideológica en la que se encuentran personas privadas de su modo de localizar significados. La dimensión global del capitalismo representa la verdad sin sentido”.

Frente a los disturbios, la visión conservadora repite los tópicos más predecibles: aplica todos los medios para restaurar el orden, apelando a la resurrección de los valores sacralizados. Ensalza el miedo y la venganza. La visión progresista, en cambio, subraya la desigualdad, el momento solidario: “¿Podemos siquiera imaginar lo que significa en un barrio pobre ser joven, mestizo, sospechoso por sistema para la policía y acosado por ésta, no sólo desempleado, sino también no empleable, sin esperanza de un futuro?”, apunta Zizek. Sin embargo, en un caso, los conservadores desestiman la situación social, pero también –y ése es un punto importante– “las premisas ocultas de la misma ideología conservadora” que en potencia hacen del individuo un consumidor salvaje, listo a saltar sobre la presa. “Esto es lo que la ideología de ‘vuelta a lo básico’ fue realmente: la liberación del bárbaro que acecha bajo nuestra sociedad aparentemente civilizada y burguesa, mediante la satisfacción de sus ‘instintos básicos’... En las calles británicas, durante los disturbios, lo que vimos no eran personas reducidas a bestias, sino la forma esquemática de la ‘bestia’ producto de la ‘declaración subjetiva’, es decir, la explicación de cómo es que los individuos se relacionan con sus circunstancias. ¡Nos invitan a consumir, a la vez que nos privan de los medios para hacerlo adecuadamente; así que lo estamos haciendo de la única manera que podemos! Los disturbios son una manifestación de la fuerza material de la ideología, lo que desdeciría la llamada “sociedad posideológica”, apunta Zizeck. Pero, “desde un punto de vista revolucionario, el problema con los disturbios no es la violencia como tal, sino el hecho de que la violencia no sea realmente autoasertiva. Es rabia impotente y desesperación enmascaradas como exhibición de fuerza, es la envidia disfrazada de carnaval triunfante”.

Zizec concluye: el peligro real de estas explosiones se encuentra en la reacción predeciblemente racista de la “mayoría silenciosa”. La verdad es que el conflicto se dio entre dos polos de los más desfavorecidos: los que han conseguido funcionar en el marco del sistema en oposición a aquellos que están demasiado frustrados para seguir intentándolo. La violencia de los manifestantes estuvo dirigida casi exclusivamente contra su propio grupo. Los coches quemados y las tiendas saqueadas no lo fueron en los barrios ricos, sino en los propios barrios de los manifestantes. El conflicto no es entre diferentes segmentos de la sociedad; es, en su manifestación más radical, el conflicto entre una sociedad y otra, entre los que tienen todo y los que no tienen nada que perder; entre los que no tienen ningún interés en su comunidad y aquellos cuya apuesta es la más alta posible.

La cuestión es si la violencia que hoy se filtra a través de los poros de las sociedades dejará espacios para pensar, de nuevo, en la libertad y la emancipación; si alguien cree que el desempleo, la criminalidad y la represión, aunados a la deificación del consumo o todos, absolutamente todos, tenemos una revuelta en el futuro próximo. Ojalá y en este punto dejáramos de jugar con fuego y aprendiéramos en cabeza ajena algunas de las lecciones pertinentes. Las cifras recientemente dadas a conocer acerca del desempleo entre los jóvenes, más las aterradoras estadísticas de la violencia asociada a la estrategia de combate al crimen organizado, no son inocuas y a las claras demuestran que la sociedad está perdiendo la partida. No hay menos delitos ni menos delincuentes, ni menos víctimas. La inseguridad es la constante de la vida cotidiana. La desesperanza aumenta pese al optimismo oficial: hay, pues, un “caldo de cultivo” para la violencia que no deja de sorprendernos cada día con su estela de barbarie. Pero las elites que dominan y las que gobiernan siguen en el mismo discurso, sin reconocer que el mayor riesgo está en la disolución del tejido social, del que tanto se habla. Continúan los juegos de poder como si viviéramos tiempos normales. Y no lo son: la pradera está seca y una sola chispa puede incendiarla, decían los clásicos, aunque nadie sepa quién le mete el fuego. De ahí la extraordinaria importancia de organizar a la gente para resistir, defenderse y, más allá, para impulsar un proyecto de cambio político que no se quede en el mundo virtual de las formalidades jurídicas. Hacerlo así, con claridad de miras y coraje moral, con un programa abierto a la discusión, servirá para labrar ese camino común que le dará sentido al ¡ya basta! cada vez más colectivo cuya presencia es necesaria para salir del hoyo. Bienvenida, pues, la constitución del Morena como asociación civil, justo el 2 de octubre que no se olvida.

De retornos y sumisiones

Adolfo Sánchez Rebolledo

Una a una, las piezas se van acomodando para el regreso del Invencible. Como en otros tiempos, la cargada, con sus excesos escenográficos, rinde pleitesía al hombre providencial, deificado sin rubor por un público sumiso, burocrático, en el fondo indiferente a lo que no sea promesa de estabilidad personal. Nada ha cambiado y, sin embargo, todo es diferente. Las luces del escenario, el lenguaje vehicular de la postransición aludiendo a la democracia: el PRI ha vuelto, aunque nadie sepa cuál es la novedad de la que se dice portador. Es la victoria provisional del viejo grupo de poder enquistado en el estado de México, derrotado hace seis años dentro de sus filas por otros ambiciosos que alzaron el tapete de las vergüenzas para mostrarlos desnudos a un país harto de las bajezas de “sus” políticos. ¿Qué propone el “nuevo PRI” de Montiel y familia para un país en crisis, asolado por la violencia, la desigualdad y el desempleo, por la pobreza que cada día engrosa sus temibles ejércitos, por la desesperación potencial de generaciones de jóvenes cuyo horizonte de vida es el desperdicio de sus vidas? ¿Qué puede ofrecer fuera del discurso vacío? Hasta ahora, poco o nada. Pero hay indicios. La gran preocupación está en asegurar la gobernabilidad dando al presidente una cómoda mayoría para no depender de las demás fuerzas y así llevar adelante las reformas que él crea convenientes. El PRI es hoy el partido del orden, dado el fracaso de la derecha para cumplir la tarea. Y esas señales deberían observarse con cuidado.

El candidato del PRI no discute las “reformas estructurales”, sino quién y cómo debe dirigirlas pues, a fin de cuentas, fueron los priístas los primeros en plantear la “modernización” de la economía como paso obligado en la inserción de México en la sociedad global. Nunca como entonces se afirmó el matrimonio con la gran empresa para suscribir el Tratado de Libre Comercio y la buena vecindad adquirió visos de voluntaria integración. México, se dijo, abandonó los antiguos paradigmas dibujados en la Constitución, pero con ello dejó fuera del pacto a las clases populares, a las industrias nacionales, a los agricultores, cuya labor aseguraba la “soberanía alimentaria”; en fin, el país real, productivo, quedó varado a la espera de que se cumplieran las grandes promesas del reformismo neoliberal. Mientras las estadísticas confirmaban la victoria del esquema exportador, la ruina liquidó amplios segmentos del mercado interno y con ello se agrandaron los abismos de la desigualdad. Las clases medias, subyugadas por el discurso del individualismo, vieron cómo retrocedían en los hechos, por no hablar de los millones que abandonaron el país para obtener el ingreso en la ilegalidad tolerada de nuestros “socios” comerciales.

La derrota del PRI en las urnas en 2000 refleja, de algún modo, el hartazgo de la gente hacia esa política irresponsable, pero la victoria del panismo, con Fox a la cabeza, no supuso un viraje. Todo lo contrario: el relevo de la derecha acentúo, con trazos caricaturescos, las debilidades de un camino minado por sus propias contradicciones. La gran sociedad con Estados Unidos, la integración laboral y mercantil se quedaron en eso, en sueños de una elite incapaz de lidiar con los problemas sociales de su propio país. Quedó claro desde entonces que la derecha mexicana no tenía un programa que ofrecer a la nación. Retomó el discurso sobre las reformas estructurales y se avino a estrechar los compromisos con los grandes grupos de poder, fortaleciéndolos hasta grados ignominiosos.

Por eso, el enemigo a vencer en 2006 era la izquierda encabezada por Andrés Manuel López Obrador. La campaña recordó que este país, al borde del primer mundo era, en realidad, una república de pobres, excluidos e ignorados; que la necesidad de un cambio profundo no es una mera aspiración sustentada en valores éticos comprensibles, sino la única vía para sacar a México del atolladero y devolverle, por decirlo así, su viabilidad sin desmantelar por completo lo que generaciones habían construido con ingentes esfuerzos. Se trataba de hacer un esfuerzo extraordinario de convergencia popular, ciudadana, para derrotar en las urnas no a dos partidos claramente diferenciados por historia, cultura o tradiciones, sino a un mismo proyecto sustentado en la gravitación respecto de la gran metrópoli global. Naturalmente, dicha propuesta venía a romper las reglas del juego establecido y de inmediato se hizo evidente que el poder, en este caso el gobierno foxista, no iba a quedarse quieto a la espera del resultado de los votos. Y se inició la gran operación para impedirlo. La legalidad se hizo trizas y las instituciones, por entonces sacralizadas, mostraron de qué material estaban hechas, poniéndose al servicio del atraco que se estaba montando.

En rigor, la crisis de legitimidad del régimen actual se origina en el intento antidemocrático de impedir a toda costa que una fuerza de izquierda llegara al gobierno federal. Mucho se ha dicho para enturbiar esa conclusión, pero lo cierto es que hoy podemos mirar hacia atrás y comprobar hasta qué punto la gestión panista es responsable de la crisis inocultable que padecemos, más allá de los errores estratégicos de todos conocidos. La caída de las expectativas electorales del PAN hallan su origen en su negativa a intentar una política distinta a la que sirvieron sus antecesores priístas. Los matices son importantes, sin duda, pero no resultan suficientes para definir opciones, alternativas diferentes. Por eso el PRI resurge auspiciado por los mismos que en su momento apoyaron la alternancia y la exclusión de López Obrador, sin modificar las líneas esenciales de la estrategia dominante.

Y por si fuera poco, las famosas instituciones siguen dando pruebas de su irrefrenable sumisión al más fuerte. Si el PRI se siente tan seguro es porque, entre otras razones, sabe que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima instancia en la materia, le cuidará las espaldas, como le cuida el negocio a los grandes poderes mediáticos. Pruebas: la resolución que anula el reglamento de radio y tv elaborado por el IFE para cumplir con la legislación electoral. Me sumo a la declaración de la Asociación Mexicana de la Información y subrayó las siguientes palabras:

“Rechazamos el descuido, la ausencia de argumentación consistente y la carencia de miras que ha indicado esa decisión del Tribunal Federal Electoral. Más allá de peculiaridades técnicas y jurídicas, esa resolución manifiesta nuevamente una inaceptable rendición de los magistrados a la influencia de los concesionarios, particularmente de las televisoras. La responsabilidad que tendrán en el proceso electoral que está por iniciarse exige que los magistrados del TEPJF piensen más en los intereses del país y un poco menos en los escasos minutos de fama mediática que les ofrecen las televisoras”. Bien dicho.

Los notables y la política

Adolfo Sánchez Rebolledo

Un encuentro pensado para sentar los cimientos de un nuevo proyecto nacional”, organizado por los editores de la revista Líderes de México, terminó con un franco desencuentro –atemperado por las formas– entre el presidente Calderón y los más prominentes invitados. Frente a las quejas recurrentes de los cinco “grandes líderes” que formularon “grandes propuestas” (Jorge Férraez dixit), Calderón replicó una a una, corrigió imprecisiones, dio datos y defendió el Proyecto México 20-30, cuya vigencia y utilidad resaltó al replicar las críticas al trabajo del gobierno. Abundaron, sin embargo, las generalidades, los llamados a la unidad nacional representada, al gusto de los organizadores, en esos 300 prohombres que integran la república imaginaria de las elites. “Los líderes que están reunidos aquí hoy, y otros más, también, tienen casi el mismo poder de esos 100 millones de mexicanos juntos, si se ponen de acuerdo y logramos empezar a avanzar las cosas, y lograr tener ese proyecto de nación por el que todos trabajemos, por el que todos soñemos, por el que todos nos esforcemos”, expresó el editor convocante. Pero Calderón pidió sinceridad a sus interlocutores, y en un arranque de franqueza les reclamó la distancia desde la cual ejercen la crítica: “Así que yo quiero invitarlos, amigas y amigos, amigos de corazón, a que estas elecciones, si no les gustan los partidos políticos, hagan un partido político; si no les gustan los candidatos a diputados, sean ustedes los candidatos a diputados. Si no les gustan los candidatos a presidentes municipales o gobernadores, o presidentes de la República, sin agraviar a los presentes, sean ustedes los candidatos, y tomen ustedes, líderes de México, a México en sus manos”.

2) Es evidente que el Presidente comparte con la mayoría de los líderes reunidos para el cónclave una concepción del país y la misma idea de futuro, pero esta es la primera vez que le reclama a ese segmento de la sociedad civil en el que destacan los empresarios un mayor compromiso con la actividad política. Más aún: lo dicho por Calderón aclara de una vez en qué está pensando cuando promueve las llamadas “candidaturas independientes”, concebidas más como una válvula de escape que como una reforma cabal del régimen político hacia formas más democráticas. La pregunta es si, en efecto, ese solicitado involucramiento de los líderes empresariales en la cosa publica es, en verdad, lo que conviene para sanar la crisis, el colapso moral –dijo Martí– en el que México se encuentra o si, como muchos creemos, el tema a resolver es el de la creciente sumisión de la política a los grandes intereses, que más bien aparece como el origen de la pérdida de rumbo.

Y es que, en vez de discutir los elementos que podrían configurar un proyecto nacional a partir de las necesidades de las mayorías, las cúpulas del poder piensan que bastaría con poner en las salas de mando del Estado a sus prohombres para que las cosas fueran de otra manera. Pero la moralización de la vida pública, además de la reforma integral de la justicia, es inseparable de otro tipo de cambios de fondo en las instituciones, concebidos a partir de un reordenamiento de las prioridades nacionales, es decir, a la apertura de una lógica social y ética alejada de los paradigmas que hoy dividen y polarizan a la sociedad. La crisis del parlamentarismo mexicano o la erosión de los partidos, o la imposibilidad de acelerar el crecimiento, no se resolverá poniendo a los notables de la sociedad civil al frente o religiendo a los diputados y senadores, sino cambiando de raíz las instituciones que ya no sirven y trabajando para romper la cadena que propicia la desigualdad.

3. Una lectura atenta a las “cinco grandes propuestas” y a la réplica presidencial deja un sabor agridulce. Por un lado, se admite que “México hoy está mejor que nunca, en muchas situaciones” (sic). Por el otro, hay una irrefrenable sensación de urgencia: la crisis no es ficticia y si alguien lo duda que mire a su alrededor. Hay cosas que pueden hacerse, se resume. Pero en un cónclave ideológico es natural que afloren las ideas fijas, los referentes de cajón, los lugares comunes que nos ofrecen una breve radiografía de la concepción del mundo que anima a nuestra elite. Por ejemplo, no obstante el valor de sus denuncias contra la corrupción, Alejandro Martí no halla mejor forma de expresar sus ideas que repitiendo las palabras del primer ministro David Cameron tras reprimir los disturbios de agosto: “Las faltas morales y el mal comportamiento no son exclusivos de las clases menos privilegiadas. El restablecimiento de la responsabilidad debe llegar hasta las posiciones más altas de nuestra sociedad. Porque no importa cuáles sean los argumentos que nos dividen. Todos somos parte del mismo país y tenemos la misma responsabilidad de mejorarlo. Todos estamos en el mismo barco. Y la única manera de arreglar esta sociedad corrompida es estando unidos”. O las frases redondas del señor Ramírez: “La competitividad no es un factor que deba incluirse en un proyecto de nación. La competitividad es el resultado de un proyecto de nación exitoso”. Pero el que se lleva las palmas es quien en vez de formular una tesis sobre el papel del Estado en la perspectiva de la crisis se limita a reiterar la vieja cantinela del más viejo consenso de Washington: “Yo creo en la competencia política. La verdad es que la competencia hace maravillas. Y por eso creo en el mercado y en la economía libre”, asentó el Presidente. Pero, ¿y los otros, sus interlocutores, los grandes capitanes de la economía, creen en lo mismo? Por lo visto, Calderón duda, y al final estalla: “Yo creo que es también importante hacernos un ejercicio de sinceramiento de hasta dónde, hasta dónde, la verdad, la verdad, la verdad, sí queremos competencia”. A querer o no, también entre los “líderes más influyentes” las campanas tocan a rebato electoral, pero no escuchan las del gobierno. Esa es la disputa oculta que hoy divide a los 300 y muchos más.

¿Terrorismo?

Adolfo Sánchez Rebolledo

El gobierno de Nuevo León se apresuró a decir que los delincuentes responsables del incendio del casino Royale, en el que murieron más de medio centenar de personas, no tenían la intención de cometer la atrocidad que hundió en la tragedia a Monterrey y al país entero. Los zetas, detenidos mediante una muy rápida y eficaz operación policiaca, confesaron que sus jefes les habían ordenado desalojar el casino y luego quemarlo, pero, a poco, “la situación se salió de control”, apunta en La Jornada el corresponsal David Carrizales, citando las palabras del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien presentó a la prensa las imágenes de los primeros cinco detenidos, junto con los iniciales resultados de la exitosa investigación.

Sin entrar por ahora en los detalles pendientes en torno de la legalidad de esa y muchas otras casas de juego, así como a las presuntas complicidades de ciertas autoridades locales, la misma idea de que a los delincuentes “se les pasó la mano” requeriría de mayores explicaciones, habida cuenta la sangre fría, la sincronización y la velocidad con que actuaron, a cara descubierta y en una avenida muy concurrida. Es obvio que todas las vidas son iguales y no hay asesinato “mejor” que otro, pero siempre es posible distinguir entre la acción deliberada que lleva a la matanza de víctimas inocentes y la tragedia que se produce como resultado de una serie de torpezas acumuladas, aunque los responsables se merezcan por igual el repudio de la sociedad y el castigo de la ley.

En este caso, la cuestión adquiere relevancia porque la versión divulgada por el gobernador Medina contradice en sus términos el discurso presidencial en el que se había clasificado el crimen como “un acto de terror”, término usado no solo para calificar los métodos empleados por los delincuentes, sino como un concepto que define una forma particular de la violencia. En su discurso del viernes, el Presidente apenas si dejó dudas en cuanto a qué se refería: “No nos confundamos –dijo– ni nos equivoquemos. No estamos hablando en lo medular de un accidente, sino de un homicidio brutal e incalificable”; los responsables son “homicidas incendiarios y verdaderos terroristas” y, más adelante: “Es evidente que no estamos enfrentando a delincuentes comunes. Estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites, no sólo de la ley, sino del elemental sentido común y del respeto a la vida”. ¿Es justa esta interpretación? Si bien la cuestión no se reduce al plano nominal, sí se le exige al gobierno precisar qué entiende en este caso por terrorismo y cuáles serían las posibles implicaciones de ese reconocimiento. Suponer que el terrorismo se agota en la utilización de ciertos recursos violentos para sembrar el pánico deja sin aclarar lo que es verdaderamente esencial: la consideración de los fines ideológicos –políticos o religiosos– que “justifican” la violencia como un recurso legítimo para destruir al adversario. ¿Cuál sería el objetivo a conquistar por los cárteles y demás bandas de extorsionadores y secuestradores? ¿Tomar el estado en nombre propio y en defensa de sus intereses? ¿Eso es lo que ocurre entre nosotros? No lo creo. El encadenamiento de actos cada vez más inhumanos, incluso de factura terrorista, no implica otra cosa que la exacerbación de las potencialidades negativas de un conflicto que lejos de abatirse sigue escalando las cotas de violencia, afectando (no reduciendo) a crecientes sectores de la población civil no involucrada. Cuesta vivir así, en las proximidades de la barbarie, reconocer que estamos tocando fondo, pero todo esto es una expresión de la descomposición social en la que se inserta la delincuencia organizada, el resultado más visible de esa conjunción de circunstancias –demanda externa, corrupción, impunidad y descrédito de la justicia, ruptura de la solidaridad, crisis laboral, desigualdad manifiesta– que nos sorprenden como inesperado final de fiesta tras un siglo de ensayo y error. Esos son los problemas que el país no puede minimizar ni posponer. Sería muy grave, ahora que se plantea la urgencia de rectificar los errores de la estrategia oficial, que se identificara la acción criminal con el terrorismo, así fuera una definición laxa para acomodarla a las prácticas inhumanas de las mafias delincuenciales o… a las estrategias represivas que anulan los derechos humanos. Sólo eso nos faltaba para poner en la picota las últimas señas de soberanía que nos quedan a salvo, aunque erosionadas y disminuidas.

Se entiende, aunque no se aplauda, que las autoridades estatales y federales busquen quitarle fuego a los problemas planteados con mayor desmesura y crueldad por la delincuencia, pero sería un gravísimo paso atrás minimizar los hechos que la población observa con creciente sensación de temor. Es una gran noticia la detención de los autores materiales de la masacre del Royale, pero la caída de la metrópoli regiomontana en poder de los zetas y sus rivales es una historia que no comienza aquí ni terminará con el envío de más fuerzas federales. Reitero lo dicho en El Correo del Sur, “los argumentos de orden social o sicológico, la necesidad de entender cómo y por qué derivamos a esta gravísima situación de descomposición, son imprescindibles, pero nadie podría pretender que fueran simples. Algo pasó con México que no acabamos de discernir a cabalidad. Y hablamos de historia, de cultura, de economía o de política, es decir, de los distintos modos mediante los cuales nos relacionamos en sociedad”. ¿No es hora de hacer un lado los eufemismos para hablar en serio de qué vamos a hacer para no vernos tragados por el pantano? Hay muchas voces escuchables, pero no hay una ruta acordada para avanzar.

Terror en el estadio

Adolfo Sánchez Rebolledo

¿Cuántas escenas como las del estadio de Torreón serán necesarias para confirmar que estamos mal y de malas, que urgen cambios y éstos no pueden esperar? La sensación de horror se intensifica al observar los rostros de los espectadores que huyen o tratan de protegerse de los disparos invisibles que resuenan en el recinto: unos corren, los más evitan la estampida y protegen con sus cuerpos a los niños. El temple de la gente, expuesta a las balas perdidas que no se sabe cómo cruzan el espacio y pegan sobre la cabina de la televisión, evita la tragedia mayor y, aunque en rigor no hay sicosis colectiva, el episodio materializa plásticamente el temor difuso, general (y generalizable) que no ve salidas a la situación de violencia que encierra al país, sobre todo las regiones donde la delincuencia ha sentado sus reales y ha decidido desafiar al Estado.

Frente a la extrema gravedad de los hechos, puestos a no decir nada, a cuenta de la paciencia nacional, los políticos repitieron las frases de cajón, bien instalados como están en el reino del deber ser. El Presidente, por ejemplo, condenó los hechos ocurridos en el estadio, así como la refriega en una plaza comercial de Morelia, que pusieron en riesgo la vida de muchos inocentes, alegando que esto “demuestra la falta de escrúpulos y la nula calidad humana de los enemigos de México”, rizo retórico al que agregó la coletilla acostumbrada: “Los hechos nos recuerdan una y otra vez que los criminales son los enemigos de nuestras leyes, de la tranquila convivencia de las familias mexicanas, de nuestras instituciones, y precisamente por eso debemos combatirlos con firmeza”.

A estas alturas salir a denunciar la “nula calidad humana” de los homicidas que decapitan o desmiembran a sus víctimas es una frase hecha, insignificante, incapaz de asumir el estado de ánimo de la población, que espera, en efecto, la tranquila convivencia prometida, que por desgracia no llega, sino que la violencia se expande a espacios públicos hasta ayer tenidos por seguros.

El compartible discurso de la indignación moral sirve de muy poco si la autoridad no lo acompaña de medidas de gobierno que marquen la diferencia. El pánico que los disparos desencadenan trasciende los límites del estadio del Santos o de la ciudad de Morelia porque la ciudadanía del país entero ya vive en la zozobra permanente creada por la inseguridad, ese terrible terreno pantanoso que encuestas y discursos no disuelven porque la realidad lejos de mejorar acredita nuevos elementos que acrecientan la sensación de riesgo, la incertidumbre, la fragilidad de una sociedad que ve el presente con angustia y el futuro con desesperación cada vez más acusada. Por eso tal vez la primera reacción de las autoridades sea restarle trascendencia al asunto mediante el expediente de subrayar el carácter “circunstancial” de los sucesos.

En su turno –cito a La Jornada– el señor Poiré confirmó que la balacera ocurrida a las afueras del estadio de futbol de Torreón “no tenía como objetivo agredir a la afición presente en el encuentro deportivo ni perturbar directamente dicho partido”, sino “derivó de la agresión de un grupo criminal a una patrulla de la policía municipal”. Supongo que el encargado de hacer la narrativa oficial estará de acuerdo en que luego de casi 50 mil muertos el argumento sólo convence a quien lo emite, no porque la casualidad no exista, sino porque la reiteración de los episodios “circunstanciales” denota una falla de fondo, la imprevisión de las fuerzas del orden o su debilidad para someter a los delincuentes.

También habrá de reconocerse que los ciudadanos, a quienes se les exige unidad y cooperación, incluso heroica, están en su derecho de responsabilizar a la autoridad por las pifias en materia de seguridad pública que ponen en riesgo su vida. O, me pregunto, ¿qué querrá decir el Presidente cuando da a entender que alguien entre los “tres niveles de gobierno” no cumple con sus tareas? Se sabe, gracias a la memoria del señor Poiré, que en Coahuila ya existe desde mayo un acuerdo para fortalecer la presencia de elementos del Ejército y la Policía Federal. “Este apoyo viene derivado primordialmente de la solicitud de los empresarios, de los ciudadanos de la localidad, que precisamente ven cómo no es suficiente lo que está ocurriendo en términos de la autoridad, sobre todo la local, en resguardo de la justicia”.

Y ese es, según el gobierno federal, el quid del asunto, como se comprueba –más allá de los peligrosos coletazos electorales– en la disputa por el subsidio de seguridad a los municipios que está en curso ahora mismo: el municipio y los gobiernos no están en sintonía con el esfuerzo que viene del centro.

¿No es esa “desconexión”, por llamarla de alguna manera, la gran falla original en la estrategia general dictada por el gobierno federal para librar la guerra contra la delincuencia organizada? ¿No es la inexistencia de una policía profesional en todo el territorio la que llevó al indeseable camino de la militarización de la seguridad pública? Es muy probable que los cuerpos municipales, de suyo débiles y tan corrompidos como los federales, estén tomados por elementos de las bandas y, sin demérito de otras razones técnicas, esta sea la causa de su inoperancia como primera línea de resistencia, pero es obvio, también, que la estrategia presidencial no devuelve la confianza social ni reduce la violencia que impide la existencia “normal” de la ciudadanía.

Pero en este punto, no obstante la apertura de canales de diálogo, el curso de acción se mantiene inalterado. El gobierno confunde responsabilidad con culpabilidad, metiendo en una misma bolsa la dimensión política y jurídica del asunto con los alcances éticos de las críticas que a propósito de la estrategia aplicada se le endilgan.

Por último, hay un aspecto de todo este terrible episodio que merece ser examinado con cuidado antes de tragarnos las píldoras tranquilizantes expedidas incluso por la Federación Mexicana de Futbol y los funcionarios ad hoc. El problema es cómo nos ven como país en el mundo globalizado en una coyuntura de crisis internacional. ¿Será, como dijo el panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que estamos ante una nueva modalidad de actuación del crimen organizado que ocupa las plazas públicas y centros comerciales “para que las fuerzas de seguridad del Estado –la Policía Federal y el Ejército– o las policías estatales y municipales no lo persigan, a riesgo de generar heridos entre la población civil”? Con este tipo de acciones, aseveró el senador González, “los criminales buscan impunidad, porque ellos saben perfectamente que hay un protocolo de seguridad en la Policía Federal, en las fuerzas armadas y en las policías de los estados, que impide a la autoridad disparar cuando se pone en peligro a la población civil. Eso es lo que ellos están buscando: poner en peligro a la ciudadanía para provocar a las fuerzas de seguridad”.

En otras palabras: la guerra contra la delincuencia organizada estaría entrando en una fase donde las acciones terroristas –crear pánico entre la población– dejan de ser acontecimientos puntuales o circunstanciales para transformarse en toda una apuesta para demostrar que, en efecto, hay ingobernabilidad, “insurgencia delictiva”, en fin, eso que se quiere decir al hablar de “Estado fallido”.

El gobierno, por boca de su vocero, ha negado la intencionalidad de la violencia en los espacios públicos, pero ¿esa respuesta será suficiente para devolverle la confianza a la ciudadanía o, por lo menos, para darle cumplida respuesta a las inquietudes del senador González? Temo que no. No se olvide que en tiempos electorales –es obvio– no se busca la verdad, sino los votos.

Ilusión y realismo

Adolfo Sánchez Rebolledo

Es indiscutible que en la elección en el estado de Mexico se impuso una evidente inequidad que está en línea con las aspiraciones del PRI, personalizadas por el gobernador Peña Nieto. La guerra mediática a favor de Eruviel, la disponibilidad inagotable de recursos denunciada sin éxito, así como la directa intervención de la autoridad para engrosar las redes clientelares no sólo resultan legalmente injustificables y antidemocráticas, sino que impiden la emergencia de una verdadera ciudadanía, según se puede observar por el nivel histórico del abstencionismo que aleja de las urnas a la mitad de los posibles electores. Que el candidato de la coalición Unidos por Ti, Eruviel Ávila, obtuviera 62.43 por ciento de los votos, según el PREP local, habla del abismo existente entre las oposiciones y el partido ganador, pero no deja de ser un dato alarmante que la mitad de los votantes prefiriera quedarse en casa o dar su voto al más fuerte o al mejor postor. Se cumple con el ritual democrático pero el acto se vacía de contenidos, separando aún más a los políticos –los partidos– de los ciudadanos que los observan pasivamente hacer y deshacer. Punto y aparte merece en este sumario recuento la actuación del Instituto Estatal Electoral, la parcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para salvaguardar la buena reputación del gobernador preferido de Televisa, dejándolo a salvo de toda impugnación. Todos esos elementos cuentan y van sumándose para dar un resultado. Pero todos ellos estaban presentes desde el inicio de la contienda y no hay lugar para las sorpresas. Es evidente que, por razones distintas, la oposición ha sufrido un duro revés que también merece ser examinado en sus propios términos y a la luz del funcionamiento del régimen político que, en nombre de la democracia, se ha venido construyendo en los últimos tiempos.

Con los números a la vista atribuir la derrota de las oposiciones a una “elección de Estado” resulta un argumento tan poco convincente como suponer que la hoy tan añorada alianza entre izquierda y derecha habría asegurado el triunfo, lo cual no tiene asidero en los datos obtenidos en las urnas, pero exime a los partidarios de esta tesis de ir al fondo de la cuestión que es 1) el desplome del panismo gobernante como opción de cambio y b) la crisis de la izquierda para convertirse en un polo de atracción ciudadana, popular, incluyente, capaz de trascender las controversias partidistas que suelen afectar la libre participación de los sectores más activos. En vez de preguntarnos cuántos votos se habrían reunido gracias al extraño maridaje entre derechas e izquierdas en alianza, convendría cuestionarnos por qué esos partidos no acaban de convertirse en alternativas de poder, no obstante las grandes votaciones recibidas, digamos, en las últimas elecciones presidenciales (como tampoco lo ha conseguido la izquierda en importantes regiones del norte del país, donde su presencia es poco menos que testimonial).

El desplome del PAN como opción de gobierno y el temor (convertido en asedio permanente contra López Obrador) ante la posibilidad de un repunte de la izquierda crearon el espacio propicio para la resurrección del PRI, que desde el principio trató de presentarse como un protagonista responsable, institucional pero ajeno a la crisis desatada por las elecciones de 2006. Esa estrategia, a pesar de algunos descalabros en elecciones locales, le rindió frutos: ganó las elecciones intermedias y los resultados causaron estragos en las filas de la izquierda y el gobierno federal, pese a los triunfos de la coalición PAN-PRD en tres entidades. La alianza entre sectores de la Iglesia católica, empresarios de telecomunicaciones y grupos empresariales se estrechó cada vez más en torno a Peña Nieto, al mismo tiempo que se puso en marcha una campaña contra los partidos y los políticos sin por ello restarle fuerza al priísmo “modernizante”, cómodamente asentado en los feudos estatales, donde mantiene y reproduce su fuerza.

En el estado de México, como ha escrito Alejandro Encinas, las peculiaridades de esta elección habría que buscarlas en la historia de las reformas regresivas que se fueron instalando durante años en el sistema electoral mexiquense, sin obviar el análisis de la conducta pública de los partidos contendientes, esto es, en el mensaje que le transmiten a la sociedad y en el modo como ésta los valora, más allá de los buenos deseos, la voluntad o, incluso, de los programas confeccionados por sus intelectuales. Y, desde luego, su actitud ante el “fenómeno Peña Nieto”.

El estado de México demuestra que no siempre el mejor candidato obtiene los mejores resultados. Encinas hizo un gran trabajo, demostró madurez, experiencia y cosechó aplausos por su desempeño en los debates, pero la habilidad o el carisma no fueron suficientes para remontar la oleada de votos negativos acumulados por la izquierda de 2006 a la fecha. Con un partido dividido, su gran acierto personal fue mantener a contracorriente la unidad de la izquierda cuando muchos apostaban a la inminente ruptura. Le dio voz, expresión a las mejores propuestas, pero el mensaje no fue escuchado por el votante promedio. Habrá que sopesar cuánto afectaron a Encinas las malas actuaciones de los gobiernos municipales que la izquierda conquistó gracias al “factor AMLO” para luego perderlos a la primera oportunidad, por no hablar otra vez del lastre representado por los pleitos internos o el oportunismo en la disputa de los cargos públicos que la sociedad observa sin contemplaciones. Es probable también que al candidato Encinas le hicieran daño las dudas en torno al registro de su candidatura, su relativo alejamiento del estado explotado a tambor batiente por el peor localismo y, ¿por qué no decirlo?, la falsa acusación de que no actuaba por sí mismo, difundida desde su propio partido, acusándolo de ser una pieza más en el engranaje de la estrategia lopezobradorista hacia la sucesión presidencial, temas, por cierto, a los cuales respondió con puntualidad y elegancia en medio de las estridencias de sus críticos.

Habrá que esperar al balance de los partidos que apoyaron a Encinas. Es obvio que se trata de un asunto crucial para definir la ruta hacia el 2012. Haría falta poner en segundo plano el debate acerca de cómo elegir al candidato para entrar en una discusión seria, racional, sobre qué hacer para recrear un amplio frente sin exclusiones y con qué ideas darle vida, perspectiva. Y eso exige entrar de lleno en el debate político, en la organización y en la apertura hacia la sociedad que busca afirmar su presencia. México vive una situación de emergencia. Hace falta ilusión, sí, pero también realismo. Lo que está en juego no es tanto el intento de restauración del régimen priísta a la manera tradicional sino la continuidad y fortalecimiento de la oligarquía dominante bajo un sistema político centrado en un partido fuerte, mayoritario y, por tanto, dispuesto en los hechos a subordinar las complejidades del pluralismo democrático, incluida la alternancia, al funcionamiento “eficaz” del sistema. En el estado de México, el vencedor formal es Eruviel pero el ganador es Peña Nieto y el proyecto que representa.

“No nos representan”

Adolfo Sánchez Rebolledo

Entre los que se lanzan a expresar su indignación en la calle hay de todo. Desencantados de la política y los políticos tradicionales, pacíficos ciudadanos en busca de la comunidad ácrata de sus sueños, jóvenes con grados o escolaridad desperdiciada, desempleados de todas las edades, ex revolucionarios de otras épocas salidos de sus oscuros nichos, en fin, mujeres y hombres adiestrados por la modernidad a quienes la realidad ha puesto ante el dilema existencial de sus vidas sin darles respuestas convincentes.

Las imágenes fluyen a través de la red. Las páginas dedicadas a la protesta permiten seguir los pasos casi en tiempo real. La tecnología al servicio de la disidencia, rompiendo muros y mentalidades. Es tal la diversidad de las consignas acumuladas en las plazas que parece imposible llegar a acuerdos o, cuando menos, hallar un hilo conductor que les dé sentido. Pero no es así, y por eso el movimiento avanza sin extraviar sus objetivos. La queja recurrente se resume en una frase: “Lo llaman democracia y no lo es”. La insatisfacción adquiere tonalidades morales, pero se expresa bajo el clamor opaco de la épica ciudadana que se mece entre la afirmación de la igualdad como estrella polar y el rechazo a los partidos tradicionales. El desencanto prevalece en plenas elecciones: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”, repiten en Madrid, Valencia o Barcelona unos jóvenes que hasta ayer no eran visibles. “No nos representan”, gritan después a los diputados provinciales a la entrada de sus respectivos parlamentos. Y exigen democracia real. Ese es el punto que divide a los indignados de los críticos que si bien saludan al movimiento por sus efectos terapéuticos sobre la parálisis del régimen político, a renglón seguido les recuerdan que hay dos límites esenciales infranqueables: 1) concebir la democracia asociada a consideraciones de justicia sustantiva, y 2) ignorar que la política no puede “imponer medidas que pongan en peligro la competitividad de la economía” (ver: El País, Fernando Vallespín, 21/6/11).

Y, sin embargo, es justamente la desilusión ante el funcionamiento formal de la democracia la que impulsa la urgencia de construir la democracia real, concebida como una adaptación a la sociedad moderna de aquellos mecanismos y procedimientos que le garantizan al ciudadano voto pero también voz en las decisiones. Una democracia más participativa complicaría la escisión, ahora inevitable, entre los políticos y sus electores, entre la política y la sociedad. Dicha exigencia tiene varias vertientes que se expresan desde la primera movilización como la propuesta de “una reforma electoral más representativa y de proporcionalidad real” a fin de evitar la discriminación que actualmente favorece a los dos grandes partidos en detrimento de los pequeños. De ninguna manera se trata de un planteamiento “antipolítico”, pues sería difícil, en efecto, pedir que se reforme la ley electoral para darle el mismo peso a todos los votos y a la vez desestimar la necesidad de crear nuevos partidos; o suponer que la democracia directa, con sus mecanismos horizontales de toma de decisiones, puede sustituir sin problemas al Congreso o las administraciones públicas, pero afortunadamente no es eso lo que plantean los manifestantes cuando urgen a reconstruir la democracia como un régimen que haga suyos (y los aplique) los valores racionales de la dignidad, la justicia, en fin, los derechos humanos aquí y ahora. Resulta aleccionador que el movimiento no apele en este terreno sólo a la “maldad intrínseca” de los políticos versus la pureza ciudadana; ni se reconforte mediante el autoengaño de que las candidaturas independientes dejan de ser por ello “partidistas”, esto es políticas en el estricto sentido de la palabra. La democracia merece ser reformada. Por no hablar de las conductas políticas que tanto descrédito le acumulan a los partidos.

Es inevitable, además, que la protesta no se conforme con el dogma de que no hay alternativas, repetido ahora por la Comunidad Europea en el caso de Grecia. Se olvidaron de que eso es lo que está en juego en esta crisis: no recaer como si nada hubiera pasado en las mismas prácticas que multiplican la irracionalidad propia del capitalismo. “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, proclamaron los indignados en su primera salida a la calle, y esa es, en efecto, la vena más radical del movimiento. También es la más promisoria, pues se adelanta al futuro al plantear que la humanidad no puede despeñarse hacia su propia autodestrucción, que es la de nuestro planeta. Pero esa convicción es la que resulta insoportable para los detentadores del poder real. Más que expresión de una ideología formal, se trata de un nuevo sentido común a partir de la constatación empírica y moral de que las estrategias sacralizadas ya no funcionan o se han pervertido en desmedro de la gente. Los indignados no creen en el realismo de sus políticos. Están hartos. Por eso, la movilización se centra ahora en el rechazo al Pacto del Euro que los gobiernos europeos suscribirán en Bruselas para imponer regulaciones obligatorias a todos los países, sin considerar, como ha dicho Democracia Real, que toca a los ciudadanos “decidir si aplicar o no una serie de medidas de recortes o de presión fiscal impuestas por vías no democráticas, mismas que golpearán duramente al ya muy erosionado estado de bienestar”. No hay razón alguna para el optimismo. En algún lugar, entre Estados Unidos y Europa, alguien incuba el huevo de la serpiente.

Las revoluciones espontáneas

Adolfo Sánchez Rebolledo

Esta es la segunda –privilegiada– ocasión en que me toca vivir para observar el estallido de una revolución espontánea, esa especie única de fenómeno social en el que la historia, como decía Marx, se concentra y acelera su paso. Se trata de un momento especial donde se conjugan los sentimientos, las causas, los agravios, los deseos, la furias y las esperanzas que habían estado sumergidas, se desatan en una gran oleada que busca el cambio súbito del orden establecido. Como las avenidas de un gran río, esas revueltas arrastran a su paso todo lo que encuentran, pero algunas, si vencen, son capaces de abrir nuevos cauces hacia terrenos más seguros. Nadie sabe cuándo o cómo van a comenzar. No son inevitables, pues en el aire se perciben señales de que algo puede o va a ocurrir, lo cual permite que se den reacomodos de fuerzas, actuaciones políticas que las frenen o las enciendan, pero únicamente las comprendemos a cabalidad cuando los acontecimientos son pasado y vemos los resultados.

En la década de los 70 nos deslumbró la llamada insurrección de mayo que, en rigor, venía a ser la culminación de la resistencia universal a la imposición de la pax americana en el mundo entero. Los nombres de Vietnam y Ho Chi Minh, el Che, Lumumba, Mao, son símbolos, formas de nombrar los escalones del despertar de la rebelión antiautoritaria en Berlín, Berkeley o Roma, que se nutre de Freud y Marx, de Marcuse o Sartre, para anunciar el fin de un horizonte moral y político que se había anquilosado como una momia egipcia. La revuelta espontánea rompe con el orden establecido tanto en Oriente como en Occidente; ataca la idea de poder que subyace en el alma de las izquierdas reformistas o revolucionarias; se pronuncia por una sociedad libertaria, guiada por la imaginación y la fraternidad. El grito, utópico e irreverente, el ansia de revolución desafía convencionalismos, usos y tradiciones ancladas en el imaginario conservador; se burla de las más sagradas verdades que enmascaran la explotación, la desigualdad, la guerra imperial, el amor chauvinista a lo propio y el desprecio por la diversidad, la imposibilidad de asumir la diferencia, sea ésta étnica, sexual o cultural. Es un grito de libertad que no alcanza para cambiar las reglas del juego del sistema, pero desnuda la miseria de los valores consagrados que dominan la vida humana desde la cuna a la tumba. En efecto, la revolución fracasa, pero la sociedad se libera de algunos de sus viejos fantasmas.

Entre los sucesos de mayo en Francia y la movilización estudiantil mexicana no hay una conexión directa, causal, aunque de inmediato la acción juvenil sacude la conciencia de las pequeñas vanguardias que se aprestan a organizarse al influjo de las banderas ideológicas parisinas, sin advertir todavía que la revuelta generacional responde aquí y ahora al desarrollo “desigual y combinado” del capitalismo, a las urgencias de cada sociedad ante el espejo de la modernidad y no al descubrimiento furtivo de las nuevas verdades intelectuales. El 68 mexicano elude toda imitación “extralógica” y, por tanto, deja sin sustento (aunque no sin persecución judicial) el delirio oficialista de la “conjura comunista”, viejo cliché de la guerra fría que Díaz Ordaz asume a sangre y fuego. Y, sin embargo, el ME/68 es, por derecho propio, parte de ese movimiento universal que sacude a la juventud al final de los años 60 y que, entre nosotros, marcará el punto de partida para la transformación democrática del Estado que aún no termina.

No sabemos hoy hasta dónde llegarán los efectos de la revueltas en los países árabes ni el recorrido que tendrá la indignación concentrada en la Puerta del Sol, pero es un hecho que estamos ante las señales de que el siglo XXI no se parecerá en muchas cosas al anterior. Tampoco podemos estar seguros de que vaya a ser mejor o que al impulso libertario de hoy (anclado en las tecnologías de la comunicación instantánea) no suceda la contrautopía global del nuevo autoritarismo, pero esas son, justamente, algunas de las cuestiones que nos plantea la realidad de hoy, erosionando las certezas derivadas del arreglo que tras la caída del mundo bipolar se impuso como la única alternativa. Cito, para no repetirme, lo que dije hace unos días en el Correo del Sur, de La Jornada Morelos: detrás de las movilizaciones subyace el sentimiento colectivo de que estamos llegando a un límite donde la vida pierde valor y la dignidad humana se transmuta en un simple objeto de cambio. Es un ¡ya basta! a un orden injusto e inmoral guiado por el cálculo egoísta y la desnaturalización de la vida humana. La indignación se origina en la crisis no resuelta o, mejor dicho, en el engaño que traslada a la gente común las consecuencias de la dilapidación de la riqueza, el desastre ecológico o el delirio del narcotráfico. La incapacidad de los grupos que gobiernan la economía y las finanzas del orbe para reformar el sistema se traduce en el desapego colectivo hacia formas de vida que ya no garantizan las libertades y los derechos humanos. Reforzar la presencia ciudadana en la vida pública es indispensable para recrear la democracia y convertirla, como pide la Constitución mexicana, en una forma de vida (pero nadie lo hará por nosotros).

La foto

Adolfo Sánchez Rebolledo

No es una foto más. Aquí no se trata de inmortalizar el instante intrascendente creado por la mercadotecnia electoral: detrás de la imagen hay, sin duda, un acto de voluntad política guiado por la tenacidad y los buenos oficios de Alejandro Encinas, que le ha permitido hablar con voz propia y dialogar con todas las voces de la izquierda, partidista o no. Simbólicamente, el arranque de campaña de la izquierda en el estado de México cierra un capítulo de graves desencuentros, reubica las diferencias legítimas y las asume como un hecho natural en el proceso de crear una fuerza politica nacional que sea capaz de disputar el poder para hacer las transformaciones de fondo que México requiere.

La izquierda sabe por experiencia propia que su relación con la ciudadanía depende de su capacidad de ser la expresión más consecuente de sus inquietudes y necesidades: por eso, mientras los partidos y sus círculos dirigentes viven volcados en su luchas internas, la ciudadanía se aleja de ellos y los identifica con los políticos en general –la llamada “clase política”–, que suelen anteponer sus intereses personales o de grupo a los del ciudadano. Esa visión de los políticos como un segmento especial, separado (generalmente corrupto) de la sociedad y contrapuesto a sus reivindicaciones, no puede compartirse para definir a la izquierda, a menos que se niegue la razón de ser de esta corriente (si en su seno figuran personajes impresentables lo que sigue es hacerlos a un lado, no solaparlos).

En ese sentido, por cuanto la izquierda sabe que sin organización popular y ciudadana, sin su movilización activa y consciente, es prácticamente imposible superar a quienes se le oponen contando con todos los medios materiales e ideológicos, la unidad es siempre necesaria y el liderazgo también.

En la lucha diaria aparecen nuevos y mejores dirigentes vinculados a las más distintas causas, garantizando la vitalidad de un movimiento incesante, generacional, pero los líderes nacionales no se forjan de la noche a la mañana por obra de un impulso mediático. Para actuar a contracorriente de las tendencias dominantes dentro del Estado y la sociedad, el liderazgo requiere apoyarse en una fuerza social genuina y en principios comunes compartidos, en la continua elaboración política que surge de la experiencia directa de la sociedad y del estudio sistemático de la realidad de México y el mundo.

La crisis actual de la política y los partidos, que es real por cuanto refleja el abismo entre los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos respecto de sus representantes y gobernantes, no se resuelve metiendo en el mismo saco a quienes dirigen el Estado y a quienes procuran cambios de fondo. La ciudadanización no es amuleto contra la corrupción ni la renuncia a los partidos el abandono de los intereses particulares.

Para bien o para mal, según el cristal y la feria, las unanimidades ya son cosa del pasado. Las lealtades absolutas, los fundamentalismos, la viejas visiones sectarias o el caudillismo, tropiezan con la realidad de comunidades vivas, pensantes, actuantes que buscan coincidencias, acuerdos, avances, que quieren sumar, no asimilarse a paquidermos burocráticos o ideológicos.

La izquierda sabe que es diversa, plural, y ya no puede pensar mas que un mundo donde siempre habrá adversarios pero también enemigos, cuyas intenciones son diametralmente opuestas –por su contenido clasista y moral– a las críticas, las diferencias o los juicios de valor que necesariamente se producen en su seno. Hay que desterrar la condena fácil que califica de “traidor” a quien disiente, toda vez que las organizaciones de izquierda son agrupaciones de hombres libres dispuestos a cambiar las cosas, no bandas regidas por la ética del lumpen.

Es saludable la disposición de Ebrard, Cárdenas y López Obrador para dar el primer paso en la tarea de asumir con absoluta seriedad y responsabilidad la urgencia de avanzar hacia una candidatura unitaria provista de un programa común, capaz de atraer la atención de una ciudadanía agotada por estos años de decadencia y doble moral.

Por lo pronto endereza el barco en el estado de México emitiendo una señal positiva, de confianza hacia Encinas. Pero sobre todo marca lo que podría ser el inicio de una ruta promisoria hacia el 2012. Los comicios en el estado de Peña Nieto tienen extraordinaria trascendencia para crear la fuerza nacional a la que toca la tarea de impedir que el país se desarme por completo, dejando en el abandono a la mayoría que sólo advierte cómo la desigualdad se ensancha, la calidad de vida disminuye, la soberanía se cercena y la ilusión de vivir se aplasta en las esquinas dominadas por la violencia criminal.

Nadie sabe si el esfuerzo electoral de un frente unido en el estado de México será suficiente para vencer a la maquinaria montada por el gobierno de ese estado y los poderes fácticos, pero es evidente que allí se juega la capacidad de retomar la iniciativa histórica para las izquierdas, pasando por encima de las pretensiones neoderechistas de perpetuarse en el poder.

La foto está ahí y no es suficiente, es cierto, pero hoy es más sencillo hablar sin ambages de las perspectivas de un frente ciudadano capaz de enfrentar con éxito los desafíos electorales venideros. Hacer compatibles los planteamientos de unos y otros; elegir democráticamente al candidato y extender la organización territorial a todo el país, son, junto con la discusión minuciosa de la plataforma a seguir, las tareas de hoy.

La izquierda no necesita, insisto, recaer en alguna forma de monolitismo sectario para ganar la confianza ciudadana. Tiene un programa que ofrecer, la experiencia de años de lucha y, no es un dato menor, la voluntad de su liderazgo. Ojalá y así sea

Encinas

Adolfo Sánchez Rebolledo

Apenas al día siguiente de que Alejandro Encinas aceptara competir por el estado de México comenzaron las intrigas mediáticas. Allí donde alguna vez se reconoció el talante negociador y tolerante del personaje, la honestidad de su historia política personal, su eficacia como servidor público, ahora se le procura presentar como un testaferro sin voluntad propia, merecedor de cuantas ocurrencias les pasan por la cabeza a ciertos opinócratas de la prensa y cuya deslealtad moral e intelectual es inconmensurable. Lamentable, pero previsible. Seguimos inmersos en el pantano en que se convirtió la vida política nacional con la americanización de las elecciones que llevaron al panismo al gobierno. La competencia surgida del pluralismo real se transformó en un juego de espejos donde la mercadotecnia suplanta las ideas y los medios a los partidos que actúan bajo su esfera de poder. Fox rompió lanzas contra el viejo régimen pero, ignorante al fin, siguió sus impulsos clasistas y acabó por confundir la necesidad de apertura democrática del Estado con las concesiones a los grupos de poder, a las camarillas regionales y estatales que se beneficiaron del impulso “modernizador” del presidente de turno. Pero la verdadera degradación alcanzó cotas imprevisibles cuando decidió excluir de la competencia electoral a una de las fuerzas, con lo cual hizo retroceder la transición a los peores momentos del pasado. Desde el punto de vista de los grandes intereses involucrados, la decisión presidencial se justificaba como un recurso de última instancia para cortar de raíz el peligro representado por la izquierda como un legítimo aspirante a gobernar la República, aunque con ello se diera un golpe brutal al pluralismo surgido de las entrañas mismas de la sociedad mexicana.

Desde entonces el fantasma del bipartidismo reaparece bajo varias caretas, aun cuando a veces se enmascara como un recurso contra la “restauración” (que, en definitiva, oculta el vaciamiento de la política, la crisis de la llamada “clase política” y la capacidad de las instituciones para representar a la ciudadanía). Si ya después de la resolución de la Corte en torno a las candidaturas comunes promovida por el mismo Peña Nieto, se veía cuesta arriba el acuerdo entre el partido del gobierno y un segmento de la izquierda, ahora se torna casi imposible, pues la aceptación de Encinas dejaría a los partidarios de la alianza en el PRD en un grado de franca debilidad para lanzarse a esa aventura. En esas circunstancias, contra lo que se decía en algunos medios, la jugada de Encinas devuelve a la izquierda al escenario de la competencia política en el estado de México y la posibilidad de ensayar una plataforma al servicio de la sociedad contrapuesta a la lógica del poder. Es sobre ese terreno donde López Obrador, Ebrard y las instancias partidistas deben ajustar sus proyectos, salir al aire libre, ventilar las diferencias con el propósito de rehacer un polo alternativo que contribuya eficazmente a construir la fuerza organizada de la izquierda, que hoy está fragmentada en irrelevantes grupos de interés.

Si Encinas supera los obstáculos que se le interpondrán para derribar su candidatura, se enfrentará no a una elección corriente sino al intento de lanzar, desde allí, al hombre providencial bajo las sombras que hoy representa al pacto oligárquico (al que no es ajeno el propio panismo). Peña Nieto es la figura visible de una suerte de neocorporativismo en construcción que no acaba de nacer. Esa es su fuerza y su debilidad, pues en el intento de subir a todos a bordo –la jerarquía católica, los medios, la clase política tradicional–, la nave resulta demasiado pesada y frágil. Si la izquierda consigue ser una opción creíble navegando en esas aguas, ofreciendo respuestas a los mil interrogantes nacionales creados por la crisis y el abandono de la política, el 2012 tendrá otro significado y el laboratorio del estado de México habrá dado resultados positivos. Hay tiempo.

A 100 años: Ricardo Flores Magón

Adolfo Sánchez Rebolledo

Descubrí –no sé si es la palabra adecuada– a Ricardo Flores Magón a través de sus artículos y cuentos publicados en unos cuadernillos adquiridos en alguna de las librerías de viejo de la calle Hidalgo. Me sorprendió el lenguaje, esa prosa directa y combativa que, de alguna forma, proseguía la tradición de los liberales de la Reforma para renombrar sus circunstancias con frases exactas, a pesar del utopismo libertario o la retórica de la época. Aunque a los magonistas se les reconoce con letras de oro su papel como precursores”, en otros sentidos todavía hoy forman parte de esa historia que cabalga entre el olvido y el culto burocrático y, por lo mismo, no acaba de entenderse y asimilarse . El Programa del Partido Liberal Mexicano, expedido en 1906, es la verdadera fuente programática de la revolución social que muy pocos presentían bajo la inquietud política que por entonces cimbraba al gobierno de hierro de Porfirio Díaz; reivindica para la nación el proyecto democrático contenido en el respeto a la Constitución de 1857, pero, además, se adelanta a su tiempo exigiendo plena ciudadanía para las mayorías trabajadoras, indefensas ante el paso arrollador de la modernización emprendida por los “científicos”. El programa liberal es el resultado de años de esforzado sacrificio militante, de cárcel y persecución, de acuerdos puntuales entre facciones discrepantes, no el fruto escolar de un lúcido gabinete de expertos o la obra de un caudillo ilustrado. Allí está la experiencia viva del pueblo carente de derechos, la lucha por la tierra y la comunidad reinterpretada por Flores Magón, mediante una síntesis práctica y conceptual cuya vigencia trascenderá al estallido de la revuelta armada.

Para lograr sus objetivos crearon clubes liberales por todo el país; editaron Regeneración, el gran periódico clandestino que articuló la protesta dispersa en las profundidades de un país enorme, analfabeto y mal comunicado. Los liberales dirigieron huelgas, se convirtieron en organizadores y tribunos, pero sobre todo se volcaron en la tarea de educar a sus seguidores en el sentido que les dictaban sus profundas convicciones libertarias. Fueron ellos, los magonistas, los primeros en llevar a la rebelión rural la consigna de “¡Tierra y libertad!”, pauta para el gran cambio social que se gestaba tras las bambalinas de la sucesión presidencial. Por eso, acierta Armando Bartra al reconocer al magonismo como la corriente más radical, cuya influencia en la formación de la cultura de izquierda, progresista, está presente pese a los prejuicios. Los textos capitales magonistas resuenan vivos, pese a la caducidad de las ideologías, allí donde estalla, espontánea, la protesta popular y la comunidad hace un ejercicio de sobrevivencia frente al impulso modernizador que la despoja no de la miseria pero sí de los lazos y valores que le han permitido resistir.

Apenas un día antes del comienzo oficial de la Revolución, Flores Magón advierte: “Es oportuno ahora volver a decir lo que tanto hemos dicho: hay que hacer que este movimiento, causado por la desesperación, no sea el movimiento ciego del que hace un esfuerzo para librarse del peso de un enorme fardo, movimiento en que el instinto domina casi por completo a la razón (…) De no hacerlo así, que se levanta no serviría más que para sustituir un presidente por otro presidente, o lo que es lo mismo, un amo por otro amo. Debemos tener presente que lo que se necesita es que el pueblo tenga pan, tenga albergue, tenga tierra que cultivar; debemos tener presente que ningún gobierno, por honrado que sea, puede decretar la abolición de la miseria”.

Años después, ya en plena decadencia del nacionalismo revolucionario oficialista, durante un acto de homenaje al libertario Flores Mágón realizado en el lugar donde se veló el cuerpo de Francisco Villa, en Parral, Chihuahua, me tocó presenciar la ira de los mineros de Santa Bárbara contra el líder charro local al oír que el pago del séptimo día, razón de la dura lucha que llevaban a cabo, ya era una demanda del Partido Liberal Mexicano en 1906 y seguía sin aplicarse. Programa incumplido o apunte inagotable hacia el futuro, la población se identificaba de nuevo con sus primigenios protagonistas. Y en las normales rurales de los terribles años 70, entre los universitarios que vivieron la represión del Estado, las palabras incendiarias de Ricardo en Regeneración se escuchan por muchos jóvenes que ya no estaban dispuestos a esperar. “Va a estallar de un momento a otro. Los que por tantos años hemos estado atentos a todos los incidentes de la vida social y política del pueblo mexicano, no podemos engañarnos. Los síntomas del formidable cataclismo no dejan lugar a la duda de que algo está por surgir y algo por derrumbarse, de que algo va a levantarse y algo está por caer” (Regeneración, 19 de noviembre de 1910).

El magonismo cursa conforme a sus principios e ideales anarquistas, pero el discurso trasciende el doctrinarismo y se convierte en lengua franca de los rebeldes mexicanos que instintivamente, si vale decirlo así, desconfían de los políticos para rendirle culto al pueblo como sujeto del único cambio capaz de resolver los problemas de la sociedad. Expresa como nadie la impaciencia revolucionaria, matriz de su gran utopía.

“Los partidos conservadores y burgueses os hablan de libertad, de justicia, de ley, de gobierno honrado, y os dicen que, cambiando el pueblo los hombres que están en el poder por otros, tendréis libertad, tendréis justicia, tendréis ley, tendréis gobierno honrado. No os dejéis embaucar. Lo que necesitáis es que se os asegure el bienestar de vuestras familias y el pan de cada día; el bienestar de las familias no podrá dároslo ningún gobierno. Sois vosotros los que tenéis que conquistar esas ventajas, tomando desde luego posesión de la tierra, que es la fuente primordial de la riqueza, y la tierra no os la podrá dar ningún gobierno…”

Hoy que se celebra el centenario de la Revolución, entre tantos fastos y luces resulta aleccionador saber hasta qué punto los precursores son también nuestros contemporáneos.

Solidaridad con el SME

Adolfo Sánchez Rebolledo

La ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.
Sin embargo, como se ha podido comprobar a través de la historia del sindicalismo en México, los trabajadores son los primeros en esgrimir la ley y los últimos en abandonarla, pese a que saben de antemano que los dados suelen estar cargados, pues las grandes decisiones en materia laboral –como el despido de golpe de 40 mil asalariados– se toman en función de consideraciones políticas encubiertas, eso sí, en fantasiosas y muy discutibles argumentaciones técnicas. Apenas hace unos días, el periodista Miguel Ángel Granados Chapas contaba, a guisa de ejemplo de ese extraño maridaje entre el poder económico y el político, cómo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial presumía de su influencia sobre el presidente Calderón, a quien en cierta ocasión le pidió, justamente, ¡la extinción de Luz y Fuerza del Centro!, como prueba de su fidelidad al programa antiestatista que nutre el imaginario neoliberal de los hombres de fortuna en nuestro país.
El gobierno que a la menor provocación insiste en desbordar “por la izquierda” a sus adversarios políticos, no desperdicia la oportunidad de probar, con hechos, cuál es su particular interpretación del “estado de derecho” en cuanto se trata de tocar los grandes intereses que bajo las sombras mueven a las figuras presentes en la escena. Y cumplió. A pesar de algunos traspiés, la política hacia el SME forma parte de una estrategia general cuyos objetivos no difieren en lo esencial de la que se adoptó hace ya varias décadas para ubicar en la cabina de mando a los grandes inversionistas que, en el sector eléctrico y energético como tal, aspiran a una “reforma estructural” que los haga dueños no sólo de hecho sino de derecho de aquellas riquezas que todavía hoy la constitución reserva a la nación.
Está de moda, porque así conviene a los intereses que pugnan por la reforma laboral, una ofensiva contra el sindicalismo, disfrazada de acción “antimonopolios”. Grandes conceptos como pueden ser los de transparencia o rendición de cuentas aparecen en los labios –o en los escritos– de los nuevos modernizadores, tan preocupados por la competitividad pero tan distraídos al preguntarse de dónde viene, cómo se ha sostenido y a quién ha beneficiado la permanencia del charrismo, lo mismo en el viejo régimen corporativo que en el actual gobernado por el PAN. No deja de extrañar que el objetivo de sus obsesiones sean, por cierto, los escasos sindicatos que no sin dificultades han logrado construir opciones no asimilables a la tradición corporativa, como es el caso del SME, pero también de los mineros y otros gremios acosados por el celo de sus modernos perseguidores. Todo el mundo sabe que los peces gordos del viejo sistema comen de la mano del poder al que sirven desde siempre a cambio de las ostentosas canonjías que los líderes no ocultan ni disimulan.
Bastaría con aplicar la ley y despojar a las mafias sindicales del apoyo del poder político para que éstas comenzaran a declinar, pero en última instancia no será desde las oficinas de la Presidencia o de las empresas que el sindicalismo resurja como una fuerza genuina en defensa del interés de los asalariados. No es un camino sencillo, pues la corrupción que domina la atmósfera del mundo del trabajo no será erradicada sin la participación activa, sostenida, de los propios interesados. Y eso tiene grandes costos. Implica sufrimientos que la sociedad mediática prefiere caricaturizar hasta la ignominia. Abrir las puertas para que entre el aire fresco de la democracia al mundo sindical, como exigía Galván, es mucho más difícil y complejo que administrar la decadencia de un sistema creado para controlar a los trabajadores que, para colmo, se ha desfasado de las grandes urgencias nacionales. Pero mientras eso no se produzca, tendremos también un movimiento social sin la fuerza suficiente para interpelar a los otros jugadores, sean el gobierno, las empresas o los propios partidos políticos. En este sentido, la labor de la izquierda (entendida de forma amplia y abarcante como un movimiento político) no puede ser la de crear formaciones paralelas a las organizaciones sociales que luchan día a día por los intereses de los suyos, pero sí debe comprometerse a darles su respaldo sin sectarismo, respetando su autonomía y eludiendo como un mal mayor el cáncer del clientelismo que sólo en la superficie da fuerza y presencia en la arena pública.
Ahora mismo, ante la sordera oficial, se despliega una dolorosa huelga de hambre de los electricistas emprendida como recurso extremo para sacudir la conciencia nacional y orillar al diálogo a las autoridades que impunemente atentan contra el bien más preciado de la nación: la fuerza de trabajo calificada, hoy por hoy sujeta a la amenaza –no desmentida por el baile de cifras que niegan la recesión– del desempleo, el aumento de la pobreza, la desilusión nacional que alimenta la restauración de los viejos prejuicios autoritarios. En otras circunstancias, la huelga de hambre progresiva, a la que cada día se suman nuevos ayunantes, sería motivo de escándalo nacional. Aquí, por razones que no se explican con facilidad, subsiste la indiferencia de la mayoría, la ausencia de un debate legislativo a tono con el problema, cuando no la animadversión teledirigida que quiso vender el golpe como una venganza de las clases medias por los servicios deficientes, salvando así la cara del gobierno en la gestación de la situación que además consigue, sin reformas de por medio, abrir las compuertas al inversionismo según los dictados del catecismo en boga.
Los electricistas esperan que la Suprema Corte abra, al fin, una vía de solución para el conflicto, dejando fuera la arrogancia y la prepotencia de la parte patronal, es decir, del gobierno. ¿Será eso posible? Es hora de expresar nuestra solidaridad con los electricistas.