Lecciones de la historia

Bernardo Bátiz V.

El Distrito Federal tuvo municipios libres, conforme a la Constitución de 1917, por poco más de diez años, hasta el 28 de agosto de 1928, fecha en que se aprobó la reforma propuesta por el entonces presidente electo Álvaro Obregón. Por cierto, este gobernante, que dio marcha atrás a puntos fundamentales de la Constitución que él mismo apoyó para que se promulgara y entrara en vigor, cuando era leal a Carranza, murió el 17 de julio de 1928, poco antes de que su reforma regresiva se aprobara; fue asesinado por un vecino de la capital, ciudad que él veía con cierto desdén de revolucionario norteño.

Durante muchos años, los habitantes del Distrito Federal vivimos sin disfrutar a plenitud los derechos políticos que los demás habitantes del país tenían, al menos en el texto de la ley; no elegíamos ni al gobierno central ni a las autoridades de los extintos municipios convertidos en delegaciones.

En la exposición de motivos del proyecto de reformas de la fracción cuarta del artículo 73 constitucional, los promotores tuvieron la franqueza o la ingenuidad de dar la razón que tuvieron para cercenar derechos a los capitalinos: “evitar los riesgos de la democracia”.

Tanto Obregón como Calles sabían que los habitantes del Distrito Federal podían, y frecuentemente lo hacían, organizarse para elegir a sus gobernantes locales. Conforme a la Constitución y al proyecto de Carranza, tenían ese derecho los habitantes de la ciudad de México y también los de los demás municipios: Gustavo A. Madero, Coyoacán, Mixcoac y los otros en que se dividía entonces el Distrito Federal.

Corrieron los años y en el último cuarto del siglo XX los capitalinos recuperamos nuestro derecho a elegir gobernantes locales. En diversos momentos la ciudadanía del Distrito Federal, antes y después, ha mostrado conocer sus prerrogativas políticas, actuar informada y estar politizada; no fácilmente se deja envolver por la publicidad.

Quienes se encuentran ahora gobernando el DF y sus delegaciones, y quienes aspiran a gobernar próximamente, no deben olvidar las lecciones de la historia; la población de esta ciudad es participativa y protesta en forma organizada cuando se toman medidas o decisiones sin contar con la opinión pública.

Es muy importante recordar que el cambio que exige nuestro país, con más urgencia que nunca, se inició ya en esta capital, y de ahí se extenderá a todo el territorio nacional. Hace unos años se decía que esta ciudad era muy peligrosa y que la delincuencia imponía sus reglas en amplios sectores del Distrito Federal.

A la llegada de los gobiernos progresistas, esta creencia se fue borrando y, con un trabajo constante y firme, la imagen de la capital cambió y lo que sucedía, esto es, que ciudadanos asustados emigraran a provincia en busca de seguridad, se revirtió, y ahora de muchas partes del país los ciudadanos en busca de seguridad y orden vienen al Distrito Federal y, lo mismo de los estados del norte que de las costas y de la meseta central, buscan avecindarse en la ciudad capital que, hospitalaria, les ofrece más oportunidades de trabajo y mayor tranquilidad y seguridad.

Quienes están transitoriamente arriba no deben nunca menospreciar la opinión y la participación de los gobernados; pueden engañarlos e imponerse eventualmente, pero a la larga mediante expresiones directas, en las calles y en las manifestaciones, o bien por la vía del voto, tarde o temprano les piden cuentas cuando lo hacen mal o no los escuchan, pero en el caso de la ciudad de México, por muchas razones históricas y culturales, la exigencia y la participación cívica son mayores.

Por ello, es bueno que gobernantes actuales y aspirantes a gobernar no pierdan de vista a los informados y participativos habitantes capitalinos, que no les cansen la paciencia, porque de lo contrario en las próximas elecciones podríamos encontrarnos con sorpresas y composición de fuerzas políticas inesperadas y diferentes.

jusbbv@hotmail.com

Justicia distributiva

Bernardo Bátiz V.

Uno de los programas emblemáticos de los gobiernos de la ciudad de México, de hace un poco más de una década a la fecha, es el de la tarjeta mediante la cual los ancianos de la capital, adultos mayores para suavizar el término, pueden (podemos) disponer de la pensión alimentaria que les otorga, por conducto de sus representantes, la sociedad de la que forman parte, a la que sirvieron y siguen sirviendo en la medida de sus fuerzas y de su voluntad.

La tarjeta de la tercera edad, la de López Obrador, como la conoce la gente, copiada o replicada por otros gobiernos y en otras entidades, incluida la federación, fue un paso decisivo cuando apareció como un programa de desarrollo social; fue el tránsito de la justicia conmutativa y restaurativa a la justicia distributiva. Sin mucho alarde, sin presencia espectacular en los medios, los gobiernos progresistas del Distrito Federal la concibieron, la planearon, la echaron a andar y la mantienen y perfeccionan como una fórmula insustituible de equidad y un mecanismo de distribución de la riqueza.

La justicia, junto con el orden y la seguridad, son los fines específicos del estado y del derecho, una carga o responsabilidad del poder público es vigilar que en la sociedad no haya desigualdades extremas e injustas que laceran a las personas y estorban la convivencia. Justicia, se ha dicho hasta el cansancio, es dar a cada quien lo que es suyo, castigo en caso de culpa o responsabilidad y reconocimiento y apoyo cuando se requiere, como es el caso de los adultos mayores.

Por ello es muy satisfactorio que la Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, haya reconocido en el reciente Foro Internacional Sobre Derecho de las Personas Mayores, celebrado aquí, el trabajo que los gobiernos capitalinos han llevado a cabo, actualmente por conducto del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, que encabeza Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Si algo hiere a las sociedades modernas y es fuente de rencores, odios, envidias, discriminación y semilla de guerras es la desigualdad, en especial la económica y todavía más cuando se tocan extremos de sobrevivencia. Para atenuar este problema, los estados modernos rectores de la economía, echan mano de programas de desarrollo social, que no son sino formas actuales de llevar de la teoría a la práctica deberes de justicia distributiva.

La justicia distributiva parte del principio de que todos en una comunidad deben tener los bienes necesario para su vida plena, tener a su alcance lo que necesitan para su felicidad; el principio teórico es impecable, sin embargo aterrizarlo en la práctica con mecanismos viables y accesibles, no es tan fácil. En la ciudad de México ha sido posible por conducto del instituto mencionado, que se ocupa, además, de la conocida e imitada tarjeta, de otros programas enfocados a favorecer a las personas de mayor edad.

Atención telefónica para casos de urgencia, de soledad o de abandono, servicios de salud cuando se requieren, atención jurídica mediante una fiscalía ad hoc, creada a raíz de un convenio del instituto con la PGJDF, servicios notariales, consultas jurídicas y atención especial en el Registro Civil.

Si consideramos que cada mes se abonan recursos a las tarjetas de 480 mil derechohabientes mayores de 68 años, tenemos que concluir que, independientemente del beneficio personal de cada uno de ellos a sus familias, hay para la economía de la ciudad una inyección de dinero, abajo, a ras de suelo, que sin duda alguna contribuye a que circule la riqueza en beneficio de todos.

Que expertos extranjeros, que la Cepal lo reconozca, debe producir una gran satisfacción en quienes idearon y tienen a su cargo el programa, desde luego al instituto, al actual jefe de Gobierno que lo ha mantenido e impulsado y desde luego, a quien lo puso en México como modelo, entre críticas y acusaciones de populismo, ya olvidadas hoy.

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Iglesia y Estado

Bernardo Bátiz V.

Los temas de este momento en México tocan necesariamente acontecimientos relacionados con la religión y de ésta con la política; estamos en Semana Santa, en vísperas de elecciones, con una visita a México del papa Benedicto XVI, en medio de la discusión de reformas al artículo 24 constitucional y con un hecho que llamó especialmente la atención: Andrés Manuel López Obrador declaró que asistiría y asistió a la misa del pontífice en Guanajuato y que se arrodillaría donde el pueblo lo hiciera. El tema tiene que ser Iglesia, Estado y significado y alcance del adjetivo insustituible: laico.

Una primera reflexión: para que un Estado sea laico no es indispensable declararlo expresamente; basta que respete las libertades de creencia y de culto y que no apoye ni aliente a una Iglesia o doctrina religiosa específica, en preferencia de otras, pero que tampoco combata o persiga a alguna; de hacerlo, estaría apoyando o persiguiendo a un sector del pueblo, diferenciándolo del resto. En materia religiosa, el Estado y sus instituciones deben ser neutros e imparciales.

Otra reflexión tiene que ver con una realidad indiscutible: las dos estructuras, Estado e Iglesia, tienen como base popular al mismo conglomerado humano; el mismo pueblo que integra al Estado mexicano como uno de sus elementos esenciales, en buena medida y en una alta proporción, conforma también a la Iglesia católica. Uno de los ejes de la historia de México ha sido el forcejeo entre ambas organizaciones, lo que ha acarreado más males que bienes y en momentos decisivos ha debilitado a la nación que las abarca.

No podemos olvidar que México se formó durante el virreinato y ya como país independiente, durante los primeros treinta y cinco años, como una nación católica, al margen de las luchas religiosas en Europa y con una uniformidad jurídica que no se rompió hasta la aprobación de la Constitución liberal de 1857; a esto se debe que dos constituciones emblemáticas –la de Morelos de 1814 y la de 1824, la que organizó el federalismo– declararon solemnemente a la religión católica como la que el Estado sostendría.

Haber llevado las diferencias sobre el tema más allá de la política, del debate civilizado y la discusión franca, hasta el enfrentamiento armado, ha sido negativo para nuestro desarrollo histórico y para la unidad que requerimos, que debe estar por encima de convicciones de carácter religioso; tanto la guerra de tres años que siguió a la entrada en vigor de la Constitución de 1857 como la guerra cristera en los años veintes del siglo pasado provocaron consecuencias negativas, odios, polarización de la población, destrucción de bienes y, lo más grave, muerte de muchos mexicanos de ambos bandos.

Durante el porfiriato y a lo largo del priísmo, las relaciones entre Iglesia católica y Estado se dieron en paz, pero sin apego a las leyes vigentes y mediante simulaciones y arreglos que no poco tuvieron de hipocresía.

Lo mejor en este terreno tan delicado es que haya armonía, recíproco respeto y tolerancia; la cita evangélica de “dar a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar” sigue siendo una fórmula adecuada que no podemos olvidar. El césar gobierna y la Iglesia enseña su doctrina y guía a sus fieles.

Por ello, me parece que la actitud de López Obrador es congruente; nunca ha hecho ostentación de su fe o de su convicción en materia religiosa, ni ha tratado de aprovecharse en su carrera política de posiciones imprudentes o ventajosas en esta materia; de niño se formó como la mayoría de los mexicanos, dentro de un ambiente católico, y puedo ahora testificar sobre su presencia discreta y sincera en una misa, oficiada por un sacerdote de la Orden de Predicadores, con motivo del fallecimiento de su primera esposa.

Cuando habla de una república amorosa no está actuando ni fingiendo; está expresando su convicción profunda, que coincide con la convicción de la mayoría del pueblo mexicano y, sin duda, con los principios del cristianismo, que no están reñidos ni mucho menos con el progreso, la democracia y la justicia social.

Hay congruencia cuando habla del prójimo, de la honestidad y de la justicia. No se trata ni de una pose ni de una estratagema de campaña; es una convicción que coincide con la tradición mexicana, con la cartilla moral o código del bien, que, siguiendo a Alfonso Reyes, ha propuesto, pero principalmente con su lema “por el bien de todos, primero los pobres”.

Pongo un ejemplo: cuando Juan Pablo II vino a México, siendo López Obrador jefe de Gobierno, dispuso todo lo necesario en la ciudad de México para cuidar el orden de la capital y la seguridad del distinguido visitante; algunos de los funcionarios de su gobierno estuvimos en la Basílica y él mismo, sin ostentación y guardando la dignidad que debe tener un gobernante en un país laico, lo recibió en la puerta e intercambiaron un saludo afectuoso.

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Plaza de la Constitución

Bernardo Bátiz V.

La gran plaza que está en el corazón de la ciudad de México, conocida como Zócalo, tiene un nombre oficial, se llama Plaza de la Constitución en recuerdo de que en ese amplio espacio, enmarcado por la Catedral, el Palacio de los Virreyes, ahora Palacio Nacional, y el Palacio de Cabildos, se juró la Constitución que el 19 de marzo de este año cumple 200 de haber sido aprobada por diputados a Cortes de España y América, reunidos en la ciudad de Cádiz en 1812.

Se tardaron los diputados en llegar, empezaron su viaje desde 1810 de todas las provincias y reinos de España y de todos los lugares de ultramar; desde luego de la Nueva España en primer lugar, de Nueva Galicia, Yucatán, Guatemala, Provincias Internas de Oriente y Occidente, de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, todos estos países en la América septentrional y de América meridional. Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile, Provincia de Río de la Plata y desde el otro lado del Océano Pacífico, las Islas Filipinas, descubiertas y conquistadas por marinos mexicanos y españoles que partían de Acapulco.

A Cádiz llegaron 15 diputados mexicanos. Uno, Pedro Bautista, de la lejana Nuevo México y entre todos, dos que destacaron en las discusiones y aportaron ideas para entonces avanzadas de libertad y democracia; los dos llevaban el mismo nombre de pila y ambos eran clérigos, cultos e inquietos: José Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila y Texas, y José Miguel Guridi y Alcocer, por Tlaxcala.

En lugar de las desangeladas celebraciones del bicentenario y los gastos sospechosos, como el costo increíble de la “estafa” de luz, como ya la conoce la gente, los organizadores de las fiestas del bicentenario debieron de ocuparse de acontecimientos relacionadas con la historia de nuestra patria, tan necesitada de memoria; más que nunca es importante no olvidar quienes somos y de donde venimos, por ello, recordar estos dos siglos de la primera Constitución que rigió en México y que dio nombre a la plaza más grande y bella del mundo, es no sólo conveniente sino necesario.

Entre los méritos de la Constitución de Cádiz está la consagración del principio de igualdad entre españoles y americanos; el artículo primero de esa carta histórica establece: “la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, y en el artículo cinco, sin distinguir razas, castas o fortunas, definió como españoles a todos los nacidos y avecindados en los dominios de las Españas. Ahí cabían todos, los indígenas originarios, los criollos y los peninsulares, los negros no esclavos y las castas. Claro que, acorde con la época, había limitaciones a este primer impulso igualitario, aún nos faltaba un largo camino por recorrer, había esclavos y la declaración solemne se refería solo a los hombres, las mujeres estaban excluidas, pero como quiera que sea, era un avance que debemos recordar.

El artículo 10 definió el territorio español sobre el que la Constitución tendría vigencia: desde luego la península ibérica con sus reinos e islas adyacentes y luego en igualdad de circunstancias los reinos de este lado del Atlántico que no eran colonias, como las inglesas o las portuguesas, eran verdaderas unidades políticas, ciertamente sujetas a la monarquía, pero con relativa autonomía, y un estatus que les permitía un desarrollo propio, a partir de la Constitución, con derechos iguales a los reinos de la península.

Para la conmemoración de los 200 años, en la Plaza de la Constitución se podría recordar también que se determinó en el artículo 13 que “El objeto del gobierno es la felicidad de la nación y el bienestar de los individuos que la componen”; los gobernantes y políticos actuales, con cargos o sin ellos, tendrán que pensar en esta solemne declaración nada menos que en la ley constitutiva del Estado; felicidad para la nación que es la comunidad amplia en la que compartimos historia, cultura, lengua y costumbres y bienestar para todos. En vez de tantas promesas buscar la felicidad y el bienestar es un mensaje más fresco y esperanzador.

Salarios retenidos

Bernardo Bátiz V.

Ojo candidatos en el Distrito Federal a cargos públicos, gobernantes de todos los niveles y diversas áreas, no olviden a un sector de trabajadores que durante los dos o tres primeros meses de cada año se las ven negras para sacar adelante gastos y compromisos, colegiaturas y hasta alimentos; me refiero a los empleados contratados por el sistema de honorarios para quienes la cuesta de enero se prolonga hasta abril.

Recordemos uno de los logros de la revolución mexicana, la inclusión, en la Constitución de 1917, de las garantías sociales; las individuales, para proteger a las personas de los abusos del poder público, estaban ya vigentes desde mediados del siglo XIX, pero fue hasta la segunda década del siglo XX que los derechos sociales se incorporaron a la ley fundamental.

Como es sabido, fue México el primer estado en el mundo que reconoció y garantizó en su Constitución garantías protectoras a sectores de la sociedad que por razones políticas, culturales y económicas, participan en la vida de la comunidad con claras desventajas y con riesgo constante de ser víctimas de abusos y atropellos.

En las escuelas y facultades de derecho, los maestros comentaban con legítimo orgullo esta primicia del derecho social en México y antes, desde las clases de civismo en primarias y secundarias, se enseñaba que trabajadores del campo y de la ciudad, contaban con una legislación protectora que les libraba de condiciones inhumanas y abusivas.

Lamentablemente, estas normas protectoras, que siguen vigentes, se han ido derogando de hecho en la práctica; la jornada máxima, el día de descanso obligatorio, el salario remunerador, las vacaciones pagadas, la seguridad social, son instituciones cada vez más limitadas y en algunos casos, raras e insólitas.

En las franjas más pobres de la sociedad, la mayoría vive en la angustia de la inseguridad, al día y sin opción de mejoras ni posibilidad de ahorros; lo más grave es que el fenómeno asciende ya a las clases medias que se empobrecen y en esa misma medida aceptan condiciones de trabajo por debajo de los mínimos marcados por las leyes.

La norma laboral es justa y de avanzada, la realidad es injusta, se cometen abusos y se atenta contra los derechos de los trabajadores, incluidos profesionistas, que tienen que aguantar o dejar de comer.

Me refiero, como es obvio, a ciertos abusos muy frecuentes; se trata de verdaderos contratos de trabajo disimulados o escondidos en una supuesta prestación de servicios profesionales. La relación jurídica entre el empleador y el profesionista establece un sueldo o salario con el nombre de honorarios, con lo que se eluden prestaciones y en especial la obligación de la seguridad social. Otra injusta cláusula que se “conviene” en los contratos es su temporalidad; aun cuando la necesidad del empleador es permanente, al trabajador se le contrata por un periodo corto, generalmente dos o tres meses, con lo cual vive siempre en la zozobra y el estrés.

Esta práctica lamentablemente no se reduce a contrataciones hechas por empresas privadas o extranjeras, el mal ejemplo ha cundido y también los gobiernos adoptan el sistema, incluidos, lo digo con pena, los de izquierda

Toco el tema antes del idus de marzo, porque son estos días los más críticos para quienes laboran bajo esta cláusula inventada por mis colegas abogados, que sólo ven una cara de la moneda; durante enero, febrero y marzo los trabajadores por honorarios siguen laborando, pero no cobran, tienen que aguardar largas semanas de angustia y carencias, atribuidas a misteriosas razones burocráticas que impiden que el sueldo sea cubierto oportunamente.

La verdad es que detrás de esta práctica hay inconsciencia, deshumanización e injusticia; quienes aspiran a gobernar a la ciudad en las delegaciones y en la autoridad central no pueden menos que considerar qué harán ante este problema y estas prácticas si obtienen votación a su favor y llegan a los cargos.

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Xoco

Bernardo Bátiz V.

Xoco es un pueblo antiguo; cuando Cortés se avecindó en Coyoacán, a la caída de la Gran Tenochtitlán, el caserío muy seguramente ya estaba ahí, al margen de dos ríos que corrían por el valle. Hace un par de generaciones, testimonio de mi amigo que en paz descanse, Ing. Emilio Seguro Muñoz, aún se hablaba náhuatl y de él oí alguna vez la conseja de que en una casa del pueblo había restos de un adoratorio prehispánico y supe de huesos y armas de soldados yanquis, encontrados en una zanja, recuerdos de septiembre de 1847, conocí también un acueducto de piedra, usado como parte de la barda de una casa.

Hace unos 80 años todavía corrían acequias entre las casas y huertos del pueblo, que regaban hileras de lechugas y rábanos que los habitantes de Xoco vendían en el cercano mercado de Mixcoac.

Pero la ciudad, la gran ciudad, crece destruyéndose a sí misma cuando no se planea bien y se valora debidamente lo que ya existe. Xoco ha tenido mala suerte; quién sabe cuándo y cómo, el general Juan Andrew Almazán se hizo de una gran extensión de terreno al poniente del risueño poblado, construyó algunas casas y un minarete musulmán y conservó el resto para la especulación inmobiliaria. Como los terrenos del general quedaron entre el riachuelo del poniente y el caserío, pronto se impidió que el agua corriera hacia el pueblo y las acequias se secaron.

Entre todos, con nuestros impuestos pagamos las obras urbanas alrededor de la gran propiedad de Almazán y ya en manos de sus causahabientes vimos como el valor de éstos subió como la espuma, limitados por el sur por Río Churubusco y por el poniente con avenida Universidad.

Los nuevos dueños vendieron gran parte de la propiedad al Banco de Comercio y esta institución construyó ahí sus oficinas centrales y más recientemente, en 2009, sobre lo que fueron inmensos estacionamientos, para colmo de males y desgracia de Xoco, se autorizó un gran conjunto de edificios, uno de ellos de 60 niveles, sótanos de estacionamiento, plazas comerciales, habitaciones y oficinas y hasta un hospital, ciertamente casi una ciudad denominada no sin ironía de la mercadotecnia, “Ciudad Progresiva”.

Con esta obra Xoco aumentó sus problemas; la iglesia de San Sebastián y muchas casas en las calles de Mayorazgo, Puente Xoco, San Felipe y otras, están cuarteándose y desnivelándose, primero por las profundas excavaciones de los cimientos y después por el peso de las primeras construcciones. ¿Qué podrán esperar los habitantes cuando se terminen las obras?; por supuesto, menos agua, menos luz, menos espacio, hacinamiento, congestionamientos de tránsito y muy probablemente desplazamiento a la periferia.

En otras grandes urbes el crecimiento es en las afueras, no en el centro de núcleos poblados con anterioridad, con fisonomía propia y características irrepetibles; en el caso de Xoco y “Ciudad Progresiva” no está siendo así. Se permiten edificios enormes en lugares cuyo uso de suelo estaba autorizado para tres niveles como máximo y lo clasificado de habitacional se convirtió en oficinas y comercios. Con ello Xoco, su caserío, la iglesia de San Sebastián, el pequeño cementerio, serán pronto si no se detiene el abuso, ruinas y recuerdos.

Mala suerte porque se topó en su historia reciente con un general revolucionario que colaboró con Victoriano Huerta y con un gran banco mexicano que a la larga quedó en manos de extranjeros; mala suerte por la miopía de quienes han dado el visto bueno para que en un lugar tan inadecuado se construya algo que dañará a los que ya están y muy probablemente a los que lleguen convencidos por hábiles vendedores.

Estamos ante otro caso de vecinos que se enfrentan a dos grandes poderes coludidos, empresarios inmobiliarios y autoridades insensibles; el hecho me recuerda la estupenda novela de Chesterton El Napoleón de Notting Hill, en la que el peculiar Adan Wayne defiende ferozmente su barrio londinense por puro amor a sus casas, sus patios y sus árboles.

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Política, odio y amor

Bernardo Bátiz V.

Tardíamente y sin mucho entusiasmo, seguimos celebrando el centenario y el bicentenario de la Revolución y de la Independencia, con desencanto, porque la independencia continúa acotada y oprimida y los principios de la Revolución fueron ahogados en su primera infancia por las ambiciones, la ineptitud y la corrupción. Celebramos, porque creemos en las utopías que se construyeron o imaginaron en esos movimientos y en la Reforma del siglo XIX y porque encontramos en ellas las herramientas para reconstruir con dignidad y hasta con orgullo nuestra nación mexicana.

Estos movimientos sociales, que el PRI por décadas usó de bandera y pretexto para conservar el poder, siguen, con todo y esto, vigentes como patrimonio histórico del pueblo de México, que no los olvida, a pesar de la exclusión de la historia en la formación de niños y jóvenes y del aturdimiento y distorsión de la realidad que algunos medios, en especial la televisión y sus “creativos” y comentaristas fomentan.

Desde hace algún tiempo, un lustro o algo más, se recordó que más o menos cada cien años hay una gran sacudida social y una reorganización política en México; 1810, el inicio de la guerra de Independencia, 1910, el inicio de la Revolución Mexicana, contra la falta de sufragio efectivo y las injusticias sociales; se recordó también que de esas cruentas guerras interiores surgieron, como sus consecuencias, las constituciones de 1824, que estableció el federalismo y salvó a la nación de pulverizarse como Centroamérica, y de 1917, que reiteró el federalismo, la democracia, los derechos humanos y proclamó como una primicia mundial los derechos sociales. En medio de las dos fechas (más o menos) se proclamó la Constitución de 1857, que agregó a la de 1824 la separación Iglesia-Estado y la declaración de los derechos humanos.

Cada una de estas conquistas, recogidas en leyes fundamentales, estuvo, por decirlo así, envuelta en un torbellino de sangre, fuego y destrucción. Las tres principales constituciones de México aparecen en el centro de épocas de guerras y conflictos. Se pensó también, hace cinco años o un poco más, que 2010 sería el momento histórico adecuado para un nuevo cambio, con el mismo fin para el que se promovieron los anteriores: lograr auténtica democracia, justicia social, seguridad para los habitantes, soberanía y un orden justo. El temor era, y es, que nuevamente la sangre de los mexicanos sea el precio del cambio; es decir, que el rescate de los valores que necesitamos implantar se intente, como en los movimientos anteriores, por medio de la lucha violenta y por tanto del odio. El odio es desear el mal a otro, buscárselo y provocárselo.

Ahora aparece la oportunidad de lograr las metas políticas, económicas y sociales deseadas, necesarias, conseguir la regeneración nacional, no con odio, sino con amor; no degollando a los enemigos, como en la Alhóndiga de Guanajuato o fusilándolos o colgándolos de los árboles y los postes de telégrafo, como en la Revolución, sino venciéndolos en la urnas y convenciéndolos en los debates y en las discusiones públicas.

Mejor, sin duda, el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera, reconocida popularmente como un símbolo de amor materno; mejor la abolición de la esclavitud, la “moderación de la pobreza y la opulencia”, mejor el abrazo de Acatempan, que los fusilamientos en Chihuahua o en Ecatepec o en el Bajío.

La propuesta de un cambio posible, por la vía del amor y no del odio, buscar el cambio sin que tengamos que enfrentarnos unos mexicanos con otros, no es imposible. La política debe ser una competencia fraterna y no una lucha de intrigas, componendas y mentiras. La oportunidad se dará en el proceso que ya está iniciándose y culminará en julio de este año; sería, como alguien dijo, peor que un crimen, una estupidez, dejar pasar la oportunidad; en este caso se trataría de una estupidez colectiva.

Es muy alentador que una novedad en la política sea invocar al amor, que busca el bien y la felicidad del otro y sirve para designar al más alto sentimiento humano. Bien que ahora se coloque en el centro del quehacer político, en vez del odio que tradicionalmente ha estado ahí, o en lugar de la falsía, el disimulo, la mentira, que han sido tan frecuentes en nuestra historia. Bien que hoy sea este nombre, que se torna en verbo cuando con él se hace referencia a una acción, que eleva el espíritu y es básico para la convivencia, el que se proponga como adjetivo calificativo de nuestra república en contraste con la guerra que sufrimos a nuestro alrededor.

Vuelvo a un tema que he tocado frecuentemente, la explicación de Jacques Maritain sobre el sentido de la historia: ni el progreso ni una sociedad igualitaria ni el bien común son metas fatales de nuestro devenir. Conseguir alguna de ellas dependerá de la libertad de las personas, tanto al plantear la propuesta como al poner los medios para alcanzarlas.

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Educación e igualdad

Bernardo Bátiz V.

La nación es un pueblo que comparte una cultura; el concepto es sociológico y su esencia es la comunidad de historia, lenguaje, costumbres y creencias; en México nuestra integración como nación ha tenido muchos obstáculos; la Revolución Mexicana, en su momento, contribuyó en mucho en favor de la igualdad de todos los que la integramos.

Lamentablemente, la Revolución fue traicionada y en muchos aspectos. Lo que se logró al principio se estancó y en algunos casos se retrocedió; podemos decir que el proceso revolucionario motivó un “doble progreso contrario”, avanzó el bien, es decir, se consolidó la nación y simultáneamente hubo pérdida de vidas y destrucción de riqueza, sin embargo, entre los frutos plausibles de encontramos pasos positivos hacia la igualdad.

A la mitad del siglo XX más en las sociedades urbanas que crecían y menos en las rurales, dos instituciones eran vehículos para la igualdad de los jóvenes de entonces: el servicio militar obligatorio y el sistema educativo.

En filas, como conscriptos, marchando los domingos y haciendo ejercicios militares, a los 18 años, sin excepción de personas, de fortunas, de características étnicas, o de lugar de residencia, vestíamos uniformes similares, obedecíamos las mismas órdenes de los “oficiales de complemento” y con ello adquirimos disciplina y asimilábamos valores cívicos y patrióticos.

En filas, éramos iguales, aun cuando no faltaban unos pocos que rehuían del servicio con sobornos o influencias, pero fueron los menos, y ciertamente ni bien vistos ni aceptados. Había incipiente –no muy definido pero lo había– un sentido de comunidad, de pertenencia a la patria y un concepto de deber para con ella.

La escuela pública era otro ámbito al servicio de la igualdad, en especial en la educación superior; no se habían multiplicado aun las escuelas profesionales privadas y todo aquel que quería estudiar llegaba a una escuela pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Maestros.

No se trataba de una nación consolidada, pero nos acercábamos mucho a un ideal en que compartíamos, a través de las clases de historia, un pasado común y teníamos esperanzas en un futuro también común, con oportunidades similares para todos. Primero en el viejo barrio universitario, en las secundarias que ocupaban antiguos edificios y luego en Ciudad Universitaria, en el Casco de Santo Tomás y en otros inmuebles destinados a la enseñanza, estudiábamos juntos jóvenes de todas las clases sociales y de todas las fortunas.

La tendencia contraria existía: recuerdo en la Facultad de Derecho la competencia soterrada pero real entre los que llegaban de las preparatorias particulares, el Patria, el México, y los que proveníamos de San Ildefonso; luego, años después, vino el deterioro, aparecieron rasgos de desigualdad y discriminación. Coincidió con el aumento de la corrupción en las peores etapas de priísmo y se recrudeció con la globalización y los gobiernos neoliberales.

Se elevó como valor supremo de la sociedad la competencia y los procesos disyuntivos dividieron a todos, al estilo del pragmatismo estadunidense, en triunfadores y perdedores: los primeros eran los hijos de los poderosos, frecuentemente con fortunas de origen tortuoso o francamente deshonesto; los perdedores eran los demás.

Aparecieron conceptos y convicciones que nos separaron en sectores marcadamente desiguales; lo que hizo Moisés Sacal, repugnante delito sin justificación, fue sin duda acción personal y es su responsabilidad, pero también es la muestra de un sentimiento clasista latente; lo que hizo sin pensar la niña que trató de prole a los críticos de su padre es el reflejo de la misma convicción de desigualdad que se asume con toda naturalidad, compartido por muchos, aunque no siempre expresado.

Los adjetivos de naco, equis, prole no son usados excepcionalmente, se han vuelto la regla, muchos más de los que imaginamos; ven a los demás por encima del hombro y la sumisión, y la pasividad ante la agresión es una actitud generada por una desigualdad palpable, lacerante y creciente.

Debemos revertir el proceso, la educación es el camino de regreso a la integración, a la solidaridad, a la igualdad; lamentablemente la que propone el gobierno actual, aturdido y miope, es elitista y selectiva, contraria, por tanto, a un proceso de integración nacional. El contraste está en las becas que el Gobierno del Distrito Federal otorga a los preparatorianos de escuelas públicas, en la Universidad de la Ciudad de México, hoy mal entendida en cuanto a su finalidad de abrirse a los marginados, y en las preparatorias que el gobierno anterior estableció en zonas pobres.

Si no apreciamos el valor social de la escuela pública, que a tantos ha dado la oportunidad de salir adelante, si nos dejamos avasallar por los dudosos conceptos de “competitividad”, “excelencia” y otros de ese género, en el fondo socialmente negativos y discriminatorios, el país no saldrá de sus problemas; la oportunidad de optar por un modelo de escuela democrática se dará en el próximo proceso electoral por la vía pacífica. Después, quién sabe.

jusbbv@hotmail.com

El tamaño del Distrito Federal

Bernardo Bátiz V.

El problema de la basura, que hoy agobia a la capital del país, es una muestra de que el territorio del Distrito Federal ya queda chico, ya no tiene el tamaño suficiente, no cuenta con los espacios que requiere alrededor de la mancha urbana, ni dispone siquiera de lugares para procesar sus desechos. Necesita más territorio y sólo puede tenerlo como lo tuvo al nacer: tomándolo de alguno de los estados limítrofes, del estado de México por lógica, o bien de los de Hidalgo y Morelos.

Hay que recordar que el original estado de México lindaba al oriente con Puebla y Veracruz y al poniente con el océano Pacífico, esto es que formaron parte de su inmenso territorio lo que hoy son Hidalgo, Morelos y Guerrero.

La Constitución de 1824 confirió al Congreso General la facultad exclusiva de “elegir el lugar que servirá de residencia a los supremos poderes de la Federación”. Nuestra actual Constitución, conserva ese principio, una de las facultades del Congreso, según el artículo 73, es la de cambiar la residencia de los supremos poderes, que hoy radican en un ya estrecho territorio.

Si en 1824 se discutió en dónde convendría que estuviera la sede de los poderes federales, el Congreso actual o el que se elija en julio próximo, bien puede plantear el problema y resolverlo decretando que el lugar elegido sea un nuevo distrito, que abarque el territorio que ahora tiene, más territorio que requiere, hacia los cuatro puntos cardinales.

Con una ampliación la capital de la República tendría los espacios vitales que necesita, no para su crecimiento demográfico, que debe detenerse, pero sí para reservas de bosques, acuíferos, tierras agrícolas, montes, pedregales y otras no urbanizables; en general, espacios que conformen a su alrededor un cinturón verde que detenga su hipertrofia.

En 1824, poco después de aprobada la Constitución, se discutió sobre el lugar de la residencia de los poderes federales y fue nada menos que fray Servando Teresa de Mier, “el inquieto fray Servando”, quien argumentó en favor de que la capital siguiera en la ciudad de México, que ya lo había sido del efímero imperio y del reino de la Nueva España; el doctor Mier venció en el debate a la comisión que pretendía establecer la capital en Querétaro o más al norte.

Se determinó también entonces que el territorio del Distrito Federal fuera un gran círculo con centro en el Zócalo, denominado en el decreto Plaza Mayor y con un radio de dos leguas a la redonda; así quedó, creo que caso único en el mundo, un territorio estrictamente geométrico, un gran círculo de cuatro leguas de diámetro, esto es, un poco más de 20 kilómetros.

Al final del gobierno de Santa Anna, el DF ya abarcaba, por el norte, hasta San Cristóbal Ecatepec; al noroeste, hasta Tlalnepantla; al oeste, Los Remedios, San Bartolo Naucalpan y Santa Fe, pueblo-hospital fundado por Vasco de Quiroga; al sureste, comprendía desde Mixcoac y San Ángel hasta Huixquilucan; al sur Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco e Iztapalapa, y al este, los dos Peñones, Viejo y Nuevo y la mitad del lago de Texcoco.

Los límites durante años, fueron más o menos imprecisos, pero en 1898, gobernando ya Porfirio Díaz, se aprobaron los convenios con los estados de México y de Morelos y la actual configuración del Distrito Federal quedó establecida.

Cuando se discutió la Constitución de 1917, el proyecto incluía para el DF, hacia el oriente, Texcoco, Chalco y Amecameca; al norte Tlalnepantla y Cuautitlán, abarcando con ello, lo que es propiamente el valle de México. Por las prisas y la falta de visión, la propuesta fue rechazada.

Es momento de reflexionar si es conveniente que el territorio del Distrito Federal se amplíe para coincidir con el valle de México, del que a la fecha sólo ocupa una fracción al sur, además de la zona montañosa que linda con Morelos. Una extensión geográfica mayor y más homogénea, permitiría planear debidamente la solución de problemas como los del agua, la seguridad, la basura y satisfacer la urgente necesidad de reservas y zonas verdes.

jusbbv@hotmail.com

Los Pedregales y la CFE

Bernardo Bátiz V.

En el mundo, la gente, los marginados, se indignan y protestan contra la desigualdad y la pobreza derivadas del injusto sistema que ya es global; en México también y en el Distrito Federal somos testigos cotidianos de movilizaciones. Los electricistas, los maestros, recientemente los trabajadores de Mexicana de Aviación y hoy, los vecinos del Pedregal de Santo Domingo, contra cobros excesivos y cortes de energía por parte de la CFE.

Protestan por cuotas que de 200 o 300 pesos subieron bruscamente a más de mil y hay casos extremos en esa zona más pobre que media, de varios miles; reclaman la forma unilateral con la que la prestadora del servicio se hace justicia por propia mano, cortando sin más “la luz”. Aquí la CFE se topó con una comunidad que no se deja fácilmente, están hechos en la lucha.

Los habitantes de Los Pedregales, de éstos, no los del pretencioso San Ángel, tienen una historia de esfuerzo y trabajo contra la pobreza, contra la incomprensión de autoridades y especialmente contra el rigor de lo inhóspito del suelo en que levantaron sus casas, escuelas e iglesias. Recordemos que Ernesto P. Uruchurtu, el famoso “regente de hierro”, que hacía lo que se proponía por las buenas o por las malas, acabó defenestrado en choque con ocupantes de tierra en ese “mal país”, como se conocía a esa extensa costra de roca volcánica, que por cierto, cuando estudié la primaria, aparecía inconfundible en los mapas del Distrito Federal, poblada de tarántulas y víboras de cascabel.

Alrededor del pedregal se encontraban los pueblos que aún conservan sus nombres antiquísimos: Los Reyes, las dos Santa Úrsula: Coapa y Xitla, Copilco, el rancho de Carrasco, la Candelaria; eran dueños, por títulos legítimos, documentados en cédulas reales, del pedregal que apenas les permitía tener un poco de ganado caprino y a veces explotar las canteras y hierbas comestibles o medicinales de ese paisaje.

Fue hasta la presión del crecimiento poblacional, por los años 60 del siglo pasado, cuando los sin casa de entonces iniciaron, a veces con la tolerancia de los dueños originales, a veces con su oposición, la invasión de los áridos parajes al abrigo del Ajusco.

La Ciudad Universitaria, con una gran inversión, maquinaria y tecnología, dio el banderazo de salida; si se pueden usar esos terrenos para un campus universitario se pueden usar también para vivir. Empezaron los de lo que hoy es la colonia Ajusco, la Díaz Ordaz y poco después, los aguerridos de Santo Domingo, que el primero de septiembre de 1971, al anochecer, llegaron a su parte de pedregal y sin permiso de nadie, por derecho natural, porque las familias necesitaban techo, se organizaron espontáneamente y ocuparon el espacio.

Eran muchos y estaban decididos, los dirigentes improvisados fueron los más trabajadores, Rafael López Mota, Manuel Romero, sus hijas e hijos, todos contribuían, todos participaban; había que quitar piedras para aplanar el suelo, tapar grietas y barrancas, remover rocas, luego levantar las viviendas para que el campamento se convierta en colonia.

Tiempo después, con el mismo entusiasmo que tuvieron en el impulso inicial trabajaron en abrir cepas para la tubería, tender cables de luz, trazar calles y participar en la construcción de edificios colectivos.

Así que la CFE no topó en blandito. En otras zonas de la ciudad los clasemedieros se quejan y rezongan contra los cobros elevados, pero no hacen nada; aquí están los hijos y los nietos de quienes domaron el “mal país” y que ahora están indignados, como lo estuvieron sus ancestros, no se dejarán atropellar, tienen la experiencia de la lucha colectiva y la organización popular.

Con movilizaciones pero también con recursos legales, acudieron a la Profeco, están listos y organizados para impedir aumentos injustificados y para evitar los cortes de energía arbitrarios, que son verdaderos ejercicios de justicia por propia mano.

UNAMonos con las cooperativas

Bernardo Bátiz V.

Anoche, después de hojear los periódicos y saltar de una noticia mala a otra terrible y de esa a una tonta exigencia: que pruebe AMLO que no está contra la iniciativa privada”, me quedé despierto largo rato, preguntándome lo que a muchos mexicanos nos inquieta: ¿cómo apuntalar lo que se está derrumbando? ¿Cómo superar las pugnas por los cargos públicos, el entreguismo al capital extranjero y cómo librarnos del tobogán de ineficacia, educación deficiente, masificación de los sentados frente al televisor, por el que vamos descendiendo?

Me levanté al día siguiente con el desasosiego de la noche anterior y ya en mi escritorio, revisando correspondencia que no había visto por una breve ausencia, me topé con una invitación atrasada a un ciclo de conferencias sobre cooperativismo, que ya tuvieron lugar en la ciudad de México, en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, con el sugestivo nombre que tomé prestado para encabezar mi colaboración a La Jornada.

Revisé el programa, amplio y bien pensado; además de integrantes de la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social, institución anfitriona participaron de otras escuelas de educación superior, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Obrera de México; hubieron ponencias de FONDESO, de cooperativas vivas y ejemplares como la Pascual y otras, menos conocidas, como Taller Salud y Naturaleza o Cooperativa Xochinalch.

Mi desazón de la noche anterior, se fue disipando; en la ciudad de México, mientras otros pierden el tiempo, en la universidad se desarrolló un programa bien estructurado de pláticas sobre el cooperativismo, en búsqueda de soluciones viables. La cooperativa es una fórmula alternativa para la creación de empresas, en México no se ha desarrollado como debiera pero se mantiene como una esperanza realizable, es una forma de crear riqueza sin que esté fundada en la injusticia ni en la desigualdad.

En nuestro país tuvo impulsos iniciales y entusiastas. Desde la iglesia Católica, el padre Pedro Velázquez (1913-1968) fundó cajas populares, cooperativas de artesanos, de agricultores y de consumidores y durante varios años fue reconocido como promotor de cooperativas exitosas y por cierto, también como fundador escuelas de trabajo social.

Otro impulsor del sistema fue Lázaro Cárdenas, cuyo gobierno reservó áreas específicas de la economía a empresas cooperativas, creó el Banco de Fomento Cooperativo e impulsó las cooperativas escolares; bajo su gobierno surgieron industrias poderosas, como las cementeras Cruz Azul, aún trabajando y la Hidalgo ya triturada por el sistema y los monopolios.

Leer el programa me devolvió el optimismo. Los asistentes debieron escuchar, desde planteamientos teóricos hasta relatos de experiencias exitosas. Mientras sesudos empresarios privados repiten lugares comunes y se resisten a ver el bien común como prioritario a sus bienes particulares y mientras que los que han hundido a México en la pobreza y en la dependencia del exterior, repiten discursos ampulosos sobre la competencia y la competitividad, sin pensar que en un sistema competitivo necesariamente uno gana y los demás pierden, en la Escuela de Trabajo Social se reflexionó sobre formas de economía social reconocidas por la Constitución, pero postergadas en la práctica por los apologistas de la codicia.

El sistema cooperativo se basa en la solidaridad, los procesos sociales que detona son procesos conjuntivos, que consolidan los lazos sociales, que crean ámbitos propicios para el bien común y la justicia social, en tanto que la propuesta contraria, la de la libre competencia como ley suprema de las relaciones humanas, acarrea necesariamente desigualdad, dolor, injusticia y odios.

Es alentador ver entrelazados los nombres de la máxima institución de educación superior del país y el más justo y racional sistema de organización económica, la cooperativa; “UNAMonos con las cooperativas” es una gran idea.

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Rescate de una joya

Bernardo Bátiz V

Hay en los recientes gobiernos de izquierda de la ciudad de México, en claro contraste con los inmediatos anteriores, una intención de rescatar el Centro. Se empezó con las calles al poniente del Zócalo: Madero, la antigua Plateros, que ahora es peatonal; Cinco de Mayo, Tacuba y las transversales Bolívar, Isabel la Católica y Cinco de Febrero. Hoy el esfuerzo se trasladó hacia el sur: Regina, San Jerónimo, y hacia el poniente, con más dificultad, Corregidora y Moneda principalmente.

Dentro de este esfuerzo cabe poner en la mira de las reivindicaciones urbanas una joya que se encuentra ahora medio abandonada y que debe ser rehabilitada a fondo. Es lo que resta, en la esquina de Isabel la Católica y Uruguay, del convento e iglesia de San Agustín, construcción religiosa de alto valor arquitectónico, ejemplo de la época de esplendor del virreinato, que a través de su agitada historia, ha pasado por buenas y por malas.

Cuando los monjes de la orden de San Agustín, como otros clérigos, fueron exclaustrados con motivo de las Leyes de Reforma, el convento quedó en el abandono y fue usado para diversos fines: almacén y cuartel y tuvo mala suerte en la invasión estadunidense de 1847, se instalaron tropas de los invasores y se perdieron entonces tesoros artísticos y bibliográficos.

Luis González Obregón dice que con trabajos se salvaron lienzos de Miguel Cabrera y archivos históricos interesantes a “la soldadesca yankee”. La famosa e inigualable sillería del coro, dos hileras de bancos tallados magistralmente con escenas de la Biblia, se rescató en parte y lo que pudo salvarse se admira en el salón del Colegio de San Ildefonso, conocido popularmente como El Generalito, pues ahí se reunía el capítulo general de los jesuitas.

Después de algunas vicisitudes, la iglesia fue rescata para un mejor fin, cuando en 1929 y todavía bajo el impulso de José Vasconcelos, se abrían bibliotecas y promovían cultura y lectura, se destinó al cuidado de la Universidad de México, como sede de la Biblioteca Nacional. Eso salvó el edificio, que fue restaurado, con alguna deficiencia, pero algo es algo.

Valió el cambio de destino y fue también cuando en el jardín se colocó la estatua hermosa, en mármol blanco, de Alejandro de Humboldt que aún es admirada por algunos de los muchos que transitan por ahí.

Toca ahora, en el esfuerzo loable de reivindicar la parte vieja, pero muy viva de la ciudad, al Gobierno del Distrito Federal y a la UNAM ocuparse de este templo abandonado desde hace décadas, a partir de que los libros, documentos y manuscritos que guardaba, se trasladaron a la Biblioteca Central de CU.

Entre lo que debe restaurarse y conservarse, están la fachada monumental y la nave principal, útil por su amplitud y señorío, para centro cultural, exposiciones artísticas, conferencias, venta de libros y otras parecidas; un centro de extensión universitaria con acceso al público no estaría mal.

Desde luego, la escultura de Humboldt, donada por el emperador Guillermo II, en honor del viajero, humanista y científico que poco antes de la Independencia cruzó nuestro país haciendo estudios, observaciones y colecciones diversas y también el águila que se encuentra en el corte de lo que sería esquina de la reja.

Los bustos de personajes de la Reforma, en pilastras que rodean el jardín, lo mismo románticos que clásicos, puros, moderados y conservadores, entre los que están Bernardo Couto, Carpio, Pesado y otros, si bien no de gran valor artístico, sí histórico, se han deteriorado con el correr de los años. Dentro, grandes esculturas de filósofos y padres de los primeros siglos del cristianismo, entre las cuales destaca la de Orígenes, teólogo de Alejandría.

Tienen ocasión, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que ha mostrado interés en devolver a las calles céntricas su señorío, y José Narro, rector de la UNAM, la universidad más importante del país, de salvar todo esto, para bien de la ciudad y de sus enterados habitantes.

jusbbv@hotmail.com

Democracia y olvidos

Bernardo Bátiz V.

Tiene razón quien dice que por la democracia hay que luchar permanentemente; nunca está conquistada para siempre. En una ya olvidada legislatura, la 52, dos políticos ahora muertos, pero cuyas posturas se puede consultar en el diario de los debates, discutieron en la tribuna en torno a una propuesta priísta encaminada a permitir demandas por daño moral, cuando por ataques en el honor, prestigio y buen nombre; por supuesto se estaba pensando en políticos y servidores públicos.

Salvador Rocha, recién llegado entonces a la política, dueño de un exitoso despacho de abogados influyentes, propuso y defendió el proyecto. Un panista, el periodista Gerardo Medina, nacido en El Oro, estado de México, de aquellos tiempos en que no había componendas ni arreglos ni concertaciones, le rebatió en tribuna con su ingenio reconocido por tirios y troyanos; bautizó la pretendida reforma como ley mordaza y, es ocioso decirlo, obtuvo de inmediato el apoyo de periodistas independientes y, en especial, de los jóvenes de la fuente de la Cámara, que apoyaron y aplaudieron al colega y obligaron a modificar la propuesta.

Se trataba de una lanzada contra la libertad de expresión con objeto de limitar el derecho de juzgar y criticar a los poderosos; pretendía poner obstáculos a los juicios sobre ideas y acciones de los servidores públicos, que eran, como debe ser en una democracia, ponerlos en el banquillo de los acusados ante la opinión pública.

Gerardo Medina, el casi olvidado panista –de seguro desconocido por la mayoría de los atildados burócratas y legisladores que hoy representan y gobiernan en nombre del partido que lleva aún las siglas del PAN, pero ya no es el mismo–, con su oratoria ingeniosa y directa, con su fina ironía, deshizo el desaguisado.

Muchos años después, la semana pasada, otro priísta no tan notorio como Salvador Rocha, el diputado Arturo Zamora, desentierra el viejo proyecto o sólo coincide con él sin conocer el antecedente y va más allá: propone nada menos que sanción penal para quien ose criticar a políticos y a partidos. La democracia, lo sabemos, es una fórmula respetuosa de los principios de igualdad y de libertad; sirve para tomar decisiones colectivas cuando no todos los integrantes de una comunidad pretenden lo mismo, pero se tiene que decidir algo; también es, según el artículo tercero constitucional, “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En su acepción primera, tiene que ver con el sufragio respetado, la honradez en el cómputo de los votos y el respeto a ciudadanos y contrincantes; sólo puede desarrollarse en un ambiente en que se respeten las garantías individuales, y en el que los votantes puedan informarse y discutir con libertad; van en su contra las restricciones al debate y, muy especialmente, la desinformación y el engaño.

Si en lugar de información veraz, autoridades y partidos se pronuncian por la publicidad planificada al estilo puramente mercantil, que asimila la campaña de un candidato a la de un producto del mercado, estaremos ante una democracia traicionada; si en lugar de buscar la inteligencia de los votantes se apela a sus ojos y a sus oídos, para aturdirlos y agobiarlos con un bombardeo permanente de imágenes y sonidos, se evita la crítica y la discusión y se sustituyen con una campaña superficial.

La libertad de criticar y discutir, por supuesto, no debe ser de injurias, mentiras o calumnias; pienso en un debate equilibrado, equitativo, en que las propuestas tengan similitud de oportunidades para expresarse y donde lo que se ponga ante la atención de los votantes sean líneas políticas y propuestas. No puede ser el fiel de la balanza política ni el dinero para comprar votos ni mucho menos el fraude que altera resultados en boletas y actas de escrutinio; ambas son formas de matar a la democracia en su propia cuna.

Por ello es evidente que van contra la democracia lo mismo la nueva ley mordaza que impulsa un priísta para sancionar críticos e inhibir debates, que las campañas de falsedades, de verdades a medias o de exageraciones que a diario vemos, escuchamos y soportamos en la radio y en la televisión.

Una frase muy repetida en el panismo de antaño decía que en política no podemos ser ilusos, para no terminar al final siendo desilusionados. La publicidad, contradiciendo ese pensamiento de raigambre humanista y realismo político –especialmente la publicidad alrededor del Informe presidencial, en la que el mismo personaje es el producto y el promotor–, crea ejércitos de ilusos, de deslumbrados por los medios electrónicos, de engañados que mañana serán otra vez ejércitos de desilusionados, resentidos con los que los traicionaron y decepcionaron; para ellos estará, si se aprueba, la ley mordaza, y si no basta, se tendrá a la mano el arriesgado recurso de la fuerza: policía, Marina y Ejército, para combatir como enemigos a los descontentos.

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Las barbas a remojar

Bernardo Bátiz V.

La tragedia del casino Royale fue culpa, sin duda, de los incendiarios y asesinos autores del delito, pero culpa también de quienes no dotaron al lugar del número suficiente de salidas de seguridad, que pusieron candado a la única que había, que no contaban con sensores de humo o de calor contra incendios, que dejaron alfombras y muebles sin la sustancia que retarda la combustión.

Culpables también, son, las autoridades de todos los niveles, que otorgaron permisos irracionales o que no vigilaron los detalles de funcionamiento teniendo que hacerlo, por corrupción o por ineptitud.

Lo anterior hará que los diversos gobiernos de la ciudad de México se vean en ese espejo y recuerden el refrán “quien ve las barbas de su vecino rapar, ponga las suyas a remojar”. Aquí, en la capital, abundan los casinos o casas de juego, como en Monterrey y como en otras muchas ciudades del país; según algunas notas de prensa, en el Distrito Federal hay unos 60 de estos establecimientos, el mayor número, en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc.

En su tiempo, Lázaro Cárdenas impidió que los casinos funcionaran en el país, con lo que cerró la puerta que había abierto unos años antes Abelardo L. Rodríguez, hombre de negocios y amigo de inversionistas estadunidenses; este gobernante permitió la instalación de casinos en México, ligados a la mafia de ese país. Sabía lo que hacia, esos centros de juego, motejados con acierto como desplumaderos, son trampas para bobos que quieren perder el tiempo porque no saben qué hacer con él o bien, sueñan en fortunas de la noche a la mañana, esperándola de las enervantes maquinitas, de los números de la ruleta o de la baraja.

Quienes amasan fortunas son los dueños de los establecimientos, con lo que les dejan los incautos, pero también con los negocios colaterales: prostitución, alcohol, droga y lavado de dinero.

Un español del siglo XIX que quería a México y que aquí vivió y aquí escribió, Niceto de Zamacois, en su novela El mendigo de San Ángel”, relata como el juego, negocio de extranjeros advenedizos y vividores, acaba con un ingenuo que pierde fortuna, trabajo, casa y mujer, apostando con tahúres a la baraja. El juego produce adicciones, anula la voluntad y propicia delitos y bajezas.

Con motivo del incendio en Monterrey, los reflectores van a estos negocios y despiertan interés de la gente y de las autoridades que han emprendido apresuradas campañas en su contra y los ex secretarios de Gobernación discuten sobre quién de ellos dio menos autorizaciones para esos negocios o si se iniciaron con Salinas, con Zedillo o con Fox.

Fui testigo de que un diputado del PAN en la 54’ Legislatura, Rodolfo Elizondo, desde la Comisión de Turismo estuvo empeñado en impulsarlos, por lo que tuvo con otros diputados agrias discusiones. Elizondo fue después secretario de Turismo de Fox y sin duda, impulsó estos negocios, contrarios a la dignidad, a los valores sociales y propicios a vicios, delincuencia y muy malos hábitos.

La ciudad de México se había mantenido al margen relativamente, de las noticias de terror y alarma, sin embargo, vemos más cerca cada vez la presencia en nuestra urbe de los violentos, que no son siempre ni necesariamente de la delincuencia organizada, el caso de las periodistas Ana María Yarce Viveros y Rocío González Trápaga vilmente asesinadas, sin duda por su trabajo independiente en información delicada, es un botón de muestra. La supresión o al menos el control rígido de casinos, antros y casas de juego, servirá para frenar la amenaza.

En Nuevo León, después del niño ahogado tapan el pozo; en el Distrito Federal se tiene la oportunidad de meter mano, no arbitrariamente ni para la nota oportunista de prensa, sí eficaz y enérgica, para vigilar que los desplumaderos cuenten con autorización y trabajen con seguridad para sus clientes, ya que honradez y que no hagan trampa, no se les puede pedir.

jusbbv@hotmail.com

Violencia y autoritarismo

Bernardo Bátiz V.

Las noticias terribles, truculentas, se suceden una a la otra para asombro y preocupación de todos; no acaban los programas amarillistas de la televisión de hacernos ver, tres, diez, cien veces la escena de la gente corriendo en el estadio, por pánico explicable al escuchar tiroteo, cuando tienen que retirarlas para sustituirlas por otras, mucho más terribles, de un casino de juego del que salen llamas y humo y del que se retiran muertos y heridos por un incendio intencional y, otra vez, por salidas de emergencia bloqueadas.

Las cosas horribles suceden y los comentaristas impecables en su vestir y en su hablar, tranquilos, eficaces y doctorales, apoyados por sus reporteros y un aparato infalible que les envía hasta el último detalle de lo acontecido, se regodean con los hechos que tensan a la sociedad y voluntaria o involuntariamente contribuyen al miedo y a la preocupación colectivas.

Por su parte, las voces oficiales, empezando por el “primer mandatario”, se multiplican dando pésames colectivos y urbi et orbi aseguran, con tono y estilo de infalibles, que se encontrará a los criminales y se les castigará como merecen.

Pareciera que esa escalada de violencia, y consecuentemente de miedo, obedeciera a un plan, a un designio de alguien que busca un fin, una justificación, un pretexto. ¿Para qué?, podríamos preguntarnos, ¿qué puede justificar esta secuencia cada vez más trágica? Expreso lo oído, la gente comenta, inquiere, duda, acerca de los dolorosos acontecimientos.

Nadie puede dejar de ver que hay o puede haber una coincidencia entre un hecho tan espantoso como el de Monterrey y la insistencia en la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que podría, de pasar en el Congreso como está proyectada, poner a nuestro pobre y sacudido país en el umbral de un régimen autoritario.

Este proyecto encuentra sus fuentes remotas en la creación de una ya superada Policía Federal Preventiva, convertida en Policía Federal, con facultades desde 2008 para investigar delitos; está también el intento de poner en evidencia a nuestro sistema de procuración y administración de justicia, todo en busca de cambios a favor de un Estado con más herramientas y facultades para la dureza y la fuerza.

El proyecto de cambios a la Ley de Seguridad Nacional fue presentado por el Presidente en ejercicio. Se aprobó una minuta en el Senado con el único voto en contra del senador Ricardo Mon-real y, para continuar el proceso, esa minuta se envió a la Cámara de Diputados; ahí ha tenido un largo y tortuoso camino, porque está en juego no sólo el contenido mismo del proyecto legislativo, sino, lamentablemente, su uso como moneda de cambio en negociaciones políticas.

Primero, el diputado del estado de México Alfonso Navarrete Prida propuso un dictamen que rebasó en mucho los puntos iniciales aprobados en el Senado; se trataba de la propuesta de Enrique Peña Nieto, pero recibió tantas críticas y comentarios adversos de académicos, organizaciones de ciudadanos y legisladores que quedó en los archivos.

El poeta Javier Sicilia intervino entonces con su grupo y en la reunión con los diputados les planteó detener las reformas por autoritarias y por falta de cuidado en el tratamiento de los derechos humanos.

Recientemente, el diputado Javier Corral, en forma sorpresiva y, en opinión del mismo Sicilia, traicionando lo platicado y ofrecido en la reunión del castillo de Chapultepec, hizo circular un nuevo proyecto de dictamen, aprobando en parte las reformas y conservando en lo esencial la tendencia al autoritarismo y a la discrecionalidad; se le ha llamado el proyecto Corral con involuntaria ironía.

El proyecto aparece aprobado por la Comisión de Gobernación, otra vez con un solo voto en contra, el del diputado Enrique Ibarra. La objeción surgió de inmediato, dado que la minuta fue turnada no sólo a esa comisión, sino a otras, entre las que están la de derechos humanos.

Los hechos violentos y la noticia de injerencia de policías y militares extranjeros en nuestro país coinciden con la delicada discusión y la difícil determinación que tendrán que tomar nuestros representantes en el Poder Legislativo; coinciden también con el resultado de una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacada en La Jornada del jueves, según la cual muchos, en especial jóvenes, piensan como solución a la violencia aplicar más violencia, y les parecen aceptables la pena de muerte y la tortura como medidas para combatir la delincuencia. Aparece la sombra de Montiel y su comparación de los delincuentes con ratas.

Confiemos en que los legisladores no se dejen presionar ni impresionar por lo que está pasando; la verdad es que las autoridades con las leyes vigentes tienen herramientas útiles y eficaces en contra del crimen organizado; con más facultades y con menos respeto a los derechos de los ciudadanos no se resolverán los problemas.

Las causas de la violencia son de carácter social, económico y educativo y hay que combatirlas al mismo tiempo que sus efectos. Más policías, más armas y sentencias absurdas de decenas o cientos de años de cárcel en nada contribuyen a modificar el negro panorama de nuestro país.

Violencia en el Distrito Federal

Bernardo Bátiz V.

El atropello a casas particulares, una de ellas la de Efraín Bartolomé, cometido por policías del estado de México, no tiene defensa alguna, es la segunda gran pifia conocida ampliamente que comete la procuraduría de ese estado, la primera fue la de la pobre niña Paulette. La actuación violenta, derrumbando puertas, introduciéndose a domicilios privados, con armas de alto poder, enmascarados, profiriendo injurias y amenazas, nos recuerda al Barapem (Batallón de Radio Patrullas del Estado de México), de triste memoria, que atemorizaba y atropellaba ciudadanos que trasnochaban o que simplemente circulaban por sitios apartados, pero allá.

Ha transcurrido tiempo, pero no podemos dejar pasar el hecho sin algunos comentarios; el primero de ellos es que la inviolabilidad del domicilio reconocida por el artículo 16 constitucional, aún sigue vigente, sus raíces las encontramos en la carta magna de los ingleses y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Los tratados internacionales sobre derechos humanos la reconocen, el domicilio de las personas es sagrado.

Pensamos también que si fuera de su jurisdicción, en plena capital del país, los policías del estado actúan así, qué podrán esperar o qué no habrán sufrido ya los habitantes de zonas marginadas en Neza, en Chalco, en El Molinito o en poblaciones pequeñas y alejadas de las vías de comunicaciones. Tendremos que preguntarnos si las autoridades en casos similares, devuelven también los pobres objetos que les quitan, como en el caso del reloj del poeta.

El incidente me recuerda otro; el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas era gobernador de Michoacán, policías federales y de Jalisco incursionaron en territorio michoacano y en el rancho El Mareño, mataron a las personas que ahí encontraron; la actitud del gobernador fue de indignación y de defensa de la soberanía de su estado, reclamó pública y enérgicamente a quienes cometieron las violaciones, dirigiéndose directamente al Presidente de la República.

El atropello a Don Efraín Bartolomé y a las demás familias menos conocidas, pero no menos agraviadas, es malo por sí mismo, y constituye la comisión de delitos sancionados por el Código Penal, pero tiene otra faceta que es necesario advertir: es un hecho nuevo, del que no habíamos tenido noticias y que por lo pronto nos alarma, tenemos que preocuparnos por que no sea sólo el inicio de una serie de acciones similares.

Nos hemos acostumbrado ya a saber diariamente de delitos cometidos por los sicarios que sirven a los cárteles, espero que no nos habituemos a ver con indiferencia acciones similares de las autoridades.

En el Distrito Federal durante mucho tiempo se ha mantenido un clima de relativa tranquilidad; por años disminuyó, a 70 o menos, el robo de vehículos que fue alguna vez, en la era priísta, de 200 o más al día, y el índice diario de homicidios dolosos fue por muchos años menor a dos al día, en promedio; aquí la delincuencia organizada no encontraba espacios propicios porque no había arreglos arriba ni tolerancia interna. Se evitaron conflictos a pesar de alguna intentona provocadora, como cuando la PGR, en forma absurda, trajo de Baja California a dos niños, hijo y sobrino de un famoso delincuente, detenido en el mar y en forma perversa o al menos torpe los entregó al DIF de la ciudad.

Lo que entonces hicimos fue llevar a los menores con las precauciones necesarias, al Albergue Temporal de la Procuraduría del Distrito Federal y un día después los entregamos sin escándalo, a quienes acreditaron ser sus familiares, madre y tía. Libramos el riesgo, salimos de la provocación y no permitimos que trascendiera a los menores la culpa aun no determinada por juez alguno, de su familiar.

Tenemos que preguntarnos como va a actuar el gobierno para que no sea el incidente de Lomas de Padierna el inicio de una riesgosa escalada en que policías de otras entidades actúen irregularmente en la capital del país.

jusbbv@hotmail.com

La causa

Bernardo Bátiz V.

Es el momento de un breve recuento. Dejo de ser el enlace y coordinador de Morena en Nuevo León y es oportuno dar una vistazo al trabajo desarrollado a partir de 2007; cambio de responsabilidad pero no de causa, pues en la medida de mis fuerzas seguiré luchando por la soberanía nacional, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas, una mejor distribución de la riqueza, más tolerancia y todos esos valores que han sido leitmotiv de mis actividades políticas. Hace años habría puesto en primer lugar la democracia; hoy la dejo al final, como una herramienta de todo lo demás.

Cuando empecé el trabajo en el estado norteño, en 2007, buscábamos integrantes o afiliados al gobierno legítimo y no fue nada fácil. Había que convencer a mexicanos del norte, desconfiados del centro y desconfiados de la política, a que firmaran una carta en la que se comprometían a defender, cuando se les requiriera, nuestra patria, su patrimonio, sus valores, sus fronteras y recursos, especialmente el petróleo; había que convencerlos también de que se tomaran una foto y dieran algunos datos personales, entre ellos su domicilio. No era fácil, pero se hizo y los convencidos fueron siempre en aumento.

No faltó entonces quien me advirtiera, lo he relatado alguna vez, que en Nuevo León era inútil convocar a un movimiento de izquierda; “hasta las piedras son de derecha”, me dijeron; por supuesto no es así y lo pude comprobar rápidamente. Al principio hubo que vencer algunos obstáculos que hicieron lentos los avances, burocracias partidistas desconfiadas y maliciosas, rencontrarme con Monterrey, que ya conocía, conocer el estado y buscar contactos. Sin embargo, a poco, contamos sobre el camino con un equipo inicial pequeño pero de espíritu generoso, que nunca dejó de crecer.

Puedo hablar de círculos concéntricos, uno central, pleno de dinamismo y eficaz para resolver las mil dificultades que en el terreno y sobre la marcha se presentan. Otro grupo, que ya encontré integrado, era de militantes comunistas, sindicalistas desplazados de la fundidora, hombres recios y convencidos, que no eran novatos ni escabullían el cuerpo cuando era necesario trabajar en algún acto político o integrar brigadas.

Un grupo más, muy valioso por sus consejos y puntos de vista, fue el integrado por maestros universitarios, ya mayores casi todos, algunos sólo maduros, con experiencia en luchas universitarias y en la defensa de compañeros perseguidos por gobiernos de derecha. Otros simpatizantes y colaboradores venían de las filas de maestros universitarios más jóvenes, intelectuales, artistas y académicos. Todos ellos, si bien no siempre salían a las plazas y a los pueblos a convencer ciudadanos para el movimiento, sí aportaban opiniones, estudios, obra, proyectos, y estaban presentes cuando se les requería. Encontré algún cooperativista, a panistas y a ex panistas; militantes de partidos de izquierda y muchos ciudadanos sin partido; en cuanto a convicciones, digamos espirituales, católicos, “cristianos” y también agnósticos y ateos.

En lo tocante a las ocupaciones, hay de todo, maestras y maestros que tienen que lidiar con el cacicazgo del sindicato, amas de casa, obreros, médicos, abogados, empleados y empresarios. De todo y cada quien, como sucede en estos empeños políticos para un cambio de fondo, aportando tiempo, vehículos propios, recursos económicos, pero principalmente ingenio personal, carácter y voluntad, todo con generosidad y ese espíritu localista que ellos llaman “regio” y que tardé tiempo en entender.

Al principio pude ir a Nuevo León cada 15 días, luego una vez al mes; después, durante una malhadada campaña en el Distrito Federal, de plano no volví en varios meses; el movimiento no se detuvo y a mi regreso el entusiasmo no había cedido.

Recorrí dos veces, una lentamente, con los compañeros del núcleo central, y otra con el dirigente nacional, en jornadas maratónicas, todos los municipios del estado. No faltaron nunca vehículos facilitados por amigos y simpatizantes. Especialmente, no faltaron ni el tiempo ni los recursos, los lonches, las sodas, papelería, acumuladores para el equipo de sonido, gasolina; lo que se requiriera. Lo mejor: la convicción de quienes integraban las brigadas.

Los compañeros, los camaradas, recordarán que repetí muchas veces que no hay esfuerzo sin fruto; todos hicimos algo, ellos mucho, yo un poco. Se recorrió el estado, se organizaron reuniones, invité conferencistas, hicimos manifestaciones, algunas muy concurridas, se repartió el periódico, se visitaron colonias y pueblos, de casa en casa, lo mismo por municipios del sur que del área metropolitana, lo mismo en la zona citrícola que por los riesgosos rumbos del norte, cercanos a Tamaulipas. La meta, no hay duda, es alcanzable y los errores de los gobiernos de derecha han sido muchos; estoy cierto de que no se sembró en el aire y que el movimiento, si se le atiende con honradez y entrega, demostrará nuevamente su valor y su eficacia política.

Por mi parte, al finalizar esta etapa, sé que contribuí a una buena causa, la del pueblo de México, y el cierre de ésta y la vuelta de hoja me recuerdan la cita de un viejo panista tabasqueño, político pero también poeta, José María Gurría Urgel, que en dos versos certeros delinea y define nuestro paso temporal por la vida colectiva en movimientos, grupos y partidos:

“El hombre es Patria que pasa

y Patria es hombre inmortal”

jusbbv@hotmail.com

Trata de votos, trata de personas

Bernardo Bátiz V.

La trata de esclavos fue común en la antigüedad y una práctica despreciable de los pueblos europeos a partir del siglo XV; primero fue la de cautivos africanos por los portugueses; Cristóbal Colón, en uno de sus viajes de descubrimiento de tierras aún no bautizadas de este lado del Atlántico, regresó con un cargamento de indígenas caribes para venderlos en España y desquitar en algo la costosa inversión de sus expediciones, en lugar de oro o plata, que él nunca encontró en abundancia, pues faltaba llegar a Perú y a México: se conformó con el comercio de carne humana.

Isabel la Católica lo frenó de inmediato y los monarcas españoles a partir de entonces consideraron a los pueblos nativos del continente descubierto como sus súbditos e impidieron que América fuera productora de esclavos. Los ingleses, los holandeses y los franceses, a imitación de los portugueses, durante tres siglos al menos hicieron de la trata de esclavos africanos una verdadera y millonaria industria.

En Estados Unidos, la práctica se generalizó. Si en Europa los ricos tenían unos pocos esclavos que eran sirvientes, cocheros o simples curiosidades de sus casas y palacios, los estadunidenses, que siempre pensaron en grande, los importaron masivamente y en el sur de su país los hicieron trabajar en las ricas plantaciones de tabaco, caña de azúcar y algodón.

En épocas más recientes se habló de “trata de blancas”, para equiparar la venta de esclavos con el negocio de los proxenetas, de los empresarios de la prostitución; se consideraba algo antisocial y delictuoso, pero, como otros males sociales, sentó plaza en las sociedades modernas. Ahora, con el creciente e inquietante fenómeno de la migración, se empezó a usar la expresión “trata de personas”, con muchas aristas y víctimas, no sólo entre migrantes, sino en otros sectores vulnerables de la colectividad y en el secuestro y cacería de personas. En otro espacio y otro tiempo, se repite la desgracia de la captura y comercio de que fueron víctimas los africanos; distinto momento, idéntica esencia, las personas son mercancías que tienen un precio; son objetos de cálculos de costo y beneficio y, por supuesto, desechables cuando sus captores no pueden resarcir su inversión.

Pero no es sólo esta trata de personas, tan reprobable y contraria a los conceptos cristianos y civilizados de igualdad, libertad y fraternidad universal, la única trata que hoy se practica: la trata de personas se parece a la trata de votos de ciudadanos para las elecciones. Lo que con desfachatez declaró el días recientes la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una muestra de otra faceta de esta práctica reprobable.

No reveló nada nuevo, pero aceptó paladinamente la práctica de venta de votos por cargos públicos, que no es sino una variante más moderada de la otra trata.

¿Qué mercancía salió a ofrecer la maestra –como hábil mercader– en su larga rueda de prensa de hace unos días? Salió a poner en oferta votos que controla o pretende controlar, para las próximas elecciones, votos que no son papeletas cruzadas, sino expresiones de la inteligencia y la voluntad de personas de carne y hueso, y que al ser compelidos de cualquier forma o comprometidos por otro se equiparan a cosas o, al menos, sufren una disminución de la libertad.

La mercancía de la maestra son personas: sus colegas del sindicato, listos a votar y a operar en favor del mejor postor, del que cubra el precio por ella pedido, como Calderón en 2006.

Lo anterior se confirma si recordamos la conversación que en el día de las elecciones se dio y posteriormente se divulgó en los medios. Era la instrucción a un gobernador de su equipo para comprometer votos en favor del candidato panista, que después le fueron generosamente pagados; dijo entonces cosas como éstas: hay “que vender lo que tengan”, “sacar todo”, como en una tienda en liquidación, y finalmente recomendó “hablar con Felipe y vendérselo”. Se refiere, por supuesto, al voto del final del día, al controlable y manipulable.

Empecé hablando de trata de personas y concluyo hablando de trata de votos, dos especies del mismo género; en ambos casos hay poderosos, encumbrados, potentados que disponen de la voluntad de otros como de algo propio. Los romanos decían que la propiedad sobre algo se manifiesta en usar, disfrutar y abusar de una cosa. En la esclavitud y en el caso de los votos ciudadanos hay quien pretende usar, disfrutar y abusar, sin contar con la voluntad de los que son sometidos; sólo que las personas no son objetos y pueden rebelarse.

Los maestros ya lo han hecho. En diversas partes del país rompen los grilletes modernos que emplea no sólo el sindicato que ella dirige, sino también otros, que en sus formas actuales son el desempleo, la carencia de oportunidades, la supresión de becas, los cambios de plaza, los ascensos y mil formas de condicionar derechos y privilegios para lograr que se plieguen. A la voluntad que los pretende controlar. Hoy esperamos que ante la aceptación tan abierta y cínica del mercadeo de sus voluntades, otros muchos abran los ojos y se sacudan el yugo de ese sindicalismo pervertido.

jusbbv@hotmail.com

La experiencia de Encinas

Bernardo Bátiz V.

De los tres candidatos al gobierno del estado de México conozco personalmente a dos: a Alejandro Encinas y a Luis Felipe Bravo. A Eruviel Ávila como si lo conociera; es la repetición del modelo de idénticos candidatos y gobernantes del antiguo partido oficial, que como los “chuanes“ que salieron huyendo de Francia con la Revolución, a su regreso, ni olvidaron nada ni aprendieron nada”.

A Bravo Mena lo conocí cuando la fuerte personalidad de Manuel Clouthier inició en Acción Nacional la incursión masiva de empresarios y sus empleados, que vieron en ese partido, entonces de centro, una fácil conquista que lograron consumar, convirtiéndolo en lo que es ahora, defensor del neoliberalismo y representante no del bien común, sino del bien de la clase empresarial.

En la Comisión Política, Jesús González Schmal, Jorge Eugenio Ortiz y otros, pudimos todavía, impedir que fuera diputado a la LIV legislatura; las razones fueron que estaba al servicio del Consejo Coordinador Empresarial y se había expresado meses atrás en forma despectiva del partido que pretendía representar. Al Maquio no le pareció que uno de sus hombres de confianza no fuera en esa ocasión diputado federal.

A Encinas lo conocí personalmente y lo traté como compañero de gabinete en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero acabé de aquilatarlo y de confirmar su calidad de político congruente y atinado cuando se quedó al frente del gobierno de la ciudad capital y le tocó sortear el proceso poselectoral, enturbiado y agitado al extremo por el fraude de 2006.

Su capacidad como gobernarte se demostró rápidamente; mantuvo la línea de su anterior jefe, pero sin duda alguna le puso al gobierno su estilo personal y acreditó de inmediato que estaba preparado para el que, en opinión de muchos, es el cargo más difícil y exigente que hay en el país. Por haber sido jefe de Gobierno del Distrito Federal, es ahora entre los tres candidatos, en mi opinión y así lo han demostrado los debates, el más calificado para encabezar el Poder Ejecutivo del estado de México, una de cuyas características más acusada es que su área más poblada es, precisamente, la conurbada con el Distrito Federal.

Afrontó los largos meses del platón más grande y prolongado (y justificado) que ha visto nuestra capital; todas las mañanas, antes de salir el sol, se revisaba lo sucedido en esa kilométrica fila de carpas, hogueras, tiendas, anafres, cobijas, en las que había coraje, pero también entusiasmo, representaciones populares, bailes, lecturas y solidaridad, que corría desde el Zócalo hasta la Fuente de Petróleos. Nunca hubo un incidente violento, nunca un delito entre los manifestantes, nunca un atropello a personas, vehículos o edificios.

Encinas mostró habilidad en el trato con el gobierno federal y actitud respetuosa y solidaria con los manifestantes; era indispensable mantener con firmeza el respeto al derecho de opinión y manifestación. Cuando se levantó el plantón logró, con el trabajo arduo de toda la noche, que una larga ruta tomada por meses amaneciera impecable y lista para las fiestas patrias.

Alejandro Encinas tomó la decisión de dar el Grito el 15 de septiembre desde un balcón del primer piso del Palacio Municipal y se vivió entonces, en el Zócalo citadino, la más popular de las fiestas de los años recientes. Durante su corto gobierno continuó con todos los proyectos sociales que tanto contribuyen a la justa distribución de la riqueza, llevó a cabo, con honradez, obra pública necesaria y en materia de seguridad, logró disminuir, como lo había hecho su predecesor, los índices delictivos en forma significativa.

Su seriedad, que nada tiene que ver con la solemne vacuidad de muchos políticos, le granjeó el respeto del que goza; su experiencia de gobierno lo hacen ahora el mejor candidato de la vecina entidad. Los mexiquenses se merecen un gobernante como él.

jusbbv@hotmail.com

Domingo ocho

Bernardo Bátiz V.

La marcha del día 8, que culminó con una hermosa reunión en la que la poesía de Javier Sicilia, de David Huerta, y la anterior y dolorosa, pero no menos profunda, del interminable desfile de madres, hermanos, padres, esposos, que compartieron con la multitud sus propios duelos y angustias, nos abrió puertas ya oxidadas y herrumbrosas.

En alguna parte de su extensa obra, Tomás de Aquino escribió: “No es pacífico el que no ve el mal, sino el que no se deja dominar por la tristeza ante él”. Eso es algo, parte, pero muy importante parte, de lo que vimos primero en las calles y en el Zócalo después: mujeres y hombres pacíficos, que no cierran ni ojos ni oídos ante el mal que enfanga e inunda nuestra sociedad, pero que no se dejan dominar por la tristeza que el mal produce.

Por el contrario, renació o volvió a subir a la superficie la esperanza colectiva de un cambio de rumbo. Lo vimos y lo sentimos, en el constante desfilar de grupos, de familias, de amigos, de vecinos, caminando por el Eje Central que aun se llama Lázaro Cárdenas. Puedo testificar: una mujer madura camina con una compañera, recia y luminosa como ella, se detienen a estrecharme la mano y compartimos unos momentos el entusiasmo de la marcha; una abuela con el paso firme y aun esbelta, acompañada de su hija, joven que empuja una carriola con un nene de brazos y otros dos mayorcitos que marchan a su lado.

Un hombre moreno y fuerte, un obrero quizá; un comerciante modesto, con su esposa del brazo; un joven que sirve de apoyo a su madre a la que la caminata no la arredra. Pura gente que ve el mal, por eso está ahí, por eso se manifiesta, pero no se deja vencer por la tristeza y recarga con acción solidaria su reserva de esperanza.

Son personas que no repiten la consigna irreflexiva que dice en voz baja “¿para qué?, no sirve para nada, si todos son iguales”. No es cierto, quienes colmaron el Zócalo no son iguales a los pobres acarreados tradicionales de los mítines políticos; quienes encabezaron la marcha, los que trataron de darle algún orden, no son ni los “grillos” tradicionales ni los lidercillos en busca de méritos ni tampoco los funcionarios irresponsable e ineptos, pero impecables en el vestir y en el peinar, son otra cosa y basta verlos y oírlos para comprenderlo.

Claro que Javier Sicilia no tiene nada que ver con un líder heredero de Fidel Velázquez o con un “pastor” de alguna de las Cámaras del Congreso, ni David Huerta se parece a un levanta cejas de la televisión ni tiene similitud con un intelectual de a tanto la línea ágata.

Tampoco los clérigos Alejandro Solalinde y Miguel Concha son como los que pueden ser encontrados cualquier domingo en el campo de golf o en la plaza de toros. Estuvimos cerca de lo inesperado, de lo que no se vislumbraba hace seis o siete semanas; cerca y en medio de una multitud indignada, pero consciente, frente a poetas arengando desde la tribuna improvisada, sacerdotes sosteniendo con sencillez y amor, esto es con caridad cristiana genuina, una bandera mexicana en la que luce a guisa de escudo, la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Vimos renacer virtudes adormecidas, fuimos testigos de cómo la multitud, a sabiendas de que la redención implica sacrificio, se enfrenta al mal, que no es sólo violencia y muerte, sino que es también engaño, codicia, desinformación, estupidez, ineptitud y vanidad.

No fue ciertamente un “domingo siete”, fue el domingo en el que muchos desesperanzados recuperaron la fe en nuestra patria, renovaron su solidaridad y su confianza en los demás. “Lo auténtico está más allá de lo que se barrunta”, enseñó Ladislaus Boros.