Salarios retenidos

Bernardo Bátiz V.

Ojo candidatos en el Distrito Federal a cargos públicos, gobernantes de todos los niveles y diversas áreas, no olviden a un sector de trabajadores que durante los dos o tres primeros meses de cada año se las ven negras para sacar adelante gastos y compromisos, colegiaturas y hasta alimentos; me refiero a los empleados contratados por el sistema de honorarios para quienes la cuesta de enero se prolonga hasta abril.

Recordemos uno de los logros de la revolución mexicana, la inclusión, en la Constitución de 1917, de las garantías sociales; las individuales, para proteger a las personas de los abusos del poder público, estaban ya vigentes desde mediados del siglo XIX, pero fue hasta la segunda década del siglo XX que los derechos sociales se incorporaron a la ley fundamental.

Como es sabido, fue México el primer estado en el mundo que reconoció y garantizó en su Constitución garantías protectoras a sectores de la sociedad que por razones políticas, culturales y económicas, participan en la vida de la comunidad con claras desventajas y con riesgo constante de ser víctimas de abusos y atropellos.

En las escuelas y facultades de derecho, los maestros comentaban con legítimo orgullo esta primicia del derecho social en México y antes, desde las clases de civismo en primarias y secundarias, se enseñaba que trabajadores del campo y de la ciudad, contaban con una legislación protectora que les libraba de condiciones inhumanas y abusivas.

Lamentablemente, estas normas protectoras, que siguen vigentes, se han ido derogando de hecho en la práctica; la jornada máxima, el día de descanso obligatorio, el salario remunerador, las vacaciones pagadas, la seguridad social, son instituciones cada vez más limitadas y en algunos casos, raras e insólitas.

En las franjas más pobres de la sociedad, la mayoría vive en la angustia de la inseguridad, al día y sin opción de mejoras ni posibilidad de ahorros; lo más grave es que el fenómeno asciende ya a las clases medias que se empobrecen y en esa misma medida aceptan condiciones de trabajo por debajo de los mínimos marcados por las leyes.

La norma laboral es justa y de avanzada, la realidad es injusta, se cometen abusos y se atenta contra los derechos de los trabajadores, incluidos profesionistas, que tienen que aguantar o dejar de comer.

Me refiero, como es obvio, a ciertos abusos muy frecuentes; se trata de verdaderos contratos de trabajo disimulados o escondidos en una supuesta prestación de servicios profesionales. La relación jurídica entre el empleador y el profesionista establece un sueldo o salario con el nombre de honorarios, con lo que se eluden prestaciones y en especial la obligación de la seguridad social. Otra injusta cláusula que se “conviene” en los contratos es su temporalidad; aun cuando la necesidad del empleador es permanente, al trabajador se le contrata por un periodo corto, generalmente dos o tres meses, con lo cual vive siempre en la zozobra y el estrés.

Esta práctica lamentablemente no se reduce a contrataciones hechas por empresas privadas o extranjeras, el mal ejemplo ha cundido y también los gobiernos adoptan el sistema, incluidos, lo digo con pena, los de izquierda

Toco el tema antes del idus de marzo, porque son estos días los más críticos para quienes laboran bajo esta cláusula inventada por mis colegas abogados, que sólo ven una cara de la moneda; durante enero, febrero y marzo los trabajadores por honorarios siguen laborando, pero no cobran, tienen que aguardar largas semanas de angustia y carencias, atribuidas a misteriosas razones burocráticas que impiden que el sueldo sea cubierto oportunamente.

La verdad es que detrás de esta práctica hay inconsciencia, deshumanización e injusticia; quienes aspiran a gobernar a la ciudad en las delegaciones y en la autoridad central no pueden menos que considerar qué harán ante este problema y estas prácticas si obtienen votación a su favor y llegan a los cargos.

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