AYOTZINAPA: CRIMEN DE ESTADO

8 octubre, 2014 · por editor · en Pronunciamientos

A la opinión pública nacional e internacional

A la sociedad civil

A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana

La masacre de estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.

No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.

Por el contexto político y social que vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares y las fuerzas armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y civiles.

Peña Nieto, el responsable de crimen de estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.

Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Tlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.

La elección de las víctimas —los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco. entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.

En cualquier otro país que se precie de democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Heladio Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin embargo, no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos y más allá.

El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y Señor Ángel Heladio Aguirre Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.

A todos y todas les pedimos estar atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la página, el correo y el Facebook de la Constituyente.