Miriam Sánchez Hernández *
¡O
jalá, señor, que pudiésemos revisar todos los actos del Ejecutivo para aprobarlos o reprobarlos! Estoy seguro de que se remediaría mucho y que marcharíamos mejor. En mi humilde opinión, no siempre el Ejecutivo ha hecho buen uso de las facultades con las que se hallaba investido, y bastantes veces ese poder discrecional ha sido en sus manos lo que una espada en las manos de un loco.
Estas son las palabras que un maestro guerrerense dirige al gobierno y, aunque no son recientes, tienen vigencia hoy como hace más de 150 años. Este maestro, de origen indígena, nació en Tixtla, Guerrero, promotor del normalismo y maestro normalista, hizo este discurso sobre la
Revisión de los actos del Ejecutivoel 27 de julio de 1861, cuando el titular del mismo era nada menos que Benito Juárez. El indígena que se dirige así ante el Congreso es Ignacio Manuel Altamirano.
Este libre pensador está detrás del movimiento de los maestros de Guerrero ante la reforma a los artículos tercero y 73 de la Constitución que emprendió Enrique Peña Nieto. Es el asesor de cabecera, por eso los maestros guerrerenses, desde hace varios años, mucho antes de la llamada reforma educativa, desarrollaron una propuesta pedagógica para mejorar la educación en su estado, a la que han nombrado Escuela Guerrerense Altamiranista.
Como él dice, ojalá que pudiésemos evaluar todos los actos del Ejecutivo, pero no sólo de éste, sino también del Poder Legislativo y el Judicial que aprueban una reforma sin conocerla y sin estudiarla. Particularmente hoy, cuyos intereses son imponer los principios neoliberales a la educación con el subterfugio de la evaluación.
La propuesta de la Escuela Guerrerense Altamirantista considera la preparación de los maestros en función de la persona que se desea formar, una nueva currícula inspirada en pedagogías que desarrollan al niño y propician su formación y su aprendizaje como ser humano, como ciudadano; la vinculación escuela-comunidad, mediante proyectos escolares y proyectos productivos. Contempla un apartado de evaluación del aprendizaje con carácter procesual, demostrativo, horizontal, con la participación de todos los actores, y se apoyan en ella para tomar decisiones de manera colectiva.
Sus objetivos son: Poner al ser humano como eje central en la educación, para el desarrollo y la transformación de su realidad.
Potenciar la organización y la participación de los pueblos en una nueva forma de vida y trabajo con una visión social sustentable.
Una educación que rescate la economía solidaria y la formación integral, para enfrentar y transformar la realidad.
Que forme en la práctica de los valores de: democracia, solidaridad, dignidad, convivencia multicultural, garantizando el desarrollo pleno de los sujetos históricos.
El ejercicio de la democracia a partir de suprimir la exclusión e impulsar la participación, el análisis reflexivo, crítico en colectivo, que propicie la discusión y la generación de propuestas alternativas, para el desarrollo de la comunidad.
Como se puede observar, no hay negativa de los maestros hacia la evaluación y la formación. Antes bien, tienen propuestas que han venido elaborando desde hace tiempo y con apoyo en especialistas en educación, mismas que no se han dignado el Presidente del país y los congresos de los estados a conocer y mucho menos a discutir.
Queda aquí la invitación de Ignacio Manuel Altamirano, para que el Ejecutivo, que está tan preocupado por la evaluación de los educadores, someta a evaluación de la sociedad sus propios actos y escuche las propuestas que ésta le hace, hoy a través de los maestros.
Y como dice Altamirano,
si el gobierno ha obrado bien, su conducta merecerá nuestra aprobación. Si al contrario, la reprobaremos; pero esto no será un divorcio, sino un voto de censura, y censura saludable.
* Coordinadora del Programa Galatea de la UACM y miembro de la coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública: México, Estados Unidos y Canadá
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