John M. Ackerman
H
ace un año, durante el segundo Informe presidencial de Enrique Peña Nieto, los partidos integrantes del Pacto por México celebraban con enorme cinismo la imposición de sus contrarreformas estructurales. Se burlaban a carcajadas tanto de la aparente pasividad como de la desorganización de la sociedad mexicana. Parecía que su victoria había sido completa. No solamente habían logrado imponer una serie de reformas que lastiman profundamente a los derechos sociales y a la economía popular, sino que el pueblo aparentemente amaba a sus verdugos.
El contundente estallido social a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, demostró al mundo entero que la fantasía del fin de la protesta social era una simple ilusión. La simultánea movilización de los valientes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional también constituyó un hito histórico. México sigue siendo un país con una enorme conciencia política, así como una impresionante capacidad de movilización popular cuando las circunstancias lo requieren.
Hoy el régimen una vez más descansa tranquilo con la confianza de que ha logrado superar el enorme desafío del pasado otoño. Tanto la farsa del
esclarecimientode los evidentes conflictos de interés de Peña Nieto y Videgaray como la burla de los ajustes en el gabinete presidencial demuestran que nuestros gobernantes creen que la sociedad mexicana es tan ignorante como ellos.
Pero no lo somos y lo demostraremos todas las veces que sea necesario hasta que la casta de vendepatrias corruptos que hoy controlan el destino de la nación abandonen el poder público. Una vez más, la relativa calma de agosto tendrá que dar pie a un otoño de esperanza ciudadana, pero esta vez mucho mejor organizada y con resultados aún más trascendentes.
Ya basta de esperar la siguiente masacre de activistas para tomar las calles, el próximo asesinato de periodistas para demostrar nuestra indignación en las redes sociales o el siguiente proceso electoral para formar nuevos liderazgos y organización social. La actual fase reactiva del movimiento tendrá que dar pie a una nueva etapa constructiva de articulación social y política con una clara visión de largo plazo. De lo contrario, el sistema jamás cesará de reprimir, censurar y cometer fraudes.
Donald Trump y Peña Nieto constituyen dos lados de la misma moneda. Desde su enorme incultura e intolerancia ambos hombres desprecian profundamente la historia, la cultura y el pueblo de México. Ambos creen que somos una masa inerte de criminales y violadores, cuando ellos en realidad son los desalmados que buscan destruir a México y a los valores universales de la humanidad.
Ejemplo de la podredumbre del sistema actual es el hecho de que en un país con cada vez más pobres –2 millones adicionales durante el actual sexenio– el gobierno federal haya gastado casi 15 mil millones de pesos en publicidad oficial durante 2013 y 2014, de acuerdo con un nuevo estudio de Artículo 19 y Fundar (disponible aquí:http://ow.ly/Ryrkd). El periodo de mayor gasto fue precisamente durante el último trimestre de 2014, en que Peña Nieto gastó más de 6 mil millones de pesos en sólo tres meses con el fin de aplacar la creciente movilización social. A este monto habría que sumar los miles de millones gastados en publicidad oficial por los gobiernos de las entidades federativas, así como el costo de los casi 14 millones de televisores que el gobierno hoy reparte en todo el país con el fin de afianzar su control totalitario sobre el pueblo mexicano.
Ahora que se discutirá el presupuesto federal para 2016 habría que exigir la cancelación absoluta de todo gasto en publicidad oficial. Si todo este dinero fuera canalizado a salud y educación no haría falta realizar recorte alguno a estos servicios públicos tan necesarios para el desarrollo de la nación. Asimismo, habría que reducir drásticamente los salarios y las prestaciones de todos los altos funcionarios gubernamentales.
También sería recomendable vender el millonario avión presidencial, así como convertir las casas Higa de Angélica Rivera, Videgaray y Osorio Chong en hospitales y escuelas públicas. Otra acción gubernamental necesaria sería obligar a las cuatro personas que controlan 9 por ciento del producto interno bruto de la nación, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego (véase el reciente estudio de Oxfam sobre la infame desigualidad en el país: http://ow.ly/RysjY) a desembarazarse de una porción importante de sus propiedades en apoyo del gasto público.
Ya basta de que la gente humilde y trabajadora sea la que tiene que pagar por el abuso y la irresponsabilidad de la clase política. La lucha común en favor de la austeridad republicana, en contra de la desigualdad y en favor de los servicios públicos constituye una excelente oportunidad para empezar a aglutinar la amplia diversidad de organizaciones y causas sociales y políticas que hoy se encuentran divididas, infiltradas y desanimadas frente al cinismo sin límite del régimen autoritario.
Twitter: @JohnMAckerman
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