Bernardo Bátiz V.
E
l Gobierno de la Ciudad de México está, con más frecuencia de la que quisiera su titular, metido en conflictos y confrontaciones; sin duda, envuelto en litigios de todo tipo, su equipo jurídico, me consta, formado por abogados competentes, tiene mucho trabajo: contestar demandas laborales, rendir informes en amparos, atender asuntos lo mismo administrativos que civiles o penales. Sin embargo, hoy, dos litigios en los que está metida la administración capitalina atraen los reflectores de la opinión pública y la atención de los medios de comunicación. En ellos la actitud del gobierno ha sido notoriamente contradictoria.
Uno de estos litigios es múltiple, se trata de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por partidos políticos, Senado, Poder Judicial de la ciudad y el gobierno federal por conducto de la Consejería Jurídica y la Procuraduría General de la República (PGR). Todas ellas desconociendo la validez en todo o en parte de la recientemente aprobada Constitución de la Ciudad de México. En este caso, los buenos abogados del gobierno citadino defienden con sólidos argumentos la vigencia de la Carta Magna y los derechos que ésta garantiza.
El otro litigio lo constituye el amparo presentado por vecinos en contra de las inoportunas e ilegales obras que el incansable jefe de Gobierno se empeñó en llevar a cabo en Paseo de la Reforma, orgullo de los capitalinos y admiración de los visitantes. En él se desconoce el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y atendidos cuando se trata de obras que los afectan y la actitud de la administración local desafía la Constitución y también las órdenes del juez federal Fernando Silva García, quien en otros casos ha dado muestras de independencia en sus resoluciones, sino también una disposición vigente que protege al emblemático paseo, considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como un monumento protegido.
Al contrastar ambos litigios, aparece un verdadero desdoblamiento de la personalidad del gobierno: al defender la Constitución capitalina ante la SCJN, el jurídico capitalino argumenta muy bien a favor de la vigencia de esta ley suprema de la metrópoli; sin embargo, en el otro caso, desconoce la orden del juez y advierte que interpondrá un recurso de revisión, pero advierte algo más grave, que no obedecerá la orden de suspender las obras en tanto se resuelve el fondo del amparo.
La Constitución promulgada por la Asamblea Constituyente el 5 de febrero de este año y ahora defendida por el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera, contiene diversas disposiciones que en el caso de Paseo de la Reforma simplemente son echas a un lado y desconocidas. En el artículo 13, Ciudad Habitable, inciso c) Derecho a la Vía Pública, se dispone que toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública en los términos previstos por la ley; mientras el inciso d) Derecho al Espacio Público, determina que los espacios públicos son bienes comunes y que tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa.
Por otra parte, en el título cuarto De la Ciudad y el Ejercicio Democrático, en sus diversas reglas, se reconocen tanto la democracia directa como la participativa que garantizan a los ciudadanos el derecho a ser consultados para el casos de alteración al entorno social. Los vecinos, encabezados por los dirigentes de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, los aguerridos Rolando Cañas y Ramón Ojeda Mestre, tienen razón: el gobierno lo reconoce al defender ante la Corte la Constitución, pero lo desconoce al desobedecer el amparo concedido por el juez Silva.
El capítulo Democracia Participativa garantiza a quienes habitamos la ciudad el derecho a opinar, participar, ser escuchados y atendidos, en una palabra, a tomar decisiones en las cuestiones que nos afectan. El gobierno ¿defiende o ataca a la Constitución?
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