México SA

Huachicoleros: 14 años

¿Buenos resultados?

Corrupción-complicidad

Carlos Fernández-Vega

E

l secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha tenido a bien informar que hay buenos resultados en la estrategia contra el robo de combustible, y fundamenta su dicho en que el precio de venta de la gasolina producto de ese ilícito aumentó 30 por ciento, al pasar de ocho a 11 pesos por litro. Eso sí, olvidó mencionar que en el mercado legal el combustible tiene un precio entre 50 y 60 por ciento superior al citado.

Pero bueno, el asunto es que semanas atrás el mismo funcionario advirtió que la lucha contra los huachicoleros podría durar hasta tres años (más), aunque en los hechos –cuando menos en el discurso– tal combate se remite a 2003, en el sexenio foxista. Entonces, de ser correcto el cálculo de Meade, las contundentes acciones de cuatro gobiernos al hilo (Fox, Calderón, EPN y el primer bienio del que venga) sólo habrían fortalecido la boyante industria del popote.

Aun así, la apuesta del citado personaje es que si logramos al mismo tiempo generar la percepción de riesgo en quienes están comprando, lo que podemos esperar es que ese mercado poco a poco se vaya desvaneciendo. Además, dijo, quisiéramos que el incremento en el precio del combustible hurtado subiera un poco más y que nadie estuviera dispuesto a comprarlo por el riesgo en que estaría incurriendo al participar en la construcción de un mercado ilícito.

Esa es la versión idílica del gobierno peñanietista sobre un mercado ilegal que no ha dejado de crecer a paso veloz, a la par de las pérdidas para el erario. Pero, ¿qué dice el mexicano de a pie sobre el particular? Una encuesta muy oportuna (Robo de combustible), recién salida del horno, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados arroja los siguientes resultados.

De acuerdo con los encuestados, en todas las entidades de la República florece la industria del popote, aunque la mayor parte de ella (78.2 por ciento del total) se concentra en Puebla (40.4 por ciento), Veracruz (24.6) y –¡sorpresa!– estado de México (13.2). Le siguen Jalisco (8.7), Hidalgo (7.9), Tamaulipas (7.2), Michoacán (7.1), Guanajuato (6.9), Tabasco (5.7), Guerrero (4), Ciudad de México (3.8) y Chiapas (3.7); los demás obtuvieron menos de 3 por ciento de las menciones.

¿Por qué se han disparado las tomas clandestinas?, y las respuestas apuntan a lo siguiente: 27.1 por ciento por el alza en el precio de los combustibles (mercado legal); 16.2 por corrupción-complicidad-colusión; 10.2 por el desempleo. Sin embargo, destaca la coincidencia (87 por ciento del total) que atribuye el problema a la incompetencia de las autoridades.

Otro tipo de respuestas –minoritarias– atribuyen el crecimiento del robo de combustible a la falta de vigilancia de los ductos; crisis económica; delincuencia organizada; dinero fácil; pobreza; impunidad; bajos salarios; pérdida de valores; facilidad de acceder a los ductos e incremento del tipo de cambio peso-dólar.
El CESOP detalla que 57.8 por ciento de la muestra consideró que los dueños de las gasolineras están involucrados con los grupos que realizan robo de combustible; 27.2 dijo lo contrario y 15 no supo/no contestó. Entre las principales razones por las que los dueños venden combustible robado, destacan: corrupción (52.1 por ciento), lo permiten las autoridades (13.4), es más económico (12.2), colusión (7.1), porque son obligados (6.4), porque no saben que es robado (3.1) y no supo/ no contestó (5.6).

En cuanto a qué tanto está coludido el sindicato de Pemex con la industria del popote, 56.2 por ciento de los encuestados respondió que sí está coludido; 26.6 que no, y 17.2 no supo/no contestó. En lo que compete a qué tan involucrados están los altos funcionarios de Petróleos Mexicanos con los huachicoleros, 61.2 por ciento lo afirmó, 26.3 que no y 12.4 no supo/no contestó.

El 74 por ciento de los encuestados afirmó que los huachicoleros están protegidos por las comunidades; el 83.1 por ciento se dijo dispuesto a comprar combustible robado a bajo costo; el 76 por ciento se pronunció a favor de que no se cancelen definitivamente las licencias de distribución y funcionamiento a las gasolineras que vendan combustible robado; 88.1 por ciento considera que los dueños de las gasolineras que sean descubiertas vendiendo combustible robado merecen ir a la cárcel; y 74.7 por ciento no ha escuchado hablar de las sanciones impuestas de prisión a quien robe combustible, incluyendo al arrendatario y propietario del predio donde exista una toma clandestina.

Además, 83.2 por ciento de los encuestados cree que las autoridades saben en dónde se ubican las tomas clandestinas: 77.7 por ciento que las acciones del gobierno federal son insuficientes e inadecuadas, y el 92.6 por ciento que el gobierno federal debe realizar una campaña informativa sobre el robo de combustible y sus consecuencias penales en participar en ello.

Un elemento adicional: ¿qué tanto los huachicoleros comparten lo recaudado en sus robos con las autoridades públicas? El 44.9 por ciento consideró que mucho; si se evitara el robo de combustible, el 51.7 por ciento afirmó que la gasolina (legal) sería más barata; y 76.8 por ciento respondió que los policías son parte de la organización de los huachicoleros. ¿Quién debería controlar o enfrentar a los huachicoleros? El Ejército, 44.4 por ciento; Policía Federal, 24.2; Ministerio Público, 3.1; policía local, 11.9.

Y la cereza: ¿quién considera que es el responsable del incremento del saqueo de los ductos de gasolina?: 11.7 por ciento dijo que Pemex; 27.9, el gobierno federal; 4.4, gobierno local; 2.8 policías; 0.6, Ejército; 33.4, crimen organizado; 4.6, otros, y 14.7 no supo/ no contestó.

Pero, tranquilos, que ya subió el precio de la gasolina robada.

Las rebanadas del pastel

El sindicato nacional de trabajadores mineros, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, denuncia que “el próximo 30 de julio se cumplirá una década del estallido legal de la huelga minera en Sombrerete, Zacatecas (también en Taxco, Guerrero, y Cananea, Sonora, caso éste que se ventila en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). El concesionario de esa mina es Grupo México (del tóxico empresario Germán Larrea), quien a lo largo de esos 10 años se ha negado a solucionar el conflicto y ha recurrido a todo tipo de maniobras sucias, amparándose en el amplio servicio que le garantiza la Secretaría del Trabajo, con el subsecretario Rafael Avante de mayordomo. Y todavía se animan a decir que hay paz social en México (Navarrete Prida dixit).

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