¿Me equivoqué?

Bernardo Bátiz V.

C

omo todo mundo, suelo equivocarme; hace 15 días se publicó mi colaboración a La Jornada con el encabezado El fiscal especial, la envié antes de que el doctor Santiago Nieto hubiera renunciado a su propia defensa, que contaba con el apoyo de senadores de diversos partidos distintos al PRI. El tema que traté giró sobre la injusta remoción de la que fue víctima el fiscal de delitos electorales y lo que esto significará para el proceso comicial que está a punto de ­iniciarse.

Dije en ese artículo que había un contraste marcado entre los dos abogados que se enfrentaron, por un lado el citado Santiago Nieto, iniciado con cierto éxito en el mundo académico y con la ventaja de haber llegado a su cargo con el voto unánime de los senadores; por el otro, el abogado defensor del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), hoy aguerrido litigante y antes funcionario público de gobiernos priístas, en diversos niveles, conocido en su momento como el fiscal de hierro.

Hice hincapié en lo que entonces todo mundo comentaba, el contenido de un debate en la cámara alta del Congreso; se trata de un fiscal que investiga un posible fraude y sobornos de la empresa Odebrecht y tal fraude y sobornos aparecen relacionados estrechamente con el ex director de Pemex señor Lozoya Austin y con la campaña política para elegir al presidente del país.

Entre el momento en que envié mi colaboración y su publicación en nuestro diario, el Senado recibió una carta de Santiago Nieto en la cual manifestó su voluntad de no aceptar la reposición en su cargo, con lo que dejó sin materia al debate legislativo. Mi colaboración pareció así fuera de lugar.

La verdad es que, al correr de los días, lo argumentado en mi artículo mantiene su vigencia; que Santiago Nieto haya doblado las manos ante las presiones y amenazas que recibió y que haya hecho imposible su regreso al cargo del que de tan mala manera fue despedido no resuelve la cuestión de fondo. Los datos sobre sobornos, malas decisiones y sospechas ampliamente fundadas, continúan como parte de un debate más amplio que el que se daba en el Senado; el Congreso, como bien se sabe, salvo excepciones, no es el centro de la política nacional, ni lugar en que se tomen decisiones trascendentes. Las mayorías construidas mediante pactos y arreglos entre cúpulas, sólo ejecutan lo que en otros ámbitos se decide.

El jueves 2 de noviembre se publicó que la Auditoría Superior de la Federación encontró que Pemex hizo pagos a Odebrecht, en más de 61 por ciento de lo pactado, para trabajos que se le encomendaron en la refinería emblemática de Tula en el estado de Hidalgo; este es uno de los hechos que mantienen abierto el expediente; la averiguación previa no se ha cerrado, se trata de buscar un nuevo titular para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que garantice como parecía que lo había hecho Santiago Nieto, independencia, conocimientos jurídicos y valor civil. Tendrá que ser alguien que esté dispuesto a resistir presiones de todo tipo, lo mismo intentos de soborno que amenazas; lo que está en juego en el fondo es la legitimidad de los próximos comicios.

Son muchas las opiniones que insisten en mantener viva no sólo la investigación en la procuraduría, mediante su fiscalía contra delitos electorales, sino también una valoración ética sobre el oscuro incidente. La diputada Rocío Nahle, de Morena, destacó que está acreditada la relación entre la elección del actual Presidente y la descalificada internacionalmente Odebrecht, recordó que el actual Presidente cuando era gobernador de su estado viajó a Brasil a entrevistarse con directivos de la empresa; después vinieron las contrataciones.

La primera plana de La Jornada del 8 de noviembre destaca las ligas de Odebrecht con 17 empresas en paraísos fiscales; diversos grupos y políticos exigen que la carpeta de investigación no se cierre y continúen las indagaciones sobre el delito de soborno. Lozoya Austin pidió amparo para no ser detenido y un comentario de un ciudadano anónimo resume genialmente lo que está sucediendo: Se trata del único caso en que, en un fraude, se sanciona al que lo investiga y no a quienes lo perpetraron.

Jacqueline Peschard, quien preside el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, destaca la importancia del caso, cuya investigación se interrumpió con el injusto despido de don Santiago. El agudo comentarista del periódico Reforma Jorge Suárez-Vélez advierte el riesgo de que el haber dejado a la Fepade sin titular es una muy mala señal; con esta pifia se puede manchar desde ahora el proceso electoral que se avecina.

Mi publicación en defensa del fiscal especial cuando éste ya había renunciado, perdió oportunidad; sin embargo, el tema sigue abierto, sus repercusiones ahí están, la retractación obtenida mediante amenazas enturbia por adelantado el próximo proceso electoral. Algo aún se puede corregir si se escucha tanto a los ciudadanos como a los expertos.

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