El SME cinco años después

José Antonio Almazán González

A

un lustro de la artera agresión del gobierno de Felipe Calderón en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y su contrato colectivo de trabajo, resulta inevitable resolver la demanda de reinserción laboral de alrededor de 15 mil trabajadores que decidieron, desde octubre de 2009, rechazar su liquidación individual y luchar contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Han sido cinco largos años en los cuales el SME ha recurrido a todas las formas de lucha civil y pacífica: incontables marchas, mítines, plantones, caravanas, huelgas de hambre, además de sufrir la represión gubernamental, al haber tenido presos políticos. Estos hechos dan cuenta de la decisión inquebrantable de un sindicato que resolvió no rendirse jamás, cuando la mayoría de los pronósticos apuntaban hacia una derrota total.

Ante un indiferente Congreso de la Unión, que permitió que el Ejecutivo federal pisoteara sus facultades constitucionales para resolver sobre la liquidación de un organismo público descentralizado, el SME acudió a los tribunales laborales a sabiendas de que en México están al servicio de los poderosos. Así, el 30 de agosto de 2010, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un laudo dando la razón al Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE) para dar por terminadas las relaciones individuales, colectivas y el propio contrato colectivo de trabajo y, sin que fuera materia del juicio, negando también el patrón sustituto. Para rematar, el 5 de junio de 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el inconstitucional decreto de extinción; pero inusitadamente, el 13 de septiembre de 2012, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo dio la razón al SME en su demanda de patrón sustituto, derrotando así el plan original del gobierno de Felipe Calderón de exterminar el sindicato.

Sin embargo, el 30 de enero de 2013, en apego a la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto, de contener al SME, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el ilegal laudo de la JFCA de 2010. Dos meses después, el 10 de abril de 2013 la Secretaría de Gobernación aceptó instalar una mesa de negociación con el SME, en la cual Miguel Ángel Osorio Chong afirmó: “Hay mucha voluntad, toda la voluntad del gobierno del Presidente de la República para solucionar el caso… Ya es una instrucción del Presidente”; sin embargo, 18 meses después, todo indica que el gobierno busca llevar al SME a una fecha límite, coincidente con el término de la prescripción del laudo de la JFCA el 27 de febrero de 2015, para imponerle un precario regreso al trabajo.

La reinserción laboral de los 15 mil 603 trabajadores del SME que no se han liquidado es inevitable, visto desde el ángulo de la liquidación y extinción de LFC. Resulta que durante casi cinco años el proceso de liquidación de la propiedad de Luz y Fuerza (plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión y redes de distribución) no avanzó absolutamente nada. Primero, porque hasta agosto de 2014 el SAE estaba impedido de vender bienes nacionales conforme al anterior párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y después de esa fecha porque antes, o a la par, de vender estos bienes se requiere resolver el tema del llamado pasivo laboral.

El llamado pasivo laboral fue el mecanismo financiero que el gobierno utilizó para colocar en posición de quiebra técnica a LFC, recién creada en 1994. Ese año el pasivo laboral ascendió a mil 249 millones de pesos, pero para diciembre de 1995 había crecido a 5 mil 468 millones, para 2000 ascendió a 30 mil 721 millones, en diciembre de 2005 fue de 68 mil 660 millones y para diciembre de 2008 se incrementó a 102 mil millones de pesos. Y según se lee en el DOF, para octubre de 2009 fue de 240 mil millones de pesos, de los cuales 160 mil millones correspondían a jubilados y 80 mil millones a trabajadores. La última cifra conocida proviene de la Secretaría de Energía, en su libro blanco sobre la extinción de LFC, de octubre de 2012, que reconoce un pasivo laboral de más de 286 mil millones de pesos en obligaciones laborales para el pago de jubilaciones, compensación por antigüedad y seguro sindical.

Por supuesto, el incremento desorbitado del pasivo laboral no tuvo nada que ver con el crecimiento real del número de jubilados del SME, y lo peor fue que este pasivo laboral, resultado de estudios actuariales inflados, se mezcló con costos reales de explotación. De tal manera que desde diciembre de 1995 LFC fue colocada en quiebra técnica. Sin embargo, ahora el pasivo laboral ideado para crear condiciones privatizadoras constituye un obs­táculo para concluir la extinción/liquidación de LFC, pues para disponer de sus bienes (venderlos al capital privado o entregarlos a CFE y legalizar su operación) el gobierno requiere cumplir sus obligaciones laborales, lo cual implica negociar con el SME las condiciones de reinserción laboral de los trabajadores que no se han liquidado, así como el tiempo de servicios acumulado por cada trabajador.

A cinco años de una heroica lucha de resistencia y a unos meses de cumplir 100 años de existencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas se ha ganado a pulso el derecho a recuperar su materia de trabajo y el gobierno federal está obligado a honrar su compromiso en el más corto plazo posible. En su horizonte clasista está la construcción de la unidad de todos los trabajadores y la renacionalización de la industria eléctrica.

¡Larga vida a los 100 años del SME!