sábado, 17 de julio de 2010

Anuncia el SME suspensión de marchas y bloqueos en la ciudad


El gobierno federal, responsable de lo que ocurra a Cayetano Cabrera

Se deslinda el sindicato de actos delictivos contra varios vehículos

Electricistas realizan un mitin en el Zócalo capitalino Foto Carlos Cisneros

En el campamento de los huelguistas de hambre, ex alumnos del IPN visitaron al ingeniero Cayetano Cabrera y a los otros ayunantes Foto Carlos Cisneros
Fabiola Martínez y Gabriela Romero

Periódico La Jornada
Sábado 17 de julio de 2010, p. 15

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) responsabilizó al gobierno federal de lo que pueda ocurrirle al ingeniero Cayetano Cabrera, quien este viernes cumplió 83 días en huelga de hambre. Ayer los trabajadores realizaron varias movilizaciones en demanda de solución al conflicto, pero en atención al llamado que realizó el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, el gremio acordó suspender marchas y bloqueos.
Por la tarde, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila Pérez, informó que hubo un “acuerdo político” entre Ebrard y el dirigente del SME, Martín Esparza, con la finalidad de que cesen las marchas y movilizaciones; los electricistas sólo realizarán volanteo mientras las condiciones de diálogo con la administración federal estén abiertas.
Asimismo, Esparza pidió al gobierno federal que retire a “los seudoelectricistas” que incurren en actos delictivos, pues las agresiones cometidas este viernes contra camionetas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de una institución bancaria fueron adjudicadas a los manifestantes.
Ávila Pérez señaló que alrededor de las 16:30 horas, Esparza se comunicó con Ebrard, con quien hizo un acuerdo político, de manera verbal, para suspender las marchas, ante los exhortos que el GDF ha hecho a su homólogo federal y al SME para reanudar el diálogo.
“En respuesta a esa excitativa se generaron las condiciones para el encuentro que se produjo en la Secretaría de Gobernación”, aseguró Ávila Pérez.
“En esas condiciones nos encontramos hoy y esperamos que pronto encuentren una salida al conflicto que afecta a tantos trabajadores del sindicato”, manifestó el funcionario.
Ayer los electricistas que se oponen a ser liquidados realizaron varias protestas, que afectaron el tránsito en algunas arterias del centro de la capital y se registraron algunos incidentes. Sin embargo, el dirigente aseveró que dentro de sus filas hay “personas infiltradas de Gobernación” en calidad de provocadores.
–¿Van a radicalizar su movimiento?
–Continuaremos con nuestra lucha pacífica.
–¿Seguirán con los bloqueos y afectaciones en la ciudad?
–Nosotros nos acogemos al llamado del jefe de Gobierno del Distrito Federal para moderar y utilizar nuestras manifestaciones sin poner en riesgo la estabilidad de la ciudad –dijo Esparza.
Informó que entregó a Gobernación unas fotografías. “Tenemos unas fotos –agregó– y las vamos a poner a disposición del Gobierno del DF para que nos ayuden a investigar, con sus cámaras, quiénes son, porque sabemos que ningún compañero del SME participa en actos de violencia”, dijo en entrevista al término del encuentro en Bucareli, el cual se prolongó por casi dos horas.
Audiencia con Calderón
Por otra parte, Esparza se reunió ayer por la tarde con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Gil, y con el subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, ante quienes solicitó un encuentro directo con el presidente Felipe Calderón para tratar de encontrar una solución al conflicto generado por el decreto de extinción de LFC.
Gil pidió a Esparza y a los dos integrantes del comité central de este sindicato que lo acompañaron que insten al ingeniero Cayetano Cabrera y al resto de los huelguistas que terminen el ayuno. El titular de la SG, Francisco Blake, no estuvo presente en el encuentro, pues se argumentaron motivos de agenda para justificar su ausencia.
Desde el decreto de extinción de LFC –el 11 de octubre de 2009– se comisionó a la SG para atender el caso. El 18 de marzo pasado, el SME entregó por escrito al entonces secretario Fernando Gómez Mont una propuesta para una recontratación colectiva de los electricistas, a fin de que sean empleados en un nuevo esquema de suministro de energía en la zona central del país.
Ahora, el sindicato pide audiencia con el Presidente de la República, porque considera que es la última instancia para resolver este conflicto.
A nueve meses del cierre de LFC, el gremio reitera su petición para que sus miembros sean recontratados en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la figura de patrón sustituto.
La cita original entre funcionarios y el SME era para ayer viernes a las 8:30 de la mañana, aunque por la noche, Esparza recibió una llamada telefónica, por parte del diputado encargado de la comisión especial para el caso LFC, Amador Monroy, en el sentido de que el encuentro se posponía, porque Blake requería más tiempo para analizar el caso con sus asesores.
Al final, de acuerdo con Esparza, todo se debió a un mal entendido y aceptaron reunirse a partir de las dos de la tarde.
La próxima cita será el lunes y, como ayer que se hicieron acompañar por el diputado del PRD Vidal Llerenas, en los eventuales encuentros pedirán la presencia de legisladores.
Por la tarde-noche, el SME realizó una asamblea con organizaciones sociales para definir el plan de acción de la próxima semana.
En tanto, según el parte policiaco, las agresiones en contra de tres vehículos presuntamente realizadas por sindicalistas ocurrieron en las colonias Doctores, Centro y Buenavista. Alrededor de las 10 de la mañana, en Arcos de Belén y Doctor Andrade un grupo de personas volteó un vehículo Chevy color blanco, placas 595 SFV, con logotipos de la comisión. El conductor logró salir de la unidad y sólo presentó algunos golpes.
Poco después, en la calle de Bolívar, otro grupo arrojó piedras y objetos a un Tsuru provocando daños en el medallón y cristales. Otra agresión ocurrió en avenida Insurgentes, casi esquina con San Cosme, contra una camioneta con placas EV23648. Ambos vehículos, según indicó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, eran propiedad de particulares.

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