John M. Ackerman
Los casos más graves de politización de la procuración de justicia no son los que conocemos, sino aquellos que ignoramos. El michoacanazo, los casos de Greg Sánchez y Jorge Hank Rohn, así como las investigaciones penales actualmente en curso en Coahuila y Tamaulipas, constituyen apenas la punta del iceberg. El verdadero escándalo no es que la PGR haya decidido investigar y exhibir a estos políticos, sino que no lo haya hecho antes y de manera más sistemática y generalizada.
¿Cuántas veces Felipe Calderón habrá ordenado por razones políticas que “se archivara” algún expediente penal en contra de un alto funcionario? ¿Por qué ninguno de los políticos de primera línea hoy investigados por la PGR pertenece al PAN? La politización de la justicia ha sido la regla a lo largo de la historia reciente del país. Más grave que los intentos actuales de Calderón por amedrentar a sus adversarios de hoy son sus pactos de complicidad e impunidad con sus amigos de ayer.
Pero al destapar la cloaca de la corrupción en los más altos niveles del priísmo, Calderón también evidencia la complicidad y tolerancia del panismo con estas mismas irregularidades. Recordemos, por ejemplo, que Calderón ganó la votación presidencial en Coahuila en 2006 gracias al apoyo que recibió tanto de Elba Esther Gordillo como de sectores del PRI que abandonaban a Roberto Madrazo. Más allá del escándalo de la deuda ilegal del estado, uno solamente puede imaginar la cantidad de tropelías que se habrán cometido en este bastión del PRI durante el último sexenio con el aval y la protección de la Presidencia de la República en gratitud por el apoyo electoral.
México necesita más, no menos, investigaciones serias de la probable complicidad de altos funcionarios e importantes empresarios con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Los niveles de impunidad e infiltración que hoy permanecen en el país no pueden ser resultado únicamente de la acción de policías, ministerios públicos y jueces corruptos en lo individual. Al contrario, responden a políticas de Estado y sistemas de complicidad que son fomentados y tolerados desde los más altos niveles.
La semana pasada el general Guillermo Galván confesó, en el marco del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que en muchas partes del territorio nacional “el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado” y que “en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado”. Pero esta situación no es solamente responsabilidad del PRI, sino también del partido que hoy gobierna a escala federal.
Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la PGR para el ejercicio fiscal de 2010 nos ayudan a entender las razones del fracaso tan monumental en materia de seguridad pública. Durante 2010, por cada 100 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público Federal (MPF) únicamente 34 se consignaron ante un juez. En otras palabras, 66 por ciento de las investigaciones se quedaron totalmente sin materia, bien porque las personas investigadas o detenidas no tuvieron nada que ver con los delitos investigados o bien por la total ineptitud de los agentes de la MPF en acreditar los delitos y los responsables. Así mismo, durante el mismo año, casi 7 mil mandamientos judiciales fueron cancelados porque el delito correspondiente había prescrito y la autoridad no había actuado a tiempo.
La ASF también descubrió que la PGR simplemente no cuenta con un registro confiable de la detención y puesta a disposición de personas ante el MPF durante todo 2010. Resulta que durante el proceso de cambio en los sistemas para el registro de esta información los datos se perdieron o nunca se registraron.
El auditor Juan Manuel Portal también acreditó algo que muchos ya sospechábamos: la PGR simplemente no cuenta con una “estrategia” antidrogas. El Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012 que se redactó a principios del sexenio nunca fue debidamente aprobado ni se le ha dado seguimiento institucional. La PGR también hoy opera con un reglamento interno totalmente desactualizado e inoperativo, que no corresponde a la nueva Ley Orgánica de la institución, publicada el 29 de mayo de 2009.
Los recientes despidos del fiscal especial para la atención a delitos electorales, José Luis Vargas, y del visitador general de la PGR, César Chávez, no constituyen entonces un giro hacia una mayor politización en la institución, sino son apenas los ejemplos más recientes de la gran debilidad institucional que ha carcomido este órgano estatal desde el principio del actual sexenio. Si bien el caso de Vargas ha recibido más atención mediática, el de Chávez es también grave, ya que durante 2011 había logrado aumentar en 300 por ciento la cantidad de observaciones emitidas a funcionarios de la PGR por irregularidades administrativas y penales. Al parecer, a la procuradora Marisela Morales le incomodó ese esfuerzo por intentar una depuración interna más enérgica.
La buena noticia, sin embargo, es que el rompimiento temporal del pacto de complicidad e impunidad entre PRI y PAN ha permitido que salga a la luz pública información muy importante sobre la corrupción política en el país. El resultado podría ser positivo si la sociedad logra transformar su nuevo conocimiento en exigencias específicas a favor de mayor rendición de cuentas de la clase política entera.
Twitter: @JohnMAckerman
www.johnackerman.blogspot.com
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