Enrique Calderón Alzati
S
i bien su discurso presentado el jueves pasado, como respuesta a las crecientes muestras de enojo de la sociedad mexicana que reclama la presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, permite suponer que usted empieza a comprender la magnitud del problema en que su gobierno se encuentra metido, a partir del dudoso manejo que sus colaboradores más cercanos –de manera frívola, irresponsable y torpe, han hecho de los sucesos del 26 de septiembre–, así como de su propia participación en actos que la sociedad mexicana considera claros indicios de corrupción, en virtud del conflicto de intereses que como alto funcionario tuvo con una empresa de televisión contratada por usted siendo gobernador del estado de México para promover su imagen personal y otra a la que su gobierno ha adjudicado cuantiosos contratos de manera irregular. El contenido de su esperado discurso no presenta en ningún momento prueba alguna de que exista un intento serio para enfrentar la grave crisis institucional a la que su gobierno ha llevado al país.
La estructura de ese discurso seguramente sería bien recibida viniendo de parte de un gobernante, luego de prestar juramento y aceptar el cargo que la nación le ha otorgado, mas no después de dos años ejerciendo el poder que las leyes le otorgan, rodeado de un grupo de colaboradores que debieron actuar en su momento para evitar que sucediesen tragedias como la de Iguala, actos violatorios de la ley, como el ocurrido en Tlatlaya y fosas clandestinas en varias entidades del país, de las cuales hoy empezamos a conocer, no por el trabajo de las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad y la justicia, sino a pesar de ellas.
¿Que no existe ya un centro de inteligencia, cuyas funciones incluyen la detección de actividades que atentan contra la seguridad nacional y que debiera ser capaz de identificar la presencia de grupos interesados de desestabilizar al país? ¿Que no los altos mandos del Ejército debieran evitar que las fuerzas a su cargo actúen violando las leyes existentes y falsear los reportes, presentando como actos de combate lo que han sido viles ejecuciones, prohibidas por nuestras leyes y por acuerdos internacionales que México ha suscrito? ¿Cómo puede usted hacer estos ofrecimientos, sin haber antes cesado en sus funciones a quienes no han sido capaces de evitar los hechos ocurridos, ni de aclararlos debidamente? ¿Considera que así usted puede dar garantías
de que ahora síva a gobernar de manera eficaz? ¿Qué no ofreció usted al principio de su mandato una serie de reformas para mejorar la economía nacional, las cuales han generado el efecto contrario? Y, ¿que no existen leyes que establecen con claridad las obligaciones del gobierno que usted ha presentado ahora como soluciones innovadoras a los problemas de México? ¿Que no hay leyes que permitan consultar a la sociedad mexicana, en la que reside la esencia del poder, su acuerdo para modificar los artículos de la Constitución que afectan el patrimonio nacional y ponen en riesgo la soberanía nacional? ¿Acaso no se ha dado usted cuenta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha negado al pueblo sus derechos constitucionales establecidos, con el sólo propósito de plegarse a los intereses negociados por su gobierno a espaldas de la nación?
Frente a la actual crisis que enfrenta el país y de acuerdo con sus leyes, usted es, desafortunadamente, el responsable de todas las acciones y omisiones del gobierno y del Estado mexicano, lo cual explica el descontento actual de la sociedad, que se manifiesta exigiendo su renuncia, a la que usted responde ahora con una oferta que resulta irrelevante y que nos lleva a recordar un punto al que ni usted ni sus colaboradores le han dado importancia: el hecho de que en la conciencia colectiva de la sociedad mexicana, incluyendo a muchos de los que votaron por usted, su acceso a la Presidencia fue el resultado de la de compra masiva de votos, que implica entre otras cosas, la comisión de actos tipificados como lavado de dinero, alteración de los resultados electorales y delincuencia organizada, para los cuales, independientemente de que usted haya o no participado en ellos, dio su consentimiento, sin hacer nunca una referencia a los mismos.
Sin embargo, ni siquiera es este el problema más grave que usted enfrenta ahora. Una serie de hechos encadenados entre sí lo presentan a usted como un personaje que no comprende al país que pretende seguir gobernando, sino más bien al cual ignora y desdeña profundamente y con el que no puede identificarse de modo alguno; ello se refleja por igual en sus actos de gobierno que en su discurso, así como en su vida personal y de su familia como una característica que desafortunadamente empieza a ser lugar común entre quienes forman la clase política de nuestro país.
Uno de ellos, fundamental en estos días, ha sido el referente a la casa que ha sido motivo de repudio y chacoteo social, exhibida en una revista caracterizada por su superficialidad e intrascendencia, en la cual la necesidad de presunción y reconocimiento para usted y su familia, entre los círculos de la aristocracia, recuerda mucho el glamour y los afanes de las cortes versallescas del siglo XVIII, e indica con bastante claridad sus objetivos sociales que nada tienen que ver con el pueblo mayoritariamente pobre, que usted pretende seguir gobernando.
Las características de increíble fatuidad, orgullosamente exhibidas de la residencia dan cuenta del sentido que usted tiene del progreso y la equidad, íntimamente ligados a obras faraónicas como el aeropuerto que usted pretende construir, mientras la educación que el país necesita florece sólo en los discursos oficiales, y los estudiantes de las escuelas normales como la de Ayotzinapa arriesgan sus vidas boteando en ciudades, sabidas hoy de alto peligro, para contar con los recursos que su gobierno les ha venido negando de manera sistemática.
La problemática que ahora enfrentamos todos los mexicanos es grave, muy grave, en virtud de los hechos recientes, asociados unos con otros, y todos con la incompetencia y falta de voluntad de su actual gobierno, los cuales por una parte lo incapacitan de facto para seguir gobernando, mientras por otra parte no exista hoy la persona que pueda tener el consenso de la sociedad en su conjunto, para tomar las riendas de la nación.
En estas condiciones, es difícil pensar en otra solución que pueda salvar al país de nuevas y mayores tragedias que la conformación de un gobierno de unidad con un mandato de corto plazo, que convoque a la formación de un congreso constituyente (como ha sido propuesto por el ingeniero Cárdenas) a partir de las próximas elecciones, para redefinir las formas de un nuevo gobierno que asegure la honestidad y transparencia de sus funcionarios, y la continuidad en la instrumentación de los objetivos y derechos establecidos en la constitución de 1917, ajustándola no de acuerdo con los intereses de facciones, sino de la nación entera en el contexto internacional actual.
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