Bernardo Bátiz V.
L
a ciudad de México, sin duda, tiene una legislación de vanguardia, que frecuentemente muestra el camino a otras entidades e incluso a la Federación. Hace unos días, el diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, propuso que se suprima a los diputados del Distrito Federal la asignación de partidas especiales, llamadas
de gestión, que ellos en lo individual pueden destinar a proyectos específicos.
La propuesta, muy oportuna en época de corrupción generalizada, rescata el principio de la división de poderes. Disponer de recursos directamente para obras o gastos en proyectos o servicios, corresponde al Poder Ejecutivo, al jefe de Gobierno o a los delegados, según sus competencias, de ningún modo al Poder Legislativo, al cual corresponde aprobar normas de carácter general y vigilar la cuenta pública, no tapar baches o podar árboles o comprar mobiliario urbano.
La práctica de otorgar partidas específicas a los legisladores se le ocurrió hace varios lustros al gran corruptor de la política que fue el profesor Carlos Hank González, siendo gobernador del estado de México. Fue él quien primero
concediópartidas del presupuesto a los legisladores para que las manejaran a su gusto, atendiendo peticiones de vecinos o partidarios, en desdoro de su papel constitucional, que es poner límites y contrapesos al Ejecutivo. A su estilo, ablandó a los representantes populares que en teoría deberían vigilar las cuentas, asignándoles dinero fresco para quedar bien con los ciudadanos, olvidando su papel primordial de legislar. Actualizó el adagio de que el que paga manda. La perversa idea proliferó y se llegó en nuestros días al extremo, condenado por la opinión pública, de los famosos moches, que legisladores panistas han incorporado a su rico anecdotario.
El diputado Granados, con su propuesta, atinó en un punto importante para el rescate de la democracia y del principio de división de poderes, reafirmó independencia y libertad del Legislativo frente al Ejecutivo y puso nuevamente a la legislación capitalina a la vanguardia en un asunto capital.
Apenas nos alegrábamos de ese avance y de otro más: el rápido y atinado deslinde del jefe de Gobierno frente al imprudente incidente, aún no explicado cabalmente, de la incursión policiaca en Ciudad Universitaria, con el que se corrigió un error, cuando
alguienvolvió a echar leña al fuego, reviviendo al final de la marcha hermosa y limpia del jueves, la pésima práctica de provocar altercados, agredir y escandalizar. La respuesta de la policía capitalina fue defender los puntos que le correspondían,
encapsulara grupos en los que habían lo mismo vándalos que manifestantes pacíficos, para luego detener selectivamente con riesgo de equivocaciones e injusticias.
Asistí al Zócalo, vi y viví la marcha, la parada cívica fue ejemplar y al final, para hacerle el trabajo sucio al sistema, provocadores y policías escenificaron su sainete, claro, frente y para la televisión.
Durante la marcha fui testigo de un incidente: al pasar por avenida Juárez, frente a un Sanborn’s de Slim, alguien arrojó un objeto que se estrelló con estruendo en las barreras metálicas e inmediatamente la multitud rodeó al encapuchado autor del hecho, gritando
es pacífica, es pacífica, y el agresor se retiró sin más.
Hay otro dato, circula en las redes el contraste de dos fotos, una de un soldado en un camión del Ejército, con jeans y chamarra con capucha, y otra del mismo sujeto arrojando algo en contra de la policía durante el enfrentamiento posterior al mitin. Que cada quien haga su lectura.
El sistema no tolera que el pueblo se exprese libremente, que reclame, que opine y eche en cara errores y corruptelas. Para ello, primero impide la consulta popular y luego trata a toda costa de manchar con infiltrados, anarquistas o porros una manifestación exigente y cívica de los titulares de la soberanía, que son los integrantes del pueblo.
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