Homicidio en Morelos y un caso de derechos humanos

Octavio Rodríguez Araujo

L

os hechos. En Temixco, Morelos, el 7 de noviembre de 2014 un hombre, acompañado de otro, supuestamente asesina al esposo de su amante en casa de ésta. El presunto asesino llama a su hijo para que vaya por él y su acompañante. El joven va por su padre (en una Suburban) junto con su novia, madre soltera de 19 años de nombre María del Carmen Fátima Montes Tovar. El arma asesina, recién accionada según los peritos, fue encontrada en posesión del supuesto asesino. Hubo, por lo tanto, suficientes evidencias para armar el caso de homicidio: un muerto, una pistola y el poseedor de ésta.

El problema está en cómo se presentaron los hechos y cómo fueron conducidos los juicios orales.

Unos patrulleros de Temixco detuvieron a los cuatro: al supuesto asesino, al hijo de éste, a la novia y al acompañante original del presunto criminal. Obvio sería decir que a la joven la desnudaron policías varones para catearla, fue manoseada y luego condujeron a todos a la procuraduría estatal. El 11 de noviembre fueron consignados y enviados al penal de Atlacholoaya. La defensa corrió a cargo de una abogada de oficio que, según mis fuentes, se llama Griselda Álvarez (homónima de la ex gobernadora de Colima).

La viuda, de nombre Cecilia, hizo varias declaraciones, contradictorias entre sí. Primero no había ninguna mujer entre los agresores, luego sí y agregó que la muchacha no sólo había participado, sino que pateó al agredido cuando ya estaba en el suelo. Primero sólo había un testigo (un tío), pero después citó a otros parientes que no estaban en el lugar de los hechos, cosa que no dijeron.

La abogada de oficio, en una de las sesiones de los juicios orales (mediados de junio de 2015), pidió que el supuesto asesino fuese juzgado por separado. El juez no le concedió su petición. La abogada presentó testigos que en un primer momento dijeron haber visto a la joven en una tienda de abarrotes (acompañada de su novio) al mismo tiempo que los vecinos escuchaban los disparos. Una mujer que vendía pozole o tamales en la acera de la casa donde ocurrieron los hechos mencionó que no había ninguna mujer acompañando al supuesto asesino. Éste, sin embargo, no fue juzgado por separado, sino junto con los otros tres implicados arbitrariamente y sin pruebas suficientes siquiera para que existiera una duda razonable. Los testigos que excluyeron originalmente a la muchacha fueron intimidados por la viuda y uno de sus cuñados.

Sobra decir que el procurador de Justicia del estado, quizá por respeto a la autoridad de sus agentes del Ministerio Público, dio por buenas las supuestas pruebas para que los jueces declararan culpable a María del Carmen Fátima Montes Tovar. No valieron las gestiones que gente de buena fe hizo a favor de la inculpada, incluso en altos niveles de la administración pública estatal. El hecho es que a la joven Montes Tovar y a su novio les dieron 20 años de prisión, el padre del novio (amante de la viuda) recibió 33 años de cárcel, y a su acompañante original, que según se dijo también le disparó a la víctima (¿con la misma pistola o con otra?), lo sentenciaron a 43 años (testigos en los juicios orales me han dicho que la viuda aceptó en corto que la joven no había estado durante el asesinato, pero que merecía prisión para que aprenda).

¿Quiénes influyeron para que los indiciados fueran declarados culpables a pesar de las evidentes inconsistencias de las declaraciones y testimonios ante el Ministerio Público y luego en los juicios orales? Para mí es imposible saberlo, pero la versión que corre en el barrio es que el presunto asesino, albañil de oficio, tiene dos camionetas pick-up, además de la Suburban en posesión de su hijo, novio de la inculpada. Vecinos del barrio afirman que el presunto asesino se dedica, además de la albañilería, a la venta de drogas, y que su hijo es uno de sus distribuidores. Se dice que la víctima, el esposo asesinado, también vendía drogas al menudeo y que la disputa entre el esposo y el amante no fue precisamente por la infidelidad de ésta sino por causasmercantiles (en casos de infidelidad de una esposa, lo común es que el cónyuge mate al amante y no al revés).

¿Asunto de drogas o de egos lastimados? En cualquiera de estos supuestos, ¿por qué una jovencita de 19 años, hija de una empleada doméstica, habría de ser cómplice de asesinato y patearía en el suelo a la víctima, según una de las versiones, no siempre consistentes, de la viuda? Aun en el supuesto, no sólo no comprobado sino ni siquiera ventilado en el juicio, de que la joven también estuviera involucrada en el trasiego de drogas, ¿por qué habría de patear a un muerto, o a punto de morir, tirado en el suelo? Por lo que se sabe de los exámenes toxicológicos practicados a los detenidos, ella dio negativo, a diferencia de los tres varones, que dieron positivo en alcohol, cocaína y mariguana.

En el momento de escribir estas líneas, la joven Montes Tovar sigue en prisión, en espera de que haya revisión del juicio y de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos revoquen la sentencia. Cabe también un amparo federal, si concluyen que no procede la revocación, pero ¿quién lo pagará, si la madre de la detenida no tiene recursos suficientes siquiera para ir a ver a su hija en Atlacholoaya? Si no trabaja, no cobra sus modestos honorarios, y si no los cobra ni siquiera come ese día.

El caso debería de ser atraído por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, por la Comisión de Derechos Humanos también del estado y, ¿por qué no?, por el mismo procurador, que bien podría ordenar una nueva investigación del caso ya que, hasta donde se sabe, es un hombre con vocación de justicia y sin nexo alguno con traficantes de drogas.

rodriguezaraujo.unam.mx