Bernardo Bátiz V.
V
ecinos y ciudadanos del todavía Distrito Federal se interesan más en las entretelas, vericuetos y montos de las multas del nuevo reglamento de tránsito, que en la tibia reforma que dará a la ciudad de México su propia constitución.
Esta reforma en proceso hará de la ciudad de México una entidad federal equiparable a un estado.
La capital será siempre la ciudad de todos y nunca –sea cual sea el nombre que le adjudiquen– dejará de tener un nivel jerárquico superior al de las demás entidades por muchas razones: primero porque aquí se asientan los poderes federales y también las instituciones y símbolos más representativos de nuestra nacionalidad.
En la capital está el centro espiritual más importante de América y más venerado por el pueblo, que se identifica no con la hermosa catedral ni con el título que recibimos de arquidiócesis, sino con el culto a la Virgen de Guadalupe. Aquí se encuentran también otros emblemas naciomales: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio Militar, la Plaza de la Constitución, el bosque y el Castillo de Chapultepec, por mencionar unos pocos de los lugares y símbolos que hacen de nuestra ciudad centro y guía de las demás.
Pero la discusión sobre la reforma, su largo proceso que avanza y se detiene una y otra vez, ha interesado poco a los citadinos, que están más atentos al nuevo reglamento de tránsito y a sobrevivir en medio del caos por el que pasa este fin de año la ciudad de México. La entrada en vigor de las reglas aplicables a vehículos de todo tipo y a peatones ha sido causa de muchas tensiones de los destinatarios de la nueva norma, para cuya presentación, en mi opinión, se han cometido dos graves errores.
El primero es el comienzo de su vigencia en plena época de fiestas y celebraciones, que tradicionalmente sacan de sus casas a todos y convierten las calles de la ciudad en conglomerados confusos; debió ponerse en vigencia durante un mes menos complicado. Al problema de la época se añade la cantidad de obras en proceso: calles cerradas, tapones y embudos viales, provocados por los gobiernos central y delegacionales, que con el fin de que no les disminuyan el presupuesto del año próximo, tratan de gastar en un mes lo que ahorraron un año.
El otro error fue presentar el reglamento como un mecanismo de intimidación a los automovilistas so pretexto de la seguridad de los capitalinos. Conozco la ciudad y estoy seguro que aquí hay buenos conductores, cuidadosos y tranquilos; en el mundo, pocos como los de nuestra capital. Ciertamente algunos son arbitrarios y propensos a saltarse a la torera las reglas del tránsito de vehículos, pero me consta que la gran mayoría no son así, manejan muy bien y no necesitan que los cuiden como menores de edad, porque ya saben valerse solos.
Sería lamentable que el flamante reglamento se incorporara a la legislación que en el derecho moderno se conoce como
derecho penal del enemigo. Günther Jakobs es un jurista alemán que sostiene que las reglas procesales y el respeto a las garantías son para los ciudadanos cumplidos y no para los delincuentes enemigos de la sociedad; a esta corriente se opone otra, más humana, el garantismo que sostiene que los derechos fundamentales reconocidos universalmente deben proteger a todos, aun a quienes se les acusa de algún delito, pero gozan de la presunción de inocencia.
Los capitalinos están asustados, sienten que el reglamento de tránsito más que encaminarse a dar fluidez a las calles, busca mayor recaudación de ingresos y da armas a los vigilantes para extorsionar o imponer multas muy altas por violaciones nimias. Se sabe también que son empresas las que se benefician con las cámaras de vigilancia, los parquímetros y las grúas que levantan vehículos, muchas veces causando más daño del que quieren reparar. Si se trata de un reglamento que ve a todos como enemigos, será mejor que se derogue y se discuta otro oyendo a los interesados y buscando su consenso.
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