Bernardo Bátiz V.
E
n las escuelas de derecho aún se enseña que un sistema jurídico está formado por leyes de diferentes jerarquías; en un sistema moderno de normas jurídicas, la Constitución es la ley fundamental, no el capricho del gobernante; la Constitución ocupa la más alta posición entre las demás normas y, por tanto, de ella se desprenden o en ella se sustentan, según se vea, todas las demás, lo mismo leyes orgánicas que reglamentarias o aquellas que definen derechos y obligaciones de gobernantes y gobernados. No puede existir una ley que contradiga a la Constitución o que establezca reglas contrarias a sus disposiciones.
Este dogma jurídico, sin embargo y con preocupación lo advertimos, se ha venido deteriorando y, cada vez con más descaro –creo que es la palabra adecuada– lo mismo el Poder Legislativo que el Ejecutivo contradicen abiertamente preceptos constitucionales y cada vez con más frecuencia surgen en la compleja vida cotidiana de nuestro país, instituciones, prácticas, procesos sociales abiertamente contrarios a nuestra ley suprema.
Un ejemplo reciente que debiera preocuparnos a todos es la aprobación del nuevo Código de Justicia Militar, que permite a las autoridades castrenses, agentes del Ministerio Público Militar y Policía Militar allanar domicilios de civiles, espiarlos, citarlos a declarar y seguramente detenerlos si no se presentan a los citatorios. Las anteriores facultades que se otorgan a las autoridades de las fuerzas armadas chocan frontalmente con lo dispuesto por los artículos 13 y 129 de nuestra Constitución.
Así lo hizo notar en oportuna comunicación el colectivo Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, así nos da también la señal de alarma una carta publicada el jueves pasado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). En ambas misivas, los abogados democráticos y el colectivo de Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos recuerdan que el fuero de guerra no puede alcanzar a los civiles.
El artículo 13 constitucional dice textualmente:
Ninguna persona o corporación puede tener fuero. Subsiste el fuero de guerra para delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. El 129 –también hay que tenerlo presente– determina que
en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. En mi artículo de hace 15 días recordé que estos preceptos aún subsisten en nuestra Carta Magna. Cuando escribí mi colaboración, el proyecto de reformas a la legislación militar aún se encontraba en las comisiones del Senado, por lo que entonces expresé la vana esperanza de que los legisladores federales, que deben conocer nuestra ley suprema, rechazaran el dictamen.
No fue así: en contra de disposiciones constitucionales expresas, aprobaron las reformas a la legislación militar y, como dicen los integrantes de la ANAD,
se quiere dar forma a un Estado militarizado y fascistoide.
Mientras los ciudadanos conservamos la fe en la democracia y nos ocupamos de las elecciones de autoridades locales en varios estados de la República y participamos en la integración de una Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, el sistema, sus partidos incondicionales, sus legisladores, incapaces de pensar por sí mismos, aprueban una legislación anticonstitucional, autoritaria y lesiva para los ciudadanos. Verdaderamente amenazante.
Sin embargo, como están hoy las cosas, tenemos todavía mecanismos jurídicos de defensa: el juicio de amparo, las comisiones de derechos humanos y recursos de constitucionalidad que no han sido suprimidos; lo preocupante es que nuestras autoridades y sus cortes y corifeos, cuando se topan con un precepto que les estorba en sus planes y sus políticas, simplemente lo derogan, así sea alguno de la ley suprema.
Fue el caso de las áreas estratégicas de la economía. Así lo hicieron; en el gobierno de Felipe Calderón pretendieron aprobar leyes secundarias en materia de energéticos, contrarias a los artículos que forman el capítulo económico de nuestra Constitución; el pueblo advertido se los impidió, tuvo lugar un gran debate, las recordadas Adelitas se metieron al Senado y miles de gentes protestaron en todo el país, logrando así que el gobierno diera marcha atrás y respetara las disposiciones constitucionales que nos protegían. Como la Constitución les estorbaba, hicieron el Pacto por México y la modificaron.
En el caso de la justicia militar, hasta ahora han reformado sólo leyes secundarias, violando la Constitución, pero no reformándola; pero, alertas: pueden seguir desmantelando nuestro sistema jurídico y, como tienen el control de cámaras federales y locales, podrían verse tentados a suprimir los derechos de que aún disfrutamos aun cuando sea por el momento sólo en el papel.
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