Miércoles 29 de marzo de 2023, p. 23
Para terminar con el extractivismo voraz
de las empresas mineras, así como recuperar la rectoría del Estado sobre los minerales y recursos hídricos del subsuelo, el presidente Andrés Manuel López envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que busca otorgar, mediante concurso público, las concesiones mineras; reducir su plazo de 100 a 30 años, como máximo, y las condiciona a la disponibilidad hídrica.
Con estas modificaciones, el jefe del Ejecutivo pretende dar por concluida una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano
, que también ha definido como la etapa más oscura y ominosa en la historia de nuestro territorio
, aplicada durante más de 30 años.
La iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua, busca prohibir las concesiones mineras en zonas sin disponibilidad de agua, áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población.
Propone la figura de concesión de agua para uso específico en minería con una duración de cinco años, y prórrogas por igual término
.
También busca poner fin al despojo de tierras en favor de particulares, garantizar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente; establecer la consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y afromexicanas, que deberá ser pagada por los concesionarios, y que ellos mismos respondan por el manejo y disposición final de residuos.
Busca suprimir el carácter preferente de las empresas mineras y obligarlas a pactar contraprestaciones monetarias, sujetas a consentimiento de los propietarios de los terrenos, entre ellos ejidos, comunidades y núcleos agrarios en general
. Cuando se trate de territorios indígenas o afromexicanos, se plantea que los concesionarios les paguen al menos 10 por ciento de sus utilidades.
En la exposición de motivos, López Obrador establece que el ánimo de igualdad y justicia social
de su gobierno, obliga a concluir el corolario normativo del periodo neoliberal, que representan las aberraciones jurídicas que se propone ahora modificar
.
La propuesta incluye como causales de cancelación de concesiones mineras, la carencia de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, ni con los programas de cierre o de gestión de residuos.
Incorpora instrumentos de carácter ambiental y social, deja como único mecanismo de otorgamiento de una concesión el concurso por 15 años, con prórroga, por una sola ocasión, por otros 15 años, condicionado al cumplimiento de obligaciones sociales y fiscales.
La iniciativa, que fue turnada a comisiones, establece que la concesión sea por mineral o sustancia susceptible de explotación.
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