Bernardo Bátiz V.
La luz ámbar o amarilla es una señal preventiva. En el Distrito Federal se ha encendido y no parece, a primera vista, que alguien se alarme; su parpadeo indica alerta y urge corrección de rumbo. Si se enciende no podemos fingir que no pasa nada.
Se percibe una vaga sensación de descontento en algunos sectores sociales y en varias de las delegaciones que integran la entidad; la inquietud abarca también al gobierno central.
Durante trece años, gobiernos de izquierda (para usar el término convencional) han estado al frente de la administración de esta peculiar entidad de la Federación. Ciertamente no un estado 32, como se pretende por mala información de la teoría del derecho público, sino la capital de la República federal y sede de los poderes nacionales. Aquí se encuentra también la población más avisada del país, la más politizada. Durante sucesivas elecciones ha dado su voto mayoritario a candidatos de avanzada, por su interés en todos, pero con especial atención en los pobres y marginados.
En general, los gobiernos capitalinos y delegacionales han dado muestras, salvo excepciones, de oficio político y atingencia para atender oportunamente problemas sociales y requerimientos de la gente. Durante años se dijo que las protestas y manifestaciones en la ciudad no se deben a problemas urbanos, sino que son motivadas por reclamos a las autoridades federales.
A últimas fechas, sin embargo, aflora una especie de desengaño, por que no ven los chilangos con toda claridad, que sus gobernantes se distingan nítidamente, como sucedió en el pasado, de otro gobierno cualquiera.
Cuando el fenómeno empieza a despuntar, es tiempo de un cambio de rumbo, para volver las cosas al cauce anterior. Los dirigentes políticos de la capital deben preguntarse por qué recibieron el voto popular. Es de ellos o es de una corriente de pensamiento arraigada en la ciudadanía consciente y perspicaz de esta metrópoli, convencida de una propuesta y una forma nueva de gobernar que llevó al pueblo a conquistar la mayoría de las delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa, que no se dejó arrebatar Iztapalapa, pero que ahora percibe que sus representantes empiezan a dejarse envolver por el ambiente negativo de la política y corruptor de la clase empresarial.
Un botón de muestra: en un solo día, el lunes 11 de octubre pasado, en ese termómetro social que es El Correo Ilustrado de La (hospitalaria) Jornada, se publicaron las siguientes quejas ciudadanas: Por el cierre (que resultó sólo parcial) de una biblioteca en Coyoacán, por el cobro desigual en el impuesto predial, por el retiro del permiso a vecinos de la Magdalena Contreras, para usar una Casa Popular a la que asistían con regularidad; por autorización de construcciones invasivas en barrios del pueblo de San Juan de Aragón, y para rematar, por abusos de los temibles gruyeros en Tlalpan.
¿Qué pasa? ¿Retrocedió la sensibilidad política y social? ¿El PAN y el PRI contagiaron no sólo a algunas cúpulas partidistas, sino también a las autoridades citadinas? No lo sé, los síntomas son en la enfermedad el aviso de que algo no anda bien; se encendió la luz amarilla y hay que prevenirse y actuar en consecuencia. No es causal que tantos y por tan distintos motivos se sientan agraviados o defraudados simultáneamente.
Los gobiernos de la ciudad deben preocuparse, especialmente si a esto agregamos las molestias generalizadas por las innumerables obras públicas en las que no se procura evitar o disminuir molestias al público, el descontento por la supervía del suroriente que afecta a vecinos y amenaza la ecología, la línea 12 del Metro y otros motivos de descontento.
Lo menos que podemos pedir a los actuales delegados, a los colaboradores del jefe de Gobierno y a él mismo, es que se pongan “aguzados”, que no den una mala apariencia ni mucho menos malas cuentas de la estafeta que recibieron.
jusbbv@hotmail.com
Se percibe una vaga sensación de descontento en algunos sectores sociales y en varias de las delegaciones que integran la entidad; la inquietud abarca también al gobierno central.
Durante trece años, gobiernos de izquierda (para usar el término convencional) han estado al frente de la administración de esta peculiar entidad de la Federación. Ciertamente no un estado 32, como se pretende por mala información de la teoría del derecho público, sino la capital de la República federal y sede de los poderes nacionales. Aquí se encuentra también la población más avisada del país, la más politizada. Durante sucesivas elecciones ha dado su voto mayoritario a candidatos de avanzada, por su interés en todos, pero con especial atención en los pobres y marginados.
En general, los gobiernos capitalinos y delegacionales han dado muestras, salvo excepciones, de oficio político y atingencia para atender oportunamente problemas sociales y requerimientos de la gente. Durante años se dijo que las protestas y manifestaciones en la ciudad no se deben a problemas urbanos, sino que son motivadas por reclamos a las autoridades federales.
A últimas fechas, sin embargo, aflora una especie de desengaño, por que no ven los chilangos con toda claridad, que sus gobernantes se distingan nítidamente, como sucedió en el pasado, de otro gobierno cualquiera.
Cuando el fenómeno empieza a despuntar, es tiempo de un cambio de rumbo, para volver las cosas al cauce anterior. Los dirigentes políticos de la capital deben preguntarse por qué recibieron el voto popular. Es de ellos o es de una corriente de pensamiento arraigada en la ciudadanía consciente y perspicaz de esta metrópoli, convencida de una propuesta y una forma nueva de gobernar que llevó al pueblo a conquistar la mayoría de las delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa, que no se dejó arrebatar Iztapalapa, pero que ahora percibe que sus representantes empiezan a dejarse envolver por el ambiente negativo de la política y corruptor de la clase empresarial.
Un botón de muestra: en un solo día, el lunes 11 de octubre pasado, en ese termómetro social que es El Correo Ilustrado de La (hospitalaria) Jornada, se publicaron las siguientes quejas ciudadanas: Por el cierre (que resultó sólo parcial) de una biblioteca en Coyoacán, por el cobro desigual en el impuesto predial, por el retiro del permiso a vecinos de la Magdalena Contreras, para usar una Casa Popular a la que asistían con regularidad; por autorización de construcciones invasivas en barrios del pueblo de San Juan de Aragón, y para rematar, por abusos de los temibles gruyeros en Tlalpan.
¿Qué pasa? ¿Retrocedió la sensibilidad política y social? ¿El PAN y el PRI contagiaron no sólo a algunas cúpulas partidistas, sino también a las autoridades citadinas? No lo sé, los síntomas son en la enfermedad el aviso de que algo no anda bien; se encendió la luz amarilla y hay que prevenirse y actuar en consecuencia. No es causal que tantos y por tan distintos motivos se sientan agraviados o defraudados simultáneamente.
Los gobiernos de la ciudad deben preocuparse, especialmente si a esto agregamos las molestias generalizadas por las innumerables obras públicas en las que no se procura evitar o disminuir molestias al público, el descontento por la supervía del suroriente que afecta a vecinos y amenaza la ecología, la línea 12 del Metro y otros motivos de descontento.
Lo menos que podemos pedir a los actuales delegados, a los colaboradores del jefe de Gobierno y a él mismo, es que se pongan “aguzados”, que no den una mala apariencia ni mucho menos malas cuentas de la estafeta que recibieron.
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