Otra sacudida a Calderón
SCJN: para atrás el apagón
Calma: el IFE tiene la razón
Carlos Fernández-Vega
Parece cachondeo: por voraz, ya le tumbaron otro negocio (en este caso de carácter tecnológico-electorero). Al inquilino de Los Pinos, y junto a él su inefable secretario de Comunicaciones y Transportes (uno de los más destacados integrantes del gabinete calderonista de patos salvajes, por aquello de que a cada paso, una deposición), le bajaron el switch a su burda maniobra electoral disfrazada de “paso hacia el futuro” y le dieron para atrás a su adelantado apagón analógico, por él anunciado con bombo y platillo el pasado 2 de septiembre.
Un plazo de mes y medio y los juicios de controversia constitucional promovidos por las cámaras de diputados y senadores resultaron más que suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara, por medio de la ministra Olga Sánchez Cordero, la suspensión de todas las acciones puestas en marcha por el inquilino de Los Pinos el 2 de septiembre, vía decreto, para adelantar los tiempos del llamado apagón analógico para entrar de lleno a la televisión digital. Y es que a Calderón una vez más “se le olvidó” que la atribución legal e institucional para dar ese paso no le corresponde a quien esté sentado en la residencia oficial, sino a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la cual por mucho que esté en manos del amigo del amigo no puede ceder ni traspasar responsabilidades a capricho de quien en el discurso asegura respetar el estado de derecho.
Como parte de lo que él gusta en llamar “cuarto Informe de gobierno”, el pasado 2 de septiembre Calderón promulgó un decreto por medio del cual fijó un nuevo plazo para la transición tecnológica del sistema de televisión analógica al digital, lo que permitiría “plena convergencia de servicios de telefonía, Internet y televisión digital” y “significará que más mexicanos podrán tener literalmente al alcance de su mano la tecnología más avanzada para estar mejor comunicados”. Esta decisión, “de la mayor trascendencia para el país”, según sus palabras, “hará posible la participación de mayor número de proveedores de señal de televisión y de servicio de telecomunicaciones, con lo que será posible recibir una señal abierta de la más alta calidad en imagen y sonido, además de que al contar con más cadenas y con más canales de televisión se ampliarán las opciones de contenidos culturales, noticiosos y de entretenimiento disponibles”. Para acelerar el proceso, “se establece un plan de acción que comenzará el próximo año y terminará en 2015”.
Hasta allí, todo aparentemente bien. Según él, desde luego, porque de inmediato los legisladores (de San Lázaro y de Xicoténcatl) mostraron su inconformidad con el decreto calderonista, toda vez que legalmente corresponde a la Cofetel tomar ese tipo de decisiones, de tal suerte que prácticamente de inmediato promovieron sendos juicios de controversia constitucional en su contra, “por considerar que (el inquilino de Los Pinos) se adjudicó atribuciones que no tiene y que le corresponden exclusivamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones”. Pero como el abajo firmante de decretos al vapor ni los vio ni los escuchó (¿a quién se parece?) siguió tan campante y dispuso la entrada en operación de la “comisión intersecretarial para la transición digital, cuyo objeto será coordinar las acciones necesarias para concretar (sic) la transición a la televisión digital terrestre”.
Tal comisión quedó integrada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes (el inefable Juan Molinar Horcasitas, quien la preside), Gobernación (Francisco Blake), Hacienda y Crédito Público (Ernesto Cordero), Economía (el capellán Bruno Ferrari), Educación Pública (Alonso Lujambio) y, metido con calzador, Desarrollo Social (Heriberto Félix Guerra). Por allá perdido, en el último escalón, apareció el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Mony de Swaan), organismo éste al que debería corresponder, íntegramente, no sólo la responsabilidad de concretar la citada transición, sino la decisión misma de calendarizarla.
Por aquellas fechas México SA se preguntaba: ¿qué hace el titular de la Sedesol metido en este merengue tecnológico? No tiene la menor idea de cómo reducir el número de pobres ni de qué forma evitar que millones de mexicanos caigan en tal condición, pero está en primera línea para digitalizar la TV en el país y dar los “apoyos económicos necesarios”. Lo mismo se preguntaron los legisladores que promovieron los juicios constitucionales, no sin antes subrayar el carácter electorero del decreto calderonista, toda vez que sería la propia Secretaría de Desarrollo Social la encargada de “repartir apoyos” entre los abonados a programas como Oportunidades para “impulsar la recepción de señales de la televisión digital terrestre”, y lo haría, casualmente, en años electorales (2011 y 2012) e iniciaría su obra pía en el estado de México.
Pues bien, Calderón y su genio de las comunicaciones y el transporte en el país creían tener todo listo y el pastel a punto de salir del horno, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación les apestó el negocio tecnológico-electoral: la ministra Olga Sánchez Cordero ordenó suspender todas las acciones y frenar todas las medidas planeadas por el gobierno federal para adelantar el llamado apagón analógico (originalmente previsto para 2021). Tocó, por turno, a dicha ministra atender las demandas de los legisladores, y ayer giró instrucciones para suspender los efectos del decreto durante el tiempo que dure el juicio. “En promedio este tipo de procesos suelen durar 452 días, conforme a las estadísticas más recientes de la propia SCJN. Pero en casos de mayor impacto el alto tribunal suele tardar hasta dos años. En ambos casos la resolución de las controversias promovidas por el Congreso podría irse hasta 2012, a menos de que se ubique entre las prioridades de la Suprema Corte, que arrastra un rezago muy importante de este tipo de juicios” (El Universal).
Con la velocidad que lo caracteriza, Juan Molinar Horcasitas sólo atinó a decir que “apenas la estamos recibiendo (la notificación de la ministra Cordero), pero “la vamos a estudiar, por supuesto”. Lástima: otra ganga que se les cae.
Las rebanadas del pastel
Deteneos, vociferantes pejistas, que el IFE tiene toda la razón al pretender multar al Partido del Trabajo por los espots de Andrés Manuel. Y la tiene, porque el líder social con apodo de pez se equivoca al acusar a Felipe Calderón de formar parte de la “mafia del poder”, porque en realidad el inquilino de Los Pinos simplemente es su mayordomo.
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