México SA

ASPAN y “contratos incentivados”

Oligarcas, “en nombre de México”

Al capital privado, 30% del crudo

Carlos Fernández-Vega

“¡Felicidades!, mexicanos desfalcados, que Pemex “arrancó el proceso para la asignación de ‘contratos incentivados’, mediante los cuales se abre a la iniciativa privada (nacional y foránea) la exploración y explotación de campos (petroleros) maduros en la región sur del Golfo de México”. ¿Qué tan gruesa es la rebanada que, de entrada, le corresponde al capital privado? Una bagatela: 30 por ciento de las reservas totales de crudo, según el consejo de administración de la paraestatal (24 noviembre de 2010). Así, según la misma fuente, arranca “un programa estratégico de licitaciones públicas para expandir y fortalecer sus operaciones, que iniciará con la reactivación de tres áreas de campos maduros de la región sur, y posteriormente también en campos de la región norte, en Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México (léase el tesoro enterrado” presumido tres años atrás por el inquilino de Los Pinos).

Oficialmente dichos “contratos incentivados” son producto de la creatividad calderonista, avalada por la mayoría legislativa y “legalizados” por la nacionalista SCJN. Sin embargo, la realidad es otra. Retomo algunos pasajes del México SA del 16 de julio de 2008 (ASPAN: riqueza energética en riesgo): en agosto 2006, con la bendición de Vicente Fox, 10 de los llamados “grandes” empresarios del país (léase oligarcas, entre los que estaban Gastón Azcárraga, José Luis Barraza y Claudio X. González) resolvieron que “lo mejor para México” era “integrarse energéticamente” a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Fox les otorgó manga ancha para que, “en nombre de México” y como integrantes del Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), fijaran la “primera generación de prioridades de corto plazo”, que en los hechos se limitaron a plegarse de inmediato a los deseos y atender las urgencias energéticas de Estados Unidos.

Llegó la “continuidad” calderonista y con ella la ratificación de esas “prioridades”. “En nombre de México”, los “grandes” empresarios “acordaron” meter el acelerador a fondo en eso de la “integración energética”, para lo cual formularon una serie de “recomendaciones”, las cuales, por lo visto, Felipe Calderón siguió al pie de la letra, con la única salvedad de los tiempos políticos: los primeros exigieron que fuera de inmediato (2007) y el michoacano les dijo que a mediano plazo (para 2008, fecha de la autodenominada “reforma energética”).

Llegó el tiempo “políticamente conveniente” (versión Los Pinos) para concretar la agenda de “prioridades mexicanas”, de acuerdo con las reglas fijadas por esos “grandes” empresarios supuestamente nacionales, de la mano de sus colegas estadunidenses y canadienses, en el marco de la ASPAN: “atender la necesidad de que se realicen reformas en el sector energético en México”, porque sin ellas sería imposible “maximizar beneficios de la integración energética en la región”. Dichos empresarios, junto con sus amigos de Estados Unidos y Canadá, elaboraron un documento por medio del cual fijaron la agenda de lo que “el gobierno mexicano debe lograr” en 2008, agenda que el inquilino de Los Pinos a su vez presentó como “iniciativa propia” ante el Congreso, quien a su vez la avaló.

Tal documento empresarial subraya que (el gobierno debe) “emitir un análisis comparado que muestre las brechas en desempeño operativo y financiero de Pemex (que) deberá vincular estas brechas en desempeño con las cuestiones de gobierno corporativas y darle al gobierno mexicano una razón para proceder con cambios estructurales en el gobierno y en las operaciones de Pemex dentro del marco constitucional del país”, lo que puntualmente hizo Calderón a finales de marzo de 2008, con la secretaria Kessel y el director Reyes Heroles GG como maestros de ceremonia.

Exigieron “liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos refinados. Aprovechando los beneficios y la experiencia legislativa que se han ganado a través del proceso de liberalización de gas, esta recomendación también conllevaría una importante flexibilidad e incrementaría las opciones para los consumidores industriales de productos refinados. Esta recomendación incluiría la construcción, posesión y operación de oleoductos. Las ramificaciones a nivel detallista representarían un salto adelante incorporando la presión y la disciplina del mercado a las operaciones de distribución de Pemex”, lo que en abril 8 de 2008 Felipe Calderón presentó al Senado como “iniciativa propia”.

En su documento, los empresarios reconocen “el papel exclusivo de los sectores público y privado de México (la Constitución sólo habla del primero) para determinar los requerimientos de desarrollo en este sector y el guiar las iniciativas que aumentarán su competitividad. Una vez que México identifique las necesidades estratégicas y los posibles cursos de acción, deberán considerarse la experiencia y las contribuciones en recursos provenientes de Canadá y Estados Unidos en forma de ayuda solamente, si así se requiere, para alcanzar los objetivos inspirados por las partes interesadas mexicanas”. Enumera “sugerencias prácticas que pueden reducir obstáculos específicos para la integración energética en el corto plazo, reconociendo que las reformas más profundas tocan temas legislativos y asuntos de soberanía nacional”, y destaca que “una mayor integración dentro de América del Norte podría ayudar a desarrollar un potencial energético aún sin explotar (léase el “tesoro”) y a reducir la dependencia de la importación proveniente de proveedores de energía más distantes y menos seguros”.

Más adelante: al liberar “de manera cabal” el sector energético mexicano, “las reservas relativamente abundantes de petróleo y gas atraerían inversión y tecnología significativas”. Eso sí, los oligarcas exigieron “cambios en la organización y en el gobierno corporativo” (de la paraestatal) y la creación de una entidad estatal por separado (que se llamaría Gasmex) que se puede derivar de la industria de gas no asociado de Pemex. De esta manera podrían librarse los obstáculos a la exploración y el desarrollo de proyectos de producción altamente rentables que no se pueden realizar actualmente por las limitaciones presupuestales de capital en Pemex. Esta iniciativa intermedia es consistente con el objetivo a más largo plazo de liberalizar el sector mexicano de hidrocarburos”, y fijaron fecha: 2010. La orden se acató cabalmente.

Las rebanadas del pastel

¿Y la Constitu… qué?

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