John M. Ackerman
En lugar de desgastarse buscando reuniones con Felipe Calderón, el emergente movimiento nacional por la paz, la justicia y la seguridad debería abocarse a articular una acción social plural, combativa y de largo aliento. Antes de atender al poder y sus condiciones, habría que acercarse a los ciudadanos y sus necesidades. De otra forma, se podría perder una oportunidad histórica para transformar de raíz a nuestra dolida nación.
El sexenio de Calderón ya se encuentra en su fase terminal y el Presidente ha sido claro en que no contempla modificar ni un ápice su “estrategia” de combate al crimen organizado. Según él, tiene “la ley, la fuerza, y la razón” de su lado y simplemente no existen otras opciones de actuación. Ante su comprobada cerrazón, tiene poco sentido construir escenarios para convencerlo de que debe cambiar de rumbo o hacerlo “escuchar” a las víctimas. Y aun si por arte de magia de repente el ocupante de Los Pinos se despertara de su terquedad, simplemente no le quedaría tiempo para trazar salidas alternas a la actual emergencia nacional.
La ruta del movimiento debería caminar por otro sendero. Por ejemplo, el encuentro programado para el 10 de junio en Ciudad Juárez constituye una gran oportunidad para la articulación y movilización de una amplia diversidad de grupos y demandas sociales. Esa dolida ciudad es simbólica no solamente por la grave crisis de seguridad pública que se vive hoy, sino también porque allí se desnudan de manera particularmente clara las contradicciones de la “inserción” de México en el “mercado global”, que envía cada vez más mexicanos al subempleo maquilador y al extranjero para trabajar como ilegales en condiciones infrahumanas.
Así como Emiliano Zapata revivió en la Selva Lacandona en 1994 para enfrentar la marginación de los pueblos indígenas, hoy se abre la oportunidad para que una versión moderna y pacífica del general Pancho Villa y sus dorados eche a andar procesos sociales de transformación desde la frontera norte. Así como los Tratados de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911 llevaron a la renuncia de Porfirio Díaz, hoy los Acuerdos de Juárez cien años después también podrían ser el inicio de un cambio radical en los regímenes de dominación y acumulación del país, así como el momento perfecto para insistir en la renuncia de Genaro García Luna y del mismo Calderón.
Javier Sicilia ha demostrado una gran sensibilidad al tomar en cuenta la demanda de los juarenses de que el 10 de junio sea auténticamente social, sin la participación del gobierno. Los habitantes de esa ciudad están particularmente hartos de los estériles “pactos” gubernamentales, como el inútil Todos somos Juárez, firmado en febrero de 2010. Saben que la participación de representantes de instituciones corruptas y ineficaces solamente contaminaría una auténtica expresión de resistencia y propuesta ciudadana.
Ahora bien, así como ha escuchado a los juarenses, Sicilia también tendría que tomar en cuenta los cuestionamientos y las propuestas que han surgido con respecto al Pacto por un México en paz, con justicia y seguridad, presentado el 8 de mayo. Si bien cada uno de los seis puntos tiene gran valía en lo general, existen debates importantes con respecto a las propuestas específicas. Por ejemplo, no hay duda de que habría que reformar el “fuero” de los legisladores para evitar su abuso, pero simplemente eliminarlo para una serie de delitos, como propone el documento, podría afectar de manera importante la independencia parlamentaria. Asimismo, si bien podemos estar de acuerdo en que hace falta establecer mecanismos de democracia participativa, avalar la versión de “candidaturas independientes” aprobadas por el Senado, como pide el pacto, podría generar una situación de captura total de las elecciones por los poderes fácticos.
También llama la atención que el pacto en ningún momento plantea el retiro de las fuerzas militares de las calles ni la eliminación del fuero militar. Tampoco impone un plazo perentorio para la democratización de los medios de comunicación electrónicos, cuando sí lo hace para otras demandas. Otra ausencia es que el documento no contiene propuestas para repartir de manera más equitativa la riqueza nacional o meter en cintura a los poderes fácticos. Pero quizás la laguna más importante es la falta de planteamientos específicos con respecto al papel que juega el gobierno de Estados Unidos en la crisis actual y la necesidad de defender la soberanía nacional.
Así, en lugar de simplemente pedir adhesión a un documento elaborado en el escritorio de unos cuantos analistas y establecer “comisiones civiles de verificación y seguimiento” para asegurar su cumplimiento, Sicilia debería abrir el documento a una amplia consulta pública donde todos podamos participar en la confección y debate de un verdadero replanteamiento del futuro de la nación. Así, el poeta daría un claro ejemplo de disposición al diálogo y una gran lección de apertura democrática a Calderón y su gabinete. De lo contrario, podríamos llegar a la situación absurda de tener que tomar las calles de nuevo, ahora para exigirle al poeta que “nos escuche” a la ciudadanía.
La campaña No + sangre ha calado hondo en la sociedad mexicana y en unos cuantos meses ha logrado articular un discurso común de repudio hacia la guerra ilegal y fallida de Calderón. El 8 de mayo, esta consigna e imagen caminaron en solidaridad con el dolor de Sicilia y cientos de otras víctimas. Ahora es el momento de convertir este descontento en un amplio movimiento social de nuevo signo, basado en una participación ciudadana autónoma y combativa que busca una transformación profunda del país.
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