John M. Ackerman
La existencia del periodismo crítico que se ejerce en La Jornada es el mejor indicador de que, a pesar de todo, persiste la libertad de prensa en México. Los que buscan eliminar este importante medio informativo no defienden la libertad de expresión, sino buscan abrir aún más espacio a las mentiras televisivas y retornar a la época del pensamiento único. Ello a todas luces implicaría un ataque directo a nuestro derecho constitucional a la información.
El artículo “Cómplices del terror”, publicado en 2004 y firmado por el subdirector de Letras Libres –que dirige Enrique Krauze–, concluye de forma ominosa: “La Jornada [se encuentra] al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo”.
La primera frase es una abierta calumnia que se basa en el hecho de que La Jornada tiene un convenio de colaboración noticiosa con Gara, un periódico totalmente legal y transparente del País Vasco. La idea de que un convenio de esta naturaleza funja como correa de transmisión para subordinar el rotativo mexicano al proyecto político de ETA es tan ridícula como sería afirmar que el periódico Reforma estuviera subordinado al gobierno de Estados Unidos por tener un convenio con el New York Times.
Habría que recordar también que La Jornada cuenta con convenios similares con gran diversidad de medios, incluyendo Le Monde Diplomatique de Francia, Página 12 de Argentina y The Independent de Inglaterra. Todos estos acuerdos son necesarios y propios del ejercicio profesional del periodismo en un mundo cada vez más interconectado.
Pero quizás más grave aún que la calumnia es la evidente amenaza, que encontramos en la segunda frase citada, que se lanza desde las páginas de una publicación alineada con la derecha española y los poderes fácticos mexicanos. Cómo bien lo ha señalado Luis Hernández Navarro (21/11/11, http://bit.ly/rtRpxF), Letras Libres existe y perdura gracias a la red de apoyo con la que cuenta al otro lado del Atlántico. Recordemos también que Krauze forma parte del consejo de administración de Televisa, al lado de personajes como Pedro Aspe, Claudio X. González y Germán Larrea (ver directorio aquí: http://bit.ly/vSaXKd).
Los recientes esfuerzos del escritor por vestirse con las sedas de la “izquierda” no engañan a nadie. Tanto Guillermo Zamora (Goebbels vs. Hugo Chávez: Enrique Krauze, la derecha en México y Venezuela, Colmenares y Vargas, 2011) como Armando Bartra (“Mira quién lo dice”, Proceso 1826: http://bit.ly/u8MNnv) han destapado magistralmente esta tomadura de pelo. Así, la pretensión de los directivos de Letras Libres de que el tipo de periodismo que practica La Jornada deje de existir no se puede tomar como una crítica constructiva de un colega comunicador, sino como una lanza directa desde el poder.
El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que está enlistado para abordarse mañana, miércoles 23 de noviembre, en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está mal enfocado, ya que, si bien defiende la libertad de expresión, deja fuera de cualquier consideración nuestro “derecho a la información”, tutelado por el artículo sexto constitucional. La misma SCJN ha argumentado que el derecho a la información no solamente implica el derecho de acceder a información pública en manos del gobierno, sino también el derecho de los ciudadanos a “ser informados” de manera plural y democrática. Por ejemplo, en su decisión de echar abajo artículos claves de la ley Televisa los ministros desarrollaron una importante teoría respecto a la necesidad social del pluralismo informativo.
La Jornada no es cualquier medio de comunicación, sino un medio incómodo, acosado política y económicamente desde el poder. Junto con la revista Proceso y unos cuantos otros medios independientes, ha sufrido un bloqueo tanto de parte del sector privado como del gobierno con respecto a la contratación de anuncios. La Jornada también es una empresa democrática, un colectivo de accionistas sin un dueño empresarial externo que dicte su línea editorial. Es incorrecto, por lo tanto, equiparar al periódico con los poderes públicos o los gobernantes.
También resulta ingenuo que el ministro Zaldívar afirme en su proyecto de sentencia que exista un “mercado de las ideas” que automáticamente “genera un debate” que “conduce a la verdad y a la plenitud de la vida democrática”. Hoy en México no existe una competencia libre entre medios que favorece la verdad, sino un oligopolio autoritario que fomenta la mentira. Es totalmente erróneo sostener, como lo hace Zaldívar, que “nadie tiene un mayor acceso al derecho de réplica que un medio de comunicación, máxime si se trata de un rotativo cuya publicación es diaria”. La Jornada se encuentra hoy en franca desventaja ante tanto los poderes mediáticos como las autoridades públicas.
El gran problema con la versión del liberalismo que Krauze dice practicar, y que hoy es retomada por Zaldívar, es que prefiere decretar la existencia simulada de una fantasiosa libertad de mercado antes que aspirar a lograr un nuevo estado de las cosas donde no solamente las empresas, sino también las personas y los colectivos conozcan los frutos de la libertad. Tal como señaló La Jornada en su editorial del viernes pasado (http://bit.ly/smc3M7 ), los criterios hoy plasmados por Zaldívar en su proyecto “conducirían, de manera inevitable, al triunfo de los poderosos sobre los débiles, del músculo corporativo y financiero sobre las iniciativas sociales, y de los discursos dominantes por encima de las voces disidentes”.
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