Astillero

Calumnias libres

¿Suciedad legalizada?

Beltrones, en negritas

Imprecisión para negociar

Julio Hernández López

EN LOS PINOS. Felipe Calderón entregó ayer en forma simbólica tarjetas de crédito a trabajadores que participan en el programa Renueva tu hogar Foto José Antonio López

Acusar a un diario como La Jornada de complicidad con el terrorismo es tratar de sembrar elementos de presunta justificación de cualquier arremetida del poder contra una instancia de periodismo crítico e independiente, tanto en el mortí-fero plano nacional como en el internacional, que es parti- cularmente susceptible a ta- les etiquetaciones adversas. Adaptado a lo que se vive cada día en México, la revista Letras Libres, a través de quien era su subdirector editorial, está sirviendo de “madrina” o coadyuvante contra un medio que está en la mira de múltiples poderes (la acusación sin pruebas hecha por Letras Libres, para continuar con los símiles correspondientes a la épica calderonista, equivale a las presuntas llamadas anónimas de denuncia que son usadas como pretexto por marinos, soldados y policías en nuestro país para acometidas que por planeación superior, y entre francas violaciones a los derechos humanos, buscan amedrentar, disuadir o exterminar a objetivos determinados por razones penales, sociales, políticas o... accidentales).

Proveniente de una revista cuya principal caracterización resulta de sus vínculos con grandes poderes empresariales y políticos (que con frecuencia son sometidos a crítica y denuncia en las páginas de La Jornada), la imputación de complicidad con el terrorismo no podía verse pasar de largo. La directora, Carmen Lira, decidió atajar de inmediato la siembra envenenada y recurrió ante las instancias judiciales en demanda de comprobación de lo publicado por la empresa dirigida por Enrique Krauze o la retractación pública. Ese largo litigio llega hoy a su punto de resolución en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que, según se ha dado a conocer, pretende reducir la demanda en busca de verdad que ha hecho La Jornada, y la acusación sin pruebas realizada por Letras Libres, a una especie de empate técnico entre dos derechos en conflicto o, visto de otra manera, al libre acomodo en el mercado de dos productos comerciales en pugna. Peleen en sus páginas, y acúsense de lo que les dé la gana, es en síntesis la propuesta de uno de los integrantes de la máxima autoridad juzgadora.

No hay aires salomónicos en tal pretensión: la Cor- te, de aprobar hoy en la primera sala lo propuesto por el ministro Zaldívar, permitirá que un colectivo de periodismo crítico e independiente sea estigmatiza- do como cómplice del terrorismo, con todas las graves consecuencias que ello representa, para no lesionar el derecho a la libre calumnia que desea ejercer otra de las televisivas partes en litigio (ironías judiciales: La Jornada debió haber proba- do que no era cierta la acusación hecha por Letras Libres y no al revés, pero a fin de cuentas la tesis del ministro Zaldívar busca dejar sin castigo a quien acusó sin pruebas y, por tanto, mantener vigente esa acusación improbada).

No sólo condenaría a la ley de la selva a los comparecientes, como ya lo ha apuntado un editorial de La Jornada, sino que además sentaría las bases para un impune periodismo de suciedad ante el cual no habría instancias legales a las cuales recurrir sino una autorizada concesión para buscar el triunfo de las posiciones propias mediante la mayor y más sostenida emisión de excrecencias. Es decir, la legalización de las letrinas libres, públicas, para que entre miasmas el público acierte a detectar virtudes o defectos, calumnias o verdades. ¡Que pase el periodismo desgraciado!, gritaría la Señorita Suprema Corte.

La Jornada, por fortuna, no es un medio cuya conducta se rija por las veleidades del poder ni de sus emisarios o ejecutores con disfraz literario. Con profesionalismo y responsabilidad, conociendo los riesgos propios del oficio y los del difícil momento que se vive en los planos nacional e internacional, en el diario dirigido por Carmen Lira se cuida y defiende el ejercicio periodístico que es necesario para que sea completa y equilibrada la visión de lo que sucede en nuestro país y en otras latitudes en lucha, como el País Vasco, sin que sólo se lean, escuchen o vean las versiones aprobadas en los medios dominantes, como en nuestro contexto sucede con las grandes televisoras y en especial con Televisa y sus vertientes impresas calumniadoras.

Pasando a otro tema, la nocturna declinación de Manlio Fabio Beltrones a competir con Enrique Peña Nieto ha de leerse a partir de las líneas que intencionalmente fueron enviadas en negritas para su publicación. A diferencia de lo sucedido en el PRD con Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, en la salida sonorense del foro no hay acuerdos explícitos ni un proceso de caminata en conjunto. El texto no expresa respaldo directo al ex gobernador del estado de México, cuyo nombre no es mencionado, sino una decisión política de abonar a una unidad partidista necesaria, en medio de reproches, advertencias y reticencias que en un político de peso completo como es Beltrones no pueden adjudicarse a descuidos de pluma o arrebatos del momento. El primer senador del país se pregunta “Unidad, ¿para qué?” y “reconoce” que en el PRI “hay quienes tienen prisa y alegan la necesidad de la unidad para conservar privilegios o para garantizar sus intereses personales o de grupo”, aunque asegura que “no habrá fractura del PRI”.

Claro está que las letras libremente escritas por Beltrones tienen como límite y objetivo la negociación. Intencionalmente ambigua, la redacción de la carta del sonorense puede servir para confrontar a Humberto Moreira, con la intención de colocarse como su relevo, o al propio Peña Nieto, si no se llega a acuerdos, o a nadie, si se produce un convenido final feliz.

Y, mientras emerge un tufo a apetitos colaterales al poder que entorpecen por interés propio todo camino de solución en Mexicana, ¡hasta mañana, con las muertes del jurista, escritor y funcionario Miguel González Avelar y del cacique sindical pregordillista, Carlos Jonguitud Barrios, ejemplos muy distantes entre sí de la forma de abordar los asuntos públicos!

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