Policías comunitarias en Guerrero

Octavio Rodríguez Araujo

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esde tiempos inmemoriales ha habido división en las comunidades, incluso indígenas. Con frecuencia, en su interior surgen luchas, pequeñas o grandes, por la hegemonía de unos grupos contra otros, pues una cosa es que se trate de comunidades y otra que sean homogéneas y todos piensen igual. Es habitual que los gobiernos institucionales, sean municipales, estatales o federales, metan mano en algunas de esas comunidades para hacer valer los intereses que representan, igual se trate de la construcción de una presa que de un parque industrial, de un fraccionamiento o de una concesión minera o maderera. La táctica más común de gobiernos o empresas para inmiscuirse en las comunidades ha sido dividirlas o aprovechar y profundizar las divisiones existentes. Una comunidad dividida es casi siempre más vulnerable.

En el estado de Guerrero, en la Montaña y en la Costa Chica nació en 1995 un movimiento comunitario para protegerse tanto del crimen organizado como de las fuerzas institucionales del orden que de tanto en tanto las hostilizaban. Surgió así la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero-Policía Comunitaria (Crac-PC).

Su objetivo original, que se ha respetado hasta la fecha, está basado en la conciliación entre las partes y la rehabilitación más que en el castigo. Para los delitos no considerados graves, la sanción –si no hay conciliación entre las partes– suele ser el servicio a la comunidad, que ellos llaman reducación; y para los graves, como homicidio, violación, producción, trasiego y venta de drogas ilícitas, asaltos con violencia y secuestro, habrá penas decididas por la asamblea regional, en la inteligencia de que en estos casos no hay posibilidad de reparar el daño ni restablecer la ofensa a terceros. La prevención y persecución de delitos, así como la aprehensión de sus autores, dependen de la Policía Comunitaria, que no percibe sueldo y puede ser revocada si no cumple correctamente su función.

Todos los gobiernos del estado de Guerrero han tratado de subordinar a la Crac-PC a las policías estatales y municipales, de desacreditarla a pesar de sus éxitos reconocidos por tirios y troyanos, de dividirla, de hostigarla calificándola de ilegal e inconstitucional, etcétera. Tanto Zeferino Torreblanca como Ángel Aguirre Rivero (y éste con el apoyo de secretario de Gobernación, Osorio Chong) han querido absorber y subordinar a la policía comunitaria. De hecho, según se lee en La Jornada(10/2/13), Aguirre tiene un proyecto de decreto para convertir a la PC en auxiliar de la seguridad pública (algo muy similar ya lo había intentado el ex gobernador Juárez Cisneros, antecesor de Torreblanca). De aprobarse, la Policía Comunitaria, y por extensión el Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación, serían neutralizados y los logros que han tenido a lo largo de 17 años tirados a la basura, logros de los que por cierto no pueden presumir, en general, las autoridades dependientes de los gobiernos estatales y municipales de Guerrero ni de otras entidades de la República.

Si la intención o no del gobierno de Aguirre Rivero era la división de la Policía Comunitaria, en Ayutla de los Libres ya se logró desde principios de este año. Uno de los fundadores de la Crac-PC, Bruno Plácido Valerio, es ahora dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), quien, desde el 8 de febrero de este año ha circulado una carta en contra de otros fundadores que permanecen en la Crac, como es el caso de Pablo Guzmán Hernández, Valentín Hernández y Gelasio Barrera, argumentando que no son indígenas sino mestizos, cuando bien se sabe que de las 72 comunidades fundadoras de la Crac, cuatro eran mestizas (ahora son 108 y 30 más en proceso de incorporación).

Para mí es confuso lo ocurrido a principios de enero en Ayutla de los Libres. Según se lee en Ojarasca (suplemento de La Jornada, febrero de 2013), hubo un levantamiento contra la delincuencia organizada. Los líderes de esta revuelta hicieron creer que se trataba de la Policía Comunitaria de la Crac, pero ésta los desmintió y señaló que en realidad se trataba de otra organización, la UPOEG, y que en esta acción advertía la intención de institucionalizar la seguridad comunitaria subordinándola a las autoridades del estado y, obviamente, contra la Crac. En otro momento ésta señaló que sus policías no andaban encapuchados, en clara alusión a los de la UPOEG.

¿Es de esperarse una maniobra de Aguirre Rivero para paralizar a la Policía Comunitaria en su estado? Puede ser, pues los de la UPOEG iniciaron negociaciones con el gobernador, avaladas por la Secretaría de Gobernación, y entregaron el 8 de febrero a 11 de sus detenidos. Al día siguiente un grupo de la UPOEG se apoderó de las instalaciones de la casa de justicia de la Crac-PC en San Luis Acatlán, acción que se interpreta como una provocación y quizá una escalada contra la coordinadora que, al parecer, no quiere alinearse al gobernador y su proyecto de Armonía y desarrollo de los pueblos indígenas.

Lo que parece estar en juego, como casi siempre, es quién se queda con la Policía Comunitaria y si ésta debe enlazarse a la policía preventiva y al sistema de justicia del estado o debe permanecer independiente, con base en los usos y costumbres de las comunidades. En la nota de Rosa Rojas y Sergio Ocampo en este diario (10/2/13) se citó a uno de los comandantes de la PC: “Sabemos el enredo que nos está trayendo la UPOEG en coordinación con el gobierno del estado. Desde el 6 de enero se culpa a la Crac de lo que se hace en Ayutla; no se vale que líderes que en su momento aportaron mucho a la Crac la estén vendiendo con el gobierno” (las cursivas son mías).

Si esta acusación es cierta, podría pensarse que la UPOEG está formada por gente cooptada por el gobierno y que trata de fracturar el sistema comunitario y autogestionario en Guerrero, de vieja tradición. Quizá estamos en presencia de la crisis más fuerte que haya sufrido la Crac-PC en más de tres lustros, si no en el final de esa valiosa experiencia que permitió disminuir considerablemente el delito en esa región que, por cierto, es altamente codiciada por empresas mineras que ya han iniciado labores de exploración con el beneplácito del gobierno.

rodriguezaraujo.unam.mx